UN FALLO DE LA CORTE SOBRE LOS LÍMITES DE LA EMERGENCIA

By | 17 enero, 2013

 Por Jorge Eduardo Rizzone

La Corte ha tenido una nueva oportunidad de expedirse sobre los límites de la legislación de emergencia en la causa M.687.XXXVIII “Mesquida, Gregorio Hugo y otro c/ Estado Nacional- Armada Argentina y otro s/ accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad”, fallada el 28 de noviembre de 2006.

En dichas actuaciones, se hizo lugar al reclamo incoado por los padres de un conscripto, que falleció al ser atropellado en una base de la Armada por un vehículo perteneciente a dicha fuerza sin seguro vigente a la fecha del siniestro, conducido por un conscripto que carecía de permisos de conducir, civil y militar, lo cual ocurrió sin que se acreditase que conforme a las consignas imperantes en la base al tiempo del evento dañoso un cuadro de la Marina supervisara la operación.
En un incidente planteado en la etapa de ejecución de sentencia la cámara, al revocar parcialmente lo resuelto en primera instancia, dispuso que el monto pendiente de pago, consistente en una parte sustancial del resarcimiento y de los estipendios regulados a los letrados de la parte actora, se hallaba consolidado en los términos del art. 13 y subsiguientes de la ley 25.344.
La Corte revocó dicho pronunciamiento.

El crédito indemnizatorio de los accionantes y los honorarios de los profesionales que los asistieron  fueron cuantificados en mayo de 1999 al aprobar el juez de primera instancia la liquidación que practicaron. El deudor acreditó que 6 de agosto de aquel año que las acreencias de los actores por capital y de los profesionales por sus emolumentos fueron incluidas dentro de la previsión presupuestaria.

En mayo de 2000, los acreedores, invocando la decisión administrativa 1/00 demostraron que en el Presupuesto de la Administración Pública para el año 2000 no se había incluido partida alguna para saldar los créditos reconocidos en autos. Por ello, solicitaron la ejecución compulsiva, por lo que se intimó a la demandada a depositar en el plazo de cinco días el  importe de la liquidación aprobada en concepto de capital, intereses y honorarios, bajo apercibimiento de ejecución. Tal intimación así como el apercibimiento para el caso de incumplimiento quedaron firmes al rechazarse las objeciones que contra ellos formuló la demandada.
Los doctores Zaffaroni, Argibay y el conjuez Planes sostuvieron que aquella resolución se hallaba bajo el amparo de la cosa juzgada material. Entendieron que a partir de aquel momento se configuró la mora de la accionada, habilitando la ejecución forzosa. Dijeron que en las señaladas condiciones el cuestionamiento del embargo trabado como lógica y necesaria consecuencia del incumplimiento de la intimación sólo constituyó la indebida reedición de un planteo ya resuelto con carácter firme. Agregaron que únicamente la prolongación en el tiempo de un debate acerca de una cuestión resuelta con carácter de cosa juzgada permitió al Estado Nacional oponer la consolidación en los términos de la ley 25.344 en una incidencia que insumió seis años. Aseveraron dicha pretensión no podía prosperar pues ello importaría otorgarle a la propia mora un efecto constitutivo de derechos, lo que resulta inaceptable.

El doctor Fayt también hizo mérito de la cosa juzgada. Señaló, asimismo, las condiciones a las que supedita la validez de la legislación de emergencia y afirmó que no podía dejar de ponderarse que los créditos debatidos se originaron en la pérdida de una vida humana en un hecho acontecido quince años atrás y que la moratoria alcanza dieciséis años, extremos éstos que jaqueaban la razonabilidad de la medida, a lo que debían añadirse las particularidades propias de un trámite de ejecución de sentencia particularmente extendido por los improcedentes planteos del obligado al pago.

El doctor Petracchi recordó que la Corte había validado las restricciones del anterior régimen de excepción – ley 23.982 -pero reiterando su doctrina de que ellas se encuentran justificadas siempre y cuando se limiten a lo estrictamente necesario para superar la crisis y en cuanto no supriman o desnaturalicen el derecho. Destacó que no cabía olvidar que el carácter excepcional, transitorio y limitado de la legislación de emergencia impide acudir a su invocación de manera constante para imponer limitaciones al ejercicio de derechos y garantías que se transformen en permanentes, pues la Constitución Nacional no admite suspensión indefinida del pleno goce de los derechos que ella reconoce y garantiza.

Agregó que el art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las razones de emergencia que afecten la seguridad del Estado no autorizan la suspensión, siquiera limitada o transitoria del derecho a la vida e integridad física que ella reconoce en los arts. 4 y 5. Añadió que el art. 63 de dicha convención autoriza la Corte Interamericana a imponer las reparaciones pertinentes cuando esos derechos sean lesionados. Como en el caso de la privación del derecho a la vida la restitución statu quo ante resulta imposible la reparación sólo puede asumir la forma de una reparación sustitutiva (casos “Aloeboetoe”, “Bulacio”, “Garrido y Baigorría”). Continuó señalando que el derecho a la vida y el deber de reparar son preexistentes a la incorporación de la República Argentina al Pacto de San José de Costa Rica, pues están amparados por disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico desde tiempo inmemorial (ley 340; arts. 1109, 1113, 1084 a 1087 del Código Civil) y conforme con la doctrina de Fallos: 302: 1284 el derecho a la vida precede a toda legislación positiva.

Dijo que la ley 25.344 importa el claro ejercicio de una prerrogativa estatal y que éstas son acordadas por los ciudadanos al gobierno, a quien la sociedad puso sobre ella, en el entendimiento y la confianza explícita de que dicha autoridad sería empleada para el bien y la protección de la vida y la libertad de los individuos, razón por la cual éstos se incorporan a la sociedad y se sujetan a sus reglas pues, como reza el proverbio latino “nulla protectio, nulla subjectio” (J.W. Gough: “John Locke’s Policital Philosophy”). Entre los poderes conferidos al gobierno se hallan aquellos que antaño recibían el nombre de “prerrogativas”, que consistían en la autoridad del soberano de apartarse de las leyes generales en caso de riesgo de la sociedad política, pero el estado de derecho es necesariamente un estado de poderes limitados en el que las razones de emergencia mal pueden servir de fundamento para sacrificar derechos del individuo en pos de la supervivencia de las instituciones del gobierno, creadas y enderezadas a garantizar la supervivencia del primero (John Dunn: “The political Thougth of John Locke”). Agregó que si bien el concepto actual de propiedad es más restrictivo que en la concepción medieval, también comprendía la vida y la integridad física en el sentido de que los hombres “tienen la posesión y el uso de su vida” (James Tully: “A Discourse on Property”) y que ni siquiera en la doctrina de los poderes estatales absolutos propugnada por Hobbes la vida era concebida como un derecho cuya disposición el individuo concediera al cuerpo político (Johan P. Sommerville: “Thomas Hobbes, Political Ideas in Historical Context”). Señaló que tales nociones explican los fundamentos básicos del Estado tal como lo concibe nuestra Constitución y que en base a ello era inaceptable la pretensión del Estado de reparar la privación de una vida mediante una indemnización en bonos que, en el mejor de los casos, se compromete a pagar en veinte años, lo que resultaba inaceptable pues en la práctica equivale a eximir al Estado de cuidar la vida de los individuos por los que debe velar, por lo que cabía declarar en el caso la inconstitucionalidad de la ley 25.344.

El doctor Lorenzetti adhirió al voto del doctor Petracchi sólo respecto del crédito de los actores, pues, a su juicio, debían consolidarse los honorarios profesionales pues el decreto 1116/00 -reglamentario de la ley 25.344- prevé que la consolidación comprende los efectos no cumplidos de las sentencias anteriores a la promulgación de la ley (art. 9, inc. a del Anexo IV). A lo que cabía añadir que no es posible atribuir carácter accesorio a los estipendios respecto del capital de condena, pues la causa de la obligación de pagarlos está dada por el servicio prestado en un proceso por lo que no resulta del objeto de la obligación ventilada en la litis ni de la relación con el sujeto pasivo de ella (Fallos: 327:2712).

El doctor Maqueda y el conjuez Rueda -que respecto de los emolumentos arribaron a análogo solución que el juez Lorenzetti – entendieron que era necesario examinar si el caso se encuentra comprendida en la excepción del art. 18, segundo párrafo de la ley 25.344, cuyo alcance y sentido consideraron se hallaba en juego en la especie. Dicho precepto  establece que se podrá disponer la exclusión del  régimen que la citada ley establece cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario. Después  de señalar que la legislación de emergencia no puede degradar el derecho expresaron que en el marco de las situaciones de desamparo previstas por la norma cabía destacar aquellas que apuntan a la protección del derecho a la vida y al consecuente deber de reparar su pérdida y que la efectiva tutela de aquél se encuentra enlazada a otros derechos como la integridad psíquica y física, la protección integral de la familia y el derecho a una reparación integral, por lo que el art. 18 debía interpretarse integrándolo con el resto del ordenamiento jurídico y el principio de supremacía vinculado a los derechos y garantías de raigambre constitucional. En ese orden de ideas, después de examinar instrumentos internacionales sobre derechos humanos y precedentes de la Corte Interamericana concluyeron que ante la imposibilidad de reestablecer el status quo ante era imperativo ofrecer una satisfactoria protección jurídica de la vida que sea respetuosa de la dignidad inherente al ser humano y que no signifique una demora que torne  ilusoria la reparación del derecho irreversiblemente dañado. En ese orden de ideas, después de examinar las alternativas del trámite de la causa, entendieron que resultaba conducente para la adecuada solución del pleito el examen de la existencia de un acto firme aunque incumplido que disponía el pago de la indemnización a la luz de la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones de índole asistencial y alimentario. Por lo tanto, cabía concluir que a los fines de tutelar el derecho a la vida el Estado había contemplado un remedio legal efectivo en el art. 18, 2ª párrafo de la ley 25.344, lo que autorizaba a excluir esta hipótesis del régimen de consolidación de la deuda pública. Una interpretación en contrario, dijeron,  llevaría a sostener que el Estado está eximido de proteger la vida y dejar sin tutela judicial efectiva a aquéllos que se han visto damnificados por exclusiva responsabilidad de aquél.

La Dra. Highton de Nolasco votó en disidencia por remisión al dictamen del Procurador Fiscal que, básicamente, sostuvo que la apelante no se hacía cargo de la doctrina del  Tribunal en materia de emergencia y que el planteo relativo al art.18, 2ª párrafo de la ley 25.344, conducía al examen de cuestiones de hecho y prueba.
Conforme con reiterada doctrina de la Corte la emergencia está subordinada a cuatro requisitos.
1) situación de emergencia reconocida por el Congreso ( también puede serlo por un decreto de necesidad y urgencia que requiere la posterior intervención del Legislativo, conforme con lo dispuesto por el art. 99, inciso 3, de la Constitución Nacional);
2) persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país;
3) transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales o sociales;
4) razonabilidad del medio empleado por el legislador, es decir adecuación de ese medio al fin público perseguido y respeto infranqueable al límite trazado por el art. 28 de la Ley Fundamental en orden a las garantías constitucionales.

De estos cuatro requisitos se desprende, en primer lugar, que la legislación de emergencia no puede vulnerar cláusulas constitucionales.
Un caso paradigmático es ese sentido es “Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini, Carlos y otros” de Fallos: 318:445, en donde se declaró la inconstitucionalidad de la ley de consolidación 23982 en su aplicación al pago de la indemnización por expropiación. En ese caso el pago en bonos se hallaba claramente reñido con el carácter previo de la indemnización (art. 17 de la Constitución Nacional).

Asimismo, en obvia salvaguarda al principio de supremacía de la Constitución (art. 31), la Corte ha declarado inaplicables leyes de consolidación locales que limitaron el derecho del acreedor más allá de lo previsto por la ley federal habilitante ( causa “Obra Social Aceros Paraná S.A. y Empresa Antecesora c/ Provincia de La Rioja y otro”, registrada en Fallos: 319: 63).
También la Corte ha establecido que la legislación de emergencia no puede afectar los derechos que gozan del amparo de la cosa juzgada, pues ésta es uno de los pilares fundamentales sobre la que se asienta nuestro régimen constitucional y, por ello, no es susceptible de alteración ni aun por invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior ( Fallos: 319: 3241 y sus citas; causa “Pasquini”, de Fallos: 321:172 y sus citas, entre otros).

En las situaciones de emergencia los derechos son susceptibles de limitación, pero no de desconocimiento o desnaturalización.

En base a tal principio, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de normas de excepción que importaban la destrucción de la sustancia del derecho.

Así, en el caso “Iachemet, María Luisa c/ Nación Argentina (Armada Argentina) – registrado en Fallos 316:779 – la Corte, en razón de las particularidades del litigio, declaró la inconstitucionalidad de la ley de consolidación 23982 – que establecía el pago en bonos a dieciséis años de deudas de causa o título anterior al 1 de abril de 1991- , por considerar que su  aplicación a una jubilada de 93 años importaba la degradación de la sustancia del derecho que gozaba del amparo de la cosa juzgada, pues conforme con el desenvolvimiento natural de los hechos, resultaba virtualmente imposible que llegase a percibir la totalidad del crédito que le reconoció el pronunciamiento judicial firme.

A igual conclusión arribó el Tribunal in re: “Escobar, Héctor Oscar c/ Fabrizio Daniel-Municipalidad de Quilmes y Ejército Argentino” (Fallos: 318:1594) porque de las constancias de la causa surgía con claridad que la reparación integral del damnificado exigía la atención inmediata de las secuelas de las gravísimas lesiones sufridas por el actor con motivo del accidente (explosión), a saber, paliar las consecuencias de la ceguera (eventual sustitución de córneas y cristalinos), así como el tratamiento de afecciones de orden psíquico y estético. Entendió que la Corte que una modificación en el modo de cumplimiento de la sentencia como la que resulta del régimen de la ley 23982, comportaría no sólo una postergación en el ingreso de un bien de naturaleza económica en el patrimonio de la víctima, sino, principalmente, la frustración de una finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica, cual es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación oportuna. Añadió que las consideraciones precedentes autorizaban a concluir que la aplicación en el caso de la ley citada llevaría al desconocimiento sustancial de la sentencia y, al no ser posible -sin forzar la letra o el espíritu de la norma – realizar una interpretación que la hiciera compatible en la especie con la garantía de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional correspondía confirmar el pronunciamiento de segunda instancia que declaraba su inconstitucionalidad.

En similar línea de razonamiento, en la causa “Petrelli, Caludio Omar c/ Ministerio del Interior- Policía Federal” (Fallos: 327:2551) el Tribunal entendió que cabía desestimar los agravios contra la sentencia que en razón de la naturaleza alimentaria del crédito y de la situación de indigencia del demandante excluyó del régimen de consolidación de la ley 25.344 la indemnización por lesiones en actos de servicio. Ello, porque además de la cautela con que deben juzgarse lo atinente a créditos de naturaleza asistencial y alimentaria el accionante devino minusválido y necesitaba tratamientos médicos que difícilmente podían ser solventados con el haber de retiro. Se dijo que tratándose de afecciones de orden físico, psíquico y estético derivados del evento dañoso la exclusión de la acreencia del régimen de consolidación se imponía porque un aspecto esencial de la reparación es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación tempestiva.
Como se observa, el fallo en examen se inscribe en la línea de los citados precedentes.

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