TASA DE INTERES Y COMPETENCIA TERRITORIAL por Julio Armando Grisolia

By | 4 octubre, 2014
TASA DE INTERES Y COMPETENCIA TERRITORIAL                               

  1. Aumento de litigiosidad. Cuadro de situación en 2014

En virtud de la mayor cantidad de empleo –7 millones de trabajadores registrados y alrededor de 4 millones de trabajadores no registrados- y la menor desocupación y subocupación, desde 2008 se viene incrementando considerablemente el ingreso de causas en la Justicia Nacional del Trabajo.

En 2013, teniendo en cuenta la cantidad de causas que mes a mes ingresaban –el más alto de los últimos 20 años- se observaba un panorama similar al que se produjera a fines de la década de los ochenta, en la que se había vivido la peor crisis de la Justicia Nacional del Trabajo. Ese año ingresaron en promedio 77 causas por mes por Juzgado. Por ejemplo, en el mes de agosto de 2013 había superado los 7500 expedientes, lo que equivalía a más de 90 expedientes en ese mes por Juzgado, número al que no se llegaba desde 1990.

Sin embargo, el panorama en 2014 lejos de mejorar empeoró notablemente, ya que en agosto de 2014 el ingreso superó los 9000 expedientes, record histórico del fuero, lo que equivale a más de 120 causas por juzgado por mes.

Conforme a las estadísticas, desde 1998 a 2007 ingresaban menos de 3000 causas por mes, es decir, un número menor a 40 expedientes por mes por Juzgado. Entre 2008 a 2013 esto cambió sustancialmente: mientras en 2008 ingresaban por mes 3200 causas, es decir, 40 expedientes por Juzgado, en 2010 ingresaban 4800 causas por mes, es decir, 60 expedientes por Juzgado, y en 2013 se llegó a un promedio mensual de 6200 causas por mes y 77 expedientes por Juzgado.

El ingreso de causas en 2013 ya había duplicado el ingreso del año 2008. Pero el ingreso de 2014, como quedara dicho, es notoriamente superior al de 2013, llegando a triplicar el ingreso de 2008 y resultar un 50% superior al de 2013. Esto lleva a mayores atrasos en la tramitación y resolución de los expedientes.

Cada juzgado en promedio resuelve 51 causas, entre sentencias y modos anormales de finalización del proceso (conciliación, desistimiento, acumulación, etc.). Obviamente, como el ingreso mensual supera holgadamente los expedientes resueltos, los juzgados mes a mes acumulan más causas; así, en los últimos años se han triplicado los expedientes en trámite: un Juzgado de la ciudad de Buenos Aires tiene en promedio cerca de 2000 expedientes, a los que debe sumarse 1500 en ejecución.

A lo cuantitativo hay que sumarle el aspecto cualitativo. En estos últimos años se modificaron las características de los reclamos laborales, existiendo un segmento de suma complejidad, con varios codemandados y planteos diversos, que lleva a la producción de abundante prueba.

Además, aumentaron los reclamos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales peticionando por la vía sistémica a las ART, y a éstas y a los empleadores por la acción civil, lo que conlleva al tratamiento de distintas cuestiones y a declaraciones de inconstitucionalidad de diversos artículos de la ley 24.557, ello sin perjuicio de la sanción de la ley 26.773.

En el particular caso de los accidentes existe la necesidad de una mayor producción de prueba –se requiere a veces dos peritos médicos de diferente especialidad, que su suman al contador y en algún caso a un ingeniero- y una demora adicional en la producción de la prueba médica por la dificultad de la realización de los estudios complementarios en los hospitales, que lleva a la dilación de los procesos.

Tomando en consideración este grave cuadro de situación, es preciso buscar urgentes soluciones al deterioro que se está produciendo en la administración de la Justicia del Trabajo que lleva a incumplimientos de plazos, formas y a demoras en la tramitación, que puede generar una denegación de justicia.

Cabe recordar que la salida a la crisis de los ochenta no se debió a una mayor producción por organismo sino a la reducción del ingreso, sumado a otros factores. En efecto, la solución no radicó en la mayor capacidad de resolución, es decir, que los juzgados en promedio no resolvieron más causas por mes sino que ingresaron menos expedientes.

Esencialmente la causa fue que en la década de los 90 descendió drásticamente el ingreso de expedientes con motivo de la política laboral flexibilizadora. A ello se sumaron varios factores que fueron determinantes para mejorar la administración de Justicia: se crearon 35 nuevos Juzgados (se pasó de 45 a 80), se informatizó el fuero, se creó el SECLO y se modificó el procedimiento (ley 24.635).

Por ello, si en la actualidad no se adopta alguna medida concreta para reducirse el ingreso de causas no se advierte como habrá de solucionarse esta situación, ya que si convenimos en que tampoco se puede incrementar el número de expedientes que se resuelve, estamos en presencia de un problema grave que puede hacer colapsar el servicio de Justicia del Trabajo de la Capital Federal.

Desde hace años vengo proponiendo distintos cambios tendientes a evitar que esto suceda[1]. En otros trabajos y desde hace más de 20 años me vengo refiriendo a la gestión, a los métodos alternativos de resolución de conflictos, a la conciliación, a la búsqueda de celeridad procesal, a las posibles medidas para incrementar la resolución de causas y asegurar el crédito laboral, a la importancia del hombre como factor esencial del cambio (la actitud de operadores y encargados de administrar justicia), a los jueces como directores del proceso, gestores de paz social y a la importancia de los pronunciamientos en la dinámica de las relaciones laborales, etc[2].

Aquí, además de reiterar lo expuesto en aquellos trabajos, solamente haré brevemente referencia a dos posibles soluciones para la reducción del ingreso de causas: la tasa de interés y la competencia territorial.

 

II. Dos modificaciones legislativas posibles: art. 276 LCT y art. 24 ley 18.345

II.1. TASA DE INTERES POR LEY NACIONAL: art. 276 LCT

Establecer la tasa de interés aplicable en las sentencias es un tema fundamental en la dinámica de las relaciones laborales, ya que esa decisión implica en la práctica determinar el monto real de las indemnizaciones que efectivamente cobrarán los trabajadores y abonarán los empleadores[3].

La asimetría que produce la aplicación de diferentes tasas de interés en el ámbito de Capital Federal (36% anual) y provincia de Buenos Aires (11% anual) lleva a que los trabajadores terminen efectivamente cobrando -y los empleadores pagando- indemnizaciones cuyas diferencias –en la práctica- alcanzan al 100% ante identidad de situaciones.

En el particular caso de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, la exigua tasa de interés dispuesta por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires provoca un incremento de litigiosidad en la Justicia Laboral de Capital Federal, por demandas de trabajadores que prestan servicios en la Provincia de Buenos Aires y se domicilian en dicho territorio.

En efecto, ante la posibilidad de opción respecto de la competencia territorial (art. 24 de la ley 18.345), el abogado del trabajador inicia el pleito en el ámbito de Capital Federal, que además cuenta con el SECLO para arribar rápidamente a un acuerdo conciliatorio. Ello lleva a una distorsión de la litigiosidad genuina en desmedro de aquéllos que no pueden ejercer la opción contemplada en la ley.

Mientras en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la aplicación de la tasa pasiva del Banco Provincia de Buenos Aires decidida por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires[4] lleva a una tasa anual del 11%, en Capital Federal se fijó la tasa nominal anual para préstamos personales libre destino que otorga el Banco Nación con plazo de 49 a 60 meses (Acta N° 2601 CNAT del 21/5/2014), que lleva a una tasa anual de alrededor del 36%.

Se produce una diferencia que se materializa en el deterioro del capital del trabajador en su crédito alimentario, del 25% por cada año para los trabajadores que litigan en Provincia de Buenos Aires respecto a los de Capital Federal (y otras jurisdicciones del país). Como una causa laboral tiene una duración superior a los tres años –sumado al tiempo para iniciar la demanda-, la reducción del capital del trabajador que litiga en provincia de Buenos Aires -tomando en consideración el momento del despido hasta el efectivo pago de su crédito (4 años)- respecto al que lo hace en Capital Federal (y otras jurisdicciones) es de alrededor del 100%: un trabajador efectivamente puede terminar cobrando $ 200.000 en un caso y $ 100.000 en otro, ante identidad de situaciones (sentencias por iguales montos nominales).

Es correcto que fijar la tasa de interés quede en el marco discrecional de los jueces, pero el Estado no puede desentenderse de la función unificadora y dejar de velar por el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Por ello, a fin de evitar las consecuencias disvaliosas referidas, una propuesta que entiendo viable sería establecer por ley nacional la aplicación de la tasa de interés para los créditos laborales. De este modo se evitaría un grave e irreparable daño a los derechos de un segmento importante de trabajadores que ven en la realidad notoria e injustamente reducidos sus créditos.

La tasa podría ser la que resulta del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos,que era la que aplicaba la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta el 20 de mayo de 2014 (Acta nº 2357, BO del 7/5/2002), que actualmente es algo superior al 2% mensual y lleva a una tasa anual de alrededor del 25%.

Esa tasa actuaría como la mínima que los jueces podrían aplicar, sin perjuicio de la posibilidad de imponer una mayor. Podría tratarse de una modificación del art. 276 de la LCT -o una nueva norma- que actuaría como un piso mínimo y operaría de orden público laboral en la materia.

 

II.2. Modificación de la competencia territorial: art. 24 ley 18.345

El primer párrafo del art. 24 de la ley 18.345 establece que “en las causas entre trabajador y empleador será competente, a elección del demandante, el juzgado del lugar de trabajo, el del lugar de celebración del contrato o el del domicilio del demandado”.

La reducción de ingreso de causas se puede lograr también modificando la competencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo y reordenando competencias de la provincia de Buenos Aires. Para ello, es preciso analizar el mapa judicial y observar la posibilidad de creación de nuevos tribunales en determinadas jurisdicciones.

No puede dejar de reconocerse que la modificación pretendida resulta de aplicación práctica complicada, atento requerir de tiempo para disponer una infraestructura distinta y posibilitar las reformas necesarias para adaptar a la justicia provincial a las nuevas circunstancias. Pero resulta necesario rever la competencia territorial.

El tema no es novedoso, ya que ha sido objeto de argumentaciones en ambos sentidos hace más de 40 años (competencia del juez del lugar de trabajo o la opción referida) al momento de dictarse la ley 18.345, lo que motivara inclusive un dictamen en mayoría y otro en minoría de la Comisión Ad Honorem.

Es importante tener en cuenta, a los fines de adoptar una decisión, el principio de territorialidad de la ley procesal que rige en la jurisdicción del Estado que la dictó; esto provoca que la opción existente permita una prórroga de la competencia -si bien sobre bases prefijadas- que colisiona con lo normado en el propio art. 19 de la ley orgánica o por lo menos constituye una excepción a esa norma. Esto motiva la recepción de una gran cantidad de causas por conflictos laborales producidos en extraña jurisdicción que se radican por imperio de la opción del art. 24 de la ley orgánica en los tribunales de la Capital Federal.

Obviamente -y sin perjuicio del disvalioso resultado producido en cuanto a la exagerada absorción de causas- no existen argumentos jurídicos válidos que justifiquen el sobredimensionamiento de la competencia territorial de la Justicia Nacional del Trabajo.

El motivo más sólido para avalar la continuidad del actual sistema radica en el incremento de causas que produciría en los tribunales provinciales reducir la competencia de la Justicia Nacional al Juez del lugar del trabajo, lo que llevaría a que las autoridades provinciales adopten las medidas legislativas necesarias a fin de adecuar su organización judicial a las necesidades de sus habitantes (conf. art. 5º y 6º, Constitución Nacional) para así permitir que sus tribunales puedan efectuar una correcta administración de justicia.

En 2014 se observa que una porción importante de demandas iniciadas corresponden a trabajadores que prestan servicios en la Provincia de Buenos Aires -y además se domicilian en dicho territorio- lo que lleva a una verdadera distorsión de la litigiosidad genuina y va en desmedro de aquéllos que no pueden ejercer la opción contemplada en la ley.

En orden a lo expuesto, tal como lo sostuviera 20 años atrás, resultaría oportuno eliminar las distintas opciones y fijar para la competencia el lugar de trabajo, que es el del cumplimiento del contrato.

Esto -tal cual lo ha sostenido Jorge Bermúdez- evitaría que una controversia originada en territorio provincial -ámbito natural- sea desplazada a la Capital Federal por la sola circunstancia de que el lugar de celebración del contrato se haya producido allí o tenga el demandado el domicilio en ella, y además sería de esencial importancia para la reducción de la litigiosidad y redundaría en un mejor funcionamiento de la Justicia Nacional del Trabajo[5].

 

Bibliografía

 

GRISOLIA, Julio A., Tratado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Abeledo Perrot, 2013, tomo I.

GRISOLIA, Julio A., “Hacia una nueva Justicia Nacional del Trabajo”, Derecho del Trabajo, La Ley, en enero de 1989 DT, 1989-A, ps. 39/46.

GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para la optimización de la Justicia Nacional del Trabajo”, Derecho del Trabajo, La Ley DT 1993-B, 1385.

GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para la optimización de la Justicia Nacional del Trabajo: 20 años después”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Abeledo Perrot, octubre 2013 DLYSS 2013 B-2053.

GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para asegurar el crédito laboral”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Abeledo Perrot, enero 2013 DLySS 2013 A-1.

GRISOLIA, Julio A., “La tasa de interés aplicable en las sentencias laborales “, Derecho del Trabajo, Diario La Ley, 5 de mayo de 2014.

GRISOLIA, Julio A., “Derecho Laboral y Justicia”. SADL, Revista Laboral de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral N° 48, diciembre 2010.

GRISOLIA, Julio A., “Aumento de litigiosidad y protección de créditos laborales”. SADL, Revista Laboral de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral N° 52, diciembre 2011.

GRISOLIA, Julio A. – PERUGINI, Alejandro, Procedimiento Laboral, Abeledo Perrot, 4 tomos, 2013.

 

 

 

[1]GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para la optimización de la Justicia Nacional del Trabajo”, Derecho del Trabajo, La Ley DT 1993-B, 1385.

GRISOLIA, Julio A., “Hacia una nueva Justicia Nacional del Trabajo”, Derecho del Trabajo, La Ley, en enero de 1989 DT, 1989-A, ps. 39/46.

 

[2]GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para la optimización de la Justicia Nacional del Trabajo: 20 años después”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Abeledo Perrot, octubre 2013 DLYSS 2013 B-2053.

GRISOLIA, Julio A., “Propuestas para asegurar el crédito laboral”, Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, Abeledo Perrot, enero 2013 DLYSS 2013 A-1.

GRISOLIA, Julio A., “Aumento de litigiosidad y protección de créditos laborales”. SADL, Revista Laboral de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral N° 52, diciembre 2011.

[3] GRISOLIA, Julio A., “La tasa de interés aplicable en las sentencias laborales “, Derecho del Trabajo, Diario La Ley, 5 de mayo de 2014.

[4] Los intereses devengados por los créditos laborales reconocidos judicialmente deben liquidarse con arreglo a la tasa que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a 30 días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprometidos, y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa (conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modif. por ley 25.561, art. 622, Cód. Civil)SCBA, L 94446 S 21-10-2009, Juez GENOUD, Ginossi, Juan Carlos c/ Asociación Mutual U.T.A. s/ Despido MAG. VOTANTES: GENOUD-HITTERS-SORIA-PETTIGIANI-DE LAZZARI-NEGRI-KOGAN; SCBA, L 95491 S 10-3-2010, Juez PETTIGIANI. Ortega María Rosa c/ Provincia de Buenos Aires s/ Accidente de trabajo MAG. VOTANTES: Pettigiani-Soria-Kogan-Negri. SCBA, L 96668 S 7-4-2010, Juez PETTIGIANI. Montenegro, Jorge Omar c/ SIDERCA S.A.I.C. s/ Ley 9688, etc. MAG. VOTANTES: de Lázzari-Pettigiani-Soria-Kogan-Negri. SCBA, L 98722 S 26-10-2010, Juez NEGRI. CARATULA: Aguirre, Ana A. c/ Goya Corrientes S.R.L. y otro s/ Despido MAG. VOTANTES: Negri-de Lázzari-Pettigiani-Hitters-Kogan-Soria. SCBA, L 98977 S 3-11-2010, Juez NEGRI. Arjones, Ezequiel Aníbal c/ Pruna Inversiones S.A. y otros s/ Despido MAG. VOTANTES: Negri-de Lázzari-Pettigiani-Hitters-Kogan-Soria.

 

[5] La posible reforma al art. 24 de la ley 18.345 relativo a la competencia territorial será tratado en profundidad en un próximo trabajo elaborado junto a Alejandro Perugini.

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