PROPUESTA DE NUEVAS TASAS DE INTERES EN LAS SENTENCIAS EN CAPITAL FEDERAL

nov. juris

Julio Armando Grisolia

 

Acta 2357 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo: tasa activa

En los tribunales de Capital Federal –de conformidad a lo resuelto

por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en Acta nº 2357 (BO del

7/5/2002) y Resolución 8 (BO del 30/05/2002)- se utiliza desde el 1/1/2002 la

tasa de interés que resulta del promedio mensual de la tasa activa fijada por

el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos. No tiene

efectos vinculantes, pero exterioriza su criterio en la materia. En la actualidad,

esta tasa es algo mayor al 2% mensual y lleva a una tasa anual de alrededor

del 25%.

 

Nueva tasa de interés: activa más el 50%. Juzgado del Trabajo Nº 66 (Julio

Grisolia)

Un grupo importante de jueces de Capital Federal, que representan

cerca de la mitad de los Juzgados de Primera Instancia, comenzaron a aplicar

desde abril de 2014 la tasa activa dispuesta por el Acta 2357 de la CNAT con

un incremento del 50%, lo que lleva en la práctica a que la tasa anual se eleve

a alrededor del 37%.

Los fundamentos para aplicar este criterio son los que surgen de los

párrafos pertinentes de una sentencia del Juzgado Nacional del Trabajo Nº 66,

a mi cargo.

En virtud de las facultades conferidas por el art. 622 del

Código Civil, cuyo fin es mantener incólume el contenido patrimonial del

pronunciamiento judicial, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la

Nación in re “Banco Sudameris v. Belcam SA. y otro” (sentencia del 17.5.94,

B.876.XXV), lo dispuesto en la ley 23.928 y en atención a las variaciones –

que temporalmente el mercado fue imponiendo a las personas que recurrían

a las entidades financieras en busca de capital para reemplazar la falta de

pago de las sumas debidas- que se tradujeran en modificaciones en las tasas

aplicables, estimo adecuado y equitativo que el monto por el que prospera la

acción devengue intereses desde que es debida hasta su efectiva cancelación,

a la tasa de interés que resulta del promedio mensual de la tasa activa fijada

por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos (cfr.

Actas nº 2.155 y 2.357 de la E.C.N.A.T.), la cual, habrá de incrementarse con el

porcentaje que resulte de multiplicar la tasa mensual respectiva por 1,5, lo cual

implica un incremento de 50%.

La determinación de la tasa de interés a aplicar queda

ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces que

interpretan los ordenamientos sin lesionar garantías constitucionales, en

tanto sus normas no imponen una versión reglamentaria única del ámbito

en cuestión.

En tal sentido, teniendo en cuenta la indudable naturaleza

alimentaria del crédito, la tasa de interés dispuesta -promedio mensual de

la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento

de préstamos (cfr. Actas nº 2.155 y 2.357 de la E.C.N.A.T.) más 50% de

incremento sobre ella-, es la que mejor refleja las variables socioeconómicas,

apunta a mantener incólumne el valor patrimonial del pronunciamiento y a

resguardar el derecho de propiedad del trabajador, no resultando lesiva de

derecho alguno ni implicando un enriquecimiento sin causa del dependiente.

El medio a emplear para mantener el valor del crédito

adeudado depende de la existencia y de la magnitud del perjuicio a

reparar, pero también de la calidad del acreedor, no pudiendo soslayarse

que la integridad del crédito laboral se halla directamente garantizada por la

Constitución, sin que pueda existir pretexto para privar a un habitante de la

Nación –más aun tratándose de un trabajador, sujeto especialmente tutelado

por el texto constitucional- de parte de su propiedad, acordada por las leyes

y declarada por los jueces, ni para promover el enriquecimiento sin causa del

deudor moroso en razón de su propia mora.

El acreedor (en este caso, el trabajador) no es un inversor

financiero que puede elegir entre prestar dinero a un banco o prestárselo al

empleador demandado. Es una víctima del incumplimiento de este último;

ha sido privado por éste de la capacidad de elegir el destino de los fondos que

no ha recibido en tiempo oportuno, y el mecanismo de aplicación de intereses

no debe generarle perjuicio ni menoscabo patrimonial.

Por lo tanto, la tasa dispuesta es la que mejor responde a

ese diseño, conjurando adecuadamente el daño nacido del incumplimiento y

evitando el deterioro del crédito reconocido al actor.

 

Tasa diferenciada en caso de incumplimiento: intereses punitorios.

Juzgado del Trabajo 66 (Julio Grisolia)

Independientemente de lo dispuesto en materia de intereses,

entiendo que debe aplicarse además intereses punitorios para el supuesto de

que el empleador condenado al pago no deposite las sumas adeudadas ni

abone las que considere corresponder, una vez firme la liquidación.

Este criterio lo vengo aplicando desde hace varios años en el Juzgado

del Trabajo Nº 66, a mi cargo. Los fundamentos para ello son los que surgen

de los párrafos pertinentes de las sentencias.

Cabe recordar que los punitorios son aquellos que el deudor debe

pagar como sanción o pena por el retardo o moral. Son un necesario estímulo

para el pago puntual y exacto de la condena, cumpliendo una vital función en

el engranaje del aparato judicial, toda vez que tienden a que la actitud díscola

del deudor no perjudique injustificadamente al acreedor laboral, y redunda en

beneficio de la economía social en general.

En consecuencia, establecer una tasa diferencial para el supuesto

de falta de cumplimiento en término del pago del monto final de condena con

sus aditamentos, implica un justo proceder, toda vez que el deudor que no

satisface su débito queda en una situación de inexcusable renuencia, la que

legitima y autoriza, a partir de allí y hasta que se produzca la cancelación

integra y efectiva, la fijación de una tasa diferenciada de interés estimulante

de la finalidad del proceso y disuasiva de conductas antijurídicas que pugnan

contra el principio de eficacia de la jurisdicción.

Si bien podría sostenerse que estos intereses podrían aplicarse recién

luego de verificarse el mentado incumplimiento del pago (fijarlos de antemano,

ha dicho alguna doctrina, implicaría presuponer que la demandada no ha de

cumplir con el mandato judicial una vez firme la sentencia), en virtud de las

facultades con las que cuentan los jueces no resulta necesario aguardar dicho

estadio ni obligar al acreedor a plantear la cuestión relativa a los intereses

punitorios recién en la etapa de ejecución, con los consiguientes perjuicios

y demoras, amén de privar al decisorio de un importante aspecto preventivo

y disuasivo de eventuales conductas disvaliosas. Se procura así no sólo

mantener la intangibilidad del crédito sino también castigar al deudor por su

atraso en el cumplimiento de la obligación.

El adecuado funcionamiento de la maquinaria judicial, y una efectiva

dación de justicia, requieren como una de las bases fundamentales el oportuno

pago por parte de los deudores de las sumas por ellos debidas, ya que se

trata en gran medida de créditos alimentarios, que el reclamante necesita con

urgencia, y el condenado adeuda por resolución firme.

En estas condiciones, las tasas de interés previstas no lo son con

la intención única de mantener el valor del crédito, sino que también deben

compensar la falta de uso de un capital no pagado en tiempo oportuno, amén

del conocido carácter conminatorio, para compeler al pago.

En cuanto a la tasa a considerar para el interés punitorio que

se aplique en caso de mora del deudor, corresponde señalar que se hace

necesario efectuar un análisis global de la situación económico financiera y

social por la que está atravesando la sociedad argentina, a los efectos de

interpretar la reprochable actitud asumida por el empleador que no contribuye

en término con sus aportes en materia convencional.

Derivado de lo expuesto, criteriosa jurisprudencia ha establecido

en reiteradas ocasiones, que la suma de intereses moratorios no debe ser

excesiva o abusiva, debe mantenerse dentro de límites razonables y guardar

relación con la moral y las buenas costumbres, bajo pena de nulidad. Al

hallarse en juego tales principios, estimo que la tasa no podría exceder dos

veces la tasa de descuento ordinario del Banco Nación, como máximo.

De no proceder de este modo, la actitud tomada por el deudor

implicaría un enriquecimiento ilícito para las mismas, en detrimento del actor

con sentencia firme e impaga, quienes – como en este caso- ya debió soportar

incumplimientos y reticencia en la etapa prejudicial.

Por lo tanto, entiendo que deviene ajustado imponer la misma

tasa que el crédito original, a fin también de evitar colocar al deudor moroso

en mejor situación luego del incumplimiento, lo que implica una injusta

recompensa para quienes no cumplieron sus obligaciones en tiempo oportuno.

De acuerdo con el criterio enunciado, estimo adecuado fijar los

intereses punitorios según tasa activa del Banco Nación, sobre el capital de

condena, comenzado los mismos a correr – según el caso- a partir de que

quede firme la liquidación practicada en oportunidad del art. 132 de la ley

18.345, o vencido el plazo de traslado sin que la demandada que impugnare la

misma hubiere depositado las sumas que estime corresponder.

Queda claro que no se trata de actualizar el crédito ni de indexación,

sino que el recargo obedece a una finalidad distinta a la contemplada por la

norma, en tanto dichos accesorios no importan actualización monetaria de

lo debido sino una consecuencia derivada del incumplimiento del deudor. La

prestación a su cargo no se ve incrementada por la aplicación de mecanismos

indexatorios, sino que su aumento tiene su causa en la incorporación de los

intereses y accesorios debidos, generados por la mora incurrida.

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