UN FALLO DE LA CORTE SOBRE EL DERECHO DE TRABAJAR Y LA EDAD DE LOS ESCRIBANOS.


Por el Dr. Jorge Eduardo Rizzone

El derecho de trabajar importa la libre elección de la actividad a desarrollar y tratándose de una autónoma la de permanecer en el ejercicio de ella por el tiempo que la persona desee. En este último aspecto adquiere relevancia la causa F.509.XXXVI “Franco, Blanca Teodora c/ Provincia de Buenos Aires”, resuelta el 12 de noviembre de 2002 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se debatió la validez constitucional de una norma que imponía un límite de edad a los escribanos.

La actora promovió demanda originaria de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de la Justicia de Provincia de Buenos impugnado el art. 32, inc. 1°, del decreto-ley local 9020/78 que dispone la inhabilidad para ejercer funciones notariales a la edad de 75 años y, asimismo, contra la resolución del Ministerio de Gobierno de la Provincia que, con apoyo en el citado precepto, había dispuesto su cesación como titular de un registro notarial.

La corte bonaerense rechazó la demanda. Fundó su decisión en que la norma cuestionada era razonable en virtud de la condición de funcionarios públicos que se reconoce a los escribanos. Enfatizó que el carácter público de sus tareas, derivado de la facultad de otorgar autenticidad, fe pública, a los actos pasados ante ellos, no es inherente a su profesión sino que proviene de la atribución que le es delegada por el Estado. Entendió que las restricciones impuestas por el decreto – ley 9020 hallan su justificación en la particular naturaleza de las funciones notariales y no desnaturalizaban el derecho constitucional de trabajar porque guardan adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido.  El fin de las funciones a determinada edad importa una limitación razonable que se aplica por igual a todos los escribanos en el ámbito provincial, por lo que no existe menoscabo al derecho de igualdad, aún si se compara la situación de aquellos con otros profesionales liberales.  Para reforzar esa conclusión hizo hincapié en el principio del numerus clausus y en la necesidad de renovación de los titulares de los registros y señaló que afectaría la igualdad ante la ley permitir que el retiro de la función notarial quedase librada por completo al arbitrio de quienes la tienen asignada por el Estado, pues el ejercicio a una edad muy avanzada que supere un plazo normal significaría una cortapisa al ingreso de quienes, por llenar las condiciones necesarias, tienen derecho a ejercerla dentro del mismo límite. Por último, recordó la tradicional doctrina de la Corte Federal sobre la gravedad que entraña la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal que es la última ratio del orden jurídico y sólo cabe ejercerla cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y media una inconciliable incompatibilidad, lo que no se advertía en el caso.

II

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente la queja y el recurso extraordinario interpuestos por la vencida, revocó la sentencia declaró la nulidad de la disposición impugnada y la consecuente nulidad de la resolución ministerial fundada en aquélla.

Para hacerlo, comenzó memorando su jurisprudencia según la cual la concesión de delicadas facultades a los escribanos tiene su necesario correlato con las exigencias y sanciones contenidas en la reglamentación de la profesión y que debe revocarse aquel atributo cuando el sujeto, mediante  su conducta, se aparte de los parámetros legales establecidos para la tutela del interés público. Por lo tanto, el Estado no puede a su capricho retirar la facultad asignada, ya que es el sujeto quien voluntariamente se margina al dejar de cumplir con los deberes a su cargo (Fallos: 315:1370; 321:2086).

Entendió el Tribunal que el art. 32 inc. 1 del decreto – ley 9020/78 no respetaba los estándares de proporcionalidad con la tutela del interés público y de no desnaturalizar el derecho de trabajar. Ello, por cuanto la norma dispone una suerte de presunción iuris et de iure de quienes llegan a la edad prevista se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, lo que deviene arbitrario debido a su generalidad y ausencia de base racional, con menoscabo de derechos de rango superior.

La ausencia de proporción del límite temporal se advierte, en primer lugar, si se repara en que el solo  hecho de alcanzar la edad de 75 años no refleja por sí la carencia de condiciones para cumplir la función encomendada. Por otra parte, si el propósito es impedir el ejercicio de la profesión por quienes no reúnen aquellas condiciones, tal finalidad encuentra suficiente resguardo en otras normas del decreto – ley 9020/78, según las cuales son inhábiles para el ejercicio de las funciones notariales los incapaces y quienes padecen defectos físicos o mentales debidamente comprobados que, a juicio del juez notarial, importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2° y 3°). Las citadas disposiciones permiten separar a los escribanos de las delicadas funciones que les han sido delegadas, por lo que es indudable la existencia de medios idóneos para proceder a la separación en aquellos supuestos en que se genere una real inhabilidad del cumplimiento de aquéllas en condiciones adecuadas.

Por lo tanto, la norma vulnera el derecho de trabajar reconocido por el art. 14 de la Ley Fundamental y por diversos tratados internacionales incorporados a ella (art. 75, inc. 22), particularmente los arts. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, según el cual toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en la medida en que lo permitan las oportunidades existentes de empleo; 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra la libre elección del trabajo y la protección contra el desempleo y 6° del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual el derecho a trabajar comprende la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido.

También se viola el derecho a la igualdad, pues se discrimina a los escribanos en razón de la edad sin hacerse lo mismo respecto de otras profesiones que requieren título universitario y conllevan una relevancia social similar a la de aquéllos (vgr.: médicos, abogados, etc.). En las demás profesiones no existen trabas por la edad, por lo que la limitación impuesta por ese motivo a los escribanos importa una incapacidad para trabajar, ya que no es concebible que después de haber consagrado su vida a una actividad deban iniciar otra para la cual, obviamente, no cuentan con preparación.

Entendió que la situación de los escribanos no era análoga a la de los profesores de las universidades nacionales que cesan a los 65 años de acuerdo con la ley 22.207, ya que ésta, por un lado, no se refiere al ejercicio de una profesión sino a un aspecto de la relación de empleo público y, por otro, la norma no establece incapacidades absolutas ya que su ámbito de aplicación se circunscribe a los profesores ordinarios y permite acceder a las categorías de profesor emérito y consulto. Cabe recordar que en el precedente de Fallos: 307:1964 se declaró la validez de la citada ley 22.207 con sustento en que, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General al que remitió la Corte, no cabe asignarle carácter discriminatorio y proscriptivo, porque se trata de una disposición general que alcanza al claustro en forma unánime sin efectuar distinciones personales y no obedece a ánimo persecutorio dado que, más allá de su acierto, está concebida sólo como una pauta en principio no irrazonable de organización de la carrera docente universitaria.

Continuó la Corte señalando que cabía diferenciar entre los notarios y quienes desempeñan un empleo público, porque si bien aquéllos son asimilados a los funcionarios o agentes públicos en razón de las relevantes funciones que el Estado les delega no se hallan sometidos a las potestades de organización de la administración estatal. En rigor, los escribanos ejercen una actividad privada regulada por razones de interés público, pero no por ello pertenecen a la estructura administrativa del Estado, por lo que la profesión está reglamentada con el objeto de que sea ejercida dentro de los límites de probidad, aptitud y rectitud. Agregó que si bien es indudable que los escribanos cumplen como fedatarios una función pública, también lo es que no se presentan las características de la relación de empleo público al no existir relación de dependencia orgánica respecto de los poderes estatales cuyas plantas de funcionarios no integran, al no hallarse sujetos a un régimen de subordinación jerárquica ni estar ligados por un vínculo permanente con la administración. Por lo tanto, como se estableció en Fallos: 306:2030, son profesionales del derecho afectados a una actividad privada, dado que la concesión que el Estado les otorga no importa adjudicarles el rango de funcionarios públicos y, por ende, no están sometidos al poder discrecional con que el Estado cuenta para la organización administrativa.

III

Del fallo en examen se desprende en primer lugar que la inhabilitación para permanecer en el ejercicio de la profesión de escribano por la mera razón de la edad es arbitraria y desnaturaliza el derecho de trabajar- que como se dijo incluye la posibilidad de elegir la actividad y permanecer en su ejercicio- máxime cuando el interés público está salvaguardado por otras disposiciones de la reglamentación. En consecuencia, la restricción no respeta el standard de razonabilidad.

El derecho a ejercer la actividad encierra no sólo aspectos económicos, pues el cambio forzoso que la reglamentación impugnada en el caso conlleva implica la imposibilidad de aplicar las propias aptitudes y la necesidad de adquirir otras con las consecuencias que ello trae aparejado en el rendimiento económico del trabajo, sino también espirituales, a las que el pronunciamiento se refiere en primer término, pues frustra la inclinación de la persona (“vocación”) a determinada profesión.

Finalmente, surge que no cabe efectuar discriminaciones arbitrarias entre las distintas profesiones al reglamentarlas.

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