CONCLUSIONES PREVIAS DEL VIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO LABORAL DE LA SADL – JUNIN. 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2010

 

• Los Derechos Humanos resultan de plena vigencia en el Derecho del Trabajo y -por naturaleza- son inderogables, imprescriptibles y progresivos.

Los jueces argentinos deben aplicar el Convenio Nº 158 de la OIT, a todos los aquellos despidos violatorios de los Derechos Humanos.

Resulta de suma importancia estar advertido de la gravedad de la violación de los cinco incisos del Convenio 158 de la OIT, a los efectos de valorar la misma con presuntiva inclinación a entender que se han violado los Derechos Humanos del trabajador.

Los Derechos Humanos tienden a obtener una mejor calidad de vida de todos los habitantes y deben profundizarse y aplicarse como derechos vigente actual que ilumine todo el espectro de los derechos internos, ya que desde su perspectiva, resultan transcendentales estos últimos.

 

• Los daños a la salud que se producen con motivo o en ocasión del trabajo deben ser reparados con indemnizaciones justas.

 

• La pobreza genera problemas diversos, entre ellos la insuficiencia de generación de empleo y ello conduce -necesariamente- a la búsqueda de soluciones urgentes.

 

• El Estado debe reasumir efectivamente su rol de garante de las relaciones laborales y fiscalizar el cumplimiento efectivo de las normas y sancionar su incumplimiento para reducir la informalidad y los abusos en el sector formal.

 

• Nuestra sociedad tiene cuentas pendientes en relación al fenómeno de la discriminación, y falta mucho por hacer, en especial en el plano educativo, por lo que deben abrirse las puertas a un nuevo enfoque social y cultural.

Existe un concepto no profundizado aun, de discriminación institucional, que deviene abarcativo de la sociedad toda y puede llegar a cambiar el rumbo de todo un país.

 

• La celeridad en los procesos judiciales y la independencia y eficiencia de la Justicia del Trabajo son esenciales en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral.

 

• No se puede desconocer que las PYMES -que deben ser identificadas con criterios objetivos y uniformes-, son las mayores generadoras de empleo en nuestra sociedad.

 

• En el tema de la trata de personas, muchos derechos básicos de hombres, mujeres y niños son violados, como ser el derecho a ser libre de todas las formas de discriminación.

Los que sufren esta situación son doblemente víctimas, dado que -por un lado- lo son de un sistema que los condena a la pobreza y la marginalidad. Pero además, y en función de ello, vuelven a ser víctimas de quienes se aprovechan de su situación, sometiéndolos a la más extrema explotación laboral o sexual.

 

• Algo se está modificando en el sistema de protección contra el despido arbitrario que prevé nuestra legislación respecto de la actividad privada en los casos en los que nos encontramos ante la violación lisa y llana de derechos constitucionales, personalísimos y humanos que permiten acudir a una solución distinta de la normada en el art. 245 L.C.T., porque ésta no contempla estos supuestos de gravedad extrema que caen en el ámbito de los tratados internacionales de Derechos Humanos y los arts. 14 bis, 16 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional y 9, 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo.

 

• Los cooperativas son una excelente forma de desarrollo del trabajo en colaboración con ingredientes importantes de solidaridad, teniendo, eso sí que estar atentos a que no se infiltre el fraude.

 

• En los tiempos que corren son parte del ámbito de aplicación personal del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social las minorías entre ello, los indígenas que no pueden estar ausentes de los planes que prevé asistencia ante las carencias generales.

 

• El trabajador además de ser un ciudadano como todos los demás, goza de un estatus propio que es la tutela específica que le confiere el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

 

• En cuanto a los trabajadores jóvenes, la nueva Ley de Pasantías representa una mejora en relación al instituto en su versión noventista, pero debe ser evaluada con prudencia, para no desvirtuar su finalidad eminentemente formativa.

 

• Para muchos trabajadores, lo que verdaderamente sienten que hace que quede marcada su huella en la historia, es el trabajo; y es consecuencia de ello ser sumamente cuidadoso y prudente a la hora de cuantificar el daño que cualquier evento dañoso haya podido perpetrar en su físico o en su psiquis.

LA JUSTICIA SOCIAL, POBREZA y LITERATURA

Santiago J. Rubinstein

 

El protagonista del libro de Kafka en el ” Artista del hambre” expone un voluntario ayuno ante su público, con orgullo y profesionalidad, para destacar la pobreza.

 

Jacques Prévert en un poema de su autoría destaca la condición de pobre, circunstancia que me hizo reflexionar sobre esa circunstancia de la vida.

 

En el año 1933 George Orwell publicó el libro “Vagabundo en París y Londres” y sus conocimientos acerca de esas ciudades, le sirvió como “una lección de pobreza”.

 

Hemingway en su libro “París era una fiesta” hacía referencia a la pobreza.

Nosotros, en el poema “Pan de mi esperanza” dijimos:

Amasando el barro

como harina de mi vida

como pan de mi esperanza,

en la tierra del olvido

voy surcando para todos

lentamente, con amor,

otro mundo sin pobreza

otro mundo para iguales,

donde impere para siempre

cielo abierto, con estrellas

para todos.

 

Julio Chiappini destacado procesalista y estudioso de Borges, en su pequeño libro:”Borges y Sarmiento” dice:” No obstante, el sanjuanino arremete: seguramente que las raíces de la angustia ( es decir, su niñez y su adolescencia sumidas en la pobreza)lo acucian hacia un destino de éxitos”.

 

La justicia social no tiene presente únicamente su aspecto distributivo, sino que una buena política social debe propugnar la erradicación de la pobreza, la creación de nuevos puestos de trabajo y el bienestar de todos los ciudadanos.

 

Juan Pablo II en su Encíclica Laborem Excercens, señaló:” Para realizar la justicia social en las diversas partes del mundo, en los distintos países y en las relaciones entre ellos, son siempre necesarios nuevos movimientos de solidaridad de los hombres de trabajo y de solidaridad con los hombres de trabajo. Esta solidaridad debe estar presente allí donde lo requiere la degradación social del sujeto del trabajo, la explotación de los trabajadores, y las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre”.

 

Oportunamente(1) sostuvimos que:” la justicia social debe tener jerarquía constitucional” pensando en su inclusión en el art. 14 bis o en los nuevos derechos, empero, fue receptada en el art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional, como cláusula programática que fija pautas para el desarrollo económico y la creación de nuevos empleos, con igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna.

 

Durante la reunión del Consejo Amnistía Internacional(AI) se estimó ” que la pobreza en el mundo ” lejos de disminuir, va en aumento” debido a “un sistema económico que no sólo se olvida de ella sino que la tolera y aprueba”.(2).

 

La presencia de la pobreza en nuestro país está en pugna con la justicia social y con los derechos humanos.

Carlos Blanco (3) afirmó que:” El problema de la pobreza no es el problema de los pobres de siempre. Es el de sociedades que producen pobreza como un componente orgánico de sus victorias y fracasos…”.

 

Las normativas del derecho del trabajo que tienden a la protección de los trabajadores, resultan insuficientes para contribuir a la erradicación de las pobreza; la posible solución está en la convergencia interdisciplinaria y en una correcta política de estado, con una óptica de organización socioeconómica.

 

Un indicador de la pobreza en nuestro país estaba evidenciado por los 8,5 millones de habitantes que carecían de red de agua potable y de más de 21 millones de personas que no tenían desagües cloacales( 4), circunstancia que no se modificó substancialmente.

 

La pobreza está reñida con una equitativa distribución de la riqueza, al respecto podemos afirmar que las desigualdades en América latina, constituyen paradigmas de inseguridad social.

 

Resulta irritante para la conciencia humana saber que hay ciudadanos que mueren a diario por desnutrición, como secuela de la pobreza y de la marginación.(5).

 

Fernando Zumbado sostenía que:” El problema de la pobreza tiene implicancias éticas, económicas y políticas de primer orden. Atenta contra los derechos humanos mantener a sectores amplios de la población en situación de desempleo, desnutrición y marginalidad”( 6).

 

El sistema estadístico debe contribuir para lograr la dignificación del salario, una correcta distribución de la riqueza y el lógico control del sistema de precios, sin omitir la supervisión de los índices inflacionarios.

 

El método de la línea de pobreza ( LP) consiste en saber si un determinado hogar o individuo está por encima o por debajo de la canasta básica de bienes y servicios, de ahí la importancia del índice de precios al consumidor (IPC).

 

Según FIEL,(7) el costo de la canasta básica para no descender bajo la línea de pobreza subió a $ 2.118, lo que

constituye un problema alarmante para determinado segmento de la población.

 

NOTAS.

1) Rubinstein, Santiago J., ” Fundamentos del Derecho Laboral”. Ed. Depalma. Bs.As. 1988, p. 32.

2)Clarín, 13-8-2007, p. 22.

3)Blanco, Carlos, en “Pobreza- Un tema impostergable”. Bernardo Klisberg, compilador. Fondo de Cultura Económica y otros. México, 1993, prólogo, p.XXI.

4)La Nación, 22-7-2007, p. 1 y 22.

5)La Nación 4-8-2007, p.25.

6)Ibídem 3) p. XVII, prefacio.

7) La Nación, 8-2- 2011, Sección Economía, p.1.

EL DERECHO PENAL DEL TRABAJO

Estela Milagros Ferreirós

1.- CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

Debemos admitir que la legislación argentina, no ha tenido muy en cuenta a los trabajadores, cuando los mismos resultan víctimas de delitos, abarcados en su condición de tales.

 

A lo dicho hay que adicionar el hecho de que recién ahora, algunos fallos judiciales y parte de la doctrina, han advertido esta falencia.

 

Con grandes diferencia con otros países del mundo, como España, la Argentina, tiene una legislación y un ejercicio insuficiente del tema.

 

Pareciera que, al menos en este territorio, la protección constitucional de los trabajadores e incluso del colectivo de ellos, no han atraído debidamente al legislador y se ha quedado estacionado en la defensa de otros bienes jurídicos, como pueden ser la remuneración, la jornada, la estabilidad, etc.

 

Empero, es del caso tener en cuenta, que tampoco esos bienes, quedan con protección suficiente, si se desdeña o se olvida la creación y aplicación de legislación penal en el ámbito empresarial, sindical, y también en la relación jurídica individual, como en cualquier otro que se deba.

 

Hay una suerte de déficit legislativo, judicial y doctrinario, con respecto a la aplicación del derecho penal en las relaciones de trabajo.

 

Es más, algunos se preguntan ¿Para qué un derecho penal del trabajo? Veamos.

 

Se ha solido señalar en el pasado, que existía un Derecho Penal Social, conceptualizado como un conjunto de normas jurídico-penales, de carácter represivo, desinadas a defender el orden jurídico laboral público contra actividades individuales que alteren arbitrariamente ese orden. De esta manera, se ha hecho referencia a la huelga, al lock-out, al obstruccionismo, a la ocupación de fábricas, al trabajo a desgano, al sabotaje, etc..

 

Sin entrar en el abordaje de cada uno de los ítems señalados y sus consecuencias, lo cierto es que, en la actualidad, se habla de Derecho Penal del Trabajo, y por él, se entiende, aquel que se ocupa de conductas criminales que, sin dejar de afectar, en ciertos casos, a bienes jurídicos colectivos, tiene más acotado el campo de perjudicados directos. Es que ya no se tiene en frente a víctimas iguales, sino a quienes está en situación de vulnerabilidad, por su estado de dependencia y subordinación. Existe una situación estructural económica y microcósmica que se da en la empresa.

 

He señalado antes de ahora, que, Vidal Albarracín, hace veinticinco años enseñaba la autonomía de un Derecho Penal Económico, de un Derecho Penal Social y de un Derecho Penal Administrativo. El mismo Tissembaum, se refería a una conexión entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Penal, haciendo hincapié en el Derecho Penal que afecta al ordenamiento jurídico de la libertad de trabajo y las garantías y la convivencia dentro del proceso económico-industrial y que puede producirse en virtud de disposiciones de la propia legislación del trabajo , que prevén sanciones penales para el caso de incumplimiento de las obligaciones que se consignen en sus respectivos textos, con carácter imperativo y de orden público.

 

En ese andarivel, Terradillos Basoco, ha señalado, en España y en su numerosos viajes a nuestro país, que es pacíficamente admitido que, en lo atinente a los aspectos penales, la existencia de comportamiento ilegales en el seno de la empresa, que se debe, no a la eventual predisposición personal de cada individuo, sino a factores estructurales, como la división del trabajo, las relaciones jerárquicas o el sistema normativo interno.

 

Es que, hay que tener presente que la distribución fragmentaria de tareas y objetivos, reforzada por el contexto general de la organización a través de mecanismos de premios y castigos, del estímulo económico, de la promoción o de la remoción, puede crear condiciones objetivas que favorecen el desprecio por la norma. Y en la actualidad, se añade a ello, el debate sobre la descentralización del proceso productivo y la toma de decisiones, que provocan una cierta aminoración de las responsabilidad individual sobre los efectos que se producen.

 

A quien le interese profundizar el tema, incluidas sus raíces históricas, le puede resultar sumamente interesante, las descripciones presentadas en su tesis doctoral, sobre el tema, por López Palomero, cuando nos recuerda el pensamiento de Adam Smith, para quien los bienes tenían valor solo como consecuencia del trabajo humano que incorporaban y que no veía con buenos ojos la separación del trabajador de los frutos de su trabajo; de esta manera, en su “Investigación Sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones”, se adelanta al pensamiento pluralista conflictual de Gino Giugni, que sostenía que los intereses en el contrato de trabajo raramente coinciden.

 

El operario pretende, en ese tira y afloja, sacar lo más que puede y el patrón pagar lo menos que pueda, y esto es solo un ejemplo de la lucha constante en este tipo de relaciones Es que el trabajo en relación de dependencia aparece como una herramienta del capitalismo, que, a su vez, instala este sitema de competencia en diversos ámbitos.

 

2.- ALGUNAS FIGURAS ESPECIALES Y BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS.

Bisceglia, en su tesis sobre el tema, “Delitos Contra los Derechos de los Trabajadores en Argentina”, enuncia, en este sentido, como bienes jurídicos protegidos:

 

La protección de la integridad física del trabajador,

 

La discriminación,

 

La violación a las normas colectivas de trabajo y la situación del trabajador emigrante,

 

La restricción del ejercicio de derechos sindicales,

 

La afectación del sistema de jubilaciones y pensiones,

 

Las lesiones provenientes de la comisión de delitos comunes, insolvencias, falsificaciones de balances, etc.

 

En cuanto a la protección de la integridad sicofísica de los trabajadores, no solo ha sido largamente criticada y declarada inconstitucional la LRT, sino que, sino que es del caso, tener presente la ley de Higiene y Seguridad Industrial y su decreto reglamentario, que, con carácter de orden público ordenan que en el concepto de higiene y seguridad, se tenga por comprendidas las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto, proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores.. en su artículo 4, seguido por medidas de igual tenor en los artículo 5 y 8 del mismo cuerpo, empero, en la propia LRT, figuran remisiones a normas penales, tales como al artículo 54 de dicho cuerpo y el artículo 106 del mismo.

 

Este último se encuentra impuesto en el artículo 32 de la ley especial, cuando los empleadores autoasegurados o las ART o las Cías de Seguros de Retiro incumplan las prestaciones establecidas en el artículo 20 ap. 1, inciso a), (asistencia médica y farmacéutica, será reprimido con la pena prevista en al artículo 106 del CP, donde se tipifica el delito de abandono de persona que puede dar lugar a pena de prisión de 2 a 6 años, que puede ser de reclusión de 3 a 10 años si resultare grave daño a la salud, y de reclusión o prisión de 5 a 15 años si la víctima muriere.

 

A la vez, el incumplimiento de las prestaciones dinerarias a su cargo., o de los aportes a los fondos creados por esa ley, será sancionado con prisión de dos a seis años y cuando se trate de personas jurídicas la pena de prisión de aplicará a los directores, gerentes o síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible.

 

En los delitos contra las personas, podemos encontrar también el homicidio simple del artículo 79 del CP, el homicidio culposo, del artículo 84, las lesiones dolosas, del artículo 89, las lesiones culposas, y el abandono de persona al cual ya me he referido ( art 106)

 

A lo dicho debe sumarse, la preocupación constante de delitos contra la vida, que existe en nuestro país, cuando se trata de los eventos ocurridos en la vía pública o son hechos, de lo que se suele denominar “la inseguridad”, empero, rara vez se encuentra una seria preocupación periodística, doctrina , y aun jurisprudencial o legislativa, por las pérdidas de la vida de los trabajadores, con motivo de los accidentes de trabajo.

 

No hay dudas acerca de que se trata, en principio, de delitos civiles; delitos que cuando la consecuencia es la muerte, resultan homicidios culposos. La gran pregunta es si se puede sostener que quien viola las normas de seguridad e higiene, no debe representarse ese resultado, ya que si así fuera, estaríamos en presencia de un dolo eventual, en el territorio de la responsabilidad penal.

 

De lo que creo que no hay dudas, es si en el caso de repetirse el mismo siniestro en las mismas circunstancias, no estamos en presencia de un homicidio que raya en lo doloso.

 

En otro orden de ideas, se pueden dar con cierta frecuencia en el ámbito del trabajo, delitos de amenaza, coacción o extorsión. Sabido es que en ocasiones, se producen conductas aprehendidas por el artículo 168 del CP, en situaciones de despido, que son precedidas por indiscutible extorsión.

 

Dicha norma señala que será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar o poner a disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Igual pena se impondrá si por los mismos medios o con violencia, se obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligaciones o de crédito.

 

En este territorio podríamos también señalar otras normas penales, como el artículo 149 bis, referido a amenazas para alarmar o amedrentar; situaciones que vemos con cierta frecuencia en el medio de conflictos laborales.

 

En otro andarivel, y en la actualidad, se habla con frecuencia, por hechos que han surgido en los últimos tiempos, de la “trata de personas”

 

El Convenio N 2RO/363 del año 2004, se acoge el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

 

La tipología del ilícito, se describe como la captación, el transporte o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena, u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 

Por otra parte, cualquiera sea el tipo de explotación, no se tendrá en cuenta el consentimiento de la víctima.

 

Este Protocolo, deja a cada Estado Parte las medidas de penalización que considere necesarias, de manera que nuestro país ha dictado la ley 26.364 que concreta cuatro supuestos de explotación.

 

En este sentido se debe tener en cuenta la violación de la libertad en el trabajo independiente y el respeto por la dignidad humana.

 

Son elementos de la trata de personas, esta suerte de esclavitud: lo que se denomina “el acto propiamente dicho”, es decir, “el hacer”, cuando se capta, traslada, transporta, etc; también, un segundo elemento es “la forma”, ya que se puede utilizar la coacción, el fraude, el rapto, el engaño, el abuso, etc; y finalmente el tercer elemento, es “la causa fin”, entendida en el contesto de la teoría hilemórfica de Aristóteles, que dentro del causalismo, incluye cuatro causa, una de las cuales es, justamente la causa fin: ¿para qué está hecha la cosa? . Bueno, en nuestro caso, está llevada a cabo la trata, para la explotación con beneficio propio abusivo. Todo esto, gira alrededor de un eje que conlleva, necesariamente la violación de la dignidad humana, inherente a toda persona.

 

Por otra parte, el artículo 145 bis del Código Penal, que establece para estos casos, pena de prisión de tres a seis años, con agravantes, en caso de parentesco o pluralidad de víctimas o autores.

 

También el artículo 145 ter, que aumenta las penas sobre la base de la edad y, por otra parte, la nueva normativa innova, como es lógico, en el Código Procesal Penal, complementando es aspecto adjetivo de lo expuesto.

 

Otro ilícito a no olvidar, es el de la discriminación, contemplado, fundamentalmente en la ley 23.592, de aplicación ya en el fuero del trabajo de todo el país, pero que requiere una tipología penal de la que carece, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo.

 

En un trabajo de esta naturaleza, es imposible abarcar todo el espectro penal de nuestra disciplina y que para muchos ha pasado desapercibido.

 

Así, la ley 23.551 que establece diversas multas, para casos especiales.

 

El artículo 301 del Código Penal, señala, también, que será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio…….

 

En suma, que la violación de la ley o de los estatutos, pueda acarrear algún perjuicio, indica la configuración del ilícito con la mera posibilidad de causar el mismo, “a sabiendas”, es decir, con verdadero dolo.

 

Tampoco podemos obviar, todo el acogimiento de legislación penal en los delitos contra el régimen previsional, que destaca Olavarría y Aguinaga, en la obra que comparte, sobre fraude, con López Palomero, Vázquez y esta autora (El fraude y sus consecuencias jurídicas, ediciones La Rocca)

 

3.- CONCLUSIONES

Este trabajo solo se presenta como una muestra de la enorme y poco advertida relación profunda entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Penal.

 

Relación, que en ocasiones ha alcanzado tal compenetración, que fue dando lugar, al nacimiento de una nueva rama de nuestra disciplina, como es: El Derecho Penal del Trabajo.

 

En ese andarivel, he tenido el honor de dictar el primer curso sobre Derecho Penal del Trabajo, en nuestro país y más precisamente el Facultad de Derecho de la UBA. Muchos otros siguieron luego y esto quiere decir que a nivel académico se está comprendiendo la importancia del tema.

 

Empero, no es fácil, la comprensión legislativa, como ha ocurrido en otros países, como España, México, Chile, países nórdicos europeos, etc, ni tampoco la comprensión jurisprudencial, a cargo de los jueces

 

Es más, algunos se preguntan, como ya dije: ¿Para qué un Derecho Penal del Trabajo?. Con el mismo criterio deberíamos preguntarnos para qué un Derecho Constitucional del Trabajo? o ¿Para qué un derecho administrativo o tributario del trabajo?

 

En este sentido, me gusta recordar, que lo expuesto sobre Vidal Albarracin, hace más de treinta años, cuando enseñaba la autonomía del Derecho Penal Económico, del Derecho Penal Social y de un Derecho Penal Administrativo, explicando, a la vez, al igual que Tissembaum, una concexión entre el Derecho Penal y el Derecho del Trabajo, que se manifiesta en delitos previstos en el Derecho Penal y que se refieren a hechos que afectan el ordenamiento jurídico de la libertad de trabajo y garantías y la convivencia dentro del proceso económico industrial, que puede producirse en virtud de disposiciones de la propia legislación del trabajo, que prevén sanciones penales para el caso e incumplimiento de las obligaciones de hacer, de dar, o de no hacer que se consagran en sus respectivos textos con carácter imperativo y en resguardo del orden público laboral.

 

Se trata de un territorio en el que las conductas humanas, no responden solo a disposiciones personales de cada individuo, sino a factores estructurales, como la división del trabajo, la seguridad personal, las relaciones jerárquicas con subordinación y un escenario de lucha entre los protagonistas de la relación laboral individual y colectiva, donde las apetencias económicas están legitimadas, pero viven en estado de enfrentamiento. El mismo, no podemos desconocerlo, tiene consecuencias, en la sociedad toda.

SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES DEL 3° CONGRESO DE DERECHO LABORAL Y RELACIONES DEL TRABAJO

El Congreso dejó algunas consideraciones, que, a nuestro modo de ver, debieran tenerse encuentra en un futuro próximo a los efectos de modernizar y profundizar el Derecho Laboral, la Seguridad Social y las Relaciones del Trabajo.

 

1.- Se hace necesaria una consideración sobre el cómputo de los intereses en las sentencias tanto de la Justicia Nacional, como de las distintas provincias, sobre todo la de Buenos Aires, no solo por razones de justicia y equidad, sino también para una justa distribución del las causas que afecta el buen desempeño de los jueces.

 

2.- Sería bueno hacer un nuevo enfoque de temas que aparecen en la actualidad como antiguos, a los efectos de un debate más moderno.

 

3.- Corresponde darle a los reclamos por incapacidad síquica una mayor atención

 

4.- Debe seguirse con cuidado la necesaria buena salud del sistema del régimen jubilatorio argentino porque se encuentran en juego derechos humanos

 

5.- Se impone la modificación del régimen legal de riesgos y accidentes de trabajo con una reforma legislativa que parta de los fundamentos de los fallos de la CSJN.

 

6.- Es fundamental la aplicación de las normas de Derechos Humanos

 

7.- Se requiere un régimen especial sobre la discriminación y con atención expresa de la exclusión del trabajo infantil

 

8.- La tercerización debe ser motivo de una regulación especial cuidadosa para no caer en el fraude.

 

9.- La reinstalación ha sido acogida por la jurisprudencia de la CSJN, para el caso de configurarse un despido discriminatorio.-

 

10.- El fraude es un verdadero daño que debe excluirse de las relaciones laborales

 

11.- La mejora en la calidad del empleo es la demanda social más acuciante en la región

 

12- Las políticas de empleo, deben proyectarse teniendo en cuenta la dignidad de los trabajadores. La informalidad refleja subdesarrollo. Es síntoma de políticas laborales y de gestión ineficaces.

 

13.- La Argentina se debe un debate sobre la actualización del Derecho Colectivo del Trabajo

 

14. El régimen de las obligaciones es una base jurídica indispensable para un derecho del trabajo sano y moderno.

 

15.- El Derecho Procesal del Trabajo es una base especifica del Derecho del Trabajo, cuyos temas deben ser estudiados con atención porque significan la posibilidad de la vigencia del derecho sustantivo.

LA SITUACION ACTUAL DE ALGUNOS DE LOS INSTITUTOS DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

Por Pedro Fernando Nuñez

 

Me parece apropiado debatir, una vez más, algunos temas relativos a la Ley de Riesgos del Trabajo, más allá de que ya ha sido analizada -y, podríamos decir, “descuartizada”- por todos los especialistas en el tema cada vez con más fuerza, lo que paradójicamente en lugar de llevarla más rápidamente al rincón de los objetos inservibles la revitaliza en su aplicación a una realidad que ya no puede cubrir.

 

Todos sabemos y es innecesario insistir en tal temática cual ha sido la historia de la protección en la Argentina de los infortunios laborales, a partir de la sanción de la primera norma protectora en 1915 – la ley 9688- que en su momento constituyera un avance más de nuestro país en el ámbito de las relaciones del trabajo y que se constituyera durante casi ochenta años en un hito de aplicación obligatoria, sin prácticamente opiniones en contrario y que finalizara su vigencia con la entrada en vigencia de la ley 24.028, que subsistió hasta el año 1996, en medio de una ola de la denominada normatividad neoliberal, que pretendió incidir en todos los institutos del derecho del trabajo y que llevó a muchos colegas a preguntarse si no había llegado el “fin del derecho del trabajo” como disciplina autónoma.

 

Esta primera ley protegía en forma amplia, por decirlo así, los infortunios ocasionados no solamente en el trabajo, sino en lo que se denominó la doctrina “accidentes in itinere” que eran los que se sucedían en el trayecto seguido por el trabajador desde su domicilio a su trabajo y regreso al mismo.

 

Por otra parte, la jurisprudencia con el correr del tiempo introdujo la figura de la “enfermedad accidente” y dio lugar a la teoría de la “indiferencia de la concausa” que fuera tan resistida por muchos, principalmente porque colocaba en cabeza de la responsabilidad del empleador el pago de indemnizaciones que no eran causadas en el mundo laboral, sino que eran preexistentes al mismo en muchos casos, lo que aumentaba los costos empresariales.

 

Otro de los factores que redundaron en que la vieja ley 9688 fuera derogada y reemplazada por la ley 24.028, en el año 1991. fue -se dijo entonces- la cuantía en el monto de los juicios, y las -según algunos- abultadas sumas que se pagaban en concepto de honorarios a los letrados de las partes intervinientes y a los peritos.

 

Es así que llegamos al 13 de septiembre de l995 en que se sanciona la ley 24.557, fruto de un acuerdo celebrado entre la Unión Industrial Argentina y otras entidades empresarias y la Confederación General del Trabajo, se promulga el 3 de octubre del mismo año y se publica el 4 del mismo mes y año, pero recién comienza a regir el 1º de julio de 1996.

 

Esta ley, para distinguirla de toda la legislación existente hasta ese momento, se la denomina Ley de Riesgos del Trabajo, con el objeto -según se dijo entonces- de que surgiera un nuevo enfoque en la materia que estaba mucho más referido a la prevención de los siniestros que a la reparación del daño que ellos provocan.

Y efectivamente, la ley enunciaba entre sus contenidos prioritarios la “reducción de la siniestralidad laboral, a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo” y se fijaba además como otro hecho novedoso la “reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado y luego promover su recalificación y recolocación”.

 

Finalizaba la enunciación de sus objetivos con la afirmación de que se “promovería la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras”.

 

Desgraciadamente, podemos afirmar con plena convicción, que ninguno de estos enunciados fue cumplido en su totalidad y eso hizo que la ley cada vez más provocara incumplimientos y sus consecuentes sanciones de inconstitucionalidad decretados por diversos tribunales de nuestro país.

 

Es así que en medio de lo que podemos calificar como una desordenada aplicación de la nueva norma y en medio de centenares de inconstitucionalidades decretadas con referencia sobre todo a la aplicación entre otros, de los artículos, 39 inc. 1º, 46 y 14, inc.2 b, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2000, en el expediente “Gorosito v. Riva S.A s/ daños y perjuicios”, contra viento y marea, reafirma la validez de la cuestionada normativa, que había previamente sido declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Neuquén, basándose en que el sistema de reparación de daños establecido en la ley 24.557 era adecuado y no vulneraba principio constitucional alguno. Confirmó la constitucionalidad de la norma objetada, que era el art. 39, inc 1º, afirmando que lo percibido por el actor constituía una reparación integral.

 

No obstante ello siguieron declarándose las inconstitucionalidades sobre algunos de los artículos de la ley y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pronunciamientos del mes de septiembre y octubre del año 2004, ya prácticamente en su actual composición, resolvió en tres sentencias paradigmáticas – a las que le siguieron luego otras más- los temas siguientes.

 

En primer lugar, con respecto al art. 39, inc 1º que había sido objeto de fuertes cuestionamientos, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia, declaró que si bien podían existir sistemas de reparación de daños que fueran diferentes a los establecidos en las normas del Código Civil, ello era posible, siempre que se lograra una reparación integral del daño en cada caso concreto.

 

En una sentencia de importante contenido jurídico y social, en el caso “Aquino, Isacio, v. Cargo s/ daños y perjuicios” declaró -en abstracto- la inconstitucionalidad del artículo 39, inc. 1º, de la Ley de Riesgos del Trabajo y amplia la doctrina de la reparación integral que establecen los artículos 1109 y 1113 del Código Civil y expresa demás que la “norma objetada es contraria a la dignidad humana”, al convertir al trabajador en una mercancía dentro del sistema productivo. El pronunciamiento en cuestión se complementó luego con otros dallos del Alto Tribunal, que reafirmaron el derecho del trabajador a la reparación plena en diversos supuestos, entre los que pueden citarse el caso “Díaz, Timoteo v. Vaspia” (CSJN, 7/3/2006), “Silva” (CSJN, 18/7/2007), “Soria” (CSJN, 10/4/2007), “Llosco” y “Cachambí” (CSJN, 16/6/2007), y “Arostegui” (CSJN, 8/4/2008).

 

Otro tema importante tratado por la Corte afecta el pago de las prestaciones dinerarias en cuotas, pues la ley establecía en su texto original, reformado por el Decreto 1278/2000, el pago de la indemnización resultante de acuerdo al dictamen de las Comisiones Médicas o en el caso de fallecimiento en prestaciones dinerarias mensuales.

 

Así, el 26 de octubre del 2004, en la causa “Milone v. Asociart”, el máximo Tribunal dispone la inconstitucionalidad del artículo 14, 2b de la Ley de Riesgos del Trabajo al ordenar en el caso de un taxista que no tenía posibilidades de seguir con su trabajo, el pago en una única vez de la indemnización correspondiente, fijando asimismo el criterio de que el pago en cuotas, sólo era posible, cuando de las circunstancias, le permitiera al trabajador afectado, reformular su proyecto de vida. La posibilidad de reclamar la indemnización en una sola vez fue luego reafirmada en el fallo “Suarez Guimbard” (CSJN, 24/6/2008), aplicable a los infortunios acaecidos luego del dictado del decreto 1278/200.

 

En el último de los supuestos que queremos analizar con respecto a las principales inconstitucionalidades de la Ley de Riesgos del Trabajo, nuestra Corte Suprema resolvió las contradicciones que planteaba el artículo 46, inciso 1º, al hacer intervenir a la justicia federal en el tratamiento de las apelaciones presentadas contra los dictamenes de las Comisiones Médicas provinciales, y en cuanto a la constitucionalidad misma del procedimiento administrativo previo.

 

En el fallo “Castillo, Angel Santos v. Cerámica Alberti S.A.”, proveniente del Superior Tribunal de la Provincia de Mendoza, la Corte, al confirmar la decisión apelada resolvió la inconstitucionalidad de dicho artículo resolviendo que dichos recursos debían ser tratados por los juzgados locales pues la justicia federal estaba para temas que no tenían nada que ver con los accidentes y enfermedades del trabajo. En cuanto a la constitucionalidad de las resoluciones de las comisiones médicas, el procedimiento administrativo, y la limitación de la responsabilidad de las ART, también se expidió la Corte, en los sonados casos “Saldaño” (9/8/2005), “Venialgo” (13/3/2007), “Marchetti” (4/12/2007), “Busto” (17/4/2007), y “Galván” (30/12/2007), entre otros.

 

Como hemos podido ver, analizando solamente una limitada porción del articulado de de la Ley de Riesgos del Trabajo, y sin dejar de considerar que en el resto de su articulado abundan las normas cuestionadas tanto por la doctrina y la jurisprudencia, la arquitectura jurídica de dicha norma ha sufrido y sigue sufriendo fuertes reproches sobre la constitucionalidad de sus disposiciones afectando en el terreno práctico su aplicación y funcionamiento.

 

¿No será hora de que cumplan, de una buena vez, las continuas promesas de su reforma o mejoramiento, teniendo en cuenta sobre todo los pensamientos doctrinarios expresados por nuestro Tribunal Supremo?

 

Tanto los empleadores como los trabajadores se merecen que estas normas tan necesarias dentro de las relaciones laborales sean perfeccionadas mirando el futuro, y no hacía el pasado.