CONCLUSIONES PREVIAS DEL VIII CONGRESO NACIONAL DE DERECHO LABORAL DE LA SADL – JUNIN. 14, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2010

 

• Los Derechos Humanos resultan de plena vigencia en el Derecho del Trabajo y -por naturaleza- son inderogables, imprescriptibles y progresivos.

Los jueces argentinos deben aplicar el Convenio Nº 158 de la OIT, a todos los aquellos despidos violatorios de los Derechos Humanos.

Resulta de suma importancia estar advertido de la gravedad de la violación de los cinco incisos del Convenio 158 de la OIT, a los efectos de valorar la misma con presuntiva inclinación a entender que se han violado los Derechos Humanos del trabajador.

Los Derechos Humanos tienden a obtener una mejor calidad de vida de todos los habitantes y deben profundizarse y aplicarse como derechos vigente actual que ilumine todo el espectro de los derechos internos, ya que desde su perspectiva, resultan transcendentales estos últimos.

 

• Los daños a la salud que se producen con motivo o en ocasión del trabajo deben ser reparados con indemnizaciones justas.

 

• La pobreza genera problemas diversos, entre ellos la insuficiencia de generación de empleo y ello conduce -necesariamente- a la búsqueda de soluciones urgentes.

 

• El Estado debe reasumir efectivamente su rol de garante de las relaciones laborales y fiscalizar el cumplimiento efectivo de las normas y sancionar su incumplimiento para reducir la informalidad y los abusos en el sector formal.

 

• Nuestra sociedad tiene cuentas pendientes en relación al fenómeno de la discriminación, y falta mucho por hacer, en especial en el plano educativo, por lo que deben abrirse las puertas a un nuevo enfoque social y cultural.

Existe un concepto no profundizado aun, de discriminación institucional, que deviene abarcativo de la sociedad toda y puede llegar a cambiar el rumbo de todo un país.

 

• La celeridad en los procesos judiciales y la independencia y eficiencia de la Justicia del Trabajo son esenciales en la dinámica de las relaciones laborales y en la política laboral.

 

• No se puede desconocer que las PYMES -que deben ser identificadas con criterios objetivos y uniformes-, son las mayores generadoras de empleo en nuestra sociedad.

 

• En el tema de la trata de personas, muchos derechos básicos de hombres, mujeres y niños son violados, como ser el derecho a ser libre de todas las formas de discriminación.

Los que sufren esta situación son doblemente víctimas, dado que -por un lado- lo son de un sistema que los condena a la pobreza y la marginalidad. Pero además, y en función de ello, vuelven a ser víctimas de quienes se aprovechan de su situación, sometiéndolos a la más extrema explotación laboral o sexual.

 

• Algo se está modificando en el sistema de protección contra el despido arbitrario que prevé nuestra legislación respecto de la actividad privada en los casos en los que nos encontramos ante la violación lisa y llana de derechos constitucionales, personalísimos y humanos que permiten acudir a una solución distinta de la normada en el art. 245 L.C.T., porque ésta no contempla estos supuestos de gravedad extrema que caen en el ámbito de los tratados internacionales de Derechos Humanos y los arts. 14 bis, 16 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional y 9, 17 y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo.

 

• Los cooperativas son una excelente forma de desarrollo del trabajo en colaboración con ingredientes importantes de solidaridad, teniendo, eso sí que estar atentos a que no se infiltre el fraude.

 

• En los tiempos que corren son parte del ámbito de aplicación personal del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social las minorías entre ello, los indígenas que no pueden estar ausentes de los planes que prevé asistencia ante las carencias generales.

 

• El trabajador además de ser un ciudadano como todos los demás, goza de un estatus propio que es la tutela específica que le confiere el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales.

 

• En cuanto a los trabajadores jóvenes, la nueva Ley de Pasantías representa una mejora en relación al instituto en su versión noventista, pero debe ser evaluada con prudencia, para no desvirtuar su finalidad eminentemente formativa.

 

• Para muchos trabajadores, lo que verdaderamente sienten que hace que quede marcada su huella en la historia, es el trabajo; y es consecuencia de ello ser sumamente cuidadoso y prudente a la hora de cuantificar el daño que cualquier evento dañoso haya podido perpetrar en su físico o en su psiquis.

LA JUSTICIA SOCIAL, POBREZA y LITERATURA

Santiago J. Rubinstein

 

El protagonista del libro de Kafka en el ” Artista del hambre” expone un voluntario ayuno ante su público, con orgullo y profesionalidad, para destacar la pobreza.

 

Jacques Prévert en un poema de su autoría destaca la condición de pobre, circunstancia que me hizo reflexionar sobre esa circunstancia de la vida.

 

En el año 1933 George Orwell publicó el libro “Vagabundo en París y Londres” y sus conocimientos acerca de esas ciudades, le sirvió como “una lección de pobreza”.

 

Hemingway en su libro “París era una fiesta” hacía referencia a la pobreza.

Nosotros, en el poema “Pan de mi esperanza” dijimos:

Amasando el barro

como harina de mi vida

como pan de mi esperanza,

en la tierra del olvido

voy surcando para todos

lentamente, con amor,

otro mundo sin pobreza

otro mundo para iguales,

donde impere para siempre

cielo abierto, con estrellas

para todos.

 

Julio Chiappini destacado procesalista y estudioso de Borges, en su pequeño libro:”Borges y Sarmiento” dice:” No obstante, el sanjuanino arremete: seguramente que las raíces de la angustia ( es decir, su niñez y su adolescencia sumidas en la pobreza)lo acucian hacia un destino de éxitos”.

 

La justicia social no tiene presente únicamente su aspecto distributivo, sino que una buena política social debe propugnar la erradicación de la pobreza, la creación de nuevos puestos de trabajo y el bienestar de todos los ciudadanos.

 

Juan Pablo II en su Encíclica Laborem Excercens, señaló:” Para realizar la justicia social en las diversas partes del mundo, en los distintos países y en las relaciones entre ellos, son siempre necesarios nuevos movimientos de solidaridad de los hombres de trabajo y de solidaridad con los hombres de trabajo. Esta solidaridad debe estar presente allí donde lo requiere la degradación social del sujeto del trabajo, la explotación de los trabajadores, y las crecientes zonas de miseria e incluso de hambre”.

 

Oportunamente(1) sostuvimos que:” la justicia social debe tener jerarquía constitucional” pensando en su inclusión en el art. 14 bis o en los nuevos derechos, empero, fue receptada en el art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional, como cláusula programática que fija pautas para el desarrollo económico y la creación de nuevos empleos, con igualdad de oportunidades y sin discriminación alguna.

 

Durante la reunión del Consejo Amnistía Internacional(AI) se estimó ” que la pobreza en el mundo ” lejos de disminuir, va en aumento” debido a “un sistema económico que no sólo se olvida de ella sino que la tolera y aprueba”.(2).

 

La presencia de la pobreza en nuestro país está en pugna con la justicia social y con los derechos humanos.

Carlos Blanco (3) afirmó que:” El problema de la pobreza no es el problema de los pobres de siempre. Es el de sociedades que producen pobreza como un componente orgánico de sus victorias y fracasos…”.

 

Las normativas del derecho del trabajo que tienden a la protección de los trabajadores, resultan insuficientes para contribuir a la erradicación de las pobreza; la posible solución está en la convergencia interdisciplinaria y en una correcta política de estado, con una óptica de organización socioeconómica.

 

Un indicador de la pobreza en nuestro país estaba evidenciado por los 8,5 millones de habitantes que carecían de red de agua potable y de más de 21 millones de personas que no tenían desagües cloacales( 4), circunstancia que no se modificó substancialmente.

 

La pobreza está reñida con una equitativa distribución de la riqueza, al respecto podemos afirmar que las desigualdades en América latina, constituyen paradigmas de inseguridad social.

 

Resulta irritante para la conciencia humana saber que hay ciudadanos que mueren a diario por desnutrición, como secuela de la pobreza y de la marginación.(5).

 

Fernando Zumbado sostenía que:” El problema de la pobreza tiene implicancias éticas, económicas y políticas de primer orden. Atenta contra los derechos humanos mantener a sectores amplios de la población en situación de desempleo, desnutrición y marginalidad”( 6).

 

El sistema estadístico debe contribuir para lograr la dignificación del salario, una correcta distribución de la riqueza y el lógico control del sistema de precios, sin omitir la supervisión de los índices inflacionarios.

 

El método de la línea de pobreza ( LP) consiste en saber si un determinado hogar o individuo está por encima o por debajo de la canasta básica de bienes y servicios, de ahí la importancia del índice de precios al consumidor (IPC).

 

Según FIEL,(7) el costo de la canasta básica para no descender bajo la línea de pobreza subió a $ 2.118, lo que

constituye un problema alarmante para determinado segmento de la población.

 

NOTAS.

1) Rubinstein, Santiago J., ” Fundamentos del Derecho Laboral”. Ed. Depalma. Bs.As. 1988, p. 32.

2)Clarín, 13-8-2007, p. 22.

3)Blanco, Carlos, en “Pobreza- Un tema impostergable”. Bernardo Klisberg, compilador. Fondo de Cultura Económica y otros. México, 1993, prólogo, p.XXI.

4)La Nación, 22-7-2007, p. 1 y 22.

5)La Nación 4-8-2007, p.25.

6)Ibídem 3) p. XVII, prefacio.

7) La Nación, 8-2- 2011, Sección Economía, p.1.

EL DERECHO PENAL DEL TRABAJO

Estela Milagros Ferreirós

1.- CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS

Debemos admitir que la legislación argentina, no ha tenido muy en cuenta a los trabajadores, cuando los mismos resultan víctimas de delitos, abarcados en su condición de tales.

 

A lo dicho hay que adicionar el hecho de que recién ahora, algunos fallos judiciales y parte de la doctrina, han advertido esta falencia.

 

Con grandes diferencia con otros países del mundo, como España, la Argentina, tiene una legislación y un ejercicio insuficiente del tema.

 

Pareciera que, al menos en este territorio, la protección constitucional de los trabajadores e incluso del colectivo de ellos, no han atraído debidamente al legislador y se ha quedado estacionado en la defensa de otros bienes jurídicos, como pueden ser la remuneración, la jornada, la estabilidad, etc.

 

Empero, es del caso tener en cuenta, que tampoco esos bienes, quedan con protección suficiente, si se desdeña o se olvida la creación y aplicación de legislación penal en el ámbito empresarial, sindical, y también en la relación jurídica individual, como en cualquier otro que se deba.

 

Hay una suerte de déficit legislativo, judicial y doctrinario, con respecto a la aplicación del derecho penal en las relaciones de trabajo.

 

Es más, algunos se preguntan ¿Para qué un derecho penal del trabajo? Veamos.

 

Se ha solido señalar en el pasado, que existía un Derecho Penal Social, conceptualizado como un conjunto de normas jurídico-penales, de carácter represivo, desinadas a defender el orden jurídico laboral público contra actividades individuales que alteren arbitrariamente ese orden. De esta manera, se ha hecho referencia a la huelga, al lock-out, al obstruccionismo, a la ocupación de fábricas, al trabajo a desgano, al sabotaje, etc..

 

Sin entrar en el abordaje de cada uno de los ítems señalados y sus consecuencias, lo cierto es que, en la actualidad, se habla de Derecho Penal del Trabajo, y por él, se entiende, aquel que se ocupa de conductas criminales que, sin dejar de afectar, en ciertos casos, a bienes jurídicos colectivos, tiene más acotado el campo de perjudicados directos. Es que ya no se tiene en frente a víctimas iguales, sino a quienes está en situación de vulnerabilidad, por su estado de dependencia y subordinación. Existe una situación estructural económica y microcósmica que se da en la empresa.

 

He señalado antes de ahora, que, Vidal Albarracín, hace veinticinco años enseñaba la autonomía de un Derecho Penal Económico, de un Derecho Penal Social y de un Derecho Penal Administrativo. El mismo Tissembaum, se refería a una conexión entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Penal, haciendo hincapié en el Derecho Penal que afecta al ordenamiento jurídico de la libertad de trabajo y las garantías y la convivencia dentro del proceso económico-industrial y que puede producirse en virtud de disposiciones de la propia legislación del trabajo , que prevén sanciones penales para el caso de incumplimiento de las obligaciones que se consignen en sus respectivos textos, con carácter imperativo y de orden público.

 

En ese andarivel, Terradillos Basoco, ha señalado, en España y en su numerosos viajes a nuestro país, que es pacíficamente admitido que, en lo atinente a los aspectos penales, la existencia de comportamiento ilegales en el seno de la empresa, que se debe, no a la eventual predisposición personal de cada individuo, sino a factores estructurales, como la división del trabajo, las relaciones jerárquicas o el sistema normativo interno.

 

Es que, hay que tener presente que la distribución fragmentaria de tareas y objetivos, reforzada por el contexto general de la organización a través de mecanismos de premios y castigos, del estímulo económico, de la promoción o de la remoción, puede crear condiciones objetivas que favorecen el desprecio por la norma. Y en la actualidad, se añade a ello, el debate sobre la descentralización del proceso productivo y la toma de decisiones, que provocan una cierta aminoración de las responsabilidad individual sobre los efectos que se producen.

 

A quien le interese profundizar el tema, incluidas sus raíces históricas, le puede resultar sumamente interesante, las descripciones presentadas en su tesis doctoral, sobre el tema, por López Palomero, cuando nos recuerda el pensamiento de Adam Smith, para quien los bienes tenían valor solo como consecuencia del trabajo humano que incorporaban y que no veía con buenos ojos la separación del trabajador de los frutos de su trabajo; de esta manera, en su “Investigación Sobre la Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones”, se adelanta al pensamiento pluralista conflictual de Gino Giugni, que sostenía que los intereses en el contrato de trabajo raramente coinciden.

 

El operario pretende, en ese tira y afloja, sacar lo más que puede y el patrón pagar lo menos que pueda, y esto es solo un ejemplo de la lucha constante en este tipo de relaciones Es que el trabajo en relación de dependencia aparece como una herramienta del capitalismo, que, a su vez, instala este sitema de competencia en diversos ámbitos.

 

2.- ALGUNAS FIGURAS ESPECIALES Y BIENES JURÍDICOS PROTEGIDOS.

Bisceglia, en su tesis sobre el tema, “Delitos Contra los Derechos de los Trabajadores en Argentina”, enuncia, en este sentido, como bienes jurídicos protegidos:

 

La protección de la integridad física del trabajador,

 

La discriminación,

 

La violación a las normas colectivas de trabajo y la situación del trabajador emigrante,

 

La restricción del ejercicio de derechos sindicales,

 

La afectación del sistema de jubilaciones y pensiones,

 

Las lesiones provenientes de la comisión de delitos comunes, insolvencias, falsificaciones de balances, etc.

 

En cuanto a la protección de la integridad sicofísica de los trabajadores, no solo ha sido largamente criticada y declarada inconstitucional la LRT, sino que, sino que es del caso, tener presente la ley de Higiene y Seguridad Industrial y su decreto reglamentario, que, con carácter de orden público ordenan que en el concepto de higiene y seguridad, se tenga por comprendidas las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto, proteger la vida, preservar y mantener la integridad sicofísica de los trabajadores.. en su artículo 4, seguido por medidas de igual tenor en los artículo 5 y 8 del mismo cuerpo, empero, en la propia LRT, figuran remisiones a normas penales, tales como al artículo 54 de dicho cuerpo y el artículo 106 del mismo.

 

Este último se encuentra impuesto en el artículo 32 de la ley especial, cuando los empleadores autoasegurados o las ART o las Cías de Seguros de Retiro incumplan las prestaciones establecidas en el artículo 20 ap. 1, inciso a), (asistencia médica y farmacéutica, será reprimido con la pena prevista en al artículo 106 del CP, donde se tipifica el delito de abandono de persona que puede dar lugar a pena de prisión de 2 a 6 años, que puede ser de reclusión de 3 a 10 años si resultare grave daño a la salud, y de reclusión o prisión de 5 a 15 años si la víctima muriere.

 

A la vez, el incumplimiento de las prestaciones dinerarias a su cargo., o de los aportes a los fondos creados por esa ley, será sancionado con prisión de dos a seis años y cuando se trate de personas jurídicas la pena de prisión de aplicará a los directores, gerentes o síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible.

 

En los delitos contra las personas, podemos encontrar también el homicidio simple del artículo 79 del CP, el homicidio culposo, del artículo 84, las lesiones dolosas, del artículo 89, las lesiones culposas, y el abandono de persona al cual ya me he referido ( art 106)

 

A lo dicho debe sumarse, la preocupación constante de delitos contra la vida, que existe en nuestro país, cuando se trata de los eventos ocurridos en la vía pública o son hechos, de lo que se suele denominar “la inseguridad”, empero, rara vez se encuentra una seria preocupación periodística, doctrina , y aun jurisprudencial o legislativa, por las pérdidas de la vida de los trabajadores, con motivo de los accidentes de trabajo.

 

No hay dudas acerca de que se trata, en principio, de delitos civiles; delitos que cuando la consecuencia es la muerte, resultan homicidios culposos. La gran pregunta es si se puede sostener que quien viola las normas de seguridad e higiene, no debe representarse ese resultado, ya que si así fuera, estaríamos en presencia de un dolo eventual, en el territorio de la responsabilidad penal.

 

De lo que creo que no hay dudas, es si en el caso de repetirse el mismo siniestro en las mismas circunstancias, no estamos en presencia de un homicidio que raya en lo doloso.

 

En otro orden de ideas, se pueden dar con cierta frecuencia en el ámbito del trabajo, delitos de amenaza, coacción o extorsión. Sabido es que en ocasiones, se producen conductas aprehendidas por el artículo 168 del CP, en situaciones de despido, que son precedidas por indiscutible extorsión.

 

Dicha norma señala que será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar o poner a disposición o a la de un tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. Igual pena se impondrá si por los mismos medios o con violencia, se obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligaciones o de crédito.

 

En este territorio podríamos también señalar otras normas penales, como el artículo 149 bis, referido a amenazas para alarmar o amedrentar; situaciones que vemos con cierta frecuencia en el medio de conflictos laborales.

 

En otro andarivel, y en la actualidad, se habla con frecuencia, por hechos que han surgido en los últimos tiempos, de la “trata de personas”

 

El Convenio N 2RO/363 del año 2004, se acoge el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que Complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

 

La tipología del ilícito, se describe como la captación, el transporte o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza, o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena, u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.

 

Por otra parte, cualquiera sea el tipo de explotación, no se tendrá en cuenta el consentimiento de la víctima.

 

Este Protocolo, deja a cada Estado Parte las medidas de penalización que considere necesarias, de manera que nuestro país ha dictado la ley 26.364 que concreta cuatro supuestos de explotación.

 

En este sentido se debe tener en cuenta la violación de la libertad en el trabajo independiente y el respeto por la dignidad humana.

 

Son elementos de la trata de personas, esta suerte de esclavitud: lo que se denomina “el acto propiamente dicho”, es decir, “el hacer”, cuando se capta, traslada, transporta, etc; también, un segundo elemento es “la forma”, ya que se puede utilizar la coacción, el fraude, el rapto, el engaño, el abuso, etc; y finalmente el tercer elemento, es “la causa fin”, entendida en el contesto de la teoría hilemórfica de Aristóteles, que dentro del causalismo, incluye cuatro causa, una de las cuales es, justamente la causa fin: ¿para qué está hecha la cosa? . Bueno, en nuestro caso, está llevada a cabo la trata, para la explotación con beneficio propio abusivo. Todo esto, gira alrededor de un eje que conlleva, necesariamente la violación de la dignidad humana, inherente a toda persona.

 

Por otra parte, el artículo 145 bis del Código Penal, que establece para estos casos, pena de prisión de tres a seis años, con agravantes, en caso de parentesco o pluralidad de víctimas o autores.

 

También el artículo 145 ter, que aumenta las penas sobre la base de la edad y, por otra parte, la nueva normativa innova, como es lógico, en el Código Procesal Penal, complementando es aspecto adjetivo de lo expuesto.

 

Otro ilícito a no olvidar, es el de la discriminación, contemplado, fundamentalmente en la ley 23.592, de aplicación ya en el fuero del trabajo de todo el país, pero que requiere una tipología penal de la que carece, a diferencia de lo que ocurre en otros países del mundo.

 

En un trabajo de esta naturaleza, es imposible abarcar todo el espectro penal de nuestra disciplina y que para muchos ha pasado desapercibido.

 

Así, la ley 23.551 que establece diversas multas, para casos especiales.

 

El artículo 301 del Código Penal, señala, también, que será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda derivar algún perjuicio…….

 

En suma, que la violación de la ley o de los estatutos, pueda acarrear algún perjuicio, indica la configuración del ilícito con la mera posibilidad de causar el mismo, “a sabiendas”, es decir, con verdadero dolo.

 

Tampoco podemos obviar, todo el acogimiento de legislación penal en los delitos contra el régimen previsional, que destaca Olavarría y Aguinaga, en la obra que comparte, sobre fraude, con López Palomero, Vázquez y esta autora (El fraude y sus consecuencias jurídicas, ediciones La Rocca)

 

3.- CONCLUSIONES

Este trabajo solo se presenta como una muestra de la enorme y poco advertida relación profunda entre el Derecho del Trabajo y el Derecho Penal.

 

Relación, que en ocasiones ha alcanzado tal compenetración, que fue dando lugar, al nacimiento de una nueva rama de nuestra disciplina, como es: El Derecho Penal del Trabajo.

 

En ese andarivel, he tenido el honor de dictar el primer curso sobre Derecho Penal del Trabajo, en nuestro país y más precisamente el Facultad de Derecho de la UBA. Muchos otros siguieron luego y esto quiere decir que a nivel académico se está comprendiendo la importancia del tema.

 

Empero, no es fácil, la comprensión legislativa, como ha ocurrido en otros países, como España, México, Chile, países nórdicos europeos, etc, ni tampoco la comprensión jurisprudencial, a cargo de los jueces

 

Es más, algunos se preguntan, como ya dije: ¿Para qué un Derecho Penal del Trabajo?. Con el mismo criterio deberíamos preguntarnos para qué un Derecho Constitucional del Trabajo? o ¿Para qué un derecho administrativo o tributario del trabajo?

 

En este sentido, me gusta recordar, que lo expuesto sobre Vidal Albarracin, hace más de treinta años, cuando enseñaba la autonomía del Derecho Penal Económico, del Derecho Penal Social y de un Derecho Penal Administrativo, explicando, a la vez, al igual que Tissembaum, una concexión entre el Derecho Penal y el Derecho del Trabajo, que se manifiesta en delitos previstos en el Derecho Penal y que se refieren a hechos que afectan el ordenamiento jurídico de la libertad de trabajo y garantías y la convivencia dentro del proceso económico industrial, que puede producirse en virtud de disposiciones de la propia legislación del trabajo, que prevén sanciones penales para el caso e incumplimiento de las obligaciones de hacer, de dar, o de no hacer que se consagran en sus respectivos textos con carácter imperativo y en resguardo del orden público laboral.

 

Se trata de un territorio en el que las conductas humanas, no responden solo a disposiciones personales de cada individuo, sino a factores estructurales, como la división del trabajo, la seguridad personal, las relaciones jerárquicas con subordinación y un escenario de lucha entre los protagonistas de la relación laboral individual y colectiva, donde las apetencias económicas están legitimadas, pero viven en estado de enfrentamiento. El mismo, no podemos desconocerlo, tiene consecuencias, en la sociedad toda.

SINTESIS DE LAS CONCLUSIONES DEL 3° CONGRESO DE DERECHO LABORAL Y RELACIONES DEL TRABAJO

El Congreso dejó algunas consideraciones, que, a nuestro modo de ver, debieran tenerse encuentra en un futuro próximo a los efectos de modernizar y profundizar el Derecho Laboral, la Seguridad Social y las Relaciones del Trabajo.

 

1.- Se hace necesaria una consideración sobre el cómputo de los intereses en las sentencias tanto de la Justicia Nacional, como de las distintas provincias, sobre todo la de Buenos Aires, no solo por razones de justicia y equidad, sino también para una justa distribución del las causas que afecta el buen desempeño de los jueces.

 

2.- Sería bueno hacer un nuevo enfoque de temas que aparecen en la actualidad como antiguos, a los efectos de un debate más moderno.

 

3.- Corresponde darle a los reclamos por incapacidad síquica una mayor atención

 

4.- Debe seguirse con cuidado la necesaria buena salud del sistema del régimen jubilatorio argentino porque se encuentran en juego derechos humanos

 

5.- Se impone la modificación del régimen legal de riesgos y accidentes de trabajo con una reforma legislativa que parta de los fundamentos de los fallos de la CSJN.

 

6.- Es fundamental la aplicación de las normas de Derechos Humanos

 

7.- Se requiere un régimen especial sobre la discriminación y con atención expresa de la exclusión del trabajo infantil

 

8.- La tercerización debe ser motivo de una regulación especial cuidadosa para no caer en el fraude.

 

9.- La reinstalación ha sido acogida por la jurisprudencia de la CSJN, para el caso de configurarse un despido discriminatorio.-

 

10.- El fraude es un verdadero daño que debe excluirse de las relaciones laborales

 

11.- La mejora en la calidad del empleo es la demanda social más acuciante en la región

 

12- Las políticas de empleo, deben proyectarse teniendo en cuenta la dignidad de los trabajadores. La informalidad refleja subdesarrollo. Es síntoma de políticas laborales y de gestión ineficaces.

 

13.- La Argentina se debe un debate sobre la actualización del Derecho Colectivo del Trabajo

 

14. El régimen de las obligaciones es una base jurídica indispensable para un derecho del trabajo sano y moderno.

 

15.- El Derecho Procesal del Trabajo es una base especifica del Derecho del Trabajo, cuyos temas deben ser estudiados con atención porque significan la posibilidad de la vigencia del derecho sustantivo.

Sumarios de Fallos 2010

SUMARIO DE FALLOS AÑO 2010 (todos los fallos a texto completo pueden consultarse en www.lexisnexis.com.ar ingresando luego a ABELEDO PERROT Laboral y Seguridad Social).

DERECHO LABORAL 

• Estatutos especiales. Viajante de comercio. Objeto. Ámbito de aplicación. Alcances del concepto “concertar”. 16/09/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Sibermhart, Federico v. Codorniu Argentina SA”, estableció que el término “concertar” debe entenderse como pactar, ajustar, acordar un negocio y no como “concluir”, pues esta facultad usualmente pertenece al principal que acepta la nota de venta.

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Prácticas desleales. Prácticas antisindicales. Configuración. Enunciación taxativa del artículo 53 de la ley 23.551. 15/09/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Agrupación Obrera de la Cerámica v. Ferrum SA”, determinó que las prácticas antisindicales en nuestro ordenamiento jurídico están constituidas por aquellas conductas taxativamente tipificadas en el art. 53, Ley de Asociaciones Sindicales, a las que la ley atribuye una antijuridicidad especial y que, sin constituir técnicamente delitos del derecho penal, se emparentan con ellos, razón por la cual se requiere la configuración de una conducta típicamente antijurídica y, cuanto menos, culpable.

• Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Muerte del empleador. Acción de extensión de responsabilidad. Prescripción. Plazos. 14/07/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Ocaña, Pablo A. v. Montanante, Alfia y otro”, determinó que cuando se trata de un reclamo por reconocimiento judicial de la continuidad de la actividad de la empresa y de extensión de responsabilidad, el plazo de prescripción debe computarse desde la toma de conocimiento de la muerte del empleador, así como de la continuidad de la actividad por los familiares del causante.

• Estatutos especiales. Del personal docente. Docentes privados. Suspensión. Despido parcial. 12/07/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Arena, Ángel A. v. Doces SA”, determinó que el Consejo Gremial de Enseñanza Privada, en uso de las atribuciones que le otorga el art. 31, ley 13.047, admite la indemnización parcial para atender al problema de las disminuciones horarias, sin mengua de la continuidad de la relación de trabajo.

• Contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Generalidades. Determinación. Distribución. Limitaciones. Compensación en dinero. Irrenunciabilidad de derechos. Alcances. Prueba de la relación laboral y de la remuneración. 24/08/2010

La C. Civ. Com. Familia y Trab. Río Tercero, en autos “Rodríguez, Paola C. v. Guareschi, Hermes R. y Walter Guareschi SRL”, estimó improcedente la novación objetiva de las cláusulas contractuales con apoyo en el silencio del trabajador, por el lapso anterior a la prescripción, pues ello conduce a aceptar la presunción de renuncia a derechos derivados del contrato de trabajo en abierta contradicción con el principio de irrenunciabilidad que emana de los arts. 12, 58 y concs., LCT, sin que obste que el reclamo se formule al finalizar la relación laboral, ya que de acuerdo con los arts. 256, 259 y 260 de dicho cuerpo legal el trabajador no está obligado a hacerlo hasta el agotamiento del plazo establecido en él, por lo cual su silencio no puede ser concebido como presunción ni renuncia a sus derechos.

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Generalidades. Artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 29/10/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Pardo, Leonardo M. v. Aachen SA”, resolvió que no resulta procedente el reclamo fundado en el art. 132 bis, LCT, si pese a encontrarse acreditada la retención de los aportes a la seguridad social y a la obra social de los salarios del trabajador sin efectuar los respectivos depósitos al organismo recaudador, resulta que la empleadora se acogió a un régimen de regularización otorgado por el ente recaudador, lo que evidenció la voluntad de su cumplimiento.

• Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Indemnización. Cuestiones comunes. Actualización e intereses. Momento desde el cual son debidos. 20/09/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Vallejos, Andrés v. Liberty ART SA”, consideró que al cumplirse un año de la primera manifestación invalidante, según el juego armónico de los arts. 7 y 9.2, LRT, se produjo el paso de la incapacidad temporaria a la incapacidad definitiva y fue en ese momento en el que se concretó el derecho del actor, al integrarse el presupuesto fáctico previsto en la norma para obtener el resarcimiento, con prescindencia de la actividad (administrativa y judicial) tendiente a la declaración de ese derecho preexistente.

• Contrato de trabajo. Extinción. Incapacidad o inhabilidad del trabajador. Incapacidad absoluta. Renuncia. Efectos. 09/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Rodríguez, Andrea N. v. Pepsico de Argentina SRL”, determinó que si al momento de emitir la renuncia la trabajadora padecía una enfermedad psicológica que generaba incapacidad absoluta, la posterior rehabilitación no le otorga derecho a retomar el empleo, pero sí a la percepción de la indemnización prevista por el art. 212, párr. 4º, LCT.

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Organización, dirección y “ius variandi”. Ejercicio regular. Modificación del coeficiente de producción. Reducción salarial. Acuerdo salarial. Intervención estatal. Principio de buena fe. 12/11/2010

La C. Lab. Santa Fe, sala 1ª, en autos “Junges, Jorge L. v. Quickfood SA y otro”, consideró que la reducción del índice y/o coeficiente de producción -que implica una significativa reducción salarial- no constituye un ejercicio abusivo del “ius variandi”, si ella deriva de un acuerdo sindical en el marco de una negociación colectiva, en la que además participaron representantes gubernamentales.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Efectos. 20/10/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Magallanes, José M. v. Fate SA”, estableció que, al declararse nulo el despido, corresponde disponer que en caso de no cumplir la patronal con la manda judicial impuesta -reinstalación y pago de salarios caídos- deberá abonar una suma en concepto de astreintes por cada día de retardo en el cumplimiento.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación. 30/09/2010

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Menichino, Andrea K. v. Empresa Distribuidora Sur SA y otro”, determinó que para la existencia de una verdadera tercerización debe poder acreditarse la vinculación comercial entre dos personas jurídicas absolutamente distintas, que determine el margen de movimiento de cada una de ellas, con especificación de nombres propios, sedes, con registros independientes y, sobre todo, la asunción de riesgos por parte de cada persona involucrada en dicha tercerización.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Empleador. Consorcio de cooperación. 30/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Francou, María V. y otros v. Happy Summer Consorcio de Cooperación y otros”, determinó que la ley 26.005 hace referencia al modo en que deberán responder ante terceros los integrantes del grupo en colaboración y, asimismo, que al carecer éste de personalidad jurídica diferenciada, nada impide su consideración como sujeto empleador complejo o pluripersonal en los términos del art. 26, LCT.

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Despido directo. Despido injustificado. Contratación innecesaria de personal temporario. Formalización por el área de recursos humanos de la empresa. 29/09/2010

La C. Trab. Tucumán, sala 3ª, en autos “Casado, Jorge E. v. Vicente Trápani SA”, consideró injustificado el despido de un trabajador que se desempeñaba como responsable de un “parking”, fundado en haber realizado la contratación innecesaria de personal temporario en el sector a su cargo, pues se demostró que dicho personal no fue contratado directamente por él, sino que su requerimiento se formalizó ante los responsables de recursos humanos, quienes no objetaron la contratación. Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Efectos. 20/10/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Magallanes, José M. v. Fate SA”, estableció que, al declararse nulo el despido, corresponde disponer que en caso de no cumplir la patronal con la manda judicial impuesta -reinstalación y pago de salarios caídos- deberá abonar una suma en concepto de astreintes por cada día de retardo en el cumplimiento.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación. 30/09/2010

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Menichino, Andrea K. v. Empresa Distribuidora Sur SA y otro”, determinó que para la existencia de una verdadera tercerización debe poder acreditarse la vinculación comercial entre dos personas jurídicas absolutamente distintas, que determine el margen de movimiento de cada una de ellas, con especificación de nombres propios, sedes, con registros independientes y, sobre todo, la asunción de riesgos por parte de cada persona involucrada en dicha tercerización.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Empleador. Consorcio de cooperación. 30/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Francou, María V. y otros v. Happy Summer Consorcio de Cooperación y otros”, determinó que la ley 26.005 hace referencia al modo en que deberán responder ante terceros los integrantes del grupo en colaboración y, asimismo, que al carecer éste de personalidad jurídica diferenciada, nada impide su consideración como sujeto empleador complejo o pluripersonal en los términos del art. 26, LCT.

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Despido directo. Despido injustificado. Contratación innecesaria de personal temporario. Formalización por el área de recursos humanos de la empresa. 29/09/2010

La C. Trab. Tucumán, sala 3ª, en autos “Casado, Jorge E. v. Vicente Trápani SA”, consideró injustificado el despido de un trabajador que se desempeñaba como responsable de un “parking”, fundado en haber realizado la contratación innecesaria de personal temporario en el sector a su cargo, pues se demostró que dicho personal no fue contratado directamente por él, sino que su requerimiento se formalizó ante los responsables de recursos humanos, quienes no objetaron la contratación.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Reinstalación. Efectos. Aplicación de la ley 23.592. 07/12/2010

La Corte Sup., en autos “Álvarez, Maximiliano y otros v. Cencosud SA”, determinó que toda vez que la libertad de contratar del empleador entre en conflicto con la libertad contra la opresión del empleado u obrero, esta última debe prevalecer sobre aquélla, porque así lo requieren los principios que fundan un ordenamiento social justo, en razón de lo cual no puede verse incompatibilidad alguna entre la reinstalación del trabajador víctima de un distracto discriminatorio y el derecho a contratar y ejercer toda industria lícita del art. 14, CN.

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• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Requisitos. 07/12/2010

La Corte Sup., en autos “Pellejero, María I.”, consideró no aplicable la reciente doctrina sustentada en la causa “Álvarez”, al dejar al descubierto que en el caso quedó demostrada la no configuración de un supuesto de discriminación susceptible de ser encuadrado en el art. 1°, ley 23.592.

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• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Prácticas desleales. Trato discriminatorio a delegado gremial. 14/09/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Santiso, Gustavo D. v. Telefónica de Argentina SA”, consideró que la empleadora actuó con una improcedente y arbitraria discrecionalidad al privar al delegado gremial de realizar horas extra cuando se le concedía tal derecho a los demás trabajadores que se desempeñaban en idéntica categoría y área, por lo que se debe presumir, ante la falta de prueba en contrario, que lo hacía en virtud de su carácter de representante gremial y, en consecuencia, que incurrió en la práctica desleal prevista expresamente en el art. 53, inc. j), ley 23.551.

• Contrato de trabajo. Extinción. Generalidades. Comunicación. Telegramas y cartas documento. Valor probatorio. Empleados de comercio. Sistema de retiro complementario. 13/09/2010

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Castellanos, Alejandro O. v. Atento Argentina SA”, resolvió que el telegrama colacionado con aviso de recepción y la carta documento con aviso de retorno constituyen instrumentos públicos que no sólo prueban su contenido, sino también que el destinatario los ha recibido, en razón de lo cual su ataque requiere la redargución de falsedad.

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Complementaria. Generalidades. Trabajador expatriado. Compensación de gastos. Beneficio abonado por expatriación. Carácter. 27/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Cortina, Carlos G. v. Esso Petrolera Argentina SRL”, determinó que los rubros abonados como compensación tarifada al trabajador expatriado por los eventuales gastos que esa situación acarrea, en concepto de pasajes para viajes al país de radicación y por el alquiler de vivienda en el destino de residencia, independientemente de las tareas cumplidas, no retribuyen la cantidad o calidad del trabajo prestado ni aun la puesta a disposición del empleador de la propia capacidad de trabajo, por lo que no pueden considerarse remuneratorios.

• Daños y perjuicios. Responsabilidad del Estado. Supuestos particulares. Daños en el servicio penitenciario. Falta de servicio. Motín. Toma de rehenes. Daños a los dependientes de la penitenciaría. Daño moral. 18/08/2010

La Sup. Corte Bs. As., en autos “G., A. D. v. Estado de la Provincia de Buenos Aires (Fisco)”, revocó la decisión de Cámara -que había considerado inaplicables los preceptos del art. 1113, CCiv., por ser los internos personas no dependientes de la provincia- y condenó a la provincia de Buenos Aires a indemnizar por daño moral al docente tomado como rehén en un motín carcelario que sufriera la privación de la libertad y vejaciones durante varios días.

• Accidentes de trabajo. Eximentes. Dolo o culpa grave. Trabajador que incumple expresas directivas. Negligencia del empleador. Fundamentos de la responsabilidad. Propiedad de la cosa riesgosa. 03/06/2010

La C. Trab. San Francisco, en autos “Visconti, Andrea K. v. Urquía, Raúl M. y otra”, consideró que responde el empleador por la amputación del antebrazo del trabajador con una máquina cortadora de carne de su propiedad, aun cuando el accidentado haya incumplido expresas órdenes de no acercarse allí, si el empleador no completó el desarmado de la máquina, al tiempo que la dejó conectada al sistema de suministro eléctrico y colocó el tornillo transportador de carne, circunstancias violatorias de las recomendaciones técnicas del fabricante.

• Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Muerte del trabajador. Generalidades. Forma de pago. Pago único. Intereses. 31/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Espínola Cáceres, María F. v. ANSeS y otros”, determinó que no podría considerarse que ha existido incumplimiento desde el momento del fallecimiento del causante, ni mora alguna desde esa fecha, puesto que la ART procedió a depositar el importe correspondiente a la reparación debida mediante su entrega a una administradora que lo invirtió en un régimen de renta, todo en el marco de la normativa legal aplicable, sin que en dicho contexto pudiera tampoco plantearse la inconstitucionalidad del art. 15, LRT, porque ello requiere necesariamente la intervención del tribunal de justicia.

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Ámbito de aplicación. Casuística. Convenio de empresa. Imposibilidad de aplicarlo a otras empresas del grupo. 27/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Basualdo, Jorge O. v. Consolidar AFJP SA y otro”, resolvió que no resulta aplicable un convenio colectivo de empresa a otras actividades del grupo al tomar en consideración no sólo las tareas ejercidas sino también que la entidad tampoco ha sido parte interviniente del convenio.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Protección de la remuneración. En especie. Automóvil. Celular. Tarjeta de crédito corporativa. 24/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Laffaye, Sergio v. BNP Paribas Sucursal Bs. As.”, consideró que todo lo que percibe el trabajador como contraprestación por su trabajo en relación de dependencia es salario, cualquiera fuera su denominación.

• Enseñanza. Régimen jurídico de los docentes. Docentes privados. Salario. Asignaciones no remunerativas fijadas en los decretos 1273/2002, 2641/2002, 905/2003 y 392/2003. Diferencias salariales. Improcedencia. Régimen de la ley 13.047. 23/06/2010

La C. Trab. Tucumán, sala 4ª, en autos “Molina, Rubén A. v. Getar, Daniel E.”, dispuso el rechazo de la pretensión del actor de percibir diferencias salariales por la falta de pago de las asignaciones no remunerativas fijadas en los decretos 1273/2002, 2641/2002, 905/2003 y 392/2003, pues consideró que el ámbito de aplicación de dichas asignaciones no comprende a los docentes privados, quienes no tienen convenio colectivo, sino que están sujetos al régimen de la ley 13.047.

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificado de trabajo. Entrega de los certificados. Rechazo del trabajador a recibir la documentación en oportunidad de las audiencias de SeCLO. Reconvención por la entrega y recepción. Demanda de consignación. Rechazo de la acción por no haberse confeccionado los documentos mediante el sistema informático oficial. Principio de congruencia. 22/10/2010

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Agrocomodities SA v. Barroti Acuña, Marcelo G. s/consignación”, consideró inválidas las certificaciones que se intentaron consignar ya que no fueron generadas por el sistema informático creado por las resoluciones ANSeS 601/2008 y AFIP 2316, por lo que el trabajador no está obligado a recibirlas, aun cuando tal defensa no hubiese sido interpuesta al contestar la acción, dado que la ley se presume conocida por todos.

• Accidentes de trabajo. Enfermedades. Enfermedades no listadas. Seguro de accidentes. Alcance de la cobertura. 19/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Benedix, Jacqueline v. Tarshop SA”, consideró como enfermedades profesionales, además de las incluidas en el listado previsto por la ley 24.557, las que han sido motivadas por el trabajo, con la salvedad de que, respecto de aquellas en cuyo origen o agravamiento el trabajo sólo haya incidido parcialmente, la incapacidad indemnizable en el marco de la ley 24.557 se limita a la proporción imputable al trabajo.

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Interpretación. Encuadramiento convencional. Legitimación. 14/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Consorcio Alicia Moreau de Justo 1100 v. American Guard SRL y otros”, resolvió que la discusión sobre cuál es la norma convencional aplicable se da entre las partes del contrato de trabajo, en tanto que el encuadramiento convencional no puede ser resuelto en forma genérica y abstracta -siquiera en un debate entre asociaciones gremiales-, sino que sólo puede ser examinado y decidido frente a conflictos planteados por uno o más trabajadores con su empleador y con efectos sólo proyectables a ese pleito.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización en caso de relación no registrada. Supuestos comprendidos por el artículo 1º de la ley 25.323. Irregularidad referida a la modalidad de contratación laboral. Improcedencia de la indemnización. 30/06/2010

La Corte Sup. Just. Tucumán, sala Lab. y Cont. Adm., en autos “Toro, José A. v. Bayton SA”, estableció que no procede la indemnización del art. 1º, ley 25.323, por registración deficiente de la relación laboral cuando la irregularidad del registro se refiere a la modalidad de la contratación laboral, ya que el ámbito de aplicación de aquella norma está limitado a los casos explícitamente descriptos en los arts. 7º a 10, ley 24.013, entre los cuales no se encuentra comprendido el supuesto señalado.

• Contrato de trabajo. Extinción. Incapacidad o inhabilidad del trabajador. Tareas livianas. Prueba de su inexistencia. 21/09/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Giménez, Joaquín v. Finexcor SRL”, determinó que la carga de la prueba de que no hay tareas livianas acordes al estado de salud del trabajador incumbe a la empresa, en virtud de lo dispuesto por el art. 377, CPCCN, y por ser quien está en mejores condiciones de probarlo.

• Procedimiento laboral. Nacional. Conciliación laboral. SECLO. Nulidad del acuerdo. Falta de asesoramiento. Afección a la salud. 27/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “López Naguil, Diego v. Cervecería Argentina SA”, estableció que corresponde adicionar intereses que deberán ascender a dos puntos por encima de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de préstamo, ante la conducta temeraria y maliciosa de la accionada que ha pretendido hacer valer actos cometidos en fraude a los derechos del trabajador, en tanto está probado que ha abusado de su ausencia de discernimiento.

• Estatutos especiales. Empleados administrativos de empresas periodísticas. Jornada de trabajo. Tope diario y semanal. 8/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Skawran, Federico G. v. Anuntis Segundamano Argentina SA”, determinó que el art. 8º, dec. 13.839/1945, dispone que la jornada de trabajo no será mayor a 6 horas y media y 36 semanales, en tanto la utilización de la conjunción “y” significa que ambos extremos deben concretarse de manera conjunta.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Concesión del servicio de comedor y cafetería prestado en beneficio exclusivo de los trabajadores. Empresa de servicio público de distribución de gas. Requisitos del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. Actividad normal y específica. Análisis dogmático. Nulidad de la sentencia. Recurso de casación. 30/06/2010

La Corte Sup. Just. Tucumán, sala Lab. y Cont. Adm., en autos “Robledo, Lucas E. v. Terán, Julio C. y otro”, hizo lugar al recurso de casación contra la sentencia que condenó solidariamente en los términos del art. 30, LCT, a la empresa que delegó en un tercero la prestación del servicio de comedor y cafetería que otorgaba en beneficio exclusivo de sus propios empleados, por considerar dogmático el pronunciamiento en tanto no explicaba por qué el servicio contratado corresponde a la actividad normal y específica propia del establecimiento, cuando dicha actividad en el caso de la empresa concedente es el servicio público de distribución de gas.

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Ámbito de aplicación. Casuística. Telefónicos. 19/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Meli, Florencia C. v. Telefónica de Argentina SA y otro”, determinó que no es dable conjeturar que haya existido una maniobra fraudulenta en perjuicio de los trabajadores con el objeto de pagarles salarios inferiores, sino que ello es consecuencia de la multiplicidad de explotaciones que conforman distintas unidades de gestión o técnicas -ya que todas ellas tienen su propia función, aunque éstas sean complementarias o conexas entre sí- y constituyen distintos establecimientos a los fines del art. 6º, LCT, que pueden pertenecer a la misma o diferente empresa.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Emergencia. Suspensión de los despidos. Artículo 16 de la ley 25.561. Prórroga por decreto. Constitucionalidad. Prórroga posterior por ley 25.972. Convalidación legislativa. 06/10/2010

La Sup. Corte Bs. As., en autos “Catalano, Mauro J. v. Sealy Argentina SRL y otro”, revocó la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de los decretos 50/2002 y 883/2002, que prorrogaron la suspensión de los despidos dispuesta, pues la prórroga por ley 25.972 de la suspensión de los despidos sin causa que establece el art. 16, ley 25.561, y sus modificatorias importó una ratificación legislativa de los sucesivos decretos de prórroga dictados por el Poder Ejecutivo, con lo que se saneó su eventual invalidez.

• Estatutos especiales. De los trabajadores rurales. Despido. Relación permanente. Carga de la prueba. Aplicación de los principios de la Ley de Contrato de Trabajo. Sentencia arbitraria. 04/05/2010

La Corte Sup. Just. Santa Fe, en autos “Tarragona, Cirilo A. v. Falistocco, Roberto H.”, consideró que, aun cuando estemos en presencia de un estatuto particular como el agrario, éste forma parte inescindible del derecho del trabajo, de todos cuyos principios participa y en el que la voluntad de las partes se encuentra condicionada a estándares mínimos de justicia social que protegen al trabajador contra el despido arbitrario.

• Competencia. Derecho laboral. Accidentes de trabajo. Acción de amparo informativo. Acceso a estudios médicos realizados por la ART. Incompetencia del fuero Civil y Comercial. 13/09/2010

La C. Civ. y Com. Común Tucumán, sala 2ª, en autos “Silva, Carlos A. v. Populart (ART de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán)”, se declaró incompetente para entender en una acción de amparo informativo promovida por el trabajador a los efectos de acceder a los estudios médicos que le realizó una ART con motivo de un accidente laboral sufrido por aquél, y dispuso remitir las actuaciones al juez de Conciliación y Trámite que por turno corresponda para que continúe interviniendo en la causa.

• Contrato de trabajo. Extinción. Muerte del empleador. 13/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Cobeña Alava, Freddy L. v. Parodi, Graciela B. y otro”, consideró que la actividad del trabajador puede seguir algún tiempo después de la muerte del empleador o bien que, aun cuando ello no suceda, se notifique luego un despido -directo o indirecto-, mas éste tiene, en tal supuesto, la finalidad de dar certeza a la situación en que quedan el trabajador y los sucesores del empleador, pero nada agrega a la imposibilidad de proseguir por muerte patronal la relación de trabajo, como hecho extintivo.

• Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Indemnización. Cuestiones comunes. Generalidades. Inconstitucionalidad de los topes. Artículo 18 de la ley 24.557. Validez. Decreto 1694/2009. Imposibilidad de aplicación retroactiva. Constitucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561. 12/07/2010

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Sánchez, María E. v. Liberty ART SA”, determinó que si bien por decreto 1694/2009 se decidió suprimir el tope y elevar los valores de las prestaciones adicionales, esa medida no puede ser aplicada retroactivamente por los jueces ante un infortunio ocurrido casi dos años antes de dicho decreto.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización por antigüedad o despido. Indemnización por despido. Mayores daños. Daño moral. 20/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Ríos, Martiniano J. v. Wal Mart Argentina SRL”, determinó que despedir por pérdida de confianza, con emplazamiento -como dato objetivo- en un crimen del que ulteriormente no se aportan pruebas contundentes y certeras, es una antijuridicidad independiente de la que implica el despido unilateral sin causa.

• Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Indemnización. Cuestiones comunes. Forma de pago. Decreto 1694/2009. Pago único. Incrementos. Casos excluidos. Infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de entrada en vigencia. Inconstitucionalidad. Efecto inmediato de la norma. 16/09/2010

La C. Trab. Mendoza, 2ª, en autos “Pizarro Dengra, Ariel H. v. La Segunda ART SA”, resolvió que la aplicación de las mejoras introducidas por el decreto 1694/2009 al resarcimiento de los infortunios ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha de la entrada en vigencia de la norma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras (arts. 14 y 17, CN), sino que protege a los trabajadores que no han visto cancelados oportunamente sus créditos y han debido recorrer un proceso administrativo o judicial durante cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económicas, en tanto la nueva legislación reconoce la exigüidad del régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador al otorgarle una indemnización depreciada en el momento de percibirla, máxime cuando desde las modificaciones introducidas en diciembre de 2000 las ART vienen cobrando sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, al tiempo que abonan prestaciones desvalorizadas.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización por antigüedad o despido. Trabajador fuera de convenio. Fallo “Vizzotti”. Aplicación. Pago mediante cheque cruzado. Efectos. 12/02/2010

La C. Civ. Com. y Trab. Venado Tuerto, en autos “Sturzenegger, Fabián E. v. Pilagá SA Ganadera”, resolvió que responde el empleador por los débitos bancarios realizados al trabajador a raíz del depósito que tuvo que hacer del cheque cruzado entregado -que lo obligó a depositarlo en una entidad bancaria-, por contradecir lo dispuesto en el art. 124, LCT, norma especial respecto de la impositiva 25.345, que en su art. 1º neutraliza los efectos cancelatorios respecto de los pagos por encima de los $ 1.000.

• Poder ejecutivo. Decretos. De necesidad y urgencia. 28/09/2010

La Corte Sup. en autos “Bruera, Alberto M. v. Esso S.A.P.A s/ despido” declaró procedente el recurso extraordinario y confirmó la sentencia en cuanto se determinó la inconstitucionalidad del decreto 2733/1993. Resolvió que la situación de crisis que oportunamente en el año 1991 fue invocada por la marina mercante para justificar el dictado del decreto 1772/1991 -sobre cuya validez no se pronuncia la Corte- había sido superada en 1993, año en el que se emitió el decreto 2733/1993.

• Procedimiento laboral. Nacional. Partes. Intervención de terceros. Reclamo de reintegro de retención del impuesto a las ganancias. Citación de la AFIP. Procedencia. 09/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Argentini, Jorge H. v. Gtech Foreign Holdings Corporation”, estableció que ante el reclamo por la devolución de sumas retenidas al trabajador en concepto de impuesto a las ganancias, se habilita a citar a la Administración Federal de Ingresos Públicos como tercero, conforme al art. 94, CPCCN, debido a que la empleadora, en caso de resultar vencida, tendría una acción regresiva contra el citado organismo.

• Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Calificación. Continuidad laboral. Indiferencia ante la imposibilidad de sortear exámenes preocupacionales. Indemnización. Inconstitucionalidad de los topes. Inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo. 14/07/2010

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Ortigoza, Ignacio R. v. Readymix Argentina SA y otro”, consideró que el hecho de haber reubicado al trabajador en otra tarea no exime a la empleadora de su responsabilidad resarcitoria, ya que las posibilidades del actor -conforme a la incapacidad sufrida- para poder reingresar al mercado laboral serían nulas.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Instituto educativo. Falta de personería. Ausencia de autorización por el Ministerio de Educación. Inoponibilidad al trabajador. 27/07/2010

La Corte Sup. Just. Santa Fe, en autos “Prince, Mónica A. v. Instituto Privado San Jerónimo”, consideró que el cambio de denominación del instituto educativo deviene irrelevante a los fines de la condena solidaria por transferencia de establecimiento, si resulta claro que se trata del mismo instituto que funciona en idéntico lugar.

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Personería gremial. Control administrativo. Procedimiento y recursos. Solicitud de simple inscripción gremial. 14/09/2010

La C. Nac. Trab., sala 9ª, en autos “Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro v. Ministerio de Trabajo”, determinó que si en la pretensión no subyace una controversia tendiente a obtener la personería gremial de la entidad peticionante ni una eventual disputa por la mayor representatividad, por resultar éste un trámite que no se proyecta sobre los derechos exclusivos derivados del art. 31, ley 23.551, corresponde ordenar la simple inscripción gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro en los términos de los arts. 21, 22 y 23 de la citada ley.

• Contrato de trabajo. Suspensión de efectos. Servicio militar. Abandono de trabajo. 17/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Lastero, Luis L. v. Fresenius Medical Care Argentina SA”, determinó que las convocatorias especiales a las que refiere el art. 214, LCT, son aquellas convocatorias militares de carácter obligatorio cuando mediare amenaza exterior o interior de la Nación o cuando la convocatoria tenga por fin garantizar la seguridad de la Nación, situación no alcanzada por las misiones de paz.

• Procedimiento laboral nacional. Organización judicial. Competencia. Material. Mala praxis de la ART. 19/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Noilhan, Víctor H. v. Liberty ART SA y otro”, resolvió que la acción originada por la deficiente atención médica dispensada por la ART constituye una acción por responsabilidad derivada de mala praxis, cuyo conocimiento corresponde a la justicia nacional en lo Civil, en razón de la materia -art. 43 bis, dec. 1285/1958-.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización por antigüedad o despido. Pago. Requisitos. Depósito bancario a la orden del tribunal. Finalidad del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pago por otros medios. Validez. 02/07/2010

La Sup. Corte Bs. As., en autos “Soria, Miguel Á. v. Castell Hnos. SA”, consideró que es válido el pago no instrumentado mediante depósito bancario a la orden del tribunal por un monto equivalente al que el trabajador reclamaba en la demanda, si se comprueba que los importes fueron efectivamente percibidos por éste, pues se cumple la finalidad del art. 277, LCT, de asegurar al trabajador y a sus derechohabientes el cobro de sus créditos.

• Estatutos especiales. De la gente de mar. Trabajadores marítimos. Habilitación. Requisitos. Negativa a embarcarse. 09/08/2010

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Remon, Rubén C. v. Argenova SA”, determinó que el contrato de ajuste es un contrato de trabajo con caracteres particulares donde la ley impone al tripulante la habilitación y al armador la obligación de contratar personal habilitado y matriculado en registros por la autoridad marítima.

• Procedimiento laboral nacional. Partes. Representación procesal. Gestor procesal. Requisitos. Partes del proceso. Personería. 30/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Penida, Carlos A. v. Nutrissima SA”, resolvió que la mera manifestación de perentoriedad de los plazos no resulta suficiente para viabilizar sin más la admisibilidad de la gestión, pues las razones de urgencia invocadas deben transitar del plano dogmático al objetivo con el aporte de pruebas que las acrediten, bajo pena de tenerlas por no sucedidas y tornar injustificada la incomparecencia, además de tener en cuenta el carácter excepcional del instituto en cuestión.

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Reintegro de gastos y daños. Pago de estudios sujeto a permanencia en el empleo. Validez. 19/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Escudero, Verónica v. Coca Cola Femsa de Buenos Aires SA”, estableció que no atenta contra las normas que integran el contrato de trabajo el hecho de requerir la permanencia de la trabajadora en la empresa a cambio del pago de los estudios de maestría.

• Resoluciones judiciales. Sentencia definitiva. Nulidad. Extemporaneidad. Artículo 69, inciso d), Código Procesal Laboral. Efectos. Pérdida de la competencia. Nuevo llamamiento de autos. Irrelevancia. 15/06/2010

La Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, en autos “Contreras, Juan v. Manuel Figueroa SRL”, resolvió que no modifica la extemporaneidad del fallo dictado una vez vencido el plazo del art. 69, inc. d), CPL, el nuevo llamamiento de autos, puesto que -tal como lo establece la ley de rito- los plazos son improrrogables.

• Contrato de trabajo. Cuestiones generales. Ámbito de aplicación de la ley. Territorial. Empleados de embajadas. Multas. Inexistencia de inmunidad. 16/07/2010

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Premiani, Vicente N. v. Embajada del Reino de Arabia Saudita”, resolvió que la práctica internacional actual hace imposible sostener que la inmunidad absoluta de jurisdicción constituya una norma de carácter imperativo y, por ende, no es invocable en demandas laborales cuyo sujeto pasivo sea una embajada o representación diplomática, sumado además a las constancias probatorias de la litis en donde queda firme el incumplimiento laboral en el que incurrió la accionada y, por consiguiente, devienen procedentes las indemnizaciones que se le mandan pagar.

• Derecho colectivo de trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Ámbito de aplicación. Casuística. Empresa administradora de sistema de tarjetas de crédito. 25/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Armanino Méndez, Alejandro M. v. American Express SA y otro”, resolvió que resulta aplicable el convenio colectivo 130/1975 de comercio, y no el 18/1975 de trabajadores bancarios, a los trabajadores que prestan servicios en la entidad que administra el sistema de tarjetas de crédito.

• Contrato de trabajo Prescripción y caducidad. Interrupción y suspensión. SECLO. 19/02/2010. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala 6

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Harasymon, Mauricio A. v. INC SA y otro”, determinó que acaecido un hecho interruptivo de la prescripción, se requerirá el transcurso de un nuevo período completo sin poder acumularse el período anterior (conf. art. 3998, CCiv.).

 

• Contrato de trabajo. Contratos especiales. Trabajo de mujeres. Maternidad. Contrato de trabajo eventual. Despido. Indemnización. Cálculo. Responsabilidad de la empresa usuaria. Interposición fraudulenta de un tercero. 08/06/2010

La Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, en autos “González, Myriam N. v. Richardi Fazio y Richardi, Fazio y Menegazzo SRL”, consideró que el hecho de que se haya probado que el tipo de contrato de trabajo que unió a las partes fue un contrato de temporada no incide en la forma en que debe calcularse la indemnización especial prevista en el art. 182, LCT -por remisión del art. 178.-

• Procedimiento laboral. Nacional. Organización judicial. Competencia. Material. Mala praxis derivada de un accidente de trabajo. Competencia de la justicia nacional en lo Civil. 16/07/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Zárate, Ricardo v. Consolidar ART SA”, resolvió que resulta competente “ratione materiae” la justicia nacional de primera instancia en lo Civil de la Capital Federal, de acuerdo con los arts. 43 y 43 bis, dec.-ley 1285/1958, reformado por la ley 23.637, para entender en los casos donde se debate la responsabilidad por mala praxis del servicio médico brindado, aun cuando el tratamiento se relacione con las consecuencias de un infortunio de origen laboral, por no estar incluida la controversia en el ámbito de aptitud jurisdiccional delimitado por el art. 20, ley 18.345.

• Competencia (En particular). Supuestos procesales particulares. Acciones accesorias. Regulación y ejecución de honorarios y costas. Inconstitucionalidad del artículo 8º de la ley 24.432. 30/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Chamorro, Gabriel E. v. Rigolleau SA”, estableció que de acuerdo con la doctrina de la Corte Interamericana se encuentra acreditado que lo dispuesto por el art. 277, LCT -modificado por ley 24.432- resulta contrario al principio de reparación y de justa indemnización, como también al derecho de defensa y debido proceso garantizados todos por los arts. 8º, inc. 1°, 63.1 y concs., Convención Americana sobre Derechos Humanos, de jerarquía constitucional conforme al art. 75, inc. 22, CN.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Empleador. Empleador plural. 25/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Yoly, Sonia Y. y otro v. Varig SA y otro”, consideró que resultan solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de los respectivos contratos de trabajo aquellas sociedades que dirigieron en forma conjunta el establecimiento en el que prestaba servicios la actora, al revestir el carácter de empleadoras en los términos del art. 26, LCT.

• Accidentes de trabajo. Enfermedades. Listado elaborado por el Poder Ejecutivo. Enfermedades no incluidas. Várices bilaterales. Artículo 6º, inciso 2º, ley 24.557. Inconstitucionalidad. 30/06/2010

El Trib. Trab. Lanús, n. 2, en autos “Cristini, Susana M. v. CNA ART SA”, determinó que la exclusión de una enfermedad profesional por el solo hecho de no estar incluida en el listado del Poder Ejecutivo nacional -que prevé el art. 6º, inc. 2º, ley 24.557- es inconstitucional por quebrar -por vía del cercenamiento absoluto de los derechos patrimoniales del trabajador que padece una enfermedad atribuible al trabajo- la garantía del art. 17, CN.

• Sociedad conyugal. Carácter de los bienes. Bienes propios. Embargo. Deudas laborales de la cónyuge. Improcedencia. Tercería de dominio. 14/06/2010

La Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, en autos “Cabrera, Carina E. v. Correa, Rosa I.”, estableció que los bienes muebles adquiridos por el cónyuge de la empleadora demandada no pueden ser objeto de embargo por créditos laborales, al ser esta deuda de índole personal.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no salariales. Decretos 1273/2002, 2641/2002 y 905/2003. Inconstitucionalidad. Competencia legislativa. 19/05/2010

La Corte Sup., en autos “González, Martín N. v. Polimat SA y otro”, resolvió que los decretos 1273/2002, 2641/2002 y 905/2003 resultan inconstitucionales en cuanto desconocen la naturaleza salarial de las prestaciones que establecen, ya que producen una disminución en el importe del sueldo anual complementario y en las indemnizaciones por despido sin justa causa y por vacaciones

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Casuística. Trabajador que duerme en horario de trabajo. 30/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Domínguez, Omar A. v. PV SA”, estableció que si el trabajador ejercía un cargo de control de numerosas máquinas, el hecho de que se acostara a dormir dentro del sector constituye una falta que, por las características de la prestación, implica una violación al deber de diligencia (art. 84, LCT) y justifica la ruptura del contrato.

• Contrato de trabajo. Modalidades. Contrato de trabajo eventual. Ausencia de requisitos esenciales. Efectos. Contrato por tiempo indeterminado. Sentencia contradictoria. 29/06/2010

La Corte Sup. Just. Santa Fe, en autos “Rossia, Silvia V. v. Cotecsud SASE y otros”, determinó que incurre en autocontradicción la sentencia que tiene por acreditada la violación a las normas del contrato de trabajo eventual por parte de la usuaria de los servicios -en virtud de la naturaleza de las tareas realizadas y el excesivo tiempo de duración- y no aplica la sanción que corresponde al tener por configurado un contrato de trabajo por tiempo indeterminado.

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Jerarquía y efectos. Sucesión de convenios. Condición más beneficiosa. 25/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Espíndola, Enrique R. v. Search Organización de Seguridad SA”, resolvió que las condiciones emergentes de una determinada convención no se incorporan definitivamente al contrato individual y no son exigibles más allá de la vigencia de aquélla (o de su posible ultraactividad), lo cual implica admitir que pueden ser válidamente modificadas “in peius”, derogadas o sustituidas por otras pactadas en un nuevo convenio, en ejercicio de la misma autonomía que dio origen a la convención anterior.

• Estatutos especiales. Viajantes de comercio. Generalidades. Ámbito de aplicación. Lugar de prestación de servicios. Guardias. 18/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Moretti, Desdémona J. v. Swiss Medical SA”, consideró que la ley 14.546 en ningún momento establece que para ser viajante haya que prestar servicios fuera del establecimiento del empleador, sino que se limita a señalar, entre otras características, que el viajante debe tener a su cargo una zona y/o una cartera de clientes, sin especificar el medio o modo a través del cual se ocupa de ella.

• Contratos administrativos (En particular). Empleo público. Supuestos particulares. Empleados temporarios. Personal contratado por la Administración Pública en forma temporaria. Funciones cumplidas por extensos períodos. Falta de incorporación al plantel permanente. Requerimientos propios de la actividad normal y permanente de la demandada. Acreditación de ausencia de protección regulatoria. 06/04/2010

La Corte Sup., con fecha 06/04/2010, en autos “Sánchez, Carlos P. v. Auditoría General de la Nación”, estableció que el vínculo que mantuvo la demandada con el actor estuvo regido por normas del derecho público -administrativo en la especie-, toda vez que tanto el contrato original como sus renovaciones encontraron amparo en el régimen especial de contratación de personal especializado de la ley 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto, reglamentado por el decreto 92/1995, y en las normas propias de la Auditoría General de la Nación que lo incorporaron a su ámbito de actuación.

• Procesos de conocimiento. Diligencias preliminares. Diligencias conservatorias de prueba. Procedimiento laboral. Prueba anticipada. Planillas de horarios. 26/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 4ª, con fecha 26/05/2010, en autos “Torres, Walter H. y otros v. Expreso San Isidro SA”, determinó que resulta procedente el secuestro de las planillas de horarios correspondientes a los trabajadores concernientes al período involucrado en la demanda, solicitadas como prueba anticipada.

• Contrato de trabajo. Contratos especiales. Trabajo de mujeres. Maternidad. Extinción. Pérdida del embarazo. 18/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, con fecha 18/05/2010, en autos “Garbarino, Olga M. v. Clínica Adventista Belgrano”, resolvió que si el embarazo de la actora se interrumpió, también cesaron las razones tenidas en cuenta por el legislador para evitar que por su mayor labilidad laboral la empleada sea despedida, por lo que cesó también la protección especial por despido del art. 178, LCT.

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Intervención pública. Modificación de convenio colectivo de trabajo. Homologación administrativa. Indemnización del artículo 9º de la Ley Nacional de Empleo. 12/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, con fecha 12/03/2010, en autos “Galván, Julieta y otros v. Estado Nacional – Sistema Nacional de Medios Públicos SE”, determinó que no resulta procedente la indemnización prevista en el art. 9º, ley 24.013, cuando no se indica qué tipos de contratos se habrían firmado con el empleador ni las tareas que originaron la contratación

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Amparo de los derechos sindicales. 16/07/2010

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Navarro Farías, Agustín v. Nuestra Huella SA s/juicio sumarísimo”, consideró que el tema de la protección al dirigente gremial contra los actos de discriminación es un tema central del derecho del trabajo.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Ámbito de aplicación. Casuística. Camioneros. Aplicación retroactiva. 18/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Zainz, Martín F. y otro v. Delmiro Méndez e Hijo SA”, determinó que la pretensión de los trabajadores de que se reconozcan las diferencias convencionales conforme al CCT 40/1989 con anterioridad a la fecha en que se celebró el acuerdo entre la empleadora y el Sindicato de Camioneros deviene improcedente, no solamente por lo acordado, sino incluso porque del escrito de inicio no se desprenden elementos que justifiquen que la tarea cumplida por los actores hubiera estado indebidamente encuadrada en el CCT 130/1975 con base en el cual fueron remunerados hasta dicha fecha.

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Exclusión de la tutela. Faltas éticas del trabajador. Improcedencia del pedido de exclusión. 09/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Sacta SA v. Farías, Osvaldo F.”, determinó que las actitudes reprochables desde el punto de vista ético no son una causal que justifique dejar de lado la protección gremial, máxime cuando el desafuero se pide para proceder al despido, o sea el máximo remedio ante un incumplimiento o injuria del empleado, que debe ser de tal gravedad que impida la prosecución del vínculo laboral.

• Contrato de trabajo. Modalidades. Contrato de trabajo eventual. Responsabilidad solidaria de la intermediaria. Verosimilitud de la eventualidad. Indemnización sustitutiva del preaviso. Reajuste de créditos laborales. Intereses. 25/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, con fecha 25/02/2010, en autos “Palazzo, Griselda J. v. Delicia Felipe Fort SA y otro”, consideró que cuando no se prueba la eventualidad de los servicios no cabe considerar a la intermediaria como empleadora sino como simple responsable solidaria por haber intermediado en forma fraudulenta.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Muerte del trabajador. Beneficiarios. 21/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Choque, Norma H. v. Deconti SA”, resolvió que el art. 248, LCT, al enumerar a los beneficiarios de la indemnización, se remite expresamente al art. 38, ley 18.037, y no a la norma en materia de seguridad social o de jubilaciones y pensiones, vigente al momento del deceso del causante.

 

• Contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Horas extra. Falta de registro. Efectos. 11/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Cruz, Sergio D. v. Maycar SA”, resolvió que resulta de aplicación lo establecido por los arts. 8º, Convenio OIT 1, y 11, pto. 2, Convenio OIT 30 -ambos ratificados y de jerarquía supralegal conforme al art. 75, inc. 22, CN, y receptados en los arts. 6°, ley 11.544, y 21, dec. 16.115/1933-, por lo que la empleadora está obligada a llevar un registro especial en el que conste el trabajo prestado en horas extraordinarias.

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Complementarias. Participación en las ganancias. Ley 25.471. Indemnización integral. Deuda consolidada. Improcedencia de intereses. 31/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Brarda, Luis G. y otros v. Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación”, consideró que los parámetros que toma en cuenta la ley 25.471 para determinar la reparación no constituyen una fórmula matemática precisa, sino que implican una base sobre la cual el Estado nacional reconoce un derecho a la indemnización con la finalidad de evitar el trámite judicial, pero ello no significa un reconocimiento o un allanamiento a una indemnización integral que sólo puede obtenerse por medio de una sentencia.

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Ámbito de aplicación. Encuadre convencional. Definición de “vendedor” a los fines del convenio colectivo de trabajo 130/1975. SeCLO. Suspensión de plazos. Adicionales salariales. Incorporación al contrato de trabajo. Art. 92 ter de la Ley de Contrato de Trabajo. Trabajo extra. 22/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Benítez, Nancy A. v. Atento Argentina SA”, determinó que el hecho de que la demandada no fuese quien proporcionaba y facturaba los servicios comercializados por la actora no afecta la índole de las tareas a los efectos de encuadrarlas en el CCT 130/1975.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Gastronomía. Club social y deportivo. 15/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Cancio, Mario E. v. Food & Beverage Investments SA”, resolvió que la actividad gastronómica debe entenderse comprendida dentro de la administración de los espacios comunes e instalaciones edilicias deportivas y recreativas, máxime si se tiene en cuenta que los propietarios de las unidades se hallan obligados a pagar una cuota social a la administradora del consorcio para el uso de las instalaciones y servicios de esparcimiento, deportivos, recreativos y culturales que allí se desarrollan.

• Contrato de trabajo. Extinción. Por voluntad concurrente. Trabajador que comienza una nueva relación laboral. 10/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Assereto, Marcos E. v. Data On Line SRL y otro”, resolvió que la circunstancia de que el dependiente ingresara a trabajar para otro empleador en el mismo horario que denuncia haber cumplido para la demandada, cuatro meses antes de que dispusiera el despido indirecto, constituyó una actitud indicativa de que no tenía voluntad alguna de continuar el vínculo laboral, el cual, por lo tanto, se debe considerar disuelto por voluntad concurrente de las partes.

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Protección. Alimentación. Vivienda. Ropa de trabajo. Falta de entrega. Imposibilidad de sustituir por dinero. 14/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, “Gutiérrez, Rodrigo E. v. Tecnología de Imagen Textil SA”, resolvió que la circunstancia de que la obligación patronal de entregar la ropa de trabajo sea exigible en el marco propio de la relación individual y que su incumplimiento pueda llegar a constituir, incluso, una injuria que habilite la disolución del vínculo, no significa que pueda ser exigible más allá de la vigencia del contrato y a través de una prestación si no se ha efectuado reclamo por el reintegro de un gasto en el que se afirme haber suplido al empleador (art. 76, LCT), ni se ha acreditado efectivamente haber efectuado ese presunto gasto por otro.

 

• Juicio sumarísimo. Exclusión de tutela sindical. 16/06/2010

El Tribunal de Trabajo de San Isidro -por mayoría-, en autos “Kraft Foods Arg. SA c/Bogado, Ramón H. s/Sumarísimo” dispuso rechazar la demanda iniciada por una planta industrial con el fin de que un trabajador sea excluido de su garantía sindical, por bloquear ingresos y salidas del edificio de la empresa, no acatar resoluciones ministeriales que disponían la reanudación de sus tareas, y quema de pallets, en tanto dichos hechos se iniciaron con la epidemia de gripe H1N1, la cual creó una psicosis generalizada que llevó a los trabajadores a tomar medidas drásticas, por lo que las conductas del demandado devienen reprochables pero no suficientes para excluirlo de su tutela, máxime cuando actuó en representación de sus compañeros, no comprometió la seguridad de la empresa, y durante 23 años nunca había sido sancionado.

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Organización, dirección, “ius variandi”. Ejercicio abusivo. Condiciones esenciales del contrato. Lugar de trabajo. 09/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Mirabella, Nicolás M. v. Sacheco SA”, resolvió que el cambio dispuesto por el empleador implicaba que el trabajador se trasladara a una distancia casi diez veces superior con un considerablemente mayor tiempo de viaje, lo que constituye un ejercicio abusivo del “ius variandi”, puesto que el cambio del lugar de trabajo conlleva una alteración de horarios en la vida del trabajador, que representa el perjuicio moral al que se refiere el art. 66 como pauta de evaluación de la razonabilidad del cambio, dentro de las facultades de organización con las que cuenta el empleador.

 

• Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Profesionales del arte de curar. Empleo no registrado. Responsabilidad de socios y administradores. Indeterminación de las personas cuya responsabilidad se reclama. 31/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Brizuela, Patricia C. v. Salud Oeste SRL”, resolvió que es trabajador subordinado quien pone su energía de trabajo a disposición de otra persona o empresa, mientras que resulta indiferente para su determinación que los interesados la hubieran denominado de otra forma, con la pretensión de excluir la tutela de normas de orden público como lo son las que rigen el contrato de trabajo.

• Accidentes de trabajo. Ejercicio de las acciones. Opción. Citación del empleador por parte de la ART. 14/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Franco, Javier O. v. Prevención ART SA”, resolvió que si la demanda se funda exclusivamente en la ley 24.557, cualquiera sea la suerte del litigio, no existe la posibilidad de que la ART vaya a entablar una acción de regreso posterior contra el empleador que se pretende citar, ya que si la acción prosperara en todo o en parte se entendería que la aseguradora es responsable de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación. Responsabilidad de la intermediaria. Relación que cesa con la intermediaria y continúa con la usuaria. Alcances de la solidaridad. 11/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Moreno, Leopoldo J. v. Unilever de Argentina SA”, resolvió que no puede eximirse de responsabilidad solidaria quien intermedió en una contratación fraudulenta por el solo hecho de que siete meses después de la contratación el empleado hubiera comunicado la renuncia a la empresa de servicios eventuales y continuado el vínculo sólo con la empresa usuaria.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización en caso de relación no registrada. Inscripción realizada sólo por empresa intermediaria. 30/06/2010

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno

La C. Nac. Trab., en pleno, en autos “Vásquez, María Laura v. Telefónica de Argentina SA y otro”, resolvió que cuando de acuerdo con el párr. 1°, art. 29, LCT, se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista en el art. 8°, ley 24.013, aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria.

• Contrato de trabajo Extinción. Despido sin causa. Emergencia. Doble indemnización. Derogación. Plazo de vigencia. 30/06/2010

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno

La C. Nac. Trab., en pleno, en autos “Lawson, Pedro J. v. Swiss Medical SA”, resolvió que la condición prevista en el art. 4°, ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del art. 16, ley 25.561, sólo debe considerarse cumplida a partir del dictado del dec. 1224/2007.

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Exclusión de la tutela. Intimación a jubilarse. 29/06/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Banco de la Nación Argentina v. Aguirrezabal, Lisandro C.”, resolvió que es procedente conceder la exclusión de tutela peticionada para que la empleadora curse la intimación prevista por el art. 252, LCT, que implica la notificación del preaviso

 

• Accidentes de trabajo. Relación entre el accidente y el resultado. Accidente “in itinere”. Acción de derecho común. Imposibilidad de atribuir responsabilidad al empleador. 14/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Prieto, Cecilia R. v. Coto CICSA y otro”, resolvió que en los accidentes “in itinere” no puede atribuirse responsabilidad civil al empleador, dado que estos infortunios ocurren fuera del ámbito de control del empresario.

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Trabajador inscripto en intermediaria. Artículo 1º de la ley 25.323. 11/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Cabrera, Gladys E. v. Arimex Importadora SA y otro”, resolvió que los argumentos intentados para cuestionar la condena impuesta con fundamento en el art. 1°, ley 25.323, resultan insuficientes para modificar lo decidido en primera instancia si las demandadas no se hacen cargo ni refutan el fundamento de la sentencia que afirma que el actor no estaba registrado en el libro del art. 52 de la empresa beneficiaria de los servicios, omisión que viola lo dispuesto en el art. 13, dec. 324/1992.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Prueba. Despido arbitrario pero no discriminatorio. Reparación del daño moral. 07/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Castro, Brenda L. v. Casino Buenos Aires SA”, resolvió que la circunstancia de que se trate de un despido injustificado o arbitrario no permite concluir que resulte, a su vez, un acto que encubra una discriminación peyorativa, puesto que arbitrariedad y discriminación no son conceptos sinónimos.

 

• Contrato de trabajo. Prescripción y caducidad. Plazos. Entrega de los certificados de trabajo. Imprescriptibilidad. 23/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Campolieti, Federico E. v. Orígenes Vivienda y Consumo Cía. Financiera SA y otro”, resolvió que la extensión de la constancia de aportes previsionales resulta una obligación imprescriptible, toda vez que también lo es el derecho a obtener los beneficios de la jubilación.

• Procedimiento laboral. Nacional. Ejecución de sentencia. Cosa juzgada. Plenario “Lafalce”. Alcances. Reclamo por accidentes de trabajo. 2/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Pando, Martín M. v. Casino Buenos Aires SA y otro”, resolvió que si surgen derechos por disposiciones posteriores retroactivas o por circunstancias no conocidas al tiempo de la conciliación, mal podría sostenerse que sus efectos la alcanzan, pues las acciones respectivas no habrían nacido al momento del acuerdo, por lo que éste no puede proyectarse sobre tales derechos

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Artículo 1113 del Código Civil. Traumatismo por esfuerzo. 10/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Pavón, Ramón O. v. Club Harrods Gath & Chaves y otro”, resolvió que -en los límites de la responsabilidad esta¬blecida por el art. 1113, CCiv.- el daño causado por el esfuerzo desplegado por el trabajador para desplazar una cosa inerte puede imputarse a riesgo de la cosa y que para que se configure la responsabilidad por un daño no es necesario que la cosa que lo produce sea la causa exclusiva del perjuicio, sino que, antes bien, es suficiente con que ella haya sido uno de los factores que contribuyeron a producir el resultado dañoso.

• Estatutos especiales. Servicio doméstico. Inaplicabilidad de la Ley de Contrato de Trabajo. Constitucionalidad. 30/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Maquera Condori, Elena v. García Laredo, Jorge D. y otro”, resolvió que el empleador del personal doméstico carece de una organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección con la finalidad de producir bienes o prestar servicios, por lo cual debe convenirse en que tal situación torna inaplicable la Ley de Contrato de Trabajo.

• Procedimiento laboral. Nacional. Partes. Capacidad. Personería. Poder. Revocación extrajudicial. Efectos. 30/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Bogado Coronel, Néstor P. v. Alto Paraná SA”, resolvió que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación impone que la revocación del mandato -“poder para la litis”- se efectúe en forma expresa y en el expediente, de lo que se sigue que el acto de revocación que se produce extrajudicialmente no tiene relevancia a los efectos de la cesación de la representación procuratoria.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Organización, dirección, “ius variandi”. Ejercicio regular. Facultades de la Administración Pública. 04/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Colino, Lidia E. v. AFIP”, resolvió que cabe reconocer a la Administración una razonable amplitud de criterio en el ejercicio de sus facultades discrecionales, sin que las decisiones atinentes a la política administrativa constituyan una materia justiciable y, sobre esa base, no procede requerir a la autoridad administrativa la explicación de las necesidades funcionales, toda vez que pertenecen a su exclusiva potestad y su sola invocación satisface de modo suficiente la necesidad de fundamentación.

• Navegación. Contrato de ajuste. Régimen. Indemnización por despido. Salario base de cálculo. Salarios “a orden”. 30/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, 30/04/2010, en autos “Tejeda, Pedro D. v. Arbumasa SA”, resolvió que para decidir acerca de la normalidad y habitualidad que reviste el salario del dependiente es necesario considerar la mejor remuneración que se le abona al trabajador marítimo cuando está en actividad (esto es, cuando está navegando) y no durante el período en que está “a orden”, a la espera de un embarque.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Efectos. Actividad sindical. 26/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Risso, Carlos F. v. Fate SA”, resolvió que -no acreditada la causal invocada para despedir al trabajador y al tener en cuenta los sucesos acontecidos que prueban su activa participación en el conflicto colectivo- sólo puede concluirse en el sentido de que el despido fue injustificado y discriminatorio, ya que obedeció al desempeño de actividades sindicales o gremiales dentro de la empresa y al ejercicio legítimo del derecho de huelga, lo que viabiliza la aplicación de la ley 23.592.

• Estatutos especiales. Viajantes de comercio. Caracteres. Ámbito de aplicación. Telefonía celular. 22/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Graziano, Esteban A. v. Telecom Personal SA”, resolvió que la ley 14.546 resulta aplicable a los empleados que en relación de dependencia y en nombre del principal concierten operaciones de venta de servicios y productos de telefonía celular, sin que obste a ello que parte de las operaciones no fueran objetos materiales sino servicios, porque el art. 2º, CCT 308/1975, incluyó como actividad propia de los viajantes de comercio la celebración de contratos de servicios, lo que abarca tanto la venta como la locación de ellos.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación. Distinción entre los presupuestos de aplicación de los artículos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. 08/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Robles, Héctor R. v. Cargill SA y otros”, resolvió que si no se acreditó que los sujetos que actuaron como intermediarios en la contratación de los servicios del actor hubieran asumido por sí y bajo una estructura empresaria autónoma la prestación de los servicios contratados, la situación encuadra en el art. 29, párr. 1º, LCT (suministro de mano de obra), y no en un supuesto de contratación o subcontratación de tareas constitutivas de la actividad normal específica y propia de la principal (art. 30, LCT).

• Accidentes de trabajo. Incapacidad. Psíquica. Agente de policía. Tareas desarrolladas durante la dictadura militar. Ilegitimidad de las tareas. Imposibilidad de beneficiarse de un acto ilícito. 28/05/2010

La Sup. Corte Bs. As., en autos “Colombo, Ana M. v. Policía Bonaerense”, rechazó la demanda por la cual una agente de policía reclamaba el cobro de una indemnización por incapacidad derivada de las dolencias psíquicas que sufrió como consecuencia de las labores prestadas para la dictadura militar en la que formó parte de grupos dedicados a la lucha antisubversiva, durante el período 1976-1983, en tanto esas actividades llevadas a cabo durante el período dictatorial fueron intrínsecamente ilegítimas, lo que impide que alguien pueda beneficiarse de su propio ilícito; asimismo, en virtud de las cuestiones ventiladas en el expediente, ordenó poner en conocimiento a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Conciliación laboral. Efectos. Acuerdos espontáneos. 21/05/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Yeguerman, María L. v. Telecom Argentina SA y otro”, resolvió que si se prueba que el trabajador es conducido a un “acuerdo espontáneo” ante el SECLO bajo presión y sin la debida asistencia letrada, el acuerdo espontáneo podría declararse nulo.

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro.Registración por parte de la intermediaria. 30/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, “Pugliese, Ana S. v. Banco Hipotecario SA y otro”, resolvió que -más allá de que la relación de trabajo hubiera quedado constituida directamente con la beneficiaria de los servicios del trabajador y no con quien formalmente la contrató y registró-, no mediaron deficiencias registrales susceptibles de sanción en el marco de la ley 24.013, cuya finalidad no estuvo comprometida por el hecho de que las relaciones hubieran sido registradas por aquellas empresas.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Ámbito de aplicación. Grupo económico. 23/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Ciccarelli, José C. v. Publicom SA y otro”, resolvió que los convenios son -genéticamente- contratos, del tipo de los normativos, y rigen a su respecto las normas relativas a ellos, entre las cuales resulta oportuno recordar su efecto relativo, que impide que sean opuestos a terceros o invocados por éstos, y la mera pertenencia a un grupo de empresas no implica la aplicación de un convenio único sino que, de hecho, cuando se trata de un grupo que integra verticalmente empresas con diferentes objetos inmediatos, cada una de ellas deberá aplicar el convenio que corresponda a su especialidad.

• Accidentes de trabajo. Municipio. Imposibilidad de hacer valer ventajas derivadas de su naturaleza pública. Asimilación a las ART. 23/04/2010

La C. Lab. Rosario, sala 3ª, en autos “González, Griselda E. v. Municipalidad de Rosario”, sentenció que si el municipio demandado es un ente autoasegurado, no corresponde que pretenda hacer valer, en reclamos o juicios por accidentes de trabajo, ninguna ventaja derivada de su naturaleza pública -en el caso, legislación de emergencia-, por lo que, en consecuencia, debe responder ante el trabajador demandante exactamente de la misma forma que una ART.

• Contrato de trabajo. Extinción. Indemnización por antigüedad o despido. Base de cálculo. Remuneración. Decretos 1273/2002, 2641/2002 y 905/2003. Inconstitucionalidad. Decretos de necesidad y urgencia. 19/05/2010

La Corte Sup., en autos “González, Martín N. v. Polimat SA y otro”, resolvió que los decretos 1273/2002, 2641/2002 y 905/2003 resultan inconstitucionales en cuanto desconocen la naturaleza salarial de las prestaciones alimentarias que establecen; en consecuencia, sostuvo que corresponde revocar la sentencia apelada que los consideró para el cálculo de las indemnizaciones por despido y por vacaciones no gozadas, y del sueldo anual complementario

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Acción de reinstalación. Medida cautelar. 29/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Abelenda, Guillermo A. v. Cemic”, resolvió que, aun si se soslaya el marco jurídico específico de tutela que contiene la ley 23.551 -dirigido, desde su letra, al resguardo de las representaciones sindicales orgánicas, correspondientes a asociaciones de trabajadores con personería gremial-, resultan admisibles, al menos como hipótesis vertidas en abstracto, las acciones dirigidas a invalidar los despidos que trasunten discriminaciones ilícitas emplazadas en motivos de naturaleza gremial

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Transporte de mercaderías. 19/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Cáceres, Carlos M. v. Russo, Daniel J. y otro”, resolvió que el transporte es propio de un establecimiento comercial, dado que no puede admitirse que la actividad que realiza pueda ser desarrollada sin transporte -propio o de tercero-, ya sea para la adquisición, el traslado y/o la entrega de la mercadería que comercializa

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Categoría. Sanción del artículo 1º de la ley 25.323. Convenios colectivos de trabajo. Casuística. Empleados de comercio. Seguro de retiro complementario. Falta de aportes. Efectos. 24/02/2010. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala 8

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Bandriwskyj, Roxana E. v. Atento Argentina SA”, resolvió que la categoría no es un dato exigido por el art. 52, LCT, y que la omisión de consignarla o el asiento de una errónea no generan la sanción del art. 1º, ley 25.323, y, en otros de los asuntos tratados, que corresponde hacer lugar a una indemnización por los daños y perjuicios derivados de la falta de ingreso de los aportes al seguro de retiro complementario “La Estrella”, previsto en el CCT 130/1975

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Limpieza. Convenios colectivos de trabajo. Casuística. Gastronómicos. 30/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Altamirano, Norma A. v. City Hotel SA y otro”, resolvió que la subcontratación resulta ilícita cuando una empresa contrata a otra para que le provea servicios propios de su actividad normal y específica, a ser cumplidos en el establecimiento de aquélla, pero no con la aspiración lícita de que la especialidad de la tercera contratada aporte excelencia o mejores resultados en la gestión debido a su experiencia en el rubro (seguridad, limpieza, etc.), sino con el mero afán de evadir el pago del superior salario de convenio que debería pagar si la tarea fuera realizada a través del empleo de aquellos trabajadores que -según las categorías específicas existentes en el convenio colectivo de su actividad propia- tienen asignadas esas funciones en su organización ordinaria.

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Artículo 1113 del Código Civil. Uso de la cosa. Escalera que no presenta vicios de fabricación. 24/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Machado, Mariano A. v. Franzo SRL y otro”, resolvió que la responsabilidad de la empleadora debe enmarcarse en el art. 1113, CCiv., ya que la escalera y el uso laboral que el trabajador hacía de ella encuadran en el concepto del “riesgo o vicio de la cosa”.

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Deber de seguridad. Accidente de tránsito. 23/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Silvestri, Ariel H. v. Liberty ART SA y otro”, resolvió que tanto el empleador como la aseguradora de riesgos de trabajo deben responder por los hechos ilícitos -accidente de tránsito- ocurridos fuera de su lugar de trabajo, calificados como “in itinere”, al entender que es el empleador quien organiza la empresa con un criterio de previsibilidad susceptible de abarcar los riesgos que existen en el cumplimiento del contrato de trabajo, por lo que debe asumir los riesgos derivados de la ejecución de aquél dentro de los límites de la actuación y competencia del trabajador.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Carga de la prueba. Militancia sindical. 22/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, con fecha 22/02/2010, en autos “Christensen, Viviana S. y otro v. Automóvil Club Argentino”, resolvió que siempre hay alguna razón por la que un trabajador es despedido, porque se presume que por lo general las personas no se comportan de una manera arbitraria, sin mediar ninguna razón subyacente, especialmente en asuntos empresarios, pero a veces los empleadores, por distintos motivos prefieren no invocar la causa de la ruptura y abonar las indemnizaciones de ley, en atención a las consecuencias que acarrearía la declaración de que el despido constituyó un acto discriminatorio, en cuyo caso la prueba debe ser convincente y la carga probatoria corresponderá a quien pretende que la cesantía constituye un acto de discriminación ilegítima y, por lo tanto, debe aportar a las actuaciones elementos de juicio que permitan concluir que la causa subyacente del despido configura un menoscabo al pleno ejercicio, sobre bases igualitarias, de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Carga de la prueba. Militancia sindical. 22/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, con fecha 22/02/2010, en autos “Christensen, Viviana S. y otro v. Automóvil Club Argentino”, resolvió que siempre hay alguna razón por la que un trabajador es despedido, porque se presume que por lo general las personas no se comportan de una manera arbitraria, sin mediar ninguna razón subyacente, especialmente en asuntos empresarios, pero a veces los empleadores, por distintos motivos, prefieren no invocar la causa de la ruptura y abonar las indemnizaciones de la ley, en atención a las consecuencias que acarrearía la declaración de que el despido

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Efectos. 12/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Sánchez, Roque S. v. Papelera Bragado SA”, resolvió que la posibilidad de declarar la nulidad del acto calificado como discriminatorio sólo es operativa en los supuestos de actos susceptibles de ser anulados, entre los que no se encuentra el “despido arbitrario”, que conserva, siempre, eficacia extintiva, ya que la ley ha previsto para él ese “otro efecto”, alternativo a la nulidad.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto. Comunicación. Requisitos formales. 12/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Monfrini, Carlos O. v. Davicom Comunicaciones SRL”, sostuvo que si en los telegramas remitidos a su empleadora, el trabajador manifestó en todo momento que “el silencio o negativa configuraba una injuria grave y causal de despido indirecto”, aun cuando no hubiera consignado expresamente que se consideraba despedido, ello quedó demostrado con su conducta inmediatamente posterior, toda vez que al poco tiempo inició la acción.

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Resultado positivo en un control de alcoholemia realizado al ingresar al trabajo. Insuficiente fundamentación de la sentencia. Reconocimiento del trabajador sólo de haber ingerido alcohol horas antes de su ingreso. Falta de reconocimiento del trabajador del resultado positivo del análisis. Casación de la sentencia. 03/02/2010

La Corte Sup. Just. Tucumán, sala Lab. y Cont. Adm., en autos “Godoy, Pedro D. v. Di Bacco y Cía. SA”, estableció que no se apoya en pruebas suficientes que avalen lo decidido la sentencia que tiene por acreditado el despido directo fundado en la causal de haber arrojado resultado positivo un control de alcoholemia realizado al actor en el momento de ingresar a su trabajo, al considerar el reconocimiento del trabajador únicamente de haber ingerido alcohol varias horas antes de su arribo al lugar trabajo, sin haber reconocido el resultado del análisis.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Control administrativo. Intervención. Solicitud del Ministerio de Trabajo. Autoridad de aplicación. Competencia exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 23/03/2010

La Corte Sup., en autos “Ministerio de Trabajo v. Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales de Santa Fe”, resolvió que corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo entender en la acción ordenada por el Ministerio de Trabajo de la Nación de dar intervención a un sindicato -mediante la invocación de las atribuciones que, en su carácter de autoridad de aplicación, le confiere el art. 62, inc. a), ley 23.551-, no obstante el hecho de que esa asociación sindical agrupe a trabajadores municipales de Santa Fe y tenga su domicilio en esa provincia.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no salariales. Asignaciones no remunerativas fijadas por convenio colectivo de trabajo. Inconstitucionalidad. Necesidad de impugnar el acto de homologación. 19/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Zunino, Héctor R. y otros v. Telefónica de Argentina SA”, sostuvo que la calificación de no retributivo de un beneficio económico -pactado por las partes en un convenio colectivo que fuera objeto de homologación por la autoridad administrativa del trabajo en los términos de la ley 14.250- vale como ley y los jueces no pueden apartarse de la calificación nacida como contrato y vigente como ley si no media el pertinente planteo de nulidad de la homologación deducido en sede administrativa (conforme a la ley 19.549)

• Procedimiento laboral. Nacional. Procedimiento de primera instancia. Prueba. Prueba instrumental. Filmación. Despido con causa. Planilla de fichado. Persona ausente. 27/04/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Navarro, Juan de D. v. Vestiditos SA y otro”, resolvió que la filmación constituye una prueba documental de índole material, por lo que constituye una probanza admisible, cuyos resultados se acreditan con los sentidos de los testigos que la presenciaron.

• Procedimiento laboral. Nacional. Partes. Rebeldía. Efectos. Facultades judiciales. 31/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Montero, Sebastián v. Driscolls de Argentina SA”, resolvió que si el demandante afirmó un hecho intrínsecamente natural y posible y la demandada se encuentra rebelde, la ley procesal obliga al juez a presumir como cierto ese hecho y a dispensar de la prueba, ya que no se trata de una facultad judicial, sino de un deber judicial impuesto por una norma, en el caso, el art. 71, ley 18.345.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización por antigüedad o despido. Base de cálculo. Gratificaciones. Doctrina del plenario “Tolusai”. 25/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “López, Luciana F. v. Disco SA”, resolvió que debe computarse en la base de cálculo de la indemnización por despido la gratificación abonada en forma trimestral, pues el empleador no ha demostrado que lo pagado fuera una gratificación relacionada de alguna manera con particularidades de la relación laboral o que los pagos correspondieran a alguna razón justificada en la naturaleza de la tarea.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no salariales. Tickets. Inconstitucionalidad del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 29/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Núñez, Luis F. v. Kraft Foods Argentina SA y otro”, resolvió que corresponde decretar la inconstitucionalidad del art. 103 bis, inc. c), LCT, y otorgó en consecuencia carácter remunerativo a los pagos efectivizados en concepto de tickets.

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Organización, dirección y “jus variandi”. Restablecimiento de las condiciones. Acción sumarísima. Intimación a iniciar los trámites para jubilarse. Medida cautelar. 25/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Silva Font, Carlos A. v. Aerolíneas Argentinas SA”, resolvió que si el trabajador considera que tanto la intimación a iniciar los trámites destinados a jubilarse como su eximición de prestar tareas han sido hechos discriminatorios, el conflicto que se ventila no guarda relación con una modificación en las condiciones de trabajo (art. 66, LCT) del actor, sino con el ejercicio de la potestad prevista en el art. 252, LCT.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Efectos. 22/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Cejas, Adrián E. v. Fate SA”, resolvió que a fin de compatibilizar en el campo constitucional las garantías involucradas y en particular la situación que se presenta ante un despido discriminatorio en los términos de la ley 23.592, la condena a dejar sin efecto el acto discriminatorio no puede imponer -más allá del reproche o culpabilidad que quepa atribuirle al empleador- la continuidad indefinida de una relación jurídica, cuando su voluntad ya no admite el mantenimiento del contrato para el futuro, por lo que, en caso de incumplimiento de la condena a reinstalar al trabajador, ella debe convertirse, de pleno derecho, en la obligación de abonar, además de las indemnizaciones que correspondan por despido incausado, una compensación adicional por el carácter discriminatorio del despido.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Limpieza. Establecimiento educativo. 03/03/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Truchet, Germán C. v. Cristal Clean SRL y otros”, resolvió que resulta impensable que un establecimiento educativo pueda funcionar sin que se cumplan los recaudos indispensables de higiene, por lo que la actividad desplegada por la empresa de limpieza encuadra en las previsiones del art. 30, LCT.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no salariales. Medicina prepaga. Plenario “Tulosai”. Validez. 6/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “García Ruhstaller, Facundo M. v. Disco SA”, resolvió que no procede otorgar a la cobertura de medicina prepaga un carácter remuneratorio, pues el concepto aludido se asimila a la mención de los “gastos médicos”, que se caracterizaran en el art. 103 bis, LCT, como beneficios sociales.

• Empleo público. Derechos. Licencias. Enfermedad prolongada. Sin goce de sueldo cuando se supera determinado lapso. Amparo. 05/02/2010

La C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, en autos “Lico, Carlos E. v. Estado Nacional – Ministerio de Justicia”, rechazó la acción de amparo deducida por un integrante del personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a fin de que se disponga la restitución de los haberes dejados de percibir, dado que la circunstancia de encontrarse con licencia por enfermedad no torna de por sí procedente el planteo, pues no resulta suficiente para tener por acreditada la existencia de ilegitimidad o arbitrariedad de carácter manifiesto, en tanto en el estatuto para el personal civil que regula la actividad del actor se prevé una licencia por enfermedad prolongada que es sin goce de sueldo, cuando se supera determinado lapso de inactividad y si la enfermedad no guarda relación con el servicio.

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Complementarias. Adicionales. Funciones especiales o riesgosas. Adicionales de convenio. Cálculo sobre el básico. Improcedencia si se abonó una remuneración mayor 05/02/2010. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala 2.

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Bentos, José L v. Beviglia, Hugo A. y otros”, resolvió que el sueldo o “remuneración” que debe considerarse para el cálculo de cualquier adicional no es otro que el “básico” o la “mínima” fijada por el propio convenio, porque si un adicional debiera calcularse sobre el sueldo total, se produciría una inapropiada retroalimentación que haría imposible su cálculo.

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Eximentes. Accidente “in itinere”. Asalto. Falta de legitimación pasiva del empleador. 03/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Gómez, Diego R. v. Federación Patronal ART y otro”, resolvió que, al tener en cuenta la dinámica y demás circunstancias que rodearon el accidente “in itinere” sufrido por el actor (robo y agresión física por terceros en la vía pública), se advierte que la empleadora no tenía en modo alguno la propiedad de la supuesta cosa riesgosa productora del daño que, en el particular, estaría constituida por el riesgo intrínseco que encierran en sí mismas las calles de esta ciudad.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Empleador. Conjunto económico. Sociedad local controlada por extranjera. Responsabilidad de la casa matriz por incumplimientos laborales de la sucursal. 17/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Molina, Claudia G. y otros v. Recol Networks SA y otros”, resolvió que, a pesar de su aparente autonomía jurídica, la sociedad local se encuentra sin lugar a dudas en relación orgánica de dependencia con la sociedad foránea, dada su incorporación financiera a la sociedad dominante, por lo que debe responsabilizarse a la casa matriz o sociedad madre por las obligaciones laborales incumplidas por los entes jurídicos de los cuales se valió para operar por fuera de sus fronteras nacionales.

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Control administrativo. Conflictos intersindicales. Acción de encuadramiento sindical. Procedimiento. 22/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Sindicato del Personal de Ind. Químicas v. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina”, resolvió que el conflicto de encuadramiento debe debatirse en el ámbito sindical y, de no obtenerse pronunciamiento definitivo dentro del plazo fijado por el art. 59, ley 23.551, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto podrá someter la cuestión a conocimiento y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Forma y prueba. Acreditación bancaria. Inviabilidad de exigir la percepción ante el SECLO. 24/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Gulisano, Josefina S. v. Unión Obreros y Empleados Plásticos”, resolvió que el empleador está obligado a abonar las diferencias remuneratorias adeudadas en cuenta bancaria, bajo pena de nulidad, y que excedió sus facultades al pretender condicionar a la trabajadora a aceptar una forma de pago distinta de la legal, si la deuda había sido reconocida.

• Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Médico de guardia que tenía la posibilidad de nombrar un reemplazante. 29/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Apreda, Gustavo A. v. Consorcio de Propietarios del Edificio Los Cardales Country Club”, entendió que no se encontraba probada la presencia de un vínculo laboral subordinado entre el actor -médico de profesión- y el consorcio (country) demandado, si faltó el esencial carácter personal o “intuito personae”.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Portador de HIV al que se le cambia el lugar de trabajo prolongando tiempo de viaje y costos. Silencio de empleador. Presunción del artículo 57 de la Ley de Contrato de Trabajo. Procedencia de indemnización por daño moral y daño psicológico. Multa del artículo 9 de la Ley 25.013. 22/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “R., J. G. v. Sodexho Argentina SA”, resolvió que el despido del actor -que se encuentra enfermo de HIV- no sólo lo limita laboralmente, sino en todos los aspectos de su vida social, y le provoca angustia y padecimiento personal, más allá de la pérdida de sus haberes, toda vez que se trata de un enfermo de sida, lo que implica una real marginación hacia su persona, de modo que, al enmarcarse el reclamo en el ámbito extracontractual, se encuentran reunidos los requisitos necesarios para la adjudicación de la responsabilidad que sirva de causa a la sanción por daño moral.

• Medidas cautelares. Embargo preventivo. Requisitos. Jubilados. Inembargabilidad de la jubilación. Control de constitucionalidad. Inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 24.241 que prohíbe el embargo. Jubilados con haber mínimo. 04/03/2010

La C. Civ. y Com. Mercedes, sala 2ª, en autos “Banco de la Provincia de Buenos Aires v. Alfonso, Horacio y otra”, declaró la inconstitucionalidad por irrazonabilidad del art. 14, ley 24.241, por afectar sustancialmente el derecho de propiedad del acreedor y el principio de igualdad ante la ley, en la medida en que se trate de una jubilación alta que cubra holgadamente las necesidades básicas de su beneficiario.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Forma y prueba. Ausencia de recibo. Acreditación del pago mediante acta notarial. Ausencia de otros medios que demuestren que el pago se hizo efectivo. Improcedencia. 08/03/2010

La C. Trab. Tucumán, sala 4ª, en autos “Carabajal, Ángel E. v. Verón, Adrián F. y otros”, resolvió que la actuación notarial no resulta suficiente a los fines de acreditar la realización del pago denunciado, por cuanto no reúne los requisitos indispensables para ser considerado un recibo, y la accionada tampoco acompañó documentación demostrativa de que dicho pago verdaderamente se hubiera hecho efectivo, ni sobre qué conceptos se imputa el monto mencionado.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización agravada. Emergencia económica. Ley 25.561. Cese de su vigencia. Remuneración. Gratificación anual. Derecho a su percepción proporciona. 26/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Lago, Sergio A. R. v. Swiss Medical SA”, resolvió que el cese del agravamiento indemnizatorio dispuesto por el art. 16, ley 25.561, se operó recién al darse a publicidad el decreto 1224/2007, es decir, el 11/09/2007.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación. Repositores. Dependencia directa de la empresa productora. 03/02/2010

La C. Nac. Trab. , sala 2ª, en autos “Aguilera, Francisco E v. Danone Argentina SA y otro” resolvió que aunque el traba-jador fuera formalmente contratado por una empresa dedi-cada a la reposición y promoción , si se desempeñó en beneficio de un tercero, reponiendo sus productos en forma exclusiva, y bajo su poder de organización y dirección, se integró de manera permanente a la organización empresa-rial de la misma, por lo que resulta de aplicación lo norma-do por el art. 29 LCT.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación. Convenio colectivo aplicable. 30/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Senar, Cristian A. v. Atento Argentina SA y otro”, resolvió que si el trabajador prestaba tareas tanto para la subcontratista que lo registró formalmente como para otra empresa del grupo económico “Telefónica”, que se beneficiaba con su trabajo personal, resulta procedente el encuadramiento en el CCT 201/1992, pues en definitiva la empleadora formal estuvo representada en la negociación colectiva a través de la restante empresa del grupo que se benefició de los servicios del trabajador.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Tendido de vías. Empresa de transporte 23/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Velásquez, Marcos E. v. Metrovías SA y otro”, resolvió que si el trabajador desarrolló su tarea laboral en el tendido de cables de una línea de subterráneos, se trata de una actividad inescindible del servicio de transportes de subterráneos prestado por Metrovías SA, por lo que se impone concluir que existe responsabilidad solidaria de dicha codemandada con base en el art. 30, LCT.

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Jerarquía y efectos. Declaración de inconstitucionalidad. 12/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Blanco, Santiago A. y otros v. Search Organización de Seguridad SA”, resolvió que sólo son susceptibles de planteos de inconstitucionalidad las normas estatales, porque a los acuerdos de voluntad, como es el caso de las convenciones colectivas de trabajo, solamente se les puede atribuir falta de correspondencia con las normas legales y su consecuentemente inaplicabilidad al caso particular.

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Organización, dirección y “ius variandi”. Ejercicio abusivo. Condiciones esenciales del contrato. Acción para la restitución de las condiciones laborales. Medida de no innovar. 10/2/2010

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Morales, Edmundo J. v. UGOFE SA”, resolvió que el art. 66, LCT (texto según ley 26.088), no requiere la acreditación de la “verosimilitud del derecho” y del “peligro en la demora”, ya que la prohibición de innovar procede “cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo”, por lo que, para el dictado de la medida contemplada en el mencionado artículo, no es exigible el cumplimiento de los recaudos previstos para las medidas cautelares, sino simplemente acreditar la existencia de un cambio en las condiciones de trabajo, en cuyo caso opera automáticamente

• Contrato de trabajo. Cuestiones generales. Ámbito de aplicación de la ley. Ámbito material. Contrataciones irregulares de la Administración. Aplicación analógica de la Ley de Contrato de Trabajo. 26/02/2010

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Brocca, Carlos U. v. Ministerio de Economía y Producción de la Nación”, resolvió que resulta manifiestamente irrazonable dejar sin protección alguna a quien prestó servicios dependientes para la Administración Pública en forma ininterrumpida en cumplimiento de funciones propias y permanentes de esta última, bajo el ropaje fraudulento de supuestas pasantías y sin encuadramiento en el régimen jurídico de empleo público, ya sea permanente o transitorio, ni inclusión expresa en la Ley de Contrato de Trabajo o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo.

• Derecho tributario. Procedimiento tributario. Ejecución fiscal. Recursos de la seguridad social. Prescripción. Suspensión. Art. 10, ley 24.587. Recurso extraordinario federal. 06/10/2009

La Corte Sup., en autos “Fisco Nacional – AFIP v. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Bahía Blanca”, estableció que debe considerarse definitiva la decisión que desestimó la defensa de prescripción opuesta por la demandada en un juicio de apremio, ya que el agravio que de ello resulta no puede ser revisado en trámite ulterior, donde aquella defensa no sería ya admisible.

• Contrato de trabajo. Prescripción y caducidad. Acción de reinstalación. 30/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Picasso, Roberto A. y otros v. Administración Nacional de Aduanas y otros”, determinó que el trabajador asalariado, vinculado ya sea por una relación de empleo privado o por una de empleo público, es un hombre libre que, en tal calidad, tiene derecho a confirmar el despido arbitrario o la cesantía incausada, ejerciendo directamente la acción judicial resarcitoria; por ende, resulta sobreentendida la renuncia válida a la acción de nulidad y reincorporación.

• Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Voluntariado social. Requisitos. Empleo no registrado. Responsabilidad de socios y administradores. Asociación civil. 28/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Lorenzo, María C. D. v. Asociación Argentina de Ozono y otro”, consideró que si las tareas no eran realizadas de modo gratuito, no se enmarcan dentro de la figura del voluntariado social.

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Límites de la tutela. Liberación de prestar servicios. Art. 30, dec. 467/1988. Inconstitucionalidad. 16/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “González, Julio S. v. Volkswagen Argentina SA”, confirmó que el art. 30, dec. 467/1988, en tanto faculta al empleador a suspender unilateralmente la prestación laboral sin entablar previamente la acción de exclusión en abierta contradicción con el texto del párr. 1°, art. 52, LA, resulta inconstitucional.

• Procedimiento laboral. Nacional. Conciliación laboral. SECLO. Acuerdo celebrado con patrocinio del trabajador contratado por la empleadora. Nulidad. 21/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “García, Patricia v. Orígenes AFJP SA”, confirmó que resulta violatoria del principio de buena fe la conducta de la empleadora que contrata y paga una asesora propia para asistir a su contraria en un acuerdo celebrado ante el SECLO.

• Contrato de trabajo. Modalidades. Contrato de trabajo eventual. Convenios Colectivos de Trabajo. Casuística. Gastronómicos. Extra especial. 17/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Mena Yurrita, Christian, D. P v. Nuevas Fronteras SA” estableció que el art. 68 inc. “b” del CCT 362/03- que prevé la categoría de “extra especial” – sólo resulta legítima en tanto se acredite que, efectivamente, el accionante realizó prestaciones ocasionales, correspondien-tes a necesidades extraordinarias de la empresa, es decir a eventos realizados en forma ocasional u eventual (cfr. arts. 92 y 99 LCT).

• Procedimiento laboral. Nacional. Organización judicial. Competencia. Territorial. Demanda contra compañía de seguros. Facultades del trabajador. 30/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Aranda, Leandro J. v. Fonseca SA y otro”, resolvió que el trabajador afectado se encuentra habilitado para interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o el del domicilio de cualquiera de las agencias o sucursales de la aseguradora, indistintamente, toda vez que exigirle la realización de una pesquisa previa con el fin de determinar en cuál de las diferentes sucursales se celebró el contrato de seguro con el empleador constituiría una irrazonable limitación del derecho de acceso a la jurisdicción.

• Resoluciones judiciales. Cosa juzgada. Efectos. De la cosa juzgada laboral. Accidentes de trabajo. Acuerdo con la ART por reclamo sistémico. Acción posterior contra la empleadora. 30/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Valdez, Alberto A v. DHL Exel Supply Chain Argentina SA y otro”, consideró que el acuerdo celebrado en el marco del conflicto planteado con la aseguradora en procura del cobro de una indemnización por prestaciones de la ley 24.557 no hace cosa juzgada respecto del dirigido únicamente contra las ex empleadoras y destinado a obtener el resarcimiento integral de los daños alegados por el trabajador con motivo de la enfermedad denunciada, pues se trata de un crédito litigioso diferente del originado en el sistema de prestaciones de la ley 24.557, y por lo tanto no se da la exigencia adjetiva de identidad de objeto.

• Procedimiento laboral. Medidas cautelares. Acción de reinstalación. Candidato en elecciones internas. 03/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Vera, Juan P. v. Cromosol SA”, confirmó que en el marco de una acción sumarísima de reinstalación, una medida cautelar con el fin de participar en un acto eleccionario impone una mayor amplitud de criterio en el análisis de los presupuestos que hacen a su viabilidad.

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Art. 1, ley 25.323. Incorrecta registración de la jornada de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Art. 80, LCT. Requisitos de la intimación. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Paz, Irene I. v. Región Gaucha SRL y otros”, estableció que si la empleadora, en oportunidad de producir el despido, puso a disposición la certificación art. 80, LCT, “en término legal”, entonces, en este caso, volver a intimar por la entrega de dicha certificación no constituía una obligación a cargo de la trabajadora, en tanto la propia demandada admitió su obligación de entregarla en el plazo legal.

 

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Obligación de no dañar a otro. Deber de seguridad en el derecho del trabajo. Alcances en materia de seguridad vial. Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Deber de seguridad. 02/12/2009

La Sup. Corte Bs. As., en autos “L., R. A. v ESEBA SA – Accidente de trabajo”, confirmó que el deber de seguridad que la ley impone al empleador consiste en la toma de todas las medidas de vigilancia razonables y necesarias para evitar al trabajador los daños que las circunstancias hagan previsibles.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Alcances de la solidaridad. Provisión de materiales de uso exclusivo por la contratante. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Abarca, Gabriel A. v. Bachir, Omar y otro”, resolvió que la cesión total o parcial a que se refiere el art. 30 no es la misma que la de los arts. 225, 227 y 228, LCT, pues en este último caso el que transfiere deja de ser titular, aunque sea transitoriamente, del establecimiento; en cambio, en la cesión mencionada en el art. 30, el cedente nunca pierde -ni transitoriamente- la titularidad.

 

• Contrato de trabajo. Contratos especiales. Trabajo de mujeres. Estado de excedencia. Extinción. Supuestos especialmente tutelados. Maternidad. Necesidad de intimar en forma previa a disponer el distracto. 28/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Vecchio, Andrea P. v. Directores Dime SA”, consideró que constituye un excesivo rigorismo formal entender que la falta de comunicación en el plazo de 48 hs. anterior a la fecha del reingreso implique la intención de la trabajadora de no reincorporarse al trabajo y de optar por extinguir el vínculo en los términos del art. 183, inc. b), LCT.

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Registros. Capacitación previa. Validez. 28/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Chicolino, Gisela V. v. Editorial 25 de Mayo SA”, estableció que los cursos de capacitación previos a la “efectivización” son lícitos, ya que se dirigen a seleccionar y formar a los aspirantes sin obligar a la empresa en los términos de un contrato de trabajo, en la medida en que consisten en una capacitación genérica no aprovechable en el marco de la actividad de la empresa.

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Obligación de no dañar a otro. Deber de seguridad en el derecho del trabajo. Alcances en materia de seguridad vial. Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Deber de seguridad. 02/12/2009

La Sup. Corte Bs. As., en autos “L., R. A. v ESEBA SA – Accidente de trabajo”, confirmó que el deber de seguridad que la ley impone al empleador consiste en la toma de todas las medidas de vigilancia razonables y necesarias para evitar al trabajador los daños que las circunstancias hagan previsibles.

• Derecho del trabajo. Principios. Gratuidad de procedimientos. Alcance de la condena en costas. Aplicación del principio de gratuidad en el procedimiento administrativo. 18/06/2009

La C. Fed. Mar del Plata, en autos “Kranewitter, Oscar S. v. Estado Nacional (Ministerio de Defensa)”, resolvió que el beneficio de gratuidad consagrado en el art. 20, LCT, procede aun en relaciones de derecho administrativo, siempre que se trate de relaciones de índole laboral.

• Derecho colectivo del trabajo. Conflictos colectivos del trabajo. Generalidades. Convenios colectivos de trabajo. Casuística. Empleados de comercio. Categoría. Telemarketing. 26/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Hoz, Marlene L. v. Atento Argentina SA”, determinó que a fin de calificar la tarea de quien vende telefónicamente debe primar la función de ventas, en tanto la comunicación telefónica no es más que un medio, una herramienta, al servicio de la venta.

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Responsabilidad de socios y administradores. Apoderado y director suplente que percibe parte de su remuneración sin registro. Responsabilidad personal. 08/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Gallinar, César L. v. Productos Farmacéuticos Fidex SA”, resolvió que el hecho de que el actor haya actuado como representante legal, apoderado de la empresa, o bien como director suplente no puede generar certeza sobre su participación en la decisión de abonar salarios “en negro” -incluido el suyo- sin el aporte de elementos de juicio válidos que corroboren dicho extremo, pues lo contrario implicaría atenerse a meras conjeturas carentes de eficacia en el aspecto analizado.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización por antigüedad o despido. Base de cálculo. “Bonus”. Inaplicabilidad del plenario “Tulosai”. 29/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Gagliardi, Andrea F. v. Axa Assistance Argentina SA”, confirmó que en tanto el plenario “Tulosai” impone descartar el supuesto de fraude, así como también que la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual lo sea sobre la base de un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, para descartar su cómputo, a los fines del art. 245, LCT, por imperio de la distribución de la carga de la prueba, la empleadora debió acreditar la utilización de un sistema de evaluación del desempeño del trabajador, detallarlo y hacerlo saber.

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Prácticas desleales. Tipificación. Requisitos. Similitud con los delitos del derecho penal. Sanción punitiva. Aplicación de principios del derecho contravencional. Desafiliaciones. Decisión privativa de los trabajadores. Nulidad. Legitimación para accionar. 06/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Alari, Blas J. v. Papelera San Andrés de Giles SA”, determinó que en nuestro ordenamiento jurídico las prácticas antisindicales están constituidas por aquellas conductas taxativamente tipificadas en el art. 53, LAS, a las que la ley atribuye una antijuridicidad especial, y que, sin constituir técnicamente delitos del derecho penal, se emparentan con ellos, por lo que se requiriere la configuración de una conducta típicamente antijurídica y, cuanto menos, culpable.

• Contrato de trabajo. Contratos especiales. Trabajo de mujeres. Estado de excedencia. Derecho a la indemnización reducida. Forma de la renuncia. 27/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Cella, María M. v. Chevron Argentina SRL”, resolvió que los arts. 183 y 186, LCT, establecen una regulación específica relativa a la renuncia al empleo de la trabajadora que se encuentra gozando de la licencia por maternidad, tanto por la forma tácita en que puede llevarse a cabo como por otorgar el derecho a una compensación económica mermada, equivalente a la cuarta parte de la indemnización prevista en el art. 245, LCT.

• Contrato de trabajo. Modalidades. Contrato de trabajo de temporada. Heladerías. Finalización antes del cese de la temporada. Art. 6°, CCT 273/1996. 30/09/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Verón, María C. v. Freddo SA”, confirmó que el art. 6°, CCT 273/1996, dispone que el contrato de trabajo de temporada debe celebrarse por un período no menor a noventa días, pero de dicha norma en modo alguno puede extraerse que se haya facultado al empleador para disponer en forma unilateral cuándo finaliza la temporada.

• Procedimiento laboral. Provincia de Mendoza. Recursos. Recursos de inconstitucionalidad y de casación. Diferencias en el objeto de ambos remedios procesales. Sociedades (En general). Administración y representación. Responsabilidad. Relaciones del socio con la sociedad. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. Recaudos de procedencia de la extensión de responsabilidad prevista por el párr. 3° del art. 54, ley 19.550. 14/12/2009

La Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, en autos “Noras, César en J. 36.445 -Herrera Cancino v. Troglia, Gabriela y otros p/acc.- s/inc. – Cas.”, estableció que la diferencia entre el planteo del recurso de inconstitucionalidad y el de casación está dada por la distinción doctrinaria de vicios “in procedendo” o “in indicando”: la inconstitucionalidad tiene por objeto observar y hacer observar las garantías constitucionales y, por ende, los vicios cometidos en el procedimiento; la casación, en cambio, tiene por finalidad el control de la legalidad, el vicio en la interpretación o la aplicación de la ley, es decir, del vicio “in indicando”, o sea en el juicio mismo del propio magistrado al decidir la controversia. Son, en principio, compartimientos estancos dentro del orden procesal mendocino y no pueden confundirse los fundamentos de ambos, so pena de un reparo formal serio

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Libertad sindical. Derecho de las asociaciones sindicales. Ejercicio de facultades privativas del gremio con personería gremial. Emisión de certificados de deuda. Deber de dar intervención a la entidad sindical que la ejerce de hecho. Garantía de defensa. Violación. Conflicto sobre encuadramiento sindical. Deber de agotar la vía asociacional. Ley 24.642. Finalidad. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Pirelli Neumáticos SA v. Sindicato de Empleados del Caucho y Afines”, consideró que el ejercicio de facultades privativas del gremio con personería gremial requiere la intervención y consulta de la entidad sindical que la ejerce de hecho y que ha sido legitimada por la cartera de trabajo en el ámbito de la negociación colectiva.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Principio de carga dinámica de la prueba. Aplicación. Indemnización. Vías de reparación. Consignación. Validez. Requisitos. Integridad de objeto. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Hospital Británico de Buenos Aires v. Laurenzena, Héctor L.”, estableció que el despido discriminatorio genera la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba, que hace que ella recaiga sobre quien está en mejores condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producirla.

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Casuística. Agresiones. Insulto a superior jerárquico. 18/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Miño, José A v. Dieron Electrónica SRL y otro”, estableció que el hecho de insultar a un superior en alta voz y frente a otras personas, más aún cuando la existencia de una provocación por parte del superior no fue demostrada -y ni siquiera invocada-, constituye una injuria que justifica el despido.

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Prueba. Tareas de limpieza en un predio rural. Régimen nacional del trabajo agrario (ley 22.248). Personal excluido (art. 6°, inc. b). Presunción de la existencia del contrato de trabajo del art. 23, LCT (ley 20.744). Aplicación. 04/03/2009

La C. Civ. Com. y Trab. Reconquista, en autos “Sandoval, Marcelo v. Caminos, Francisco y/u otro”, determinó que al trabajador no permanente, contratado para realizar tareas extraordinarias ajenas a la actividad agraria, no se le aplica el régimen nacional del trabajo agrario (art. 6°, inc. b, ley 22.248), sino la Ley de Contrato de Trabajo y la presunción contenida en su art. 23.

• Contrato de trabajo. Contratos especiales. Trabajo de mujeres. Estado de excedencia. Requisitos de su configuración. Obligaciones a cargo del empleador. 18/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Salinas Zieseniss, América F. v. Latin Call SA y otro”, resolvió que la opción prevista en el art. 186, LCT, ha sido establecida en beneficio de la trabajadora, para protegerla de ser despedida sin indemnización por abandono, y de ningún modo está destinada a suministrar al empleador pretextos para prescindir de una trabajadora cuya estabilidad está garantizada especialmente por los arts. 176 y 177, LCT.

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Límites de la tutela sindical. Representante de una entidad de primer grado sin personería gremial. 19/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Farinati, Alberto J. v. PAMI”, determinó que los convenios de la OIT constituyen una fuente de derecho con jerarquía supralegal (art. 75, inc. 22, CN) y, consecuentemente, si la ley interna no ha asignado tutela especial a los representantes de gremios carentes de personería gremial (arts. 48 y 52, ley 23.551), corresponde acudir a la normativa que se encuentra en un peldaño superior de la pirámide, como es la contemplada en el convenio 98 de la OIT, que ha sido ratificado.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificado de trabajo. Art. 80, LCT. Contenido del certificado. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Flores, Mariano S. v. 40 Grados Sur SA”, decidió que el formulario de ANSeS PS62 no cumple los recaudos previstos en el art. 80, LCT, y que no debe confundirse el certificado de trabajo de dicho artículo con la certificación de servicios y remuneraciones de la ley 24.241, ya que esta última se expide en el formulario de la ANSeS PS62, en el que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el artículo citado.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Complementarias. Adicionales. Antigüedad. Principio de igual remuneración por igual tarea. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Giménez, Pablo D. v. Indusnor SA”, resolvió que el pago de salario por antigüedad remunera la permanencia en el lugar de trabajo y la mayor experiencia adquirida, y que dicha circunstancia es una pauta objetiva que excluye la existencia de discriminación en los términos de los arts. 81, LCT, y 16, CN.

• Estatutos especiales. Viajantes de comercio. Remuneración. Generalidades. Viáticos. Comisión por cobranza. 21/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Ocampo, Carlos J. v. Habasit Argentina SA”, sostuvo que los viáticos de los viajantes de comercio acreditados con comprobantes en los términos del art. 6°, ley 24.241, y los reintegros de automóviles sin comprobantes y calculados por kilómetro recorrido según los parámetros fijados o que se fijen en el futuro como deducibles por la Dirección General Impositiva no poseen carácter remuneratorio.

• Estatutos especiales. Viajantes de comercio. Caracteres. Ámbito de aplicación. Venta de seguros. 25/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Nicoletta, Andrea P. v. Royal and Sun Alliance Seguros Argentina SA”, resolvió que l os promotores de paquetes turísticos, planes de ahorro, tarjetas de crédito o servicios de medicina prepaga -entre otros ejemplos-, así como quienes promueven afiliaciones a una AFJP, no se encuentran incluidos en el régimen especial regulado por la ley 14.546, ya que sus respectivas actividades no están dirigidas a concertar operaciones de venta de mercaderías.

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Responsabilidad de socios y administradores. Alcances. 20/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Hermo, Sergio D. v. La Cabaña Generosa SA y otro”, resolvió que l as transgresiones a la normativa laboral (registración parcialmente falaz de la remuneración) son imputables al presidente del directorio al menos a título de culpa, valorada desde el estándar del “buen hombre de negocios”, como lo fija el ordenamiento societario en los arts. 59 y 274; además, consideró que la responsabilidad solidaria del presidente del directorio se circunscribe a las indemnizaciones previstas por los arts. 8°, 9°, 10 y 15, ley 24.013, o a la del art. 1º, ley 25.323.

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificado de trabajo. Otros supuestos. Incorrecta calificación de los servicios. Imposibilidad de obtener jubilación anticipada. Reparación del daño. 16/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “De Luca, Néstor J. v. Petrobrás Energía SA”, resolvió que si d urante la vigencia de la relación, la patronal calificó las tareas sin ajuste a la normativa especial (tareas insalubres); no sufragó el plus de contribución patronal debido; declaró ante el órgano de contralor que los servicios eran normales y más tarde distorsionó los datos de hecho en la certificación del art. 80, LCT, y, finalmente, no proporcionó al organismo de contralor ninguna constancia que fuera idónea para que el trabajador pudiera contrarrestar el entuerto que ella misma había provocado con su inconsistencia, aquélla debe responder por el daño patrimonial sufrido por el trabajador por la desestimación de la jubilación requerida.

• Contrato de trabajo. Cuestiones generales. Ámbito de aplicación de la ley. Territorial. Contrato de trabajo suscripto en el país para ejecutarse en el extranjero. Leyes extranjeras contrarias a principios constitucionales nacionales. 13/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Willard, Michael v. Banco de la Nación Argentina”, resolvió que si existe más de un país en el cual se hubieran cumplido tareas, cabe entender que corresponde aplicar la legislación más favorable al trabajador.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Servicios de mensajería. 01/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Acosta, Jorge G. v. Gestión Buenos Aires SA y otro”, resolvió que l a empresa de mensajería no es una mera proveedora de personal o simple colocadora, sino una verdadera empresa según los términos del art. 5°, LCT, con clientela propia -entre ellos, la codemandada, cuyos servicios específicos fueron contratados por ésta última-; además, sostuvo que el hecho de que las tareas del trabajador de la empresa contratada hayan sido controladas o supervisadas por la contratante no la convierte en su empleadora, sino que ello es consecuencia lógica del funcionamiento de la explotación en el desarrollo de una actividad diversificada.

Reseña de las principales Normas Laborales de 2009

Por el Dr. Julio Armando Grisolia

 

• Ley 26.475 (BO del 26/01/2009)

Seguridad Social. Regímenes diferenciales (y/o especiales). Personal del Estado. Funcionarios que se hubieren desempeñado como Presidente de la Nación, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional durante el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Beneficios obtenidos. Extinción. Declaración.

 

• Resolución 40/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 26/01/2009)

Riesgos del trabajo. Entes de Regulación y Control. SRT. Auditorías Médicas. Auditorías médicas. Listado de lesiones a denunciar por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los empleadores autoasegurados. Plazos y formularios. Confirmación de denuncia. Modificación.

 

• Resolución 14/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 22/01/2009)

Empleo. Programas. Desarrollo del Empleo Local. Programa “Desarrollo de empleo local V”. Vigencia. Prórroga.

 

• Resolución 15/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 22/01/2009)

Empleo. Programas. Otros. Programa de Empleo Comunitario. Vigencia. Prórroga.

 

• Resolución 76/2009. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 10/02/2009)

Dispone que las constancias de CUIL, empadronamiento, certificación negativa y la historia laboral a través de la página de ANSeS no requieren la autenticación con sello y firma de un agente.

 

• Resolución 306/2009. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (BO del 13/02/2009)

Programa Nacional de Trabajos en Cárceles. Modificación de la res. 279/2006.

 

• Resolución conjunta 87/2009 y 33.773. Administración Nacional de la Seguridad Social y Superintendencia de Seguros de la Nación (BO del 16/02/2009)

Seguridad social. Seguros previsionales. Régimen legal. Sistema Integrado Previsional Argentino. Intercambio de información y rendición de las liquidaciones entre ANSeS y las compañías de seguro de retiro. Procedimiento. Aprobación.

 

• Resolución 163/2009. Superintendencia de Servicios de Salud (BO del 16/02/2009)

Obras sociales. Publicidad, promoción y difusión de servicios. Adecuación. Modificación.

 

• Decreto 108/2009 (BO del 17/02/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Contribuciones patronales. Exenciones. Derogación. Suspensión. Plazo.

 

• Disposición 78/2009. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 24/02/2009)

Recursos humanos. Empleados comprendidos en la categoría especial denominada “Personal – Ley 26.425”. Régimen de compensaciones. Aprobación.

 

• Disposición 77/2009. Administración Federal de Ingresos Públicos (Bo del 24/02/2009)

Recursos humanos. Empleados comprendidos en la categoría especial denominada “Personal – Ley 26.425”. Reglamento. Modificación

 

• Resolución 6/2009. Secretaría de Seguridad Social (BO del 03/03/2009)

Seguridad social. Régimen Legal. Sistema Integrado Previsional Argentino. Régimen Legal. Reglamentación. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Movilidad de las Prestaciones del Régimen Previsional Público. Modificación. Aplicación. Vigencia.

 

• Resolución 264/2009. Secretaría de Trabajo (BO del 05/03/2009)

Trabajo a domicilio. Industria del vestido. Fechas para el período de descanso de los tomadores de trabajo a domicilio. Modificación

 

• Resolución 1/2009. Subsecretaría de Gestión y Empleo Público (BO del 10/03/2009)

Seguridad social. Régimen legal. Sistema Integrado Previsional Argentino. AFJP. Administración Nacional de la Seguridad Social. Tramitación de las ofertas de empleo del personal no jerárquico de las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que opten por incorporarse al Estado nacional.

 

• Resolución conjunta 107/2009, 224/2009 y 257/2009. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Salud (BO del 16/03/2009)

Seguro de salud. Prestaciones. Beneficiarios. Obras sociales. Registro de Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud para la Atención Médica de Jubilados y Pensionados. Beneficiarios de la cobertura médico-asistencial. Valor de las cápitas transferidas. Modificación.

 

• Resolución general 2576. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 16/03/2009)

Impuestos. Regímenes de regularización. Normalización. Empleo. Promoción y protección del empleo. Régimen de Regularización Impositiva, Promoción y Protección del Empleo Registrado, Exteriorización y Repatriación de Capitales. Reglamentación. Norma complementaria.

 

• Resolución 135/2009. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 16/03/2009)

Seguridad social. Régimen Previsional Público. Haberes. Sistema Integrado Previsional Argentino. Afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia. Coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales. Aprobación.

 

• Resolución 231/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 25/03/2009)

Riesgos del trabajo. Entes de Regulación y Control. SRT. Normas generales. Política de Seguridad de la Información.

 

• Resolución 243/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 31/03/2009)

Empleo. Programas. Otros. Programa “Primer Empleo”. La Pampa. Aprobación. Vigencia. Prórroga.

 

• Resolución 238/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 31/03/2009)

Empleo. Prestación por desempleo. Seguro de capacitación y empleo. Implementación. Incentivos para la inclusión y permanencia en acciones de terminalidad educativa y formación profesional de las y los participantes. Establecimiento.

 

• Resolución 240/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 31/03/2009)

Empleo. Prestación por desempleo. Seguro de capacitación y empleo. Implementación. Trabajadores beneficiarios del Programa de Empleo Comunitario. Posibilidad de opción.

 

• Resolución 314/2009. Ministerio de Salud (BO del 01/04/2009)

Discapacitados. Aranceles. Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Aranceles. Modificación.

 

• Decreto 222/2009. Ministerio De Trabajo, Empleo Y Seguridad Social (BO del 01/04/2009)

Dase por prorrogada la designación de la Coordinadora de Programas y Proyectos Especiales de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Laborales de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales.

 

• Ley 26.480 (BO del 06/04/2009)

Discapacitados. Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral. Prestaciones complementarias. Asistencia domiciliaria. Modificación.

 

• Resolución general 2582. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 06/04/2009)

Impuesto a las ganancias. Regímenes especiales. Monotributo. Liquidación y percepción. Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Impuesto a las ganancias. Régimen de retención. Modificación.

 

• Resolución general 2585. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 07/04/2009)

Seguridad social. Aportes y Contribuciones. Normas Generales de Retención y Personal en Relación de Dependencia. Aportes de trabajadores autónomos. Empleados en relación de dependencia. Límites mínimo y máximo de bases imponibles para la determinación de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social. Nuevos importes. Implementación.

 

• Resolución 275/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 07/04/2009)

Seguridad social. Cancelación de Deudas. Régimen de Pago Voluntario para infracciones a la Normativa de la Seguridad Social. Suspensión. Plazo.

 

• Resolución 241/2009. Secretaría de Empleo (BO del 08/04/2009)

Empleo. Programas. Capacitación. Seguro de capacitación y empleo. Trabajadores desocupados que participen en actividades de entrenamiento para el trabajo o en el marco del Programa de Inserción Laboral. Percepción de prestaciones correspondientes al mencionado seguro. Continuidad.

 

• Ley 26.485 (BO del 14/04/2009)

Mujer. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales

 

• Ley 26.494 (BO del 22/04/2009)

Seguridad social. Regímenes Diferenciales (y/o Especiales). Personal de Industrias Varias. Industria de la construcción. Trabajadores de la industria de la construcción encuadrados en el marco de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 1º de la Ley Nº 22250. Régimen previsional diferencial. Establecimiento.

 

• Decreto 371/2009 (BO del 28/04/2009)

Da por prorrogada la designación del presidente del Tribunal del Trabajo Doméstico de la Dirección de Relaciones Individuales de la Secretaría de Trabajo.

 

• Resolución 348/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 05/05/2009)

Aprueba el texto del Estatuto Social de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires.

 

• Resolución 381/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 12/05/2009)

Contrato de trabajo. Jornada de Trabajo. Regímenes Especiales. Trabajo a tiempo parcial y de jornada reducida. Aquellas actividades en donde se utilizan las partes convencionales deberán determinar, a través de la negociación colectiva, las formas y alcances de su aplicación en cada establecimiento

 

• Resolución 551/2009. Superintendencia de Servicios de Salud (BO del 20/05/2009)

Organismos del Estado. Unidad de Análisis y Seguimiento de Expedientes. Creación.

 

• Resolución general 2614. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 28/05/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Normas Generales de Retención y personal en relación de dependencia. Aportes de trabajadores autónomos. Empleados en relación de dependencia. Límites mínimo y máximo de bases imponibles para la determinación de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de la seguridad social. Nuevos importes. Implementación. Norma complementaria.

 

• Resolución general 2613. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 28/05/2009)

Seguridad social. Regímenes diferenciales (y/o especiales). Personal de tareas rurales. Sistema Único de la Seguridad Social. Empleadores de la actividad tabacalera de Salta y Jujuy. Sistema de retención, información y de ajuste a la finalización de cada ejercicio anual. Saldo adeudado. Ingreso. Plazo excepcional.

 

• Resolución 558/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 29/05/2009)

Riesgos del trabajo. Prevención. Higiene y seguridad en el trabajo. Prevención y tratamiento del estrés postraumático suscitado a consecuencia de accidentes por arrollamiento en el ámbito ferroviario. Procedimiento. Aprobación.

 

• Resolución 557/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 29/05/2009)

Riesgos del trabajo. Financiación. Fondo de Garantía. Certificados de deuda con el Fondo. Jefes de departamento so categoría laboral igual o superior. Suscripción. Designación. Detección de empleadores privados deudores de cuotas omitidas al Fondo de Garantía. Procedimiento. Modificación.

 

• Resolución 521/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 10/06/2009)

Empleo. Programas. Otros. Programa jóvenes con más y mejor trabajo. Sistema “Modular”. Sistema “Gradual”. Cursos de Formación Profesional. Incentivo por aprobación. Determinación del monto. Plataforma Informática. Verificación de registros.

 

• Resolución 19/2009. Secretaría de Seguridad Social (BO del 17/06/2009)

Monotributo. Régimen legal. Seguridad social. Aportes y contribuciones. Autónomos. Cooperativas. Régimen Especial de los Recursos de la Seguridad Social para Pequeños Contribuyentes Asociados a Cooperativas de Trabajo. Reglamentación.

 

• Resolución general 2627. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 19/06/2009)

Impuesto a la ganancia mínima presunta. Liquidación y percepción. Impuesto sobre los bienes personales. Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Regímenes de anticipos. Norma complementaria.

 

• Resolución 34.103. Superintendencia de Seguros de la Nación (BO del 26/06/2009)

Seguros. Ejercicio de la actividad aseguradora. Reglamento General de la Actividad Aseguradora. Modificación.

 

• Resolución 387/2009. Secretaría de Empleo (BO del 26/06/2009)

Empleo. Programas. Talleres Protegidos. Empresas y Talleres Protegidos de Producción. Régimen de Crédito Fiscal. Parámetros para ser financiados. Determinación.

 

• Resolución 589/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 10/07/2009)

Trabajo agrario. Trabajadores no permanentes del Régimen Nacional del Trabajo Agrario. Ley 22.248.

 

• Resolución 366/2009. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 20/07/2009)

Seguridad social. Organización y funcionamiento. Trámites. Delegación de facultades.

 

• Resolución general 2647. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 22/07/2009)

Seguridad social. Recursos. Normas de procedimiento. Procedimiento tributario. Contencioso administrativo tributario. Aduana. Obligaciones impositivas, aduaneras y de los recursos de la seguridad social. Cómputo de los plazos. Determinación. Modificación.

 

• Resolución 606/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 28/07/2009)

Empleo. Prestación por desempleo. Programas. Capacitación. Seguro de capacitación y empleo. Beneficiarios cuyas prestaciones por desempleo previstas en la ley 24.013, Título IV, finalicen durante el segundo semestre de 2009. Inclusión. Requisitos.

 

• Resolución 603/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 28/07/2009)

Empleo. Prestación por desempleo. Seguro de capacitación y empleo. Personas privadas de su libertad y personas que estén incorporadas a medidas de tratamiento en el medio libre en virtud de disposición judicial. Extensión de la cobertura. Requisitos.

 

• Decreto 1018/2009 (BO del 31/07/2009)

Prorroga desde el 01/08/2009 y por el plazo de ciento ochenta días corridos el plazo establecido en el art. 14, ley 26.476.

 

• Resolución 2/2009. Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (BO del 04/08/2009)

Remuneraciones. Salario Mínimo, Vital y Móvil. Trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado nacional actúe como empleador. Determinación.

Texto Completo

 

• Resolución general 2650. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 05/08/2009)

Impuestos. Regímenes de regularización. Normalización. Empleo. Promoción y protección del empleo. Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales. Reglamentación.

 

• Decreto 1067/2009 (BO del 19/08/2009)

Empleo. Promoción y protección del empleo. Programa de Ingreso Social con Trabajo. Unidad Ejecutora de Ingreso Social. Autoridad de aplicación.

 

• Resolución general 2659. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 19/08/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Contribuciones patronales. Empleadores del sector salud. Determinación e ingreso de aportes y contribuciones. Procedimientos, plazos, formas y condiciones. Plazo especial de ingreso.

 

• Resolución 65/2009. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 31/08/2009)

Seguridad social. Haberes. Coeficientes de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas por los afiliados que hubiesen prestado tareas en relación de dependencia. Aprobación.

 

• Ley 26.508 – 04/09/2009

Seguridad social. Regímenes diferenciales (y/o especiales). Personal de educación. Docentes y no docentes. Personal docente de las universidades públicas nacionales. Régimen Previsional.

 

• Decreto 1175/2009 – 04/09/2009

Seguridad social. Regímenes diferenciales (y/o especiales). Personal de educación. Docentes y no docentes. Personal docente de las universidades públicas nacionales. Régimen Previsional. Veto parcial.

Texto Completo

 

• Resolución general 2666. Administración Federal de Ingresos Públicos – 04/09/2009

Impuesto a las ganancias. Regímenes especiales. Monotributo. Liquidación y percepción. Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS). Régimen de Retención. Sustitución. Modificación.

Texto Completo

 

• Resolución general 2673. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 10/09/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Autónomos. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Trabajadores autónomos. Inscripción, determinación de la categoría de revista e ingreso del aporte personal. Cálculo de los aportes previsionales. Modificación.

 

• Resolución 934/2009. Superintendencia de Servicios de Salud (BO del 16/09/2009)

Salud pública. Obras sociales. Remisión a la Superintendencia de Servicios de Salud de información referida a tratamientos que se han dispensado desde el 1/1/2006 a los beneficiarios afectados por enfermedades oncológicas, de virus HIV o de hemofilia. Plazo.

 

• Resolución 134/2009. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 17/09/2009)

Seguridad social. Régimen legal. Sistema Integrado Previsional Argentino. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Reglamentación.

 

• Disposición 46/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 21/09/2009)

Riesgos del trabajo. Prevención. Plan de Mejoramiento. Programa de Rehabilitación para Empresas con Establecimientos que Registren Alta Siniestralidad. Aseguradoras de riesgos del trabajo. Remisión de información. Procedimiento.

 

• Resolución 950/2009. Superintendencia de Servicios de Salud (BO del 25/09/2009)

Obras sociales. Mecanismo de opción de cambio de obra social. Modificación.

 

• Resolución 176/2009. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 01/10/2009)

Seguridad social. Régimen legal. Sistema Integrado Previsional Argentino. Trabajadores en relación de dependencia. Gestión de la jubilación automática. Procedimiento.

 

• Resolución general 2682. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 02/10/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Industria de la construcción. Recursos de la seguridad social. Contribuciones patronales. Empresas constructoras. Contratistas y/o subcontratistas. Régimen de retención.

 

• Resolución 1408/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 05/10/2009)

Riesgos del trabajo. Establece la inclusión en los contratos suscriptos entre las aseguradoras de riesgos del trabajo, los empleadores autoasegurados y los prestadores médicos, de una cláusula mediante la cual el prestador médico reconoce las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

 

• Resolución 1408/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 05/10/2009)

Riesgos del trabajo. Establece la inclusión en los contratos suscriptos entre las aseguradoras de riesgos del trabajo, los empleadores autoasegurados y los prestadores médicos, de una cláusula mediante la cual el prestador médico reconoce las facultades de fiscalización de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

 

• Resolución general 2688. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 21/10/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Normas Generales de Retención y personal en relación de dependencia. Trabajo agrario. Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS). Empleadores. Trabajadores en relación de dependencia. “Clave de Alta Temprana”. Implementación. Registro. Creación. Requisitos. Información a suministrar. Registración provisoria de trabajadores rurales. Simplificación registral.

 

• Resolución general 2690. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 22/10/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Contribuciones patronales. Empleadores. Determinación e ingreso de aportes y contribuciones. Procedimientos, plazos, formas y condiciones. Texto sustituido de la resolución general DGI 3834. Régimen previsional diferencial para el personal docente de las universidades públicas. Declaraciones juradas.

 

• Resolución 111/2009. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 27/10/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Trabajadores autónomos. Jubilación anticipada. Reconocimiento de servicios en relación de dependencia. Acreditación de cuentas en la AFIP. Normas complementarias e interpretativas. Tramitación de la pensión. Modificación.

 

• Decreto 1602/2009 (BO del 30/10/2009)

Asignaciones familiares. Régimen General y Disposiciones Especiales. Régimen. Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por hijo para Protección Social. Incorporación.

Texto Completo

 

• Resolución conjunta 825/2009 y 338/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Educación (BO del 27/10/2009)

Pasantías. Educación. Sistema educativo nacional. Sistema de Pasantías Educativas. Reglamentación.

Texto Completo

 

• Resolución 523/2009. Ministerio de Salud (BO del 30/10/2009)

Discapacitados. Aranceles. Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Aranceles. Modificación.

 

• Decreto 1693/2009 (BO del 06/11/2009)

Diarios y revistas. Diarios, revistas y afines. Venta y distribución en la vía pública. Régimen jurídico. Modificación.

Texto Completo

 

• Decreto 1694/2009 (BO del 06/11/2009)

Riesgos del trabajo. Régimen Legal. Registros. Régimen. Prestaciones Dinerarias. Montos. Incremento. Registro de Prestadores Médico Asistenciales. Creación.

Texto Completo

 

• Resolución general 2702. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 10/11/2009)

Seguridad social. Servicio “Trabajo en Blanco”. Su implementación.

 

• Resolución 98/2009. Secretaría de la Gestión Pública (BO del 10/11/2009)

Administración Pública nacional. Aprueba los regímenes de evaluación del desempeño del personal.

 

• Decreto 1729/2009 (BO del 13/11/2009)

Asignaciones familiares. Asignaciones por Hijos. Asignaciones Familiares por prenatal, hijo y por hijo con discapacidad. Valores. Incremento.

 

• Decreto 1729/2009 (BO del 13/11/2009)

Asignaciones familiares. Asignaciones por Hijos. Asignaciones Familiares por prenatal, hijo y por hijo con discapacidad. Valores. Incremento.

 

• Resolución 1642/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 25/11/2009)

Comisión de trabajo para empresas con establecimientos que registren alta siniestralidad en la actividad de la construcción. Creación.

 

• Resolución 1566/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 25/11/2009)

Entes de regulación y control. SRT. Normas generales. Feriado judicial de enero de 2010. Suspensión de los plazos administrativos.

 

• Resolución 1665/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 01/12/2009)

Prestaciones dinerarias. Normas generales. Régimen. Prestaciones dinerarias. Montos. Equivalencia del valor. Módulo provisional. Determinación.

 

• Resolución 393/2009. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 10/12/2009)

Asignaciones familiares. Régimen General y Disposiciones Especiales. Régimen. Subsistema no Contributivo de Asignación Universal por hijo para Protección Social. Reglamentación.

 

• Resolución 331/2009. Secretaría de Hacienda (BO del 14/12/2009)

Administración pública. Remuneraciones. Sueldo anual complementario. Segundo semestre de cada año. Pago. Pautas. Modificación

 

• Ley 26.565 (BO del 21/12/2009)

Monotributo. Régimen legal. Seguridad social. Aportes y contribuciones. Autónomos. Impuesto a las ganancias. Regímenes especiales. Impuesto al valor agregado. Retención y Percepción. Regímenes especiales. Pequeños contribuyentes. Impuestos a las ganancias, al valor agregado y al sistema previsional. Régimen tributario integrado y simplificado

LA SITUACION ACTUAL DE ALGUNOS DE LOS INSTITUTOS DE LA LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

Por Pedro Fernando Nuñez

 

Me parece apropiado debatir, una vez más, algunos temas relativos a la Ley de Riesgos del Trabajo, más allá de que ya ha sido analizada -y, podríamos decir, “descuartizada”- por todos los especialistas en el tema cada vez con más fuerza, lo que paradójicamente en lugar de llevarla más rápidamente al rincón de los objetos inservibles la revitaliza en su aplicación a una realidad que ya no puede cubrir.

 

Todos sabemos y es innecesario insistir en tal temática cual ha sido la historia de la protección en la Argentina de los infortunios laborales, a partir de la sanción de la primera norma protectora en 1915 – la ley 9688- que en su momento constituyera un avance más de nuestro país en el ámbito de las relaciones del trabajo y que se constituyera durante casi ochenta años en un hito de aplicación obligatoria, sin prácticamente opiniones en contrario y que finalizara su vigencia con la entrada en vigencia de la ley 24.028, que subsistió hasta el año 1996, en medio de una ola de la denominada normatividad neoliberal, que pretendió incidir en todos los institutos del derecho del trabajo y que llevó a muchos colegas a preguntarse si no había llegado el “fin del derecho del trabajo” como disciplina autónoma.

 

Esta primera ley protegía en forma amplia, por decirlo así, los infortunios ocasionados no solamente en el trabajo, sino en lo que se denominó la doctrina “accidentes in itinere” que eran los que se sucedían en el trayecto seguido por el trabajador desde su domicilio a su trabajo y regreso al mismo.

 

Por otra parte, la jurisprudencia con el correr del tiempo introdujo la figura de la “enfermedad accidente” y dio lugar a la teoría de la “indiferencia de la concausa” que fuera tan resistida por muchos, principalmente porque colocaba en cabeza de la responsabilidad del empleador el pago de indemnizaciones que no eran causadas en el mundo laboral, sino que eran preexistentes al mismo en muchos casos, lo que aumentaba los costos empresariales.

 

Otro de los factores que redundaron en que la vieja ley 9688 fuera derogada y reemplazada por la ley 24.028, en el año 1991. fue -se dijo entonces- la cuantía en el monto de los juicios, y las -según algunos- abultadas sumas que se pagaban en concepto de honorarios a los letrados de las partes intervinientes y a los peritos.

 

Es así que llegamos al 13 de septiembre de l995 en que se sanciona la ley 24.557, fruto de un acuerdo celebrado entre la Unión Industrial Argentina y otras entidades empresarias y la Confederación General del Trabajo, se promulga el 3 de octubre del mismo año y se publica el 4 del mismo mes y año, pero recién comienza a regir el 1º de julio de 1996.

 

Esta ley, para distinguirla de toda la legislación existente hasta ese momento, se la denomina Ley de Riesgos del Trabajo, con el objeto -según se dijo entonces- de que surgiera un nuevo enfoque en la materia que estaba mucho más referido a la prevención de los siniestros que a la reparación del daño que ellos provocan.

Y efectivamente, la ley enunciaba entre sus contenidos prioritarios la “reducción de la siniestralidad laboral, a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo” y se fijaba además como otro hecho novedoso la “reparación de los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado y luego promover su recalificación y recolocación”.

 

Finalizaba la enunciación de sus objetivos con la afirmación de que se “promovería la negociación colectiva laboral para mejorar las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras”.

 

Desgraciadamente, podemos afirmar con plena convicción, que ninguno de estos enunciados fue cumplido en su totalidad y eso hizo que la ley cada vez más provocara incumplimientos y sus consecuentes sanciones de inconstitucionalidad decretados por diversos tribunales de nuestro país.

 

Es así que en medio de lo que podemos calificar como una desordenada aplicación de la nueva norma y en medio de centenares de inconstitucionalidades decretadas con referencia sobre todo a la aplicación entre otros, de los artículos, 39 inc. 1º, 46 y 14, inc.2 b, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2000, en el expediente “Gorosito v. Riva S.A s/ daños y perjuicios”, contra viento y marea, reafirma la validez de la cuestionada normativa, que había previamente sido declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Neuquén, basándose en que el sistema de reparación de daños establecido en la ley 24.557 era adecuado y no vulneraba principio constitucional alguno. Confirmó la constitucionalidad de la norma objetada, que era el art. 39, inc 1º, afirmando que lo percibido por el actor constituía una reparación integral.

 

No obstante ello siguieron declarándose las inconstitucionalidades sobre algunos de los artículos de la ley y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en pronunciamientos del mes de septiembre y octubre del año 2004, ya prácticamente en su actual composición, resolvió en tres sentencias paradigmáticas – a las que le siguieron luego otras más- los temas siguientes.

 

En primer lugar, con respecto al art. 39, inc 1º que había sido objeto de fuertes cuestionamientos, tanto en la doctrina, como en la jurisprudencia, declaró que si bien podían existir sistemas de reparación de daños que fueran diferentes a los establecidos en las normas del Código Civil, ello era posible, siempre que se lograra una reparación integral del daño en cada caso concreto.

 

En una sentencia de importante contenido jurídico y social, en el caso “Aquino, Isacio, v. Cargo s/ daños y perjuicios” declaró -en abstracto- la inconstitucionalidad del artículo 39, inc. 1º, de la Ley de Riesgos del Trabajo y amplia la doctrina de la reparación integral que establecen los artículos 1109 y 1113 del Código Civil y expresa demás que la “norma objetada es contraria a la dignidad humana”, al convertir al trabajador en una mercancía dentro del sistema productivo. El pronunciamiento en cuestión se complementó luego con otros dallos del Alto Tribunal, que reafirmaron el derecho del trabajador a la reparación plena en diversos supuestos, entre los que pueden citarse el caso “Díaz, Timoteo v. Vaspia” (CSJN, 7/3/2006), “Silva” (CSJN, 18/7/2007), “Soria” (CSJN, 10/4/2007), “Llosco” y “Cachambí” (CSJN, 16/6/2007), y “Arostegui” (CSJN, 8/4/2008).

 

Otro tema importante tratado por la Corte afecta el pago de las prestaciones dinerarias en cuotas, pues la ley establecía en su texto original, reformado por el Decreto 1278/2000, el pago de la indemnización resultante de acuerdo al dictamen de las Comisiones Médicas o en el caso de fallecimiento en prestaciones dinerarias mensuales.

 

Así, el 26 de octubre del 2004, en la causa “Milone v. Asociart”, el máximo Tribunal dispone la inconstitucionalidad del artículo 14, 2b de la Ley de Riesgos del Trabajo al ordenar en el caso de un taxista que no tenía posibilidades de seguir con su trabajo, el pago en una única vez de la indemnización correspondiente, fijando asimismo el criterio de que el pago en cuotas, sólo era posible, cuando de las circunstancias, le permitiera al trabajador afectado, reformular su proyecto de vida. La posibilidad de reclamar la indemnización en una sola vez fue luego reafirmada en el fallo “Suarez Guimbard” (CSJN, 24/6/2008), aplicable a los infortunios acaecidos luego del dictado del decreto 1278/200.

 

En el último de los supuestos que queremos analizar con respecto a las principales inconstitucionalidades de la Ley de Riesgos del Trabajo, nuestra Corte Suprema resolvió las contradicciones que planteaba el artículo 46, inciso 1º, al hacer intervenir a la justicia federal en el tratamiento de las apelaciones presentadas contra los dictamenes de las Comisiones Médicas provinciales, y en cuanto a la constitucionalidad misma del procedimiento administrativo previo.

 

En el fallo “Castillo, Angel Santos v. Cerámica Alberti S.A.”, proveniente del Superior Tribunal de la Provincia de Mendoza, la Corte, al confirmar la decisión apelada resolvió la inconstitucionalidad de dicho artículo resolviendo que dichos recursos debían ser tratados por los juzgados locales pues la justicia federal estaba para temas que no tenían nada que ver con los accidentes y enfermedades del trabajo. En cuanto a la constitucionalidad de las resoluciones de las comisiones médicas, el procedimiento administrativo, y la limitación de la responsabilidad de las ART, también se expidió la Corte, en los sonados casos “Saldaño” (9/8/2005), “Venialgo” (13/3/2007), “Marchetti” (4/12/2007), “Busto” (17/4/2007), y “Galván” (30/12/2007), entre otros.

 

Como hemos podido ver, analizando solamente una limitada porción del articulado de de la Ley de Riesgos del Trabajo, y sin dejar de considerar que en el resto de su articulado abundan las normas cuestionadas tanto por la doctrina y la jurisprudencia, la arquitectura jurídica de dicha norma ha sufrido y sigue sufriendo fuertes reproches sobre la constitucionalidad de sus disposiciones afectando en el terreno práctico su aplicación y funcionamiento.

 

¿No será hora de que cumplan, de una buena vez, las continuas promesas de su reforma o mejoramiento, teniendo en cuenta sobre todo los pensamientos doctrinarios expresados por nuestro Tribunal Supremo?

 

Tanto los empleadores como los trabajadores se merecen que estas normas tan necesarias dentro de las relaciones laborales sean perfeccionadas mirando el futuro, y no hacía el pasado.

EL FRAUDE A LA LEY – LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA – LA ETICA

por Estela Milagros Ferreirós

 

PRIMERO

QUÉ ES LA LEY Y QUE ES EL FRAUDE A LA LEY.

 

Se suele afirmar, a mi modo de ver, con bastante acierto, que la ley es un precepto común, justo, estable y promulgado. En suma, encierra igualdad de tratamiento en situaciones iguales; se formula en términos generales y está establecido por la autoridad competente.

 

De tal manera, encontramos en ella, obligatoriedad, generalidad, justicia y autenticidad.

 

Entre ellas existen algunas que excluyen la voluntad privada, y a aquellos que, en determinadas circunstancias quedan aprehendidos por ellas, se les impone, sin que puedan modificarla o sustraerse a su designios y consecuencias. He allí las leyes imperativas, a las que gran parte de la doctrina identifica con las leyes de orden público, de gran importancia en el Derecho del Trabajo. Empero, es importante tener presente, que no es tan así y que si bien toda norma de orden público es imperativa, no toda ley imperativa es de orden público, como las que imponen formas solemnes para determinados actos.

 

Lo cierto y que nos importa especialmente, es que, hoy por hoy, la doctrina es unánime en sostener que el juez puede decir que una ley es inderogable para los particulares, con lo cual la incluye entre las normas imperativas, una de cuyas especies es, sin lugar a dudas, el orden público

 

Cuando nos encontramos con leyes imperativas abundantes, como las que se advierten en el Derecho del Trabajo, suele ocurrir que no siempre esa imperatividad, sea aceptada de buen grado por todos los ciudadanos, más allá de que sea lo mejor para el conjunto social.

 

Es importante tenerlo en cuenta, habida cuenta que podemos considerar una serie de enfoques que conducen a una importante clasificación de las leyes en general, dando lugar a que podamos considerar las leyes en sentido material y formal, abarcando el primer concepto toda norma general y obligatoria, mientras el segundo refiere a aquellas que han sido sancionadas por el Congreso de la Nación.

 

También podemos referirnos a las leyes de derecho estricto y de derecho equitativo, siendo en las primeras, el precepto taxativo, sin dejar margen para apreciar las circunstancias del caso concreto ni graduar sus consecuencias, mientras en las segundas, resultan menos indeterminados los requisitos del caso regulado, dejando un cierto margen para regular las circunstancias de hecho, situaciones en las que el legislador da margen para una posible graduación de la sanción.

 

Encontramos, las leyes imperativas y las supletorias, en las cuales, las primeras, como dije, excluyen o suprimen la voluntad privada, imponiendo su regulación a los interesados, que no pueden modificarlas, ni sustraerse a sus consecuencias. Las supletorias, en cambio, respetan la iniciativa y la voluntad de los particulares o permiten introducir efectos de una regulación complementaria, para los casos en que esa voluntad no se haya exteriorizado.

 

Se puede hablar también, de leyes perceptivas y prohibitivas, dentro de las leyes imperativas; la primera es la que ordena una consecuencia jurídica forzosa, imponiendo determinados actos o prestaciones, como los alimentos; y las leyes prohibitivas; son las que prohiben algo sin pronunciar una norma jurídica positiva que haya de regir en lugar de lo prohibido.

 

Y dentro de las leyes supletorias, encontramos, las leyes complementarias y las interpretativas. Las complementarias suplen la falta o carencia de la expresión de voluntad de las partes, y las segundas, son las que tienden a determinar la voluntad de las partes cuando ella se ha manifestado de manera dudosa o incompleta.

 

Por otra parte, las leyes pueden ser imperfectas, cuando no consignan sanción; perfectas cuando sí la consignan y más que perfectas, cuando a la sanción común acumulan la nulidad del acto.

 

La importancia de poseer un cabal conocimiento de la ley y sus distintos tipos, nos ayuda, no sólo a interpretarla, sino a tener una clara visión de cuándo y cómo se ha violado.

 

Y es también central, para el tema que abordamos, comprender claramente uno de los conceptos más difíciles del derecho, tal como es el orden público. Tan compleja es su conceptualización, que a su alrededor se han elaborado una serie de doctrinas no muy claras. Empero, puede arrimarse uno a tal conocimiento, señalando que, en la actualidad, el orden público coincide con lo que interesa al orden social, o a las instituciones fundamentales del Estado.

 

Por eso, es absurdo pensar, que el orden público puede ser, jamás, un concepto ajeno al mundo jurídico, aclaro esto, porque en épocas recientes, se ha intentado introducir el concepto de orden público económico, sin advertir que la economía es una ciencia instrumental, que no pertenece al núcleo de lo institucional, sino que ayuda a su funcionamiento, y todo lo que es orden público, es núcleo.

 

En rigor de verdad, es imposible hablar de actos contrarios a la ley, como es el fraude, sin una cercanía a la ley misma, acerca de la cual, se explayaran, Platón, Aristóteles y Montesquieu mismo, cuando elabora: “Del Espíritu de las Leyes”, y se refiere a ellas como elementos de pacificación, al expresar que: “Desde el momento en que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento de su debilidad; la igualdad en que se encontraban antes deja de existir y cominenza el estado de guerra…, la ley, en general, es la razón humana en cuanto gobierna a todos los pueblos de la tierra; las leyes políticas y civiles de cada nación, no deben ser más que los casos particulares, a los que se aplica la razón humana.”

 

Siguiendo la idea de Montesquieu, y la del propio Platón, la ley, resulta un elemento conductor de pacificación entre los hombres, a los que el propio Hobbes, consideró como “lobos”, por el deseo de dominarse los unos a los otros.

 

De tal manera, propiamente en la naturaleza humana, yace la imperfección, que trae, necesariamente, aunque también excepcionalmente, actos contrarios a la ley.

 

De tal manera, la consecuencia de la infracción a la ley, es aplicar la sanción que ella misma señala, a los efectos de retornar al orden jurídico, que se ha visto perturbado y desestabilizado, con clara tendencia, por lo expuesto desde antiguo, a la ruptura de la pacificación

 

Es que la violación de la ley, irrumpe en el mundo jurídico, como un elemento de destrucción del tejido social; y desde siempre, el legislador, ha sabido de sus efectos altamente dañinos, tanto, para los directamente afectados, como para la sociedad toda, que aparece amenazada en su riqueza vital.

 

De allí, que el artículo 18 del Código Civil, en una norma de aplicación general, señale que: “los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor; si la ley no designa otro efecto para el caso de la contravención.”

 

Este artículo 18, se está refiriendo, a las leyes prohibitivas imperativas, y les impone la nulidad, la cual consiste en la privación de los efectos normales del acto, como consecuencia de un vicio originario.

 

Obviamente existen otros tipos de sanciones, ya sean de carácter positivo o negativo, siendo las primeras las que imponen una conducta, y las segundas, las que persiguen por medios indirectos, coaccionar al infractor, al cumplimiento de la norma.

 

En ese andarivel, es bueno recordar, ya que algunos lo han olvidado, que el citado artículo 18 del CC, al señalar la ausencia de valor de los actos prohibidos por las leyes, se refiere a que carecen de valor como actos jurídicos, dejando abierta la via para la acción que como actos ilícitos pudiera caberles. Por otra parte, lo expuesto debe comparecerse, con el artículo 1037 del mismo cuerpo legal, ya que si este último prohibe a los jueces declarar otras nulidades de los actos jurídicos de las que en este código se establecen, a tal fin, debe tenerse en cuenta que, la nulidad genéricamente establecida en el artículo 18 de referencia, elimina toda posibilidad de contradicción y otorga a los jueces, algo que rara vez se recuerda, que es la facultad de crear nulidades virtuales. Es que la norma de nulidades general, se considera parte integrante de todas las normas de carácter prohibitivo, evitando la necesidad de establecer en cada una de ellas la nulidad correspondiente.

 

La LCT, detenta el artículo 13, que reza: ” Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por éstas.”

 

De cualquier manera, y he de volver sobre el tema, existe, dentro del mundo jurídico, un ámbito de ineficacia, donde no sólo encontramos nulidades, sino que éstas, son un territorio, dentro de un contexto más amplio de ineficacia negocial, como concepto más abarcativo, del cual, la nulidad participa.

 

Allí encontramos también el concepto: ” inoponibilidad”, aparecido recién en el siglo XX, en Francia, con Japiot y Bastian y que refiere a un supuesto de ineficacia establecido por la ley, que priva a un negocio válido y eficaz, de sus efectos, respecto de determinados sujetos, a los que la ley dirige su protección. Ese sujeto, especialmente protegido, como es el caso del trabajador, recibe el derecho de ignorar para sí, la existencia del negocio jurídico, impidiendo a otros ejercer las pretensiones jurídicas emanadas del acto, con respecto a él.

 

Este artículo 13 de la LCT, establece la sustitución de pleno derecho, en un reemplazo automático de la cláusula que se haya introducido en el contrato, modificando en perjuicio del trabajador los mejores beneficios establecidos en la ley, produciendo con dicho reemplazo, la imposición de la norma legal o convencional más favorable, en una operación que se realiza, en conjunción con el artículo 7 de la misma ley.

 

Claro está que, todo ello, sin perder de vista, que en nuestra disciplina, la nulidad por objeto prohibido está siempre dirigida al empleador, mientras que la nulidad por objeto ilícito, no permite que las partes se reclamen nada con motivo del contrato.

 

En suma que, en el Derecho del Trabajo, no siempre una nulidad conlleva la cesación de efectos y muchas veces, se trata de la supresión de los efectos aviesos o “in pejus” que se pretenden, con un reemplazo automático de las consecuencias correspondientes.

 

2.- EL FRAUDE A LA LEY.

 

Tengo dicho antes de ahora que el fraude a la ley, se produce cuando, en negocios jurídicos aparentemente lícitos, por realizarse al amparo de una determinada ley vigente, denominada ley de cobertura, se persigue la obtención de un resultado analógico o equivalente al prohibido por otra norma imperativa, denominada ley defraudada. (Conf. Ferreirós-Olavarría- López Palomero, Vaquez; “El fraude y sus consecuencias jurídicas”, Ed La Rocca, Buenos Aires, 2007)

 

El vicio puede darse, tanto en la interpretación de la ley, en la eficacia o en la aplicación. Y no es lo mismo que la in fracción a la ley, ya que una cosa es el acto “contra legem”, y otra, el acto “fraude legem”

 

Son elementos insoslayables del fraude a la ley:

 

– Existencia de un negocio formalmente lícito. Allí se utiliza la norma de cobertura.

– Existencia de una ley imperativa que veda el resultado análogo

 

No se requiere la intención de defraudar, sino que resulta suficiente que haya una vulneración objetiva de los fines de la norma imperativa. Tal como enseña Mosset Iturraspe, entre otros, no se requiere ningún elemento subjetivo.

 

En ese andarivel se ha señalado, a mi modo de ver, con acierto, que para determinar si un acto es o no en fraude a la ley, hay que acudir a la causa fin y comparar los fines con los intereses. Si lo fines o los intereses de las partes, son análogos, a los prohibidos por la ley imperativa, el negocio es en fraude a ella, aunque aparezca formalmente lícito, al amparo de la ley de cobertura. Es que no se busca castigar la mala fe, sino, proteger los fines de las leyes y, aunque parezca mentira, esto trae a la mente la idea, anteriormente expresada, de Montesquieu, de cumplimiento para la pacificación, de la postergación de intereses personales, sobre los que prevalecen los intereses sociales.

 

En suma, debe haber una correspondencia entre el negocio querido por las partes y la razón de ser jurídica del negocio. Hay un tipo, al que se debe responder. Si no es así, si en el tipo legal, que es la razón de ser del negocio, se introduce un defecto que distorsiona la causa, hay fraude.

 

Así la Corte de Casación Italiana, considera que el contrato en fraude a la ley se caracteriza por las divergencias entre la causa típica del contrato elegido y la determinación causal de las partes enderezadas a eludir la norma imperativa.

 

CASOS CLAROS DE FRAUDE A LA LEY, FRECUENTES EN EL DERECHO DEL TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS.

A.- EL PERIODO DE PRUEBA.

 

El artículo 92 bis de la LCT, refiere, en lo pertinente: “Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso (se refiere a los tres meses del período de prueba), sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar, según lo establecido en los artículo 231 y 232.”

 

En el caso que nos ocupa, nadie discute que el contrato de trabajo se encuentra con vida desde la celebración misma; empero, el legislador establece un periodo de carencia durante el cual, se encuentra suspendido un efecto del contrato de trabajo, que es la estabilidad. Eso se establece, con la finalidad de que se pueda probar la aptitud, en el caso del trabajador, para la función para la cual se la requiere.

 

Nos encontramos con una modalidad, que es el plazo por tres meses, que marca el tiempo de carencia del efecto indicado, y dentro del plazo con una condición que por prohibición legal, no puede ser meramente potestativa, porque sería nula; es decir no puede depender la finalidad del instituto, de la sola voluntad del empleador-obligado. La condición es que no sea apto para la función; de lo contrario, no puede aplicarse la licencia que el artículo confiere.

 

La finalidad del instituto, es la prueba; no el capricho de alguna de las partes, ni, en el caso, del empleador, por eso, ante indicios de que el despido se produce por otro motivo, corresponde la inversión de la carga de la prueba y acreditada una causal distinta de la ineptitud, el instituto cae y el contrato retoma automáticamente la estabilidad, en razón de que la suspensión de ese efecto, desaparece

 

Se habría producido un fraude a la ley, por la utilización de ella, con una finalidad distinta de la establecida por el legislador. Se estaría violando el artículo 90 de la LCT y el artículo 14 bis de la CN.

 

B.- EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LCT.

 

La norma en cuestión, señala, en lo pertinente:”Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo (es decir cuando se produzca el abuso del ius variandi), al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa, o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto, la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiendo innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva”.

 

En estos casos, se suele ver con cierta frecuencia que ante la intimación del trabajador al empleador o ante la promoción de la demanda, el principal acude al artículo 245 de la LCT y despide al reclamante.

 

En rigor de verdad, la finalidad del novel instituto, es brindar al trabajador una protección especial, mientras se ventila en los estrados judiciales, si existe abuso o no en el ius variandi.

 

De manera tal, que, si a la vez, se tiene en cuenta, que la norma del artículo 245, tiene por objeto una sanción ante el despido arbitrario como acto ilícito, no es tolerable burlar la protección del artículo 66, segundo párrafo, en su finalidad, acudiendo a la intermediación ilícita.

 

En rigor de verdad, en este caso, no nos encontramos, ante un despido arbitrario, sino ante un despido fraudulento, que no puede serle oponible al trabajador. El mismo debe caer aprehendido por el artículo 18 del CC, y el trabajador, debe ser reinstalado, por lo menos, hasta que se haya cumplido la finalidad del artículo 66, segundo párrafo que no puede ser burlada, con la utilización de otra norma.

 

Y por qué digo “por lo menos”; porque podría ocurrir que se despidiera al trabajador, al retomar éste sus tareas

 

Es oportuno recordar que la sanción que impone el artículo 245, se corresponde con los despidos, según reza la propia ley: “sin justa causa”, pero no incluye los despidos que claramente, se lleven a cabo, como un acto “de fraude” o como una “represalia”, por haber debido cumplir con un precepto legal. Igual situación se produciría, si a penas terminada la gestión de un representante legal, se lo despido sin justa causa.

 

En estos casos, existe una fuerte presunción de que existe una causa, que no es, por otra parte, discriminación, sino un claro afán de separar de la fuente de trabajo, un dependiente, que ha mantenido una protección especial que le ha brindado la ley, y que ha resultado una imposición no deseada.

 

En tal caso, la presencia de indicios de esta situación, conlleva, a mi modo de ver, la inversión de la carga de la prueba, y deberá ser el empleador, el que deberá probar, que no lo despidió como “represalia” por la detección inmediata de un derecho protectorio, que le ha molestado.

 

Después de todo, no olvidemos que el empleador no pose un “derecho a despedir” a cambio del pago de una sanción, porque esto no sería ni jurídico, ni moral, sino que, cuando despide sin justa causa es sancionado con una indemnización de daños y perjuicios, que, en muchas ocasiones es tarifada.

 

De tal manera, el despido fraudulento, es decir aquel que se produce burlando una ley de cobertura, como en el caso del segundo párrafo del artículo 66 de la LCT, conlleva la reinstalación y el despido represalia también, porque ellos no están contemplados en la sanción del artículo 245 de la LCT, que es sólo para el despido sin causa, según lo expresa la propia ley

 

Claro está que el trabajador, a los efectos, del “despido represalia”, deberá arrimar los “indicios”, conducentes a la inversión de la carga de la prueba. Es una situación similar a la que suele ocurrir con la discriminación, donde la prueba suele sufrir graves dificultades.

 

En ese andarivel, es bueno recordar, que el principio protectorio, aunque no se recuerde tanto como se debiera, está también constituido por la regla de “la facilitación de la prueba en el proceso”; y, justamente, allí, es donde cobran especial dimensión las presunciones y los indicios.

 

Las presunciones, fueron primeramente introducidas por la jurisprudencia en el Derecho del Trabajo y luego receptadas por la propia ley

Son operaciones intelectuales, nacidas de la observación de la realidad y, en ese sentido, al igual que los indicios, se fundan en la observación de hechos corrientes, de los cuales normalmente se derivan otros. Así, se veo humo, es porque hay fuego; ese es un signo indiciario. Y, por otra parte, si un menor adulto trabaja, se presume que está autorizado.

 

No termina allí, la cuestión, ya que la propia ley señala que, cuando hay prestación de servicios para otro a título personal, se presume la existencia del propio contrato de trabajo; también se generó una protección especial para la mujer embarazada, porque la realidad ha mostrado que se presume que el empleador tiende a despedirla.

 

Hasta aquí se trata de presunciones relativas que admiten prueba en contrario, al igual que la que se consigna en el artículo 55 de la LCT, cuando el empleador carece de libros o no los exhibe; asimismo la presunción de que el contrato de trabajo se celebra por tiempo indeterminado (art 90 LCT); de igual manera el silencio del empleador frente a las intimaciones del trabajador, la presunción del despido por causa de matrimonio, etc.

 

Claro está que también existen en nuestra disciplina, indicios y presunciones absolutas que no admiten siquiera prueba en contrario. En ese sentido el artículo 28 de la LCT, considera que si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, éstos serán considerados como en relación directa con el empleador de aquél salvo excepción expresa prevista por la ley o regímenes legales o convencionales aplicables.

 

De igual manera, obsérvese, que el artículo 36, reputa, a los fines de la celebración del contrato de trabajo, actos de las personas jurídicas, los de su representantes legales o de quienes sin serlo aparezcan como facultados para ello, Hay muchos otros casos.

 

En suma, sería bueno recordar, en materia de discriminación y de despido represalia, la regla de la facilitación de la prueba, como parte del principio protectorio, en materia probatoria, lo que le da nivel constitucional.

 

C.- LA INTERPOSICIÓN DE PERSONAS.

 

No es ocioso recordar, que el artículo 28 de auxiliares del trabajador; el artículo 29 sobre interposición y mediación, el artículo 29 bis sobre empresas de servicios eventuales, el artículo 30 sobre subcontratación y delegación y el artículo 31|, sobre empresas subordinadas o relacionadas, son verdades normas antifraude, y por eso están, para el caso de su violación, las sanciones con la solidaridad.

 

Sabido es que, generalmente, la solidaridad legal funciona de manera sancionatoria.

 

Se trata, en muchos casos, de fraude, a través de las funciones de terceros, que aparecen utilizando normas de cobertura, para violar el orden público laboral. Claro ejemplo de ello, es la utilización de empresas de servicios eventuales, para tareas no eventuales, o la cesión del establecimiento, o la subcontratación para tareas normales y específicas propias del establecimiento, sin ejercer el control, que deseche la violación de las normas correspondientes.

 

El fraude por interposición de personas, ha sido una vieja y aviesa burla a las leyes imperativas, que encierran nada menos, que la responsabilidad frente al trabajador, cuyo desplazamiento se pretende, a través de una norma de cobertura.

 

Muchos otros casos de fraude se ven a diario en nuestra disciplina, en un afán dejar de lado el orden público laboral, a través actos burladores, no necesariamente con contenido subjetivo, que van carcomiendo, no sólo los contratos de trabajo, sino, lo que es más grave, el tejido social.

 

SEGUNDO

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA.

 

No es ocioso recordar que las empresas buscan resultados económicos, porque poseen fines de lucro, pero es absolutamente necesario, acompañar tal afirmación, con la consideración que le corresponde, en el sentido de que no es ese su único fin, ni está fincada esencialmente allí su responsabilidad.

 

Recordemos, si no, que Friedman, sostuvo que una empresa sólo tiene una responsabilidad, obtener resultados económicos y que si no logra obtener beneficios, por lo menos iguales al coste de capital, es socialmente irresponsable y despilfarra los recursos de la sociedad. En la actualidad ha sido desplazado este tipo de pensamiento

 

Es que, pensar así, es renunciar a un razonamiento amplio, fecundo y social

 

Las empresas, poseen también una responsabilidad, nacida de la influencia que genera en la sociedad su propia actividad, y, por tanto, ellas generan relaciones con los ciudadanos, con la autoridades, con sus dependientes y con las familias de ellos, con el medio ambiente, con los medios de difusión ,etc.

 

La Responsabilidad Social Empresaria, (RSE), que también tiene que ver con la subsistencia de la democracia, de la educación, de la cultura, de las relaciones nacionales e internacionales, resulta de vital importancia, por su vinculación con la ética, sobre todo cuando entre la década del cincuenta y del sesenta, surge un nuevo modelo de empresa.

 

La globalización, y las crisis que se viven en distintos países, tienen mucho que ver con esto; tanto, como el alto grado de corrupción que se advierte en vastas zonas del mundo.

 

La complejidad de la situación, la expansión del hambre y de la pobreza, generaron una demanda social e inclusive una verdadera presión en el seño de algunas de ellas

 

Ha surgido, entonces, un marco histórico, geográfico, ambiental, social, cultural, que se mueve de manera crítica y reflexiva y que trae nuevas exigencias éticas.

 

Se comenzó a requerir una gestión orientada a esa ética; una gestión transparente

 

Así el Instituto Ethos de Brasil, Forum Empresa, como entidad representativa de las responsabilidad social de las Américas, la Fundación Prehumana de Chile, El

Centro Mexicano para la Filantropía de México, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, etc, son instituciones claves, que bregan por el desarrollo de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable, que se preocupan por la preservación del ambiente y de la cultura para las futuras generaciones y una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente

 

Se busca obtener un amplio “set” de políticas, prácticas y programas que, integrados en la operación empresarial, soportan dignamente el peso de la toma de decisiones, respetando, de la empresa, sus dimensiones económica, social y ambiental y también la participación de grupos de interés, a fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

 

Se recorre el andarivel de los valores, de la transparencia, de la calidad de vida,, en un triángulo virtuoso de gestionar sustentablemente la relación entre los recursos económicos, ambientales y sociales, aplicados al desarrollo de su actividad

 

La idea es lograr, una visión de integralidad, un ritmo de gradualidad, una conciencia triple de creación de valor y noción de proporcionalidad, una mirada de totalidad, una orientación estratégica, un modelo de gestión y una lógica de autoaplicación y anticipación.

 

De esta manera, se reducen los costos operativos, se mejora el desempeño financiero, se fortalece la marca y la reputación, aumenta la lealtad de los consumidores, se incrementan las ventas y la productividad, junto con la calidad; se mejora la capacidad de retener y contratar los mejores empleados, se favorece el acceso al capital, etc.

 

Hay estudios serios, hecho en nuestro país, donde se concluyó que a la hora de adquirir productos, los ciudadanos evaluaron como importante, el conocimiento de los proyectos empresarios, dirigidos a la infancia, los discapacitados, las comunidades, los pobres, la tercera edad y la drogadependencia, en ese orden

 

TERCERO

LA ÉTICA

 

Bienvenidos al mundo jurídico y a la sociedad nacional e internacional, los que creen en la ética para el desarrollo de las empresas y para la convivencia de las mismas con el resto de los ciudadanos.

 

En cuanto a esa “ética”, dice Aranguren, que el objeto material de ella lo constituyen los actos, los hábitos, la vida en su totalidad unitaria y lo que de ella retenemos apropiándonoslo; es que se trata de una forma de vida.

 

Uno no puede ser ético como padre y no ético como empresario o como dependiente, o como profesional, abogado, o juez, ya que la virtud, abarca al hombre en toda su dimensión.

 

Ella refiere necesariamente a la moral o a lo moral y debiéramos preguntarnos, si se puede ser ético ´moral, violando o burlando la ley o cayendo en una anomia destructiva de la sociedad.

 

Es por eso que el fraude; la burla, la violación de la norma jurídica, destruye el tejido social y la responsabilidad y la búsqueda del cumplimiento son sanadores.

 

En ese sentido, lo reflejaba bien Ortega, que tenía como centro de su filosofía la tarea o el quehacer y que nos dejó dicho: “La moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado, es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida, y por ello no crea, ni fecunda, ni hinche su destino.”

 

Tal vez debiéramos abordar una seria reflexión, entre todos, porque la mejor manera de honrar a los demás y honrarse a sí mismo, es henchir ese destino que nos reclama Ortega. No hemos de lograrlo, por el camino de la anomia, ni de la visión fraudulenta de nuestro quehacer, sino, entrando en quicio, en posesión de nosotros mismo, viviendo nuestra vida de manera fecunda.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL VII CONGRESO NACIONAL DE LA SADL Y III CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTRA


A continuación, efectuamos una síntesis de las conclusiones de los distintos temas que fueron abordados, desarrollados y debatidos durante el evento, tanto en las sesiones plenarias, conferencias y foros, como en los workshops.
Abarcaron áreas temáticas referidas a la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, políticas de empleo y protección social, relaciones del trabajo comparadas, discriminación y violencia en el contrato laboral, teletrabajo, precarización laboral, nuevas tendencias sobre el empleo,  afiliación y negociación colectiva, derecho procesal del trabajo, actualidad de la seguridad social, nueva vigencia del principio protectorio, y los derechos humanos como eje de las relaciones laborales.

En materia de riesgos laborales: 
• Se advirtió que los problemas de la legislación en salud y seguridad en el trabajo no se limitan a la Ley de Riesgos, por lo que debe lograrse un texto que aúne los principios en materia de salud y seguridad, lo que permitiría tener un verdadero Sistema Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo.
• Se destacó la necesidad de transformar las actuales comisiones médicas en comisiones evaluadoras de la salud dependiendo directamente de la SRT y la necesidad de cumplir con la Declaración de Seguridad y Salud del MERCOSUR, ya que la salud de quien trabaja no es una mercancía para vender sino un bien a defender mediante la prevención.
• Respecto de la responsabilidad de los empleadores y sus aseguradoras de riesgos del trabajo, se sostuvo que la razón de ser por la que debe ser declarada la reparación de las enfermedades no listadas, está en el vínculo entre la indemnidad del trabajador y el daño sufrido y también en relación a otro vínculo determinante, que es el de la relación contractual propia de la relación de trabajo dependiente, tanto en el empleo privado como público.
• Sin perjuicio de lo que al respecto pueda resolverse en una futura reforma legal en el tema (opción excluyente o “cúmulo”), se estableció que actualmente el trabajador puede accionar  civilmente  contra el empleador sin perjuicio de reclamar por la vía sistémica o judicial a la ART, en forma previa o simultánea, el cobro de las indemnizaciones tarifadas de la LRT, conforme la doctrina “Aquino” y “Llosco” de la C.S.J.N.
• Se reafirmó que las ART también tienen la  obligación de prevenir los riesgos laborales, de modo que si se produce un daño como consecuencia de omisiones del empleador en  el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, que no han sido controladas, fiscalizadas o denunciadas por la ART o no haya capacitado al personal y que dichas omisiones tengan un nexo de causalidad con el accidente acaecido, las ART deberán responder civil e íntegramente por sus omisiones (art. 1074 del Código Civil)
• Se señaló la necesidad de que todas y cada una de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el tema deba ser contemplada en una futura reforma integral de la LRT,  a fin de que no se repitan situaciones de inconstitucionalidad. A tal fin, han de tener especialmente en cuenta lo dicho por la Corte Suprema en el sentido de que, siendo la materia de accidentes del trabajo de naturaleza de derecho común, los legisladores nacionales deben limitarse a regular el contenido material de la ley. El procedimiento y la jurisdicción que intervendrán en la dilucidación de los conflictos, deben quedar reservados para ser legislados por cada una de las provincias.
• En cuanto a la vía administrativa previa se concluyó que -en caso de establecerse una en la nueva normativa- la misma se instrumente de modo tal que no interfiera en el derecho constitucional de acceso directo e inmediato al juez natural.

En relaciones del trabajo comparadas: 
• Se destacó la importancia para el mercado de trabajo Italiano, de la certificación de los contratos laborales, como una herramienta que brinde seguridad jurídica tanto al empleador como al trabajador sobre los alcances, modalidades derechos y deberes de las partes y como un medio importante para reducir la conflictividad laboral así como el trabajo no registrado.
• Se abordó la regulación del trabajo económicamente dependiente en Europa, y en forma particular en España, analizando, que tras el aparente equilibrio de la regulación efectuada por la ley española se esconde un cierto temor a los aspectos colectivos, ya sea por sus implicaciones en la competencia mercantil o por dotar a los autónomos de instrumentos que nos les corresponden, configurándose un horizonte legislativo demasiado mercantilista y poco laboralista, más ajustado al autónomo empresario que al autónomo económicamente dependiente.-
• Se sostuvo la posibilidad de adoptar en Colombia y otros países de Latinoamérica ciertas bases de la flexiseguridad entendida como un medio de protección del mercado de trabajo que le permita al trabajador la movilidad a otros puestos, sin descuidar su protección, y que permita generar una dinámica de conocimiento atendiendo a su formación permanente.
• También se nos mostró el exitoso impacto que tuvo la introducción de la oralidad, la mediación, el arbitraje y la utilización de Internet para la gestión y decisión, en el proceso laboral venezolano, como mecanismo para, cambiar la cultura del litigio por la cultura del consenso, en miras de lograr la paz social.

En relación al teletrabajo y las TICs:
• Se destacó la importancia del estudio de las relaciones laborales, como una herramienta que permita analizar los cambios tecnológicos imperantes, los cuales implican nuevas formas de comunicación y otra forma de organizar el trabajo, y que por lo tanto requieren una política legislativa a la altura de las circunstancias.

En materia de seguridad social:
• Se abordó con profundidad la problemática que involucra la seguridad social en nuestro país, en especial a partir de la entrada en vigencia de la ley del SIPA (ley 26.425), que elimina el Sistema de Capitalización y crea el Sistema Integrado Previsional Argentino; y fue publicada junto al decreto 2103, el cual modifica al decreto 897/07 en cuanto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional.
• Se analizaron las distintos escenarios planteados a partir de la eliminación de las AFJP, y el reemplazo del sistema anterior por el Sistema solidario de Reparto, especialmente en lo que hace a los fondos de los beneficiarios destinados al pago de rentas vitalicias y prestaciones dinerarias sistémicas de la ley 24.557.
• Se consideró un hecho positivo la elevación de las asignaciones familiares, y las políticas destinadas a ampliar el universo de sujetos comprendidos en las asignaciones universales.
• Se planteó la necesidad de encontrar una solución definitiva al virtual colapso del fuero de la Seguridad Social a partir de la cantidad de reclamos iniciados a partir del fallo “Badaro”, en el que la Corte sentenció que los haberes debían ser actualizados siguiendo el ritmo del alza de salarios, premisa que no se cumplió para un considerable número de pasivos debido a que históricamente los aumentos fueron otorgados discrecionalmente y en forma diferenciada según el tramo de ingresos. El retraso de poder adquisitivo de haberes generado por tal situación, en algunos casos llegó a ubicarse en el 40 por ciento, y tal distorsión no fue corregida por la ley de movilidad vigente, dado que si bien la norma dispone ajustes automáticos y periódicos de los haberes en función de un índice, rige sólo a partir de marzo último.

Sobre precarización laboral y discriminación:

• Se efectuó un análisis sobre la evolución cuantitativa del empleo privado registrado según la información disponible en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones de la AFIP, así como de las empresas. Se destacó que a pesar de las políticas activas de regularización se consolidan las tendencias a la disminución de las tasas de crecimiento del empleo registrado, su actual estancamiento, la concentración en empresas medianas y grandes, así como la tercerización, dado que el número de las empresas que más crecen son las de servicios, seguidas por las de comercio y en tercer lugar, las industriales.
• Se analizó la problemática de la discriminación y la violencia en el contrato de trabajo, así como el impacto que tiene en el mismo, la precarización y el fraude laboral. Se analizaron los nuevos regímenes en la Argentina para el contrato de trabajo a tiempo parcial y el régimen de pasantías, concluyendo que, si bien han querido prevenir el fraude en estas figuras, han sido inoportunas en la época que hoy vive el país, puesto que desalientan la utilización de dichos modos contractuales por parte del empresariado, criticándose tanto la flexibilización laboral como el excesivo intervencionismo que lleva a la paralización del mercado de trabajo.
• También se discutió acerca de la utilización de las empresas de servicios eventuales como mecanismo para limitar -o incluso suprimir- los derechos de los trabajadores.

En el área del derecho colectivo:
• Se analizó el rol estratégico que tiene el orden público laboral y el derecho a la información en la negociación colectiva. Se debatió sobre la crisis de legitimidad y eficacia en los organismos, administración y control de los procesos electorales sindicales.

En materia de derechos humanos del trabajo:
• Se destacó la incidencia del principio protectorio en el hombre que trabaja, como médula del Derecho del Trabajo y la justicia social y el principio de progresividad como sinónimos de la libertad del hombre.
• También se abordó la problemática del denominado “solidarismo”, el cual en términos dogmáticos sería positivo, pero que llevado a la práctica sin la debida protección por parte del Estado, se transforma, en mercados de trabajo como el latinoamericano, en un mecanismo para responsabilizar a los trabajadores por la crisis económica que enfrentan sus empleadores.
• Se reflexionó sobre el papel fundamental que tienen los derechos humanos como eje de las relaciones de trabajo, así como el importante papel que cumplen los tratados internacionales sobre derechos humanos incorporados en nuestra Constitución, considerándolos como verdaderos faros que deben iluminar a aquellos encargados de interpretar y hacer cumplir la ley.-
• Se reflexionó sobre el desafío de generar un derecho del trabajo del futuro, enraizado en los derechos humanos y con proyección hacia la vida,  siendo ello un verdadero desafío para el Estado, ya que en buena medida el Estado, somos nosotros.

Sobre Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo:
• La estabilidad es positiva para la calidad del empleo y en la reducción de la incertidumbre laboral, y también como estrategia de competitividad empresarial, a diferencia de la situación de alta rotación de mano de obra en la cual la inversión en capacitación es mínima y los trabajadores no se sienten comprometidos con el éxito de la empresa.
• Hay que elevar las competencias laborales de la población y apuntar a la capacitación continua.  Es importante que el Estado fiscalice adecuadamente el cumplimiento efectivo de las normas laborales y sancione su incumplimiento.
• Las indemnizaciones en la Argentina no son altas: lo que la torna elevadas son los incumplimientos adicionales del empleador que conllevas diferentes sanciones o agravamientos.
• Se debe fomentar los métodos adecuados de resolución de conflictos y profundizar las técnicas y herramientas para la gestión del conflicto laboral siempre con la debida intervención del Estado para revisar los acuerdos y homologándolos cuando constituyan una justa composición de derechos e intereses.

En materia de discriminación

• Se dejó sentada la problemática de los trabajadores jóvenes, tratados como máquinas de trabajo, lo que es generador de violencia y estrés. La violencia se instala cuando se mueven exigencias o extrema obediencia y sometimiento, cualquiera sea la forma en que esto ocurre, ya sutilmente o brusquedad, y el espacio relacional en que tenga lugar. Sobre la base de una investigación hecha por la periodista Laura Merani en el libro “Alta Rotación”, acerca de sus  experiencias laborales en primera persona en determinados ámbitos laborales, de donde surgen las condiciones laborales que viven los jóvenes en ámbitos socialmente percibidos como “precarizados”, como ser el de las promotoras, los call centers, fast foods y las actividades gastronómicas, repositores, etc.
• Se analizaron las causas de la violencia,  entre ellos los cambios sociales, de paradigmas, la influencia de los medios de comunicación masiva, y la precarización de las relaciones laborales.
• Se concluyó que lo que se impone es, también en el ámbito del trabajo a domicilio (específicamente se trató el caso de los textiles, signados por la falta de registración y el trabajo de indocumentados en condiciones infrahumanas), un derecho del trabajo con libertad, igualdad, seguridad y dignidad.
• La discriminación también fue enfocada con respecto al derecho a la información y al despido. Y, en este último ámbito se puso el acento en el despido por enfermedad, con respecto al cual, aparentemente, resulta insuficiente y inadecuada la tarifa del artículo 245 de la LCT, debiendo admitirse el reclamo de daños y perjuicios sobre la base del Código Civil.
• Finalmente, se analizó la situación de las mujeres trabajadoras desde una persepectiva de género, concluyendo que la ley 26.485 – inserta en el camino abierto por la Corte-  revaloriza la importancia de la persona humana y ensancha el camino abierto por la mujeres que han luchado y lo siguen haciendo, por una igualdad de derechos y oportunidades.

Sumarios de Fallos 2009

SUMARIO DE FALLOS AÑO 2009 (todos los fallos a texto completo pueden consultarse en www.lexisnexis.com.ar ingresando luego a ABELEDO PERROT Laboral y Seguridad Social)

DERECHO LABORAL

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Régimen orgánico. Órganos. Comisión directiva imposibilitada de asumir. Prórroga del mandato. 22/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Lista Celeste Asoc. Argentina Aeronavegantes v. Junta Electoral Asociación Argentina de Aeronavegantes y otros”, resolvió que si la lista legítimamente vencedora en los últimos comicios válidos no pudo ni siquiera iniciar su mandato por circunstancias ajenas a su voluntad, mal puede sostenerse que el plazo estatutario de tres años ha vencido, pues parece obvio que no puede terminar lo que aún no ha comenzado.

• Estatutos especiales. De los periodistas profesionales. Titularidad de la explotación de la empresa periodística. Limitaciones legales. Remuneración e indemnizaciones. Preaviso. Aplicación del instituto dentro del estatuto especial. Interpretación. 30/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Risso, Andrea N. v. Eventos Producciones SA y otros”, consideró que s i bien la ley 12.908 no contempla expresamente la indemnización por falta de preaviso, cabe considerar que la incluye en modo implícito.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Participación en las ganancias. Utilidades extraordinarias. Concepto. Modalidades contractuales. Contratación por escrito. Contrato suscripto “a plazo fijo”. Ausencia del requisito de tareas “extraordinarias”. Efectos e interpretación. 30/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Ayala, Eduardo A. v. Bridgestone Firestone de Argentina SA”, estableció que ante la ausencia de situaciones “extraordinarias” corresponde desestimar la invocación de la modalidad de contratación “a plazo fijo”; además, concluyó que un resultado “extraordinario” debe originarse en operaciones ajenas al curso ordinario de los negocios.

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Art. 1113, CCiv. Actividad riesgosa. Asaltos. Agresiones. 14/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Beck, Guido J. v. Deheza SA y otro”, estableció que si el peligro al que estaba expuesto el dependiente -hurtos, robos, peleas, rotura de instalaciones-, pues se trata de un local donde se maneja dinero en efectivo, y la falta de medidas de seguridad al respecto han sido probados, la actividad prestada es riesgosa, hecho que impone a la persona jurídica la obligación de brindar una protección acorde con el riesgo a que están sometidos los dependientes que realizan el trabajo.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Tareas de lavandería realizadas en centro médico. Solidaridad. Art. 30, LCT. 08/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Barrios, Graciela B. v. Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires”, consideró que las tareas de lavandería complementan la actividad hospitalaria, porque la adecuada limpieza y sanidad de la ropa de hotelería, prendas y uniformes de los profesionales médicos dentro del ámbito es indispensable y necesaria para llevar a cabo un correcto y eficaz servicio de salud.

• Procedimiento laboral. Nacional. Organización judicial. Competencia. Territorial. Acuerdos ante el SECLO. Ejecución. Empleador domiciliado en extraña jurisdicción. Efectos. 26/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Marmulzten, Pablo C. v. Politano, Roberto D. y otro “, estableció que es competente la justicia nacional del trabajo en los procesos de ejecución impulsados por incumplimiento de acuerdos celebrados en el SECLO, sin distinguir en función del lugar de desarrollo del vínculo o el domicilio del empleador.

• Procedimiento laboral. Nacional. Actos procesales. Nulidad. Notificación. Traslado de demanda realizado “bajo responsabilidad de la parte actora”. Incidente de nulidad posterior. Derecho a ser oído. Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 13/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Benítez, Jorge O. y otros v. Sanatorios y Clínicas Asociados SA”, consideró que -e n materia de nulidad por defectuosa integración de la litis- el perjuicio causado se infiere por el solo incumplimiento de los recaudos legales, que compromete la garantía de defensa en juicio, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Promoción y publicidad realizada para una empresa dedicada a la promoción y comercialización de electrodomésticos. 16/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Sivori, Marcela v. SMW SRL y otros”, estableció que los trabajos de promoción y publicidad están vinculados con la actividad principal de la empresa cuyo objeto social es la fabricación y comercialización de electrodomésticos.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Emergencia. Duplicación indemnizatoria fijada por la ley 25.561. Ámbito de aplicación temporal. Trabajadores ingresados con posterioridad al 31/12/2002. Constitucionalidad del decreto 2639/2002. Principio de igualdad. Valoración. 30/09/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Cisneros, Facundo J. v. Falabella SA”, consideró que ni el dec. 2639/2002 ni el art. 4°, ley 25.972, resultan inconstitucionales, pues la distinción efectuada por la ley entre trabajadores ingresados antes y después de enero de 2003 no vulnera el derecho a la igualdad.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto. Suspensión injustificada. Ausencia de injuria suficiente para romper el vínculo. Necesaria intimación bajo apercibimiento de considerarse despedido. Omisión. Efectos y valoración. 30/09/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Aparicio, Víctor H. v. Jumbo Retail Argentina SA”, estableció que -e n principio- una suspensión injustificada de plazo inferior al máximo legal no configura “injuria”, pero que deben dejarse a salvo los supuestos donde, por sus particulares connotaciones, la aplicación de la medida resulte particularmente agraviante para el trabajador; en tal supuesto, es requisito que el dependiente intime con inclusión de apercibimiento hábil, en concordancia con el principio de buena fe.

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Exclusión de la tutela. Libertad sindical. Sindicatos simplemente inscriptos y sindicatos con personería gremial. Privilegios. Inconstitucionalidad del art. 52, ley 23.551 de Asociaciones Sindicales. 09/12/2009

La Corte Sup., en autos “Rossi, Adriana M. v. Estado Nacional – Armada Argentina”, declaró la inconstitucionalidad del art. 52, ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, que limita la protección contra suspensiones o despidos sólo a representantes de sindicatos con personería gremial, y afirmó que no se pueden otorgar privilegios únicamente a las asociaciones más representativas, dejando de lado a los sindicatos simplemente inscriptos.

• Procedimiento laboral. Nacional. Actos procesales. Nulidad. Notificación. Traslado de demanda realizado “bajo responsabilidad de la parte actora”. Incidente de nulidad posterior. Derecho a ser oído. Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 13/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Benítez, Jorge O. y otros v. Sanatorios y Clínicas Asociados SA”, consideró que -en materia de nulidad por defectuosa integración de la litis- el perjuicio causado se infiere por el solo incumplimiento de los recaudos legales, que compromete la garantía de defensa en juicio, cuya vigencia requiere que se confiera al litigante la oportunidad de ser oído.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Cooperativas de trabajo. Socio. Cooperativa creada por ex trabajadores de una empresa fallida. Contratación de trabajadores no socios. Validez. Cooperativa constituida originariamente por empleados de una sociedad anónima fallida. 24/11/2009

La Corte Sup., en autos “Lago Castro, Andrés M. v. Cooperativa Nueva Salvia Limitada y otros”, estableció que si se mantiene el sistema de contratar trabajadores no socios, las cooperativas de trabajo dejarían de cumplir el fin de su creación, pues no cabe duda acerca de que su esencia radica en la exclusiva labor de sus asociados, salvo en los casos en que se justifique la excepción.

• Seguridad social. Previsión social (Sistema integrado). Régimen Previsional Público. Haber de las prestaciones. Movilidad. Reajuste del haber. Medida cautelar innovativa. Rechazo. Improcedencia. 09/11/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 1ª, en autos “Diaco, José M. v. Anses”, entendió que corresponde rechazar la medida cautelar -consistente en el ajuste del haber por movilidad según el precedente “Capa, Néstor F. v. Anses” de la sala 2ª de esta Cámara- solicitada por quien había obtenido una sentencia de primera instancia que ordenaba aplicar la doctrina fijada en “Sánchez” y “Badaro”, ya que del análisis del escrito surge que no se han alegado circunstancias que pudieran producir la convicción de que es aconsejable acceder a la cautelar peticionada, porque en el presente caso no se configura una situación excepcional, en la que el accionante podría quedar sin el goce de la prestación, con grave riesgo para sí o para su grupo familiar.

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Art. 1074, CCiv. Omisiones de la ART. Ausencia de visitas periódicas, plan de mejoramiento o denuncia ante la SRT. Efectos. Solidaridad. 13/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Peralta, Néstor E. v. Oil M&S SA y otro”, estableció que si la ART no demostró haber efectuado visitas periódicas a la empresa demandada, haber elaborado un plan de mejoramiento ni, menos aún, haber denunciado los incumplimientos ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, no cabe sino concluir que ha mediado en el caso un nexo de causalidad adecuado entre el infortunio de marras y los incumplimientos de la aseguradora

• Contrato de trabajo. Empleo no registrado. Responsabilidad de socios y administradores. Presidente de asociación civil. Improcedencia de hacerlo responsable por las deudas de la asociación. 31/08/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Tejerina Mealla, Yolanda. R v. Mele, José M.”, dispuso que no puede condenarse en forma solidaria al presidente de la institución deudora, ya que es una asociación civil sin fines de lucro, regida por el Código Civil (arts. 33 y 39) y a la que no se aplican las disposiciones de la Ley de Sociedades Comerciales.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Incapacidad del trabajador. Imposibilidad de otorgar tareas acordes con el estado de salud. Carga de la prueba. 19/08/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Felices, María A. v. Mobile Media Solutions SRL y otro”, resolvió que a efectos de aplicar el párr. 2°, art. 212, LCT, el empleador no sólo debe acreditar la inexistencia de vacantes en puestos con tareas livianas asignadas, sino además que quienes se encuentran realizándolas no pueden desempeñarse en otras o la imposibilidad de efectuar una rotación que permita dar al actor tareas compatibles con su estado.

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización por antigüedad o despido. Modo de cálculo. Base salarial. Incidencia del SAC. Improcedencia. Incidencia de la “bonificación” especial no abonada regularmente. Improcedencia. Doctrina plenaria. 19/11/2009

La C. Nac. Trab., en pleno, en autos “Tulosai, Alberto P. v. Banco Central de la República Argentina s/ley 25.561”, plenario nro. 322, estableció la siguiente doctrina: “1) no corresponde incluir en la base salarial prevista en el párr. 1°, art. 245, LCT, la parte proporcional del sueldo anual complementario; y 2) descartada la configuración de un supuesto de fraude a la ley laboral, la bonificación abonada por el empleador sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evaluación del desempeño del trabajador no debe computarse a efectos de determinar la base salarial prevista en el párr. 1°, art. 245, LCT”.

TEXTO COMPLETO

• Contrato de trabajo. Remuneración. Complementarias. Adicionales. Premio. Empleados de la empresa Coto. “Bonos Coto”. Carácter salarial. 3/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Fabris, Sergio H. v. Coto CICSA”, estableció que los denominados “Bonos Coto” deben ser incluidos para la determinación del salario.

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Indemnización. Casuística. Actividad lúdica en horario de trabajo. Trabajador que juega con un equipo “PlayStation” en horas y lugar de trabajo. Falta de acreditación de perjuicio concreto al empleador. Valoración. Efectos. 30/09/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Amadeo, Sergio A. v. Francisco O. Díaz SA”, consideró que el hecho de realizar una actividad lúdica en horario de trabajo importa un incumplimiento contractual susceptible de sanción disciplinaria, pero no reviste necesariamente entidad suficiente para justificar la ruptura del vínculo, si de la prueba rendida no se desprende que en el salón hubiese habido clientes que no fueran atendidos por los vendedores, o que hubiesen manifestado alguna queja por algún motivo, o que el incumplimiento hubiese causado algún perjuicio concreto a la empleadora.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Complementaria. Participación en las ganancias. Falta de otorgamiento de los bonos previstos por la ley 23.696. Inconstitucionalidad del decreto 395/1992. 04/09/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Bedino, Mónica N. v. Telecom Argentina SA y otro”, concluyó que el Estado nacional resulta responsable juntamente y en forma solidaria con Telecom Argentina SA, ya que la obligación de otorgar los bonos de participación en las ganancias no resulta del contrato individual, sino de la ley 23.696.

• Contrato de trabajo. Suspensión de efectos. Enfermedades y accidentes inculpables. Despido dispuesto durante el goce de licencia. Efectos. 31/07/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Falbo, Andrés v. Ramón Vilaró e Hijos SA”, entendió que si bien el preaviso notificado al trabajador enfermo o accidentado carece de efectos y sólo comienza a correr a partir del momento en que cesa la causa que determinó la suspensión de la prestación de servicios, lo cierto es que aun así el despido es eficaz, sin perjuicio de que el empleador deba abonar, además de las indemnizaciones derivadas del despido injustificado, los salarios correspondientes a los días de licencia por enfermedad o accidente hasta su vencimiento o hasta la fecha de alta.

• Estatutos especiales. Industria de la construcción. Fondo de desempleo. Constitucionalidad. Régimen. Inaplicabilidad de los arts. 211 y 212, LCT. 26/08/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Rivas Aedo, Roberto S. v. Skanska SA y otro”, entendió que la industria de la construcción, que por su naturaleza normalmente da lugar a contratos breves, es incompatible con normas protectoras que, como las de los arts. 211 y 212, LCT, corresponden a vínculos laborales de prolongada expectativa.

• Contrato de trabajo. Remuneración. Complementarias. Adicionales. Premio. Empleados de la empresa Coto. “Bonos Coto”. Carácter salarial. 13/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Fabris, Sergio H. v. Coto CICSA”, estableció que los denominados “Bonos Coto” deben ser incluidos para la determinación del salario.

• Relación de trabajo. Extinción del contrato por obtención del beneficio jubilatorio. Conducta abusiva y de mala fe del trabajador. Autodespido. Emplazamiento a reintegrarse. Art. 252, LCT. Interpretación. Rubros indemnizables. 12/08/2009

La Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, en autos “Raymondo, Graciela v. Zapata Goma Soc. de Hecho”, hizo lugar al recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de la Cámara del Trabajo -que por voto mayoritario consideró que al no haber transcurrido el plazo legal del año, resulta inaplicable el art. 252, LCT, admitiendo en consecuencia las indemnizaciones previstas por tal distracto (autodespido)- al entender, según las constancias de la causa, que la demandada intentó mantener el vínculo hasta que la empleada obtuviera su jubilación, lo que de hecho ocurrió un par de meses después; sin embargo, ésta, manifestando una conducta abusiva, decidió rescindir el vínculo, reclamando judicialmente las indemnizaciones. En este contexto, puede afirmarse que la conducta seguida por la actora infringe el deber de buena fe que rige toda relación contractual.

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de Atribución. Arts. 1109 y 1113, CCiv. Manipulación de objetos. Tareas de peluquería. Jornadas de trabajo extenuantes. 11/09/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Rojas, Sandra H. v. Romero Silva SRL y otro”, estableció que los movimientos repetitivos (en el caso, manipulación de los secadores de cabello, los cepillos, las planchas y demás enseres aplicados al peinado de los clientes de una peluquería) tienen aptitud para generar daños en la salud física, por lo que es procedente la petición de reparación.

• Accidentes de trabajo. Indemnización. Forma de pago. Pago en forma de renta. Inconstitucionalidad. 31/08/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Caraballo, Nelly L. y otro v. Liberty ART SA y otros”, entendió que el pago en forma de renta de la indemnización por accidente implica una injerencia reglamentaria irrazonable, al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo, al tiempo que importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de las incapacidades más severas (superiores al 20% e inferiores al 66%), en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior se les reconoce una indemnización de pago único.

 

• Estatutos especiales. Industria de la construcción. Fondo de desempleo. Constitucionalidad. Régimen. Inaplicabilidad de los arts. 211 y 212, LCT. 26/08/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Rivas Aedo, Roberto S. v. Skanska SA y otro”, entendió que la industria de la construcción, que por su naturaleza normalmente da lugar a contratos breves, es incompatible con normas protectoras que, como las de los arts. 211 y 212, LCT, corresponden a vínculos laborales de prolongada expectativa.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Tutela sindical. Trabajadores amparados. Miembros de la comisión revisora. Intimación para jubilarse. Necesidad de tramitar la exclusión de tutela. 09/09/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Melidoni, Carlos A. y otro v. Empresa Ferrocarril General Belgrano SA”, dispuso que la intimación prevista en el art. 252, LCT, sólo pudo realizarse válidamente, de corresponder, respecto de los trabajadores amparados por la tutela sindical, previa exclusión de tutela decretada en sede judicial, porque la intimación en los términos del citado artículo implica poner un plazo para la terminación del vínculo, por lo que mal puede afirmarse, como pretendió la empresa, que ello no constituye una modificación de las condiciones contractuales.

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Casuística. Empleados de comercio. Tareas de telemarketing. Categoría convencional. Seguro de retiro. Falta de legitimación del trabajador. 31/08/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Tidele, Giselle A. v. Atento Argentina SA”, entendió que la categoría convencional asignada a la trabajadora fue incorrecta, ya que las tareas de telemarketing, más precisamente la venta y promoción de servicios, exceden las comprendidas en el art. 6º, inc. a), CCT 130/1975 (administrativos), y, por el contrario, encuadran en la categoría prevista en el art. 10, “vendedora B”, que comprende a los trabajadores que se desempeñan en tareas y/u operaciones de ventas, cualquiera sea su tipificación.

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Viáticos. Goce de vivienda y automóvil. Vivienda proporcionada gratuitamente. Carácter y efectos. 31/07/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Oreste, Eduardo J. v. YPF SA”, resolvió que si el trabajador gozó del beneficio de usar un automóvil suministrado por la empresa sin ningún control por parte de ésta no sólo durante los días laborales sino también los que no lo eran, tal beneficio debe entenderse como una remuneración en especie, integrativa del sueldo, que tiene proyección a los efectos salariales e indemnizatorios y también sobre el cálculo del pago de las vacaciones.

• Procedimiento laboral. Nacional. Organización judicial. Competencia. Accidentes de trabajo. Acción sistémica. Comisiones médicas. Competencia de la justicia nacional del trabajo. Precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 29/05/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Benítez, Marcelo J. v. MAPFRE Argentina ART SA”, dispuso revocar la resolución recurrida y declarar la competencia material de la Justicia Nacional del Trabajo para conocer en el caso, sobre la índole común de la normativa sobre riesgos del trabajo y la calidad de entidades de derecho privado de las aseguradoras de ese ámbito, lo que dejó sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros aspectos, a partir del conocido precedente “Castillo”, por lo que si el trabajador articula su demanda dineraria con apoyo en la ley 24.557 contra una aseguradora de riesgos del trabajo y deduce objeción constitucional sobre el tránsito por la vía de las comisiones médicas, la acción resulta de competencia de la justicia nacional del trabajo.

• Caducidad de instancia. Requisitos. Resolución. Aplicación restrictiva en el fuero laboral. Impulso del tribunal. Prescripción. Interpretación. Defectos u omisiones en la demanda. Efectos. 24/06/2009

La Sup. Corte Bs. As., en autos “M. S. B. v. C., R. G.”, revocó la sentencia impugnada en cuanto había declarado procedente la excepción de prescripción, y en su lugar dispuso -resolviendo en sentido semejante al del voto en disidencia del fallo en recurso del Tribunal de Trabajo 4 de Morón (voto de la Dra. Gordillo)- que la caducidad de la instancia no se produce de pleno derecho ni tampoco se presume, sino que debe ser declarada por el tribunal actuante; en efecto, el supuesto de archivo de la demanda por causa de defectos u omisiones en la presentación que no fueron salvados dentro del plazo de ley no supone en modo alguno la terminación del proceso, y menos aún se puede asimilar la decisión de archivar un trámite a la de decretar la caducidad de instancia, en tanto constituye una forma anormal de extinción del proceso.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Contratos de comercialización. “Shopping center”. Diferencia entre la actividad del “shopping center” y la de los locales ubicados dentro de él. Efectos. 29/07/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Fiszman, Tamara v. Sepia Beauty SA y otros”, entendió que la actividad que desarrolla el “shopping center” consiste en el alquiler de locales construidos o adquiridos por él, y que no tiene injerencia en la actividad desplegada por la locataria, que se dedica a la comercialización de productos de belleza, por lo que no resulta de aplicación lo normado por el art. 30, LCT.

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Registros. Registración tardía. Efectos y eficacia probatoria. 28/07/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Schulz, Roberto A. v. Kovac, Juan y otros”, dispuso que la rubricación y las registraciones tardías, sin perjuicio de que puedan ser pasibles de una sanción administrativa, no producen efectos sobre la eficacia -en el caso, limitada- de los asientos, según lo previsto en la LCT y en las normas del Libro Primero, tít. I, cap. 3, CCom.; por ello, si en ocasión de la exhibición judicial se hallan rubricados y los asientos son correlativos, no caben reproches respecto de la eficacia probatoria.

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Servicios de vigilancia en un establecimiento comercial. Actividad normal y específica propia o coadyuvante y complementaria. Interpretación. Art. 30, LCT. Solidaridad. 10/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Salinas, Martín v. CAO Servicios Empresarios SRL y otro”, consideró aplicable el art. 30, LCT, al caso de la prestación de servicios de vigilancia en un establecimiento comercial.

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no salariales. Inconstitucionalidad. Despido sin causa. Indemnización por antigüedad o despido. Trabajadores no convencionados. Inconstitucionalidad del tope previsto por los párrs. 2 y 3, art. 245, LCT. Reajuste de créditos laborales. Intereses. Tasa activa. 06/08/2009

El Trib. Trab. Mar del Plata, n. 2, en autos “Rausch, Carlos A. v. Nuevo Banco Bisel SA”, sostuvo que toda ventaja patrimonial que perciba el trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador es de naturaleza remuneratoria, y declararla no remunerativa, resulta violatoria de la Constitución Nacional (arts. 14 bis, y 75, inc. 22) y de los pactos internacionales consagrados por ella; entendió, además, que respecto de los créditos alimentarios es justa la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina a efectos de preservar el derecho de propiedad del trabajador (art. 17, CN) y garantizar la operatividad de los arts.14 bis, CN, y 39 de la Constitución provincial.

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Forma y prueba. Pago erróneo. Nulidad de la devolución. Error inexcusable. Efectos e interpretación. 28/07/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Juri, Alejandro S. v. Petrobras Energía SA”, entendió que el hecho de que la empresa haya “suplementado y acumulado pagos y beneficios de fuente contractual y legal, sin advertir que, de acuerdo a lo pactado, el conjunto de beneficios contractualmente establecidos comprendían y absorbían hasta su concurrencia todos y cada uno de los créditos, remuneraciones, beneficios y prestaciones de fuente legal” revela que presumiblemente cometió un error a nivel de organización o logística financiera, al no lograr el máximo provecho económico durante la relación productiva con el trabajador, pero evidentemente ello no constituye una cuestión que deba asumir aquél ni que pueda afectar los términos del contrato de trabajo.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Ámbito de aplicación. Casuística. Hoteleros. Alquiler de departamentos. 22/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Arias, Amanda v. Silva Antunes, Omar y otro”, entendió que alquilar departamentos por hora, día, semana o cualquier lapso de tiempo en unidades independientes y aisladas de edificios plurales es un negocio lucrativo, pero no constituye la explotación de un “apart hotel”, y por lo tanto no resulta de aplicación el convenio de la actividad hotelera.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Ejecución de sentencias. Tercerías. Transferencia de fondo de comercio. Sumas de dinero provenientes de la explotación. Efectos. 18/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Fundación Fomar Futuro v. Carrizo, Pablo D. y otro”, sostuvo que si el tercerista publicó edictos en el Boletín Oficial y en un diario del lugar pero no demostró haber cumplido con la inscripción en el Registro Público de Comercio, los bienes del fondo de comercio responden por las deudas del vendedor hasta la inscripción de la mencionada transferencia.

 

• Procedimiento laboral. Provincia de Córdoba. Partes. Temeridad y malicia. Audiencia. Desconocimiento de la relación laboral. Efectos. 31/08/2009

La C. Trab. Bell Ville, en autos “Quiroga, María de las Mercedes v. Griselda A. Cipolla”, dispuso que en virtud del principio de bilateralidad de audiencia, es absurdo pretender que las partes digan la verdad cuando ella puede ocasionarles un perjuicio en el proceso, por lo que la sola falta de razón no es motivo de temeridad, pues de lo contrario todo litigante que perdiera el pleito sería pasible de la sanción.

 

• Contratos administrativos (En particular). Empleo público. Derechos. Estabilidad. Cambio de lugar de tareas. Acción por reinstalación de condiciones de trabajo. Medida cautelar. Procedencia. 15/09/2009

La C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, en autos “CML -Reservada- Inc. Med. v. Defensor del Pueblo de la Nación”, resolvió que dados los motivos de salud de la trabajadora, la drástica disminución de la remuneración y el cambio de funciones asignadas, está configurada la existencia de un peligro particularizado en la demora, que puede influir en la sentencia o convertir su ejecución en imposible o ineficaz, lo que torna procedente la medida cautelar solicitada.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Servicios gastronómicos en una entidad educativa. Solidaridad. 30/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “López, Jorge A. v. Fundación Universidad Católica Argentina”, dispuso que cuando la institución principal cede una parte de su establecimiento sin desentenderse por completo de la actividad que allí se cumple ni requerir una habilitación específica del local a nombre de su explotador directo, es solidariamente responsable en los términos el art. 30, LCT, aun cuando la actividad gastronómica no sea la normal y específica del establecimiento principal.

 

• Estatutos especiales. Viajantes de comercio. Caracteres. Ámbito de aplicación. Venta de licencias de software. CCT 308/1975. 30/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “De la Llosa, Juan M. v. Intetec SA y otro” , resolvió que la ley 14.546 resulta aplicable a los empleados que concierten operaciones de venta de equipos de computación en relación de dependencia y en nombre del principal; además, dispuso que a ello no obsta que parte de las operaciones no fueran con objetos materiales sino servicios (licencias de software, mantenimiento, capacitación del personal), por cuanto el CCT 308/1975 (art. 2) incluyó como actividad propia de los viajantes de comercio la celebración de contratos de servicios, lo que abarca tanto la venta como la locación.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Organización, dirección, “ius variandi”. Ejercicio abusivo. Condiciones esenciales del contrato. Facultad de dirección. Daño moral. 19/05/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Castellanos, Fernando A. v. Cámara Argentina de Comercio”, dispuso que el empleador que rebaja de categoría a un empleado jerarquizado de dilatada antigüedad en desmedro de su profesión incurre en la responsabilidad comprendida en los arts. 1072, 1078 y 1109, CCiv., aun con total prescindencia del contrato de trabajo que ha servido de contexto, ya que queda comprometido por la responsabilidad prevista por daño moral, sin perjuicio del pago de la indemnización tarifada que corresponde al ámbito de los incumplimientos contractuales, ello por cuanto no es indispensable que haya mediado atribución de dolo o culpa penal para que se otorgue tal resarcimiento por daño moral.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Comisión interna. Falta de legitimación para realizar reclamos pluriindividuales. 23/09/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, con fecha 23/09/2009, en autos “Ramírez, María R. y otros v. Kraft Foods Argentina SA”, consideró que si bien una asociación gremial puede invocar la representación de los intereses individuales y colectivos de los trabajadores de la actividad, su legitimación natural se ciñe a contiendas de carácter colectivo, pues para representar intereses individuales o pluriindividuales debe acreditar por escrito el consentimiento de los trabajadores en los términos del art. 22, dec. 477/1988.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Trabajador despedido luego de prestar declaración testimonial. Reincorporación. Opción del trabajador. 31/08/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Lescano, Víctor C. v. Ingeplam SA”, entendió que si el despido se convierte en un acto con causa ilícita, pierde total eficacia en el mundo jurídico, cesa en sus efectos y el contrato de trabajo sigue su curso vital; si éste se ha interrumpido, deviene necesariamente en la reinstalación, correspondiendo que la víctima, que es el trabajador, elija reincorporarse o no a la empresa, más allá de la reparación del daño material y moral.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Incapacidad o inhabilidad del trabajador. Condena penal. Efectos. Condena a prisión de más de tres años. Inhabilitación absoluta. 29/07/2009

La C. Nac. Trab., en autos “Ramos, Jorge A. v. Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines”, entendió que el contrato de trabajo habido entre las partes se extinguió como efecto de la condena impuesta al trabajador, pues a la prisión por más de tres años le es inherente la inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena (conf. art. 12 del Código Penal), lo que tornó inconducentes sus intimaciones posteriores al cumplimiento de aquélla.

 

• Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Interpretación del art. 23, LCT. Prestación de servicios en establecimiento ajeno. Operatividad de la presunción. 15/05/2009

Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala 2

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Fedullo, Juan D. v. Citibank NA y otro”, sostuvo que aun para la posición doctrinaria más restrictiva respecto del alcance que corresponde otorgar a la presunción del art. 23, LCT, la prestación de servicios dentro del ámbito de un establecimiento ajeno implica la prueba directa de la subordinación de dicha prestación pues, en definitiva, se llevó a cabo en un ámbito sujeto a un poder jurídico de organización y de dirección que no es el propio.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido del trabajador jubilado. Aplicación del plenario “Couto de Capa”. 26/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Quevedo, Anselmo F. v. Zárate Port SA”, estableció que -conforme lo resuelto en el plenario “Couto de Capa”- corresponde aplicar lo dispuesto por el art. 253, últ. párr., LCT, al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación.

 

• Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Distribuidor. Naturaleza jurídica de la relación que vincula a las partes de un contrato de distribución. 03/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Zoppi, Jorge A. v. Akapol SA”, consideró que la estrecha relación que vincula a las partes contratantes en un contrato de distribución no genera dependencia de carácter laboral, salvo que se acredite que se trata de una simulación utilizada como instrumento para evadir normas laborales imperativas.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Transporte de mercadería comercializada por la empresa principal. Doctrina mayoritaria. 05/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Tabeada, Armando A. y otros v. Tabeada, Valeria S. y otro”, estableció que corresponde atribuir responsabilidad solidaria, en los términos del art. 30, LCT, a la empresa dedicada a la explotación de un establecimiento comercial por las obligaciones laborales de la sociedad contratada para la prestación del servicio de transporte de la mercadería que comercializa.

 

• Procedimiento laboral. Provincia de Buenos Aires. Órgano judicial. Competencia. Reclamo contra un ente público fundado en normas laborales. 15/07/2009 Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires

La Sup. Corte Bs. As., en autos “Rosales, Jorge O. v. Municipalidad de Pergamino y otro”, resolvió que la competencia se determina, en principio, por la naturaleza jurídica de los reclamos que el actor propone a decisión judicial, es decir, por la índole de la acción ejercida; la de los tribunales del trabajo resulta, pues, toda vez que la pretensión se vincule con un contrato o relación de trabajo y se halle fundada en normas laborales, sin perjuicio de que en la sentencia definitiva se juzgue sobre la procedencia de los derechos invocados.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Delegada con mandato vencido. Despido dispuesto a los cuatro meses de la finalización del período de estabilidad gremial. 19/08/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Noble, Nora C. v. OSPLAD”, estableció que el despido decidido cuatro meses después del vencimiento del período de estabilidad gremial puede tener por verdadero fin segregar de la organización a una persona con participación activa en actividades de índole sindical que procuraba, desde hacía ya varios meses, la convocatoria a elecciones de delegados.

 

• Contrato de trabajo. Modalidades. Contrato de trabajo eventual. Caracteres. Forma. Relación con trabajadores de plantel permanente. Empresa de servicio eventual. Carácter de empleador. Indeterminación del plazo. Prueba. Privación de la realidad. Efectos. 18/06/2009

La Corte Sup. Mendoza, en autos “Morsucci, Raúl O. v. Cattorini Hnos. SAICFE”, dispuso que la forma del contrato eventual es escrita, tanto en los supuestos de sustitución transitoria de un trabajador permanente como en la contratación para atender exigencias extraordinarias del mercado, debiendo en el primer caso indicarse el nombre del trabajador reemplazado, y en el segundo, consignar con precisión y claridad la causa que lo justifique.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Reingreso. Despido del trabajador jubilado. Aplicación de la doctrina plenaria. Fallo “Couto de Capa”. Efectos. 31/07/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Eduardo Casado Sastre y Asociados SA v. Martínez Bagurio, Carlos R.”, dispuso que sin perjuicio de dejar a salvo la opinión del tribunal, es doctrina plenaria de esta Cámara que “es aplicable lo dispuesto por el art. 253, último párrafo, de la LCT, al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubilación”.

 

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Procedimiento. Reclamo contra tercero responsable. Transacción. Incidencia en el reclamo sistémico. Inexistencia de cosa juzgada. 31/07/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Rodríguez, Alberto A. v. Fluck, Jorge E. y otro”, dispuso que del acta transaccional no se puede inferir que el trabajador haya percibido una reparación integral, ya que el monto acordado fue abonado en el marco de una transacción, que supone la existencia de “concesiones recíprocas” (art. 832, CCiv.); por ende, no puede afirmarse que dicha cantidad comprenda también las prestaciones de la LRT, máxime cuando el marco legal aplicable (en especial, el art. 39, apart. 4°, de la ley citada) sólo da derecho al trabajador accidentado a reclamar del tercero responsable un resarcimiento por la parte del daño que no sea reparable por las prestaciones del sistema.

 

• Contrato de trabajo. Empleador. Sociedades. Responsabilidad de socios y administradores. 10/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Mendoza Toledo, Rosana de los A. y otros v. Defensa 873 SRL y otros”, estableció que a) el fallo “Palomeque, Aldo v. Benemeth SA” de la Corte Sup. no está referido específicamente a la responsabilidad de los administradores, representantes y/o directores de las sociedades, sino más concretamente al caso del art. 54, ley 19.550, y en relación con la teoría del “disregard of legal entity”; b) corresponde extender la condena solidaria a los socios gerentes si se invocó y probó la retención de aportes sin ingresarlos a los organismos pertinentes; y c) siendo improbable la documentación en actas de la decisión de realizar maniobras en perjuicio de los organismos de seguridad social, cabe presumir la participación de todos los administradores en tal cuestión si no está probado que fuere ajeno a sus funciones y/o conocimiento todo lo relativo al pago de sueldos y las correspondientes retenciones.

 

• Contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Horas extra. Vendedores. Convenios colectivos de trabajo. Casuística. SMATA. CCT 379/2004. Interpretación. 29/05/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Pollicina, Marcelo G. v. Francisco Osvaldo Díaz SA”, estableció que los vendedores están excluidos del régimen de la ley 14.546 por las razones indicadas en el art. 14, CCT 379/2004, pero ello no los coloca fuera de toda protección vinculada con la extensión de la jornada (inc. 2°, art. 18).

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto. Acoso moral. Mayores daños. 24/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Blanco, Silvia M. v. Deheza SA”, resolvió que como titular del poder de organización y dirección de la empresa el empleador es responsable si delegó estas funciones en dependientes que, contra lo dispuesto por la ley 20.744, generaron un ambiente de trabajo hostil que fue apto para provocar daños al trabajador.

 

• Contrato de trabajo. Suspensión de efectos. Enfermedades y accidentes inculpables. Plazos y remuneración. Licencia por enfermedad. Plazo. Cargas de familia. Concepto. Conviviente. 31/07/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Rivera, María F. v. Global Center SA”, concluyó que debe considerarse como integrante del concepto “carga de familia” al conviviente del trabajador, a los efectos del plazo de suspensión por enfermedades y accidentes inculpables.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Trabajador con actividad gremial. Reparación de daños y perjuicios. Monto de la reparación. 29/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Palavecino, Daniel E. v. Cañuelas Gas SA”, estableció que si el trabajador es víctima de una conducta discriminatoria, por motivos gremiales, en contra de lo dispuesto por los arts. 17, LCT, y 1°, ley 23.592, y quedó probado que la verdadera causa del despido dispuesto no fue otra que la activa participación en la convocatoria para las elecciones del delegado del sindicato en la empresa, corresponde indemnizar tales perjuicios adicionales de modo especial, ya que el art. 245, LCT, no los comprende.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Casuística. Mora en el pago de las remuneraciones. Reconocimiento expreso por vía telegráfica. Invocación de un supuesto “acuerdo interno”. Falta de acreditación e invalidez eventual. Efectos. Plazos legalmente fijados para abonar la remuneración. Interpretación. 09/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Méndez Villagomez, José A. v. Clínica Privada Independencia SA”, consideró válida la denuncia del vínculo efectuada por el trabajador si existió reconocimiento expreso de la empresa acerca de la existencia de una rebaja salarial, así como del diferimiento en el pago de los salarios invocando un “convenio interno” cuya existencia no se acreditó y cuyos términos serían inhábiles por contrarrestar expresas disposiciones legales sobre el plazo de pago de las remuneraciones.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificado de trabajo. Requisitos de la intimación. Falta de consignación de los certificados. Puesta a disposición por vía telegráfica. Efectos. Ausencia de argumentación del trabajador respecto de algún eventual intento de retiro. Interpretación. 29/05/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Isasi Pérez, Olga E. v. Echegoyen, Horacio”, estableció que la falta de consignación por parte del empleador de los certificados del art. 80, LCT, no obsta a la improcedencia de la sanción allí prevista cuando se verifica que la empresa en su respuesta telegráfica puso tales instrumentos a disposición y el trabajador ni siquiera argumentó haber intentado su retiro.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del trabajador. Diligencia, colaboración, fidelidad, obediencia. Incumplimiento por parte del empleador de obligaciones fundamentales atinentes al contrato de trabajo. Retención de tareas. Art. 1201, CCiv. Procedencia. 28/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Mamani Paco, Ana M. v. Anatniuq SA y otros”, estableció que el trabajador puede negarse a prestar servicios en caso de incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones fundamentales.

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no salariales. Beneficios sociales. Tickets. Inconstitucionalidad del art. 103 bis, LCT. Carácter salarial. Efectos. 01/09/2009

La Corte Sup., en autos “Pérez, Aníbal R. v. Disco SA”, declaró la inconstitucionalidad del art. 103 bis, inc. c), LCT, en tanto dispone que los vales alimentarios no tienen carácter salarial.

 

• Contrato de trabajo. Certificados de trabajo. Requisito de la intimación. Intimación realizada antes de vencer el plazo previsto en el decreto 146/2001. 10/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Ieraci, Miguel A. v. Viconex SA y otro”, estableció que la intimación fehaciente a que aluden tanto el art. 80, LCT, como su reglamentación sólo puede surtir efectos una vez que haya transcurrido el plazo de treinta días acordado al empleador para cumplir con la exigencia legal, plazo que constituye -desde el momento de la extinción- una oportunidad para que el empleador infractor regularice su situación administrativa.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Organización judicial. Competencia. Material. Prevención. Íntima conexidad entre la petición cautelar y el fondo de la controversia debatida. Interpretación y efectos. 09/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Vigna, Hernán G. v. Lekryzon SA y otro”, estableció que procede la prevención de un tribunal cuando existe íntima conexidad entre la petición cautelar que quedó radicada en una sala y el fondo de la controversia debatida.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Incapacidad o inhabilidad del trabajador. Posibilidad de realizar tareas livianas. Falta de otorgamiento. Indemnizaciones que prosperan. 08/05/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Villafañe, Antonio B. v. Fibraltex SA y otro”, estableció que habiendo reconocido la empresa que existían tareas livianas en el establecimiento, si no se ha demostrado que aquélla estuviera impedida de asignar al actor alguna de ellas, la decisión de rescindir el contrato invocando esa imposibilidad configura un despido arbitrario, por lo que el trabajador tiene derecho no solamente a la indemnización sustitutiva de preaviso omitido, sino también a la integración de salarios del mes de despido.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Tutela de los candidatos. 11/08/2009

La Corte Sup., en autos “Robledo, Oscar M. v. Cordón Azur SRL y otros”, resolvió que resulta procedente la queja vinculada a la reparación reglada por el art. 52, ley 23.551, si se dispuso su rechazo sin abordar el tratamiento de los agravios referidos a que la estabilidad gremial opera a partir de la postulación del candidato y por seis meses -quedando comprendidos los candidatos electos.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto. Falta de comunicación del distracto. Indiferencia ante el cierre del establecimiento. 08/06/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Frutos, Graciela N. v. Air Madrid Líneas Aéreas SA”, estableció que el cierre del establecimiento no puede considerarse como tácita comunicación rescisoria, en especial si la empresa guardó silencio frente a la intimación realizada a los efectos de aclarar la situación laboral.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Organización judicial. Competencia. Competencia territorial. Accidentes de trabajo. Demanda fundada exclusivamente en procura de prestaciones de la ley especial. Interposición de la acción frente al juez del lugar del trabajo o del domicilio de la aseguradora. Libre elección del trabajador. 28/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Pérez, José D. v. Prevención ART SA”, estableció que en las acciones entabladas exclusivamente a la ART en procura de las prestaciones de la ley 24.557 el trabajador puede elegir demandar ante el juez del lugar de trabajo o el del domicilio de la aseguradora.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Empresas subordinadas o relacionadas. Conjunto económico. Contrato de trabajo plural. Innecesariedad de prueba respecto de maniobras fraudulentas. 10/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Vizcaíno, Pablo A. v. Emernort SA y otros”, estableció que si el trabajador se desempeñó en calidad de dependiente para un sujeto plural, indistintamente, no resulta necesario demostrar maniobras fraudulentas en los términos del art. 31 de la Ley de Contrato de Trabajo.

 

• Accidentes de trabajo. Seguro de accidentes. Ley 24.557. Cobertura. Gendarmería Nacional. Agente. Actos de servicio. 07/05/2009

La C. Fed. Seg. Social, sala 1, en autos “Jurado, Martín G. v. Gendarmería Nacional”, entendió que no hay norma expresa que impida a un agente de Gendarmería Nacional la aplicación de las disposiciones de la ley 24.557, por lo que no puede concluirse que la pretensión del actor de percibir la indemnización por incapacidad permanente, parcial y definitiva resulte inadmisible.

 

• Contrato de trabajo. Contratos especiales. Trabajo de mujeres. Despido por causa de matrimonio. Protección al trabajador varón. Prueba. inoperatividad de la presunción. constitucionalidad del art. 178, LCT. Empleados administrativos de empresas periodísticas. Jornada. Límite semanal de 48 horas no superado. Interpretación. 13/05/2009

La C. Nac. Trab., sala 3, en autos “Rogal, Oscar v. Editorial Amfin SA”, estableció: a) que según el estatuto para el personal administrativo de empresas periodísticas, el tiempo trabajado más allá de las 6,30 horas es suplementario y debe pagarse como tal, aunque el total semanal no pase de 36 horas, y b) que la presunción iuris tantum contemplada en el art. 178, LCT, referida a la protección de la mujer embarazada o madre no puede hacerse extensiva al trabajador varón.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Medidas cautelares. Embargo preventivo. Audiencia confesional. Rebeldía en posiciones declarada por insuficiente acreditación de personería. Valoración de los requisitos para decretar el embargo preventivo. 30/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 3, en autos “Lopez, Elena C. v. Obra Social del Personal de las Telecomunicaciones”, estableció que la rebeldía en la prueba confesional, decretada por acreditación insuficiente de personería, es suficiente a los fines de decretar un embargo preventivo.

 

• Régimen orgánico. Patrimonio y recursos. Contribución solidaria. Descuento realizado sobre los haberes de un trabajador no afiliado. Concepto y naturaleza de la “cuota de solidaridad”. Validez. 13/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 8, en autos “Comisión Gremial Interna del Banco Ciudad de Bs. As. v. Estado Nacional y otros”, consideró procedente (por mayoría) el descuento de la contribución solidaria dispuesto sobre los haberes de un trabajador no afiliado, en tanto tal concepto no mantiene exclusiva vinculación con la retribución de las ventajas logradas a través de la CCT.

 

• Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Voluntariado social. Alcances, límites e interpretación. Ley 25.855. 11/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 8, en autos “Cazado, José Alberto v. Asociación Israelita Argentina Tzeire Adudath Jabad y otros”, estableció que a partir de la sanción de la ley 25.855 quedaron definidos los límites de la actuación de quienes desempeñan tareas en organizaciones de manera voluntaria, entre los que cabe destacar el acuerdo básico común del voluntario social, regulado por el art. 8 del citado cuerpo legal.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Medidas cautelares. Embargo preventivo. Audiencia confesional. Rebeldía en posiciones declarada por insuficiente acreditación de personería. Valoración de los requisitos para decretar el embargo preventivo.30/04/2009

La C.Nac. Trab., sala 3ª, en autos “López, Elena C. v. Obra Social del Personal de las Telecomunicaciones”, estableció que la rebeldía en la prueba confesional, decretada por acreditación insuficiente de personería, es suficiente a los fines de decretar un embargo preventivo.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Cooperativas de trabajo. Intermediación. Imposibilidad de actuar como “colocadoras de personal” en establecimientos terceros. Sucesivos cambios de titularidad. Interpretación. 22/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Juárez, Segundo A. v. Cooperativa de Trabajo Ferrocon Ltda. y otro”, concluyó que las cooperativas de trabajo no pueden actuar como colocadoras de personal.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Procedimiento en primera instancia. Prueba. Prueba confesional. Presidente de sociedad anónima. Mandato vencido. Interpretación. 18/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Layus, Mariano E. v. Finca del Manantial y otro”, estableció que para que resulte operativa la salvedad contenida en el art. 257, ley 19.550, se debe acreditar mediante los libros de actas respectivos que se ha configurado la situación de hecho que hubiera habilitado la permanencia de quien mantuvo el cargo de presidente hasta ser reemplazado.

 

• Sociedades (en general). Relaciones del socio con la sociedad. Responsabilidad del socio. Responsabilidad del controlante. Acuerdo de transferencia de acciones. Frustración de la transferencia. Responsabilidad de los suscriptores del acuerdo. 12/06/2009

La C. Trab. Córdoba, sala 7ª, en autos “Torres, Alejandro F. v. Clínica Privada Junín SRL y otros”, resolvió que corresponde condenar directamente a los socios o a los controlantes solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados a los trabajadores, pero no hizo extensible dicha condena a quienes suscribieron un acuerdo de transferencia de acciones y realizaron actos de control o fiscalización del movimiento económico interno de la sociedad, al entender que nunca asumieron como propietarios y empleadores, sino cumpliendo un rol de apoderados, al frustrarse dicha transferencia y no aparecer nunca las acciones registradas legalmente en el Registro de Comercio, permaneciendo dicho convenio en el ámbito bilateral y privado (sin perjuicio de las responsabilidades y/o repeticiones que puedan hacerse valer entre las partes por sus derechos y obligaciones recíprocas).

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Organización, dirección, “ius variandi”. Ejercicio abusivo. Condiciones esenciales. Cambio de tareas. Enfermero con título profesional habilitante. Recategorización como “camillero”. Efectos. Interpretación. 29/05/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Agüero, Federico R. v. Hospital Británico de Buenos Aires”, estableció que habiendo sido acreditado el desempeño del trabajador como enfermero profesional con título habilitante, la recategorización como camillero afecta un requisito esencial del contrato de trabajo.

 

• Estatutos especiales. Encargados de casas de renta y de propiedad horizontal. Régimen indemnizatorio. Integración del mes del despido. Improcedencia. 27/05/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Cardozo, Juan C. v. Consorcio Acevedo 421”, estableció que la ley 12.981 no prevé la denominada “integración del mes de despido”, por lo que no corresponde admitir la viabilidad de este aspecto de la pretensión.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Servicios médicos. Obra social. Solidaridad. Procedencia respecto de la administradora. Inaplicabilidad del art. 30, LCT, para el caso de la entidad sindical que participa en la administración de la obra social. 20/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Novosad, Roberto C. v. Administradora Sanatorial Metropolitana SA y otros”, consideró solidariamente responsables a la obra social y a la administradora prestataria de servicios médicos, en los términos del art. 30, LCT, pero desechó tal supuesto para el caso de extensión de la condena a la entidad sindical participante en la administración de la obra social.

 

• Procedimiento laboral. Provincia de Mendoza. Ejecución de la sentencia. Embargo. Domicilio real de la empleadora. Asiento del hogar conyugal. Bienes gananciales, muebles no registrables sometidos al uso y goce de la empleadora. Tercería de dominio interpuesta por su cónyuge. Rechazo. 18/06/2009

La C. Trab. Mendoza, sala unipersonal, en autos “Cabrera, Carina E. v. Correa, Rosa I.”, entendió que la libre administración de los bienes (art. 1276, CCiv.) del tercerista cónyuge de la empleadora no implica que “efectivamente” los administre cuando se trata de bienes muebles, no registrables y que se encuentran en el hogar conyugal sometidos al uso y goce de la empleadora.

 

• Contrato de trabajo. Empleo Público. Ius Variandi. Aplicación de CCT.. 9/06/2009

La C. Sup. Just. Nación, en autos “”Schiavone Diego Gerardo v. Estado nacional Administración Federal de Ingresos Público”., estableció los alcances de la aplicación del ius variandi tanto respecto del empleo privado como del empleo público. Hace referencia al ejrercico razonable del ius variandi y a la impositbilidad de acuasar perjucio al agente material y moral como consecuencia del traslado y a la violación de la carrera administrativa.

 

• Contratos administrativos (En particular). Concesión de servicio público. Efectos. Entre concesionario y personal. Junta Nacional de Granos. Concesión del estacionamiento para camiones. Despido de trabajadores que desempeñaban tareas en la playa de estacionamiento. Responsabilidad solidaria. LCT. Ámbito de aplicación. Improcedencia. 03/04/2009

La C. Fed. Mar del Plata, en autos “Medina, Néstor y otros v. Agencia de Investigaciones General Roca y otros”, dispuso que no corresponde responsabilizar en forma solidaria a la Junta Nacional de Granos por las consecuencias derivadas de la relación laboral que unía a la concesionaria con los trabajadores que desempeñaban tareas en la playa de estacionamiento de camiones.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Falta de pago de la indemnización por despido. Despido sin causa. Falta de pago en término. Art. 2°, ley 25.323. Eximentes posibles. Concurso preventivo. Aplicación de la multa. 29/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Dente, Víctor R. v. Compañía Láctea del Sur SA”, estableció que el concurso preventivo no constituye un impedimento jurídico o material que justifique la eximición del pago del agravamiento previsto por el art. 2°, ley 25.323.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Comercialización. Estaciones de servicio. Minimercado instalado dentro de los lugares de expendio de combustible. Solidaridad. 18/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “García Pulo, Cristian v. Materolo SRL y otro”, concluyó que la instalación de minimercados en las bocas de expendio de combustible resulta parte integrante de las estaciones de servicio, porque son útiles para la atracción de clientela, de modo que es necesaria a los fines del objeto de la empresa principal.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Tutela sindical. Reserva de puesto y reinstalación. Procedencia aun vencido el plazo de garantía durante el proceso. Percepción de la indemnización por despido. Efectos. 05/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Elizalde, Horacio G. y otros v. Spicer Ejes Pesados SA”, estableció que el derecho sustancial a la reinstalación no puede quedar sujeto al tiempo que pudiera demandar la tramitación judicial.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Recursos y procedimiento ante la Cámara. Interposición y concesión. Requisitos. Monto mínimo. Certificados de trabajo. 30/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Argüello Barua, Hugo R. v. Raffo y Mazieres SA”, estableció que a los fines de determinar el monto mínimo de apelabilidad dispuesto por el art. 106, LO, no sólo debe tenerse en cuenta la indemnización del art. 80, LCT, sino también el reclamo por el certificado de trabajo.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación. Subcontratación y delegación. Entidades públicas. UBA. UTN. Aplicabilidad del art. 29, LCT. 29/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Alaniz, Guillermo R. v. Comisión Nacional de Regulación del Transporte y otros”, estableció que si las universidades (en el caso, UBA y UTN) admiten haber intermediado tanto en la contratación como en el pago mes a mes de un contrato cuya labor se efectuaba en exclusivo beneficio de la CNRT debe concluirse que han sido probados los presupuestos de hecho que hacen aplicable al caso lo establecido en el art. 29, LCT.

 

• Contrato de trabajo. Prescripción y caducidad. Plazos. Certificados de trabajo. Diferencia entre el deber contractual del art. 80, LCT, y la imprescriptibilidad de los derechos provisionales. Interpretación. Plazo bianual. 29/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Contreras, Fernando G. v. Met AFJP”, estableció que la obligación que el art. 80, LCT, impone al empleador tiene origen en el contrato de trabajo que ha unido a las partes y por ende es de aplicación el plazo prescriptivo bienal que prevé el art. 256 del mismo cuerpo legal.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y obligaciones de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificados de trabajo. Requisitos de la intimación. Desconocimiento de la relación laboral. 11/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Albajari, Vivian C. v. Obra Social del Personal de Edificios de Renta y Horizontal”, estableció, por mayoría, que aun cuando se hubiera intimado a la entrega del certificado de servicios en la misma comunicación telegráfica en la que se comunicó el distracto, si el instrumento no es entregado tampoco dentro del plazo de treinta días instituido por el decreto reglamentario en favor del empleador, ni en ninguna otra oportunidad, corresponde aplicar la multa del art. 45, ley 25.345.

 

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Interposición y mediación de sujetos. Empresa de servicios eventuales. Inscripción de un contrato de trabajo en los libros de la empresa de servicios eventuales y en la usuaria. Indemnización del art. 8°, ley 24.013. Solidaridad del art. 29, LCT. Interpretación. 18/05/2009

La C. Nac. Trab., por resolución de Cámara del 18/5/2009, convocó a plenario con motivo del expte. 1338/2007 de la sala 2ª (autos “Vásquez, María Laura v. Telefónica de Argentina SA y otro s/diferencias de salarios”), atendiendo la existencia de doctrina contradictoria acerca de la multa del art. 8º, ley 24.013, en el caso de que la inscripción del contrato haya sido efectuada por la empresa de servicios eventuales y no por la “usuaria”, que, según lo normado por el art. 29, LCT, resulta ser la empleadora directa.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Conciliación laboral. Acuerdo espontáneo ante el Seclo. Cosa juzgada. Requisitos para su revisión. Patrocinante impuesto por la empleadora. Nulidad del acuerdo homologado. 30/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Cherny, Pablo L. v. Xerox Argentina ICSA”, resolvió que si el trabajador al celebrar el acuerdo ante el Seclo no contó con la asistencia letrada que exige el art. 17, ley 24.635, ya que la profesional que lo acompañó fue puesta por la empresa, y los términos del convenio tampoco son veraces -dado que fueron preestablecidos por la empleadora- no puede homologarse el acuerdo porque se vulneran normas de orden público y se dejan sin efecto derechos irrenunciables.

 

• Enseñanza. Régimen jurídico de los docentes. Privados. Renuncia. Requisitos de validez. Emergencia económica. Duplicación indemnizatoria. Vigencia temporal. Decreto 1224. Interpretación. 27/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Rey, Constanza V. v. Asociación Civil Colegio Villa Devoto”, consideró que toda vez que el nivel de desempleo al 31/3/2007 alcanzaba el 9,3%, corresponde tomar dicha fecha como fin de la operatividad para el recargo previsto por el art. 16, ley 25.561, ya que cuando el dec. 1224/2009 declaró cumplida la condición -declaración que no era necesaria de acuerdo con la ley- hacía ya más de cinco meses que lo estaba.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Pedido de reincorporación. Requisitos. Carga probatoria dinámica. Límites. Necesaria prueba sobre la discriminación alegada. Ausencia de presunción a favor del denunciante. 27/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Olivares, Federico S. y otro v. Hipódromo Argentino de Palermo SA”, estableció que cuando se trata de dejar sin efecto un despido que en principio sería eficaz es necesaria suma prudencia para invalidarlo y consagrar la vigencia misma de una relación, porque está en tela de juicio la libertad de contratar que lleva implícita, obviamente, la posibilidad de rescindir el vínculo.

 

• Contrato de trabajo. Empleo no registrado. Reducción de las indemnizaciones. Requisitos de procedencia. Certificados de trabajo. Plazo de la intimación. 12/05/2009

El Trib. Sup. Just. Córdoba, sala Lab., en autos “Araujo Albrecht, Alejandra C. v. Vanin SRL – Vanin SA”, resolvió que si del análisis de la prueba surge sin lugar a dudas la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, en el que se destacan singularidades de la relación que “buscaban evadir” la Ley de Contrato de Trabajo, resulta improcedente utilizar la facultad del art. 16, ley 24.013, sin incurrir en una contradicción.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Reingreso. Trabajador jubilado que continúa prestando servicios para el mismo empleador. Art. 253, LCT. Interpretación. Doctrina plenaria. 05/06/2009

La C. Nac. Trab., con fecha 5/6/2009, dictó el fallo plenario 321, en autos “Couto de Capa”, fijando -por mayoría- la doctrina según la cual es aplicable lo dispuesto por el art. 253, últ. párr., LCT, al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del mismo empleador luego del goce del beneficio de la jubilación.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Procedimiento de primera instancia. Prueba. Prueba de testigos. Testigo único. Valoración. Dichos provenientes de un trabajador que prestaba servicios en el mismo establecimiento. Fuerza convictiva. 31/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Flores, Pamela B. v. Latin Company SA y otro”, consideró que la declaración de un testigo único no es un obstáculo para que sus dichos sean tomados en consideración como fundantes de afirmaciones del escrito inicial, máxime si provienen de alguien que prestaba servicios en el mismo establecimiento que el reclamante.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Servicios gastronómicos prestados en un casino. Actividad complementaria esencial para el desenvolvimiento y la consecución de los fines económicos del casino. Solidaridad. Art. 30, LCT. 31/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Ruiz, Rubén E. v. Casino Buenos Aires SA y otro”, consideró que la prestación de servicios gastronómicos dentro de un casino resulta necesaria para el desenvolvimiento y la consecución de los fines económicos, lo que amerita la procedencia de la responsabilidad solidaria en los términos del art. 30, LCT.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Servicios médicos. Obra social. Solidaridad. Procedencia respecto de la administradora. Inaplicabilidad del art. 30, LCT, para el caso de la entidad sindical que participa en la administración de la obra social. 20/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Novosad, Roberto C. v. Administradora Sanatorial Metropolitana SA y otros”, consideró solidariamente responsables a la obra social y a la administradora prestataria de servicios médicos, en los términos del art. 30, LCT, pero desechó tal supuesto para el caso de extensión de la condena a la entidad sindical participante en la administración de la obra social.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Trabajador. Trabajo prohibido. Extranjero sin residencia. Efectos. Prohibición dirigida hacia quienes utilicen los servicios personales. Interpretación. Ley de Migraciones. 18/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “A. Z., W. A. v. Mercado Claros, Leonila”, estableció que la prohibición de otorgar ocupación remunerada a un residente ilegal va dirigida siempre a quien utilice sus servicios en violación a las disposiciones de la ley.

 

• Contrato de trabajo. Reajuste de créditos laborales. Intereses. Inconstitucionalidad de la ley 23.928. Improcedencia. Tasa activa. Acta 2357 del 7/5/2002 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 16/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Heguis, Maximiliano A. v. Anselmo L. Morvillo SA y otro”, consideró que el eventual perjuicio provocado por la depreciación monetaria queda reparado con la aplicación, a partir del 1/1/2002, de un interés igual a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que fuera difundido por la Prosecretaría General de la Cámara (C. Nac. Trab., acta 2357 del 7/5/2002, ref. por res. 8 del 30/5/2002), especialmente si no queda demostrado el particular perjuicio supuestamente provocado por la prohibición de actualización.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Personería gremial. Sindicato de empresa. Entidad binacional Yacyretá. Caracterización. Ausencia del carácter de “empresa” de la entidad. Efectos e interpretación. Inaplicabilidad del régimen fijado por el art. 29, ley 23.551. Personería gremial. 27/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Asociación del Personal Argentino de Yacyretá v. Ministerio de Trabajo”, estableció que la denominada “Entidad Binacional Yacyretá” no constituye una “empresa” (en la concepción que contempla el art. 5º, LCT) precisamente por su carácter de binacional, por lo que no resulta aplicable lo dispuesto por el art. 29, ley 23.551, en el que se funda la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica para oponerse al otorgamiento de personería gremial a la Asociación del Personal Argentino de Yacyretá.

 

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Procedimiento. Legitimados. Concubina. Muerte del trabajador. Sobreseimiento definitivo. Efectos sobre la causa civil. Interpretación y alcances. Diferencia con una sentencia penal absolutoria. Responsabilidad del consorcio de propietarios. Fundamento. 17/04/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Cano Ortiz, Leonilda v. Galeano Leguizamón, Pedro S. y otro”, consideró procedente el reclamo por daño psíquico incoado por la concubina del dependiente que falleció con motivo de un accidente laboral, ya que la ley sólo exige demostrar que media un daño cierto.

 

• Contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Horas extras. Trabajo en días domingos. Acuerdo colectivo. Inoponibilidad en tanto establece un sistema peyorativo. Convenios colectivos de trabajo. Casuística. Comercio. Trabajadores de Coto CICSA. 27/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Anad, Ariel O. v. Coto CICSA”, consideró inaplicable el art. 6° del acuerdo colectivo 1.081.147/2003, celebrado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios y Coto CICSA, porque constituiría una regulación peyorativa para el trabajador que no puede ser reputada como eficaz, especialmente porque las normas imperativas integran el orden público laboral y no pueden ser modificadas mediante el supuesto ejercicio de la denominada “autonomía colectiva” en perjuicio de los trabajadores.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Participación en medidas de fuerza. Improcedencia del despido. 25/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Alfieri, Christian G. v. Plavinil Argentina SA”, consideró que la abstención de prestar tareas enmarcada en el conflicto colectivo y en las medidas de acción directa no constituye una grave falta de conducta que justifique el despido.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Abandono de trabajo. Configuración. Requisitos. Necesaria intimación previa. Intención de no reintegrarse al empleo. 31/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Worobec, Rodrigo N. v. Trolli, Alicia A.”, estableció que para que se configure como causal específica de despido el abandono de trabajo tipificado por el art. 244, LCT, se requiere una exigencia de tipo formal -la intimación previa al dependiente a presentarse a trabajar- y la convergencia de dos elementos: uno de tipo objetivo -la no concurrencia al trabajo- y el otro de tipo subjetivo -que el ánimo del trabajador sea el de no reintegrarse a sus tareas-, porque no toda ausencia refleja la existencia de ese elemento subjetivo que, lógicamente, debe quedar evidenciado a partir de elementos concretos que lo prueben y revelen en cada caso particular.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Jerarquía y efectos. Sucesión temporal. Ultraactividad. Condiciones menos favorables. 31/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Portmann, Enrique v. Anses”, estableció que las condiciones emergentes de una determinada convención no se incorporan definitivamente al contrato individual y no son exigibles más allá de la vigencia de aquélla (o de su posible ultraactividad), razón por la cual pueden ser válidamente modificadas “in peius”, derogadas o sustituidas por otras pactadas en un nuevo convenio.

 

• Contrato de trabajo. Modalidades. Becas. Pasantías. Requisitos para el encuadre dentro de la excepcional figura. Estudiante de la carrera de contador público. Atención de reclamos de clientes. Ausencia de finalidad formativa. Efectos. Contrato de trabajo propiamente dicho. 12/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “García, Laura V. v. Telefónica de Argentina SA y otros”, estableció que si las tareas llevadas a cabo por la trabajadora a favor de la empresa (en el caso, atención de los reclamos de los clientes) no cumplen una finalidad formativa acorde a sus estudios como contadora pública, tal como la define el art. 2°, ley 25.165, corresponde considerar la relación laboral como por tiempo indeterminado y bajo las previsiones de un contrato de trabajo.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Estabilidad gremial. Estabilidad gremial de los empleados públicos. Aplicación de la ley 23.551 al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Contratos administrativos (En particular). Empleo público. Derechos. Derechos sindicales. 11/02/2009

La Sup. Corte Bs. As., en autos “Alzaga, Damián Ignacio v. Banco de la Provincia de Buenos Aires”, dispuso que en orden a lo dispuesto por el art. 52, ley 23.551, los trabajadores amparados por las garantías previstas en los arts. 40, 48 y 50 de dicho cuerpo normativo no pueden ser suspendidos, despedidos, ni sus condiciones de trabajo modificadas si no media resolución judicial previa que los excluya de la tutela (del voto del Dr. Genoud -mayoría-)

 

• Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Art. 1109, CCiv. Afecciones psíquicas. 20/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Sasso, Raimundo D. v. Toyota Argentina SA”, sostuvo que si el trabajador estuvo sometido a tensiones nerviosas excesivas o a sobreexigencias de carácter estresante, puede admitirse la existencia de un vínculo causal entre la afección psíquica que padece y el trabajo realizado para la accionada.

 

• Prueba. Prueba de peritos. Honorarios del perito. Supuestos particulares. Profesionales en ciencias económicas. Efectos del acuerdo homologado sobre la base de cálculo. 14/04/2009

La Corte Sup., en autos “Lasala, Mario O. v. Logística La Serenísima SA y otros”, resolvió que el art. 3°, inc. b), dec.-ley 16.638/1957, tras destacar que se considerará monto del juicio a la cantidad fijada por la sentencia o en la transacción, autoriza a los jueces, en los casos en que el monto no alcance el 75% del reclamado en la demanda, a fijar los honorarios del perito en función de un porcentaje mayor al que corresponde según la cantidad que surge de aquéllas.

 

• Accidentes del trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Art. 1109, CCiv. Afecciones psíquicas. 20/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Sasso, Raimundo D v. Toyota Argentina SA”, sostuvo que si el trabajador estuvo sometido a tensiones nerviosas excesivas o a sobreexigencias de carácter estresante, puede admitirse la existencia de un vínculo causal entre la afección psíquica que padece y el trabajo realizado para la accionada.

 

• Abogado. Honorarios. Regulación y cobro. Acción de cobro. Cobro al condenado en costas. Inconstitucionalidad del art. 8°, ley 24.432. Necesaria retribución al letrado por la labor y representación judicial. 05/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Vouilloud, Julio A. v. Terminal Buenos Aires SA y otro”, dispuso que la representación judicial ejercida por el letrado se presume onerosa, de conformidad con las reglas que rigen el mandato (art. 1871, CCiv.), así como el carácter eminentemente alimentario de la retribución profesional.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto. Rubros reclamados. Indemnización por despido indirecto. Indemnización agravada por maternidad. Recaudos para su procedencia. 14/04/2009

La C. Trab. Mendoza, 1ª, en autos “Giannini, Silvia F. v. Abraham, Roberto y otros”, dispuso que si bien en el supuesto de despido indirecto también es aplicable el art. 178, LCT -ya que la facultad de denuncia del contrato es bilateral- no opera la presunción legal en orden a que el cese fue debido a la maternidad, debiendo demostrar la trabajadora que el distracto obedeció a tal situación personal.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Organización, dirección, “ius variandi”. Solicitud del trabajador para que se le otorgue el franco semanal el día sábado por cuestiones religiosas. Negativa injustificada del empleador. Libertad religiosa. Derecho de profesar libremente su credo. 22/12/2008

El Trib. Trab. Dolores, en autos “Belotto, Rosa E. v. Asociación Bancaria (SEB)”, dispuso que las facultades legales y convencionales de organización y control no tienen un carácter absoluto, ya que deben ser ejercidas con carácter funcional y en beneficio del interés colectivo de la empresa y sin perjuicio de la preservación y mejora de los derechos del trabajador. Esto supone que el empleador deberá compatibilizar tal facultad de dirección con la persona y derechos de los trabajadores, cuya dignidad moral -en el caso, el ejercicio de su credo- no puede ser desconocida.

 

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Operatoria riesgosa sin resguardo. Tendido de postes de alta tensión. Culpa de la víctima alegada por la empleadora demandada. Falta de prueba. 21/04/2009

La Corte Sup., en autos “Rodríguez, Ramón v. Electricidad de Misiones SA”, por mayoría, dejó sin efecto la sentencia pronunciada por la C. Nac. Trab., sala 8ª, que había rechazado la demanda de reparación de una minusvalía laboral en el marco de la legislación civil.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Despido de candidato a delegado gremial. Medidas cautelares. Autorización para participar en elección. Derecho colectivo. Asociaciones sindicales. Tutela sindical. Alcances. Candidatos. Autorización a participar en acto eleccionario. 03/04/2009

La C. Nac. Trab, sala 1ª, en autos “Spinelli, Javier H. v. PABSA”, estableció que corresponde hacer lugar a la medida cautelar tendiente a autorizar la postulación como delegado de un trabajador despedido, sin que ello haga cosa juzgada en relación con el fondo de la cuestión.

 

• Contrato de trabajo. Modalidades. Período de prueba. Despido de la mujer embarazada. Inaplicabilidad de las presunciones del art. 178, LCT. 23/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Granieri Navas, Anabel Y. v. MAPFRE Argentina Seguros SA”, estableció que durante la vigencia del período de prueba no rige la presunción del art. 178, LCT, y, en consecuencia, el despido de la mujer embarazada durante ese lapso dará lugar a la indemnización especial prevista en el art. 182, LCT, cuando se acredite que la cesantía fue motivada por dicho estado de embarazo.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Ejecución de créditos reconocidos o firmes. Cosa juzgada. Efectos de la sentencia decretada en el proceso de verificación de créditos. Validez y alcances. 25/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Pardo, José P. v. Transportes García SRL y otro”, estableció que la resolución que declara verificado, admisible o inadmisible un crédito es una verdadera sentencia dictada en un proceso de conocimiento y, una vez firme, adquiere la validez material de la cosa juzgada y sólo es susceptible de revocación por dolo.

 

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Art. 1113, CCiv. Actividad riesgosa. Responsabilidad del contratante. Solidaridad de todos los sujetos que ejercen la guarda frente a la víctima. Daños que la intervención activa de la cosa pudiere ocasionar. Alcances. 17/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “García, Gastón A. v. Edesur SA y otro”, estableció que quien posee como actividad la distribución y comercialización de energía eléctrica se sirve de la actividad desarrollada por la subcontratista -trabajos de corte y rehabilitación del servicio eléctrico de los usuarios-, es decir, de sus clientes; entonces, obtiene un provecho y por lo tanto se encuentra comprendido en el concepto de “guardián” al que alude el párr. 2°, art. 1113, CCiv.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Estado. Tareas de limpieza prestadas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Actividad normal y específica. Efectos. Solidaridad. 27/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Sánchez, María I. v. Lim Val SA y otro”, estableció que si bien la ley excluye al Estado de ciertas responsabilidades solidarias, como las derivadas de la transferencia del establecimiento (art. 230, LCT), ninguna norma hace lo propio respecto de la responsabilidad del art. 30 de dicho cuerpo legal.

 

• Extinción del contrato de trabajo. Rubros que se devengan. Art.132 bis, LCT. Naturaleza jurídica. Sanción conminatoria. Requisitos para su procedencia. 20/03/2009

La Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, en autos “F., D. D. v. Pescaglia SA”, hizo lugar al recurso de casación deducido por el trabajador contra la sentencia de la Tercera Cámara del Trabajo -que rechazó la sanción conminatoria del art. 132 bis, LCT, ante la inexistencia de un interés jurídicamente protegido del actor, art. 41, CPC- al sostener, por el contrario, que existe una norma expresa que determina la procedencia de la sanción, por lo que, dados los requisitos, corresponde su otorgamiento, ya que de lo contrario la falta de integración de los aportes no sólo perjudicaría al empleado sino que también afectaría la financiación del sistema todo.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Abandono de trabajo. Ausencias prolongadas. Pago ininterrumpido del salario aun durante las ausencias. Imposibilidad de considerar a las ausencias injustificadas. Necesaria intimación previa a retomar tareas. 12/03/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Romero Caamaño, Américo J. v. PAMI”, estableció que no pueden considerarse injustificadas las ausencias del trabajador, si la empresa continuó abonándole ininterrumpidamente sus haberes durante todo el lapso en que aquél no prestó servicios, siendo necesaria la intimación previa a retomar tareas.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Partes. Intervención de terceros. Citación del socio gerente. Art. 94, CPCCN. Procedencia ante la citación solicitada por el restante socio gerente. 30/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Pacheco, Rodolfo I. y otros v. La Prensa Médica Argentina SRL y otros”, consideró procedente la citación en los términos del art. 94, CPCCN, de quien sería socio gerente de la sociedad empleadora si es solicitada por el restante socio gerente.

 

• Estatutos especiales. Viajantes de comercio. Caracteres. Ámbito de aplicación. Diferenciación entre el “viajante de comercio” y el “agente comercial”. 18/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Redelle Gandine, Pablo A. v. Flora Danica SA”, estableció que la nota distintiva entre “viajante de comercio” y “agente o representante comercial” se encuentra en que este último es un comerciante empresario que tiene su propio sistema de ventas, ajeno al del principal, coordinando sus tareas y los medios aptos para promover y concertar negocios, asumiendo los riesgos de una organización empresarial propia, en la que está ausente el carácter personal de la actividad como prestación.

 

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Daño resarcible. Ley 24.557. Control de constitucionalidad. Imposibilidad de declarar de oficio la inconstitucionalidad de la ley 24.557. Comisiones médicas. Efectos de su dictamen. 27/11/2008

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Pacheco, Oscar H. v. HIH Interamericana ART”, estableció que a pesar de la imperatividad de la Carta Magna cuando únicamente se encuentra comprometido un interés particular, la falta de invocación de lesión constitucional en la demanda impide la eventual declaración de inconstitucionalidad de oficio; además, sostuvo que el planteo de una cuestión federal en la expresión de agravios contraviene los principios que rigen el contradictorio.

 

 

• Empleo público: fallo plenario reconoce diferencias indemnizatorias. 26/03/2009

La C. Nac. Cont. Adm. Fed., en pleno, en autos “Soto, Juan C. y otro v. Dirección General de Fabricaciones Militares”, estableció como doctrina legal que es admisible el reconocimiento de diferencias relativas a la indemnización abonada en los términos del dto. 162/92 al personal en disponibilidad del Establecimiento “Altos Hornos Zapla” calculada en función del último haber percibido durante el año 1992, alegándose una incorrecta liquidación de esa remuneración, cuando la misma fue oportunamente consentida y respecto.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización por antigüedad o despido. Base de cálculo. Incidencia de los rubros “SAC” y “bonus”. Falta de demostración del pago del “bonus” en forma regular. Carácter extraordinario del pago de “bonus”. Efectos. Interpretación. Uso del automóvil. Carácter remuneratorio y pago en especie. 27/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Guerra, Martín v. Grey Argentina SA”, estableció que la falta de acreditación del pago de “bonus” como cancelación normal y habitual y su carácter excepcional impiden proyectar su eventual incidencia sobre la base del cálculo de la indemnización por despido, pero consideró que si el trabajador gozó del uso del automóvil otorgado por la empresa incluso para cuestiones personales no laborales corresponde considerar tal hecho como pago en especie y debe calcularse la incidencia proporcional en la base salarial.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificados de trabajo. Puesta a disposición. Carga de la prueba de la no concurrencia del trabajador. Interpretación. 27/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Obelar, Estefanía v. Celu Service SRL y otro”, estableció que la “puesta a disposición” de los certificados de trabajo no basta por sí sola para configurar la mora del acreedor, ya que la demandada no acreditó la no concurrencia del trabajador a recibirlos con posterioridad a la mencionada interpelación.

 

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Art. 1113, CCiv. Agresiones a personal que corta el suministro de electricidad. Responsabilidad de la contratista. Valoración y alcances. 17/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “García, Gastón A. v. Edesur SA y otro”, estableció que si la contratista se sirvió de la actividad desarrollada por la subcontratista -empleadora de la víctima y constituida por los trabajos de corte y rehabilitación del servicio eléctrico de los usuarios, es decir, de los clientes de la primera- significa que ésta obtuvo un provecho o un beneficio y por lo tanto se encuentra comprendida en el concepto de “guardián” al que alude el párr. 2°, art. 1113, CCiv.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Por voluntad concurrente. Art. 241, LCT. Imposibilidad de invocar el supuesto por parte de quien niega la existencia del vínculo laboral. Principio de no contradicción. Valoración y efectos. 10/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Gattas, Gustavo v. Galenica SRL”, estableció (por mayoría) que no puede considerarse la hipótesis de extinción por voluntad concurrente de las partes si la demandada ha negado la existencia misma de la relación y del contrato pertinente.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación. Efectos de los actos realizados por la empresa interpuesta. Comunicación de despido realizada por la empresa intermediaria. Ineficacia. Verdadero carácter de empleador. Empleo no registrado. Registración realizada por la empresa intermediaria. Ineficacia. Indemnización por falta y/o falsedad de registro. Procedencia. 24/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Cortopassi, Luis C. A. v. Banco Hipotecario SA y otro”, estableció (por mayoría) que a) la comunicación instrumentada por la empresa intermediaria carece de eficacia extintiva y resulta inoponible al trabajador, pues fue emitida por una persona que no revestía la calidad de empleadora; y b) la registración de la relación laboral por el contratante del trabajador no basta para el cumplimiento de la obligación impuesta por el art. 7º, ley 24.013, ni del objetivo fijado por el art. 2º, inc. j), de la ley citada

 

• Contrato de trabajo. Suspensión de efectos. Enfermedades y accidentes inculpables. Control. Licencia por enfermedad. Dictámenes divergentes. Efectos. Necesaria opinión de un tercero imparcial. 03/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Tomasini, Alejandra S. v. Empresa General Urquiza SRL”, dispuso que ante la divergencia de los dictámenes médicos del trabajador y la empleadora lo correcto es pedir la opinión de un tercero imparcial.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. Nulidad. Procedencia formal. Actividad sindical. Convenio 98 de la OIT. Interpretación y efectos. 30/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Salvi, José F. v. Spicer Ejes Pesados SA”, estableció que no corresponde acceder la nulidad del despido y reinstalación si no se ha probado que tuvo como causa la actividad sindical del actor.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Socio empleado. Componentes. Responsabilidad de socios y administradores. Imposibilidad de invocarla por quien también fue socio. Interpretación. 30/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Enea Spilimbergo, Fernando v. Soluciones Integrales Corporativas SA”, estableció que si el reclamante fue uno de los cinco accionistas de una sociedad anónima, en la que dos de ellos eran titulares del 30% de las acciones y el pretensor del 10%, todos ellos tenían oficinas en la sede la empresa, y además este último se retiró de la sociedad a través de la venta de su capital accionario a un tercero, entonces no puede invocar la calidad de empleado en relación de dependencia.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Prueba. Generalidades. Indicios. Requisitos. Imposibilidad de constituir convicción judicial si no existen indicios precisos, numerosos y concordantes. 05/11/2008

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “López, Gisella v. Suplementos Naturales SA y otros”, determinó que los indicios o presunciones simples, para poder constituir el fundamento de la convicción judicial, deben ser numerosos, graves, precisos y concordantes.

 

• Fuerzas armadas y de seguridad. Policía Federal. Suplemento particular. Carácter remunerativo y bonificable. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Pronunciamientos plenarios. 19/03/2009

La C. Nac. Cont. Adm. Fed., en pleno, en autos “Carrozzino, Salvador v. Estado Nacional”, fijó como doctrina legal que corresponde atribuir carácter remunerativo y bonificable a los suplementos establecidos por el dec. 2744/1993.

 

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Riesgo o vicio de la cosa (art. 1113, CCiv.). Inconstitucionalidad del art. 39, ley 24.557. Oportunidad de su declaración. Daños y perjuicios. Responsabilidad del Estado. Supuestos particulares. Daños sufridos por el personal policial. Incompatibilidad del beneficio especial del art. 116, inc. e.3, dec.-ley 9550/1980 (por muerte o incapacidad total y permanente del personal policial), con la indemnización basada en las leyes de Accidentes o Riesgos del Trabajo o en el derecho común. 25/02/2009

La Sup. Corte Bs. As., en autos “D., M. N. y otras contra Pcia. de Bs. As. y otros “, resolvió que la conducta de los delincuentes que dispararon contra un policía provocándole la muerte tuvo aptitud suficiente para interrumpir totalmente el nexo causal imputable al dueño o guardián de la cosa (Ministerio de Seguridad, provincia de Buenos Aires), eximiéndolo de responder por los daños y perjuicios sufridos por la familia de aquél. Es decir que otorgó a los malhechores carácter de terceros por los cuales el empleador no debe responder en los términos del art. 1113, CCiv.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Contemporaneidad. Maltrato al personal proferido por una trabajadora jerárquica. 11/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Gómez Muñoz, Alicia M. v. Fundación Argeninta”, estableció que para que el despido resulte justificado, además de que la medida rescisoria debe ser proporcionada con el incumplimiento contractual atribuido al trabajador, es necesario que haya sido adoptada con cierta contemporaneidad o inmediatez entre el incumplimiento y la reacción de la parte afectada por la injuria.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Ejecución de créditos reconocidos o firmes. Bien de familia. Inoponibilidad a las deudas contraídas con anterioridad a su constitución. 05/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Montenegro, Mario B. v. Rachid de Barbagallo, Nélida”, estableció que -contraída la deuda con anterioridad-, aunque se haya instrumentado su vencimiento para una fecha posterior a la inscripción del bien de familia, debe proceder la desafectación del inmueble, ya que el hecho generador es anterior y los acreedores no pueden ser perjudicados por la afectación del bien realizada con posterioridad al origen de la deuda.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Abandono de trabajo. Concepto. Respuestas del trabajador. 10/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Seijas, Marcelo E. v. Eseka SA”, estableció que el abandono de trabajo en los términos del art. 244, LCT, no se configura cuando el trabajador responde a la intimación cursada por el principal exponiendo los motivos de su ausencia que, justificada o no, revelan su intención de no abandonar el contrato de trabajo.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Jubilación del trabajador. Demora del trámite. Inoponibilidad al empleador. 15/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Bustos, Alfredo O. v. Consorcio Figueroa Alcorta 3036”, estableció que la demora o los avatares que se hayan presentado al trabajador para obtener su beneficio jubilatorio (que finalmente obtuvo) resultan cuestiones ajenas al empleador que de ninguna manera pueden serle opuestas para prorrogar el plazo máximo de un año que prevé el art. 252, LCT.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Ejecución de sentencia. Astreintes impuestas por falta de cumplimiento de la obligación. Conducta renuente al cumplimiento con posterioridad a la fijación de astreintes. Graduación. Incumplimiento reiterado. 09/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Boyero, Norma M. v. Consolidar Cía. de Seguros de Retiro SA”, decidió que corresponde elevar el monto originalmente fijado en concepto de astreintes si surge indiscutible la actitud reticente de la condenada a cumplir con la obligación que le fue impuesta y el monto fijado en tal concepto no logró vencer dicha conducta.

 

• Obligaciones de dar sumas de dinero. Depreciación monetaria. Revalorización de deudas. Mecanismos de reajuste. Cobro de aportes. Acuerdo homologado. Cláusula de paridad cambiaria respecto del dólar estadounidense y reajuste por variación. Cobro de diferencias devengadas. Acuerdos privados. Riesgo asumido libremente por una de las partes. Inequívoco propósito indexatorio. Invalidez. 10/03/2009

La Corte Sup., en autos “Obra Social del Personal de Sociedad de Autores v. Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música”, determinó que si la deudora se obligó por montos a pagar en pesos mediante un acuerdo que contenía una cláusula que preveía un reajuste en relación con la variación de la paridad cambiaria, se advierte que ésta tiene un inequívoco propósito indexatorio de las obligaciones pendientes de pago, pues su objeto es estabilizar el valor de las prestaciones vinculándolo con el de una moneda extranjera, por lo que corresponde invalidarla de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7° y 10, ley 23.928 (texto según ley 25.561), y 502, 953, 1038, 1047 y concs., CCiv.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Servicios médicos prestados por obras sociales a través de la subcontratación. Efectos. Solidaridad. 10/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Di Milia, Mónica B. v. Medicina Integral Metropolitana SA y otros”, estableció que una obra social -como cualquier entidad que desarrolla una actividad- puede elegir hacerlo por sí o por intermedio de terceros (o combinando ambas alternativas) y no existen motivos para pensar que la existencia de una regulación sobre las condiciones que deben reunir los prestadores de las obras sociales excluya la solidaridad establecida por la norma laboral de orden público.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto. Contemporaneidad entre el hecho injuriante y la invocación del incumplimiento o irregularidad. Deuda salarial. Intimación al pago realizada más de seis meses después. Ruptura del vínculo. Interpretación y efectos. 30/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Teragni, Elba Azucena v. Asoc. Mutual de Conductores de Automotores”, estableció que la falta de pago de las diferencias salariales acogidas no puede legitimar por sí sola la denuncia del vínculo si se trata de acreencias devengadas desde agosto de 2005 a junio de 2006 (“adicional por permanencia”) y la trabajadora -que no probó ningún reclamo previo- recién intimó exigiendo su pago en el mes de febrero de 2007, considerándose despedida ese mismo mes y año.

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Procedimiento de primera instancia. Prueba. Prueba testimonial. Declaración prestada en otra causa. Invalidez. Falta de integración de aportes retenidos. Multa del art. 132 bis, LCT. Inaplicabilidad a sucesor. 17/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Suárez, Lidia V. v. Pérez, Julia G. y otro”, resolvió que no es admisible darle valor probatorio en la causa laboral a la declaración testimonial efectuada en sede penal, por cuanto al no ser producida en autos ha obstado a la posibilidad de controlarla y de sugerir las preguntas que estimare pertinentes.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Servicios de gastronomía en un casino. Solidaridad en los términos del art. 30, LCT. Improcedencia. 18/02/2009

El Trib. Sup. Just. Córdoba, sala Lab., en autos “Saccone, Mónica B. v. La Lotería de Córdoba SE y otros”, resolvió hacer lugar al recurso interpuesto por Lotería de Córdoba SE y en consecuencia rechazar su responsabilidad solidaria al entender que la empresa propietaria del casino se dedica a la explotación de juegos de azar y dicho objeto no está determinado por el servicio de confitería que, mediante concesión, se despliega en el lugar, ya que suprimido éste no se verían alterados los fines y propósitos de la co-accionada.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Atención telefónica a clientes. Empresas de servicios públicos. Provisión de gas. Transferencia. Cesión del contrato de trabajo. Obligaciones del cesionario. Registración. 10/02/2009

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Marcuzzi, Andrea R. M. v. Gas Natural Ban SA y otro”, estableció que la prestación del servicio de atención telefónica de clientes frente a reclamos técnicos vinculados con el servicio de prestación de gas forma parte inescindible del servicio público de distribución de gas, de manera que si la explotadora del servicio se ha servido de una tercera empresa para prestarlos debe responder solidariamente.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificados de trabajo. Contenido. Necesaria entrega de dos documentos: certificado de trabajo propiamente dicho y constancias de aportes sindicales y a la seguridad social. Alcances y validez del formulario ANSeS PS 6.2. 30/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Vasilo, Alicia C. v. Rugutar SRL y otros”, resolvió que el art. 80, LCT, establece dos obligaciones de entrega: una referida a constancias documentadas de aportes a la seguridad social y sindicales y otra al certificado de trabajo, y que el formulario ANSeS PS 6.2 cumple parcialmente con las indicaciones que debe contener el certificado que debe entregar el empleador al finalizar la relación y, por lo tanto, la obligación no se encuentra debidamente cumplida.

 

• Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Jugador profesional de fútbol. Lesión durante una práctica. Incapacidad parcial. Indemnización integral. Alcances de la condena en relación a la ART. Límites de la póliza. 29/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Orcellet, Hernán A. v. Club Almirante Brown y otros”, confirmó (por mayoría) en lo principal el fallo de anterior instancia que había hecho lugar a la demanda presentada por un futbolista lesionado en oportunidad de una práctica, aunque limitó la condena de la ART a los términos de la póliza.

 

• Estatutos especiales. Viajante de comercio. Diferencia con el agente o representante comercial. Conceptos diferenciados. Comerciante empresario con sistema propio de ventas. 18/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Redelle Gandine, Pablo A. v. Flora Danica SA”, estableció que la distinción entre viajante de comercio y agente o representante comercial se encuentra en que este último es un comerciante empresario que tiene su propio sistema de ventas, ajeno al del principal, coordinando sus tareas y los medios aptos para promover y concertar negocios, asumiendo los riesgos de una organización empresarial propia, en la que está ausente el carácter personal de la actividad como prestación.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Organización, dirección, “ius variandi”. Ejercicio abusivo. Condiciones esenciales del contrato. Remuneración. Reducción unilateral. Invalidez. 30/09/2008

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Peralta, Jorge R. v. Orígenes AFJP SA”, consideró que la prohibición de reducción no sólo alcanza a las escalas mínimas fijadas en los convenios sino a todo componente salarial que integre la remuneración normal y habitual del trabajador, incluso a aquellos beneficios que hayan sido incorporados por vía de la voluntad unilateral del propio empleador.

 

• Seguro. Seguro de personas. De retiro. En moneda extranjera. Pesificación. Improcedencia. Precedente “Benedetti”. 03/03/2009

La Corte Sup , en autos “Alvarez Raquel v. Siembra Seguros” resolvió confirmar la sentencia de anterior instancia donde, en un contrato de seguro de retiro en moneda extranjera, ordenaba a la empresa aseguradora reintegrar a la actora la suma asegurada en dólares estadounidenses.

 

• Derecho del trabajo. Derecho administrativo del trabajo. Poder de policía. Facultades de la administración. Interpretación de normas laborales. 24/02/2009

La Corte Sup., en autos “Aerolíneas Argentinas S.A. v. Ministerio de trabajo”, resolvió que la atribución legal conferida a la autoridad administrativa para sancionar a los empleadores por la inobservancia de las normas laborales – v.gr. las referentes al importe de las remuneraciones que deben pagarse a los trabajadores – , abarca la de interpretar lo que dichas normas disponen, descartando, en su caso, la inteligencia diversa que puedan invocar los inspeccionados como justificativa de su conducta.

 

• Derecho tributario (En general). Derecho penal tributario. Régimen penal en particular. Apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social. Invocación de estado de necesidad. Recurso de casación fundado en la omisión de evaluar la ausencia de dolo. Rechazo. 05/02/2009

La C. Nac. Casación Penal, sala 1ª, en autos “Elosegui, Miguel E.”, resolvió que responde como autor del delito de retención de aportes de la seguridad social el director titular de la sociedad anónima que contaba con amplias facultades de ejecución y administración (tales como pagar tributos) y en cuya órbita se verificaban las retenciones.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Ausencia de verdadero cambio de habilitación. Cesión de la actividad. Transferencia de activos sin desentendimiento del negocio. Efectos. Solidaridad. Aplicación del art. 30 LCT. 22/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 10, en autos: “Olivera Piazzoli, Richard M. v. Provincia Servicios de Salud SA y otro”, estableció que si la cedente no se desentendió del negocio luego de la transferencia de los activos y de la cesión de marca acordadas, se advierte una cesión de la actividad “sin cambio de habilitación”, todo lo cual torna operativa la aplicación del art. 30 de la LCT.

 

• Accidentes de trabajo Acción de derecho común. Eximentes. Exclusión de la aseguradora de riesgos de trabajo. Solidaridad. Atribución de responsabilidad por omisión. 20/11/2008

El Trib. Sup. Just. Córdoba, sala Lab, en autos “López, Héctor H. v. Manfrey Coop. de Tamberos Comercial e Industrial Ltda.”, resolvió que el empleador y la aseguradora de riesgos de trabajo deben ser condenadas si así correspondiere, pero no a título de solidaridad, porque entre ambas existe una obligación de carácter “concurrente”: tienen distinta causa fin, pudiendo existir hasta la concurrencia de la cobertura superposición de prestaciones pero sólo hasta allí, esto es, en la medida del seguro, como ocurría en los regímenes anteriores de riesgos del trabajo.

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Multa por falta de integración de aportes. Obligaciones frente a organismos de recaudación. Incumplimiento. Sanción del art. 132 bis, LCT. Alcances. Límite temporal de la condena. Imposibilidad de condena sobre períodos posteriores a la sentencia. 28/11/2008

La C. Nac. Trab., sala 10, en autos “Díaz, Ángel V. v. Simerbet SRL y otros”, estableció que el resarcimiento del art. 132 bis, LCT, procede hasta la época de la sentencia, y que en todo caso corresponderá determinar por vía de incidente de ejecución la eventual procedencia de una condena mayor en los términos de dicho artículo, para lo cual habrá que evaluar si en ese período la empleadora efectivizó los pertinentes fondos retenidos y no depositados.

 

• Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Síndico societario. Planteo de supuesto vínculo laboral como dependiente de la propia empresa en la que se desempeñó como síndico. Rechazo de la petición. 20/11/2008

La C. Nac. Trab., sala 3, en autos “Estallo, Jorge R. v. MYF Distribuidora SA”, estableció que si el reclamante se desempeñó como síndico de la sociedad demandada debe desecharse la pretensión de encuadrar la relación como dependiente en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que al integrar el órgano de fiscalización de la accionada es parte de la estructura funcional de la sociedad.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Obligaciones frente a organismos. Certificado de trabajo. Multa del art. 80, LCT. Ley 25.345. Alcances de la indemnización. 30/09/2008

La C. Nac. Trab., sala 2, en autos “Fonts, Gabriel A. v. SADAIC”, estableció que si se hace lugar a la indemnización prevista por el art. 80, LCT, que está destinada a resarcir los daños y perjuicios que le haya ocasionado al trabajador la falta de entrega de un certificado adecuado a las circunstancias reales de la relación, el accionante carece de derecho a cobrar otra indemnización adicional.

 

• Procedimiento laboral. Provincia de Corrientes. Reclamo de haberes adeudados. Transferencia de establecimiento comercial. Pedido de extensión de la condena (arts. 225 y 228, LCT) por vía incidental en etapa de ejecución de la sentencia a quien no fue parte del proceso. Plenario “Baglieri”. Necesidad de una acción autónoma. 29/10/2008

El Sup. Trib. Just. Corrientes, en autos “Silva, Nancy A. v. Librería Gricel y/o Berto A. Pavón de Sosa”, dispuso que si la transmisión del establecimiento se produce después de que el trabajador que mantuvo la relación con el transmitente lleve a cabo un proceso judicial en procura del cobro de deudas, se requiere perseguir la deuda contra el nuevo titular del establecimiento, que originariamente no había sido demandado.

 

• Accidente de trabajo. Relación entre el accidente y el trabajo. Accidente “in itinere”. Arbitrariedad. Defectos en la valoración de hechos y prueba. Valoración arbitraria. 10/02/2009

La Corte Sup., en autos “Ossa Peña, Danilo E. v. Liberty Aseguradora de Riesgos del Trabajo”, resolvió que corresponde descalificar la sentencia de Cámara, de acuerdo con conocida y permanente doctrina en materia de arbitrariedad, si la prueba considerada fue presentada por la aseguradora extemporáneamente (arts. 28, 29, 32 y 34, dec. 717/1996), no se trata de un documento original sino de una fotocopia simple y resulta el fruto, según lo indica la demandada, de una “investigación realizada por el estudio de abogados designado por esta aseguradora por el supuesto accidente ‘in itinere’”; en definitiva, se desconoce absolutamente la persona que lo obtuvo, bajo qué carácter se habría presentado ante el actor para conseguir su aparente declaración bajo juramento, así como las circunstancias que rodeaban al reclamante, máxime cuando, al parecer, el acto se habría producido en el hospital en el que éste se encontraba internado; súmase a todo ello, de manera decisiva, que en momento alguno se requirió el reconocimiento del documento en juego por parte del actor.

 

• Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Emergencia. Fecha de cese. Ley 25.972. Límite del índice de desocupación. Decreto 1224/2007. Interpretación. Innecesariedad de espera posterior a la publicación en el Boletín Oficial. 28/11/2008

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Centurión, Juan R. v. Disco SA”, estableció que el dec. 1224/2007 rige desde el día en que fue publicado en el Boletín Oficial (11/09/2007), siendo innecesaria la espera de los ocho días siguientes a la publicación (arts. 2º y 3º, CCiv.).

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Generalidades. Reducción. Acuerdo de partes celebrado con patrocinio letrado. Validez. Consentimiento tácito por el paso del tiempo. Interpretación y efectos. Alcances del principio de “irrenunciabilidad”. Art. 12, LCT. Límites. 28/11/2008

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Filiberto, Adrián C. v. América TV SA”, estableció que si la remuneración percibida resultaba muy superior a la pactada en el convenio, excediendo lo previsto por el art. 12, LCT, y su reducción se produjo por un acuerdo de partes que fue ratificado por el empleado asistido por un letrado y consentido durante todo el tiempo en que se verificó la reducción del salario, no resulta procedente el reclamo de las diferencias salariales.

 

• Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Contratos de comercialización. Franquicia. Inaplicabilidad del supuesto de solidaridad emanado del art. 30, LCT. 26/11/2008

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Chazarreta, Héctor E. v. Emparte SRL y otros”, estableció que cuando existe un contrato de franquicia no resultan aplicables -en principio- las disposiciones del art. 30, LCT.

 

• Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Control administrativo. Conflictos intersindicales. Encuadramiento. Procedimiento aplicable. Art. 59, ley 23.551. Agotamiento de la vía asociacional. Revisión judicial sujeta a la competencia exclusiva de la Cámara. 30/09/2008

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios v. Ministerio de Trabajo”, estableció que los conflictos de encuadramiento sindical deben ser resueltos -por imperativo legal- de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 59, ley 23.551, que requiere agotar la vía de la asociación y cuya revisión judicial queda sujeta a la competencia exclusiva de la Cámara.

 

• Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Retenciones, deducciones y compensaciones. Retención de aportes. Efectos. Demanda interpuesta a los efectos de la devolución de los importes no integrados al sistema de la seguridad social. Improcedencia. Legitimación activa correspondiente al órgano recaudador (AFIP). 24/09/2008

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Ramírez, María M. v. Bonadeo, Juan C.”, estableció que el reclamo por aportes retenidos resulta improcedente por cuanto, de no haber mediado el oportuno depósito en el SUSS, ello daría lugar -en todo caso- a la indemnización prevista en el art. 43, ley 25.345, mas no a su reintegro al trabajador, ya que en tales hipótesis la legitimación activa corresponde a la AFIP -órgano recaudador y fiscalizador- y no al trabajador.

 

• Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Requisitos para su procedencia. Necesaria intimación previa. Art. 11, ley 24.013, y dec. regl. 2725/1991. Omisión. Efectos. Supuesto de aplicación del art. 132 bis. Improcedencia de compensación dineraria de las vacaciones. 30/12/2008

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Rubén Orlando v. Maida, Ana María y otro s/despido”, estableció que la intimación previa para la regularización es un recaudo legal para la procedencia de las indemnizaciones, conforme al art. 11, inc. a), ley 24.013, y al dec. 2725/1991.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Obligaciones frente a organismos. Certificados de trabajo. Contenido. Formulario ANSeS PS 6.2. Cumplimiento. Imposibilidad de imponer la multa de la ley 25.345. Subsistencia de la eventual obligación de hacer respecto de otros datos o constancias. 28/11/2008

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Brito Peret, Leandro E. v. General Motors de Argentina SRL”, estableció que el art. 80, LCT, impone a la empleadora una obligación de hacer y, según un uso y costumbre muy difundido, dicha obligación se cumple con la confección del formulario ANSeS PS 6.2, el cual condiciona con sus columnas prefijadas los contenidos a completar por los empleadores, sin perjuicio del derecho del trabajador de reclamar otros datos o constancias que pueda considerar necesarios, pero sin que ello justifique la aplicación de la multa.

 

• Contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Horas extra. Personal excluido. Interpretación. Convenios colectivos de trabajo. Personal excluido. Alcances. Necesario respeto de las condiciones mínimas establecidas en el CCT. 25/11/2008

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Benítez, Víctor D. v. Coto CICSA”, estableció que dado el carácter irrenunciable de las convenciones colectivas de trabajo, cualquier desplazamiento resulta inadmisible, salvo que se pacten condiciones más beneficiosas para el trabajador.

 

• Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Árbitro de futbol. Posibilidad de contratación bajo la modalidad de “locación de servicios”. Cuestiones de hecho y prueba. CCT 126/1975. Imposibilidad de incluir una norma convencional que excluya la eventual existencia de un contrato de trabajo. Interpretación. 29/09/2008

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Castagnino, Pablo A. v. AFA”, estableció que el art. 6°, CCT 126/1975 (árbitros de fútbol), según el agregado efectuado en 1997, nunca pudo haber calificado como “autónomo” a cualquier contrato de arbitraje por la sola circunstancia de que el árbitro y la AFA así lo pacten pues ello no sólo contradiría todos los fundamentos y objetivos del derecho del trabajo sino que, además, vulneraría el sentido y la finalidad de la negociación colectiva.

 

• Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificado de trabajo. Contenido. Diferentes instrumentos que conforman la obligación. Indicación del tiempo de prestación de tareas, naturaleza, constancia de los sueldos percibidos, aportes y contribuciones y calificación profesional. Cumplimiento de la ley 24576. Requisitos. Formulario PS 6.2 de ANSeS. Multa ley 25345. Supuestos de aplicación. 13/11/2008

La C. Nac. Trab., Sala 3ª, en autos: “Zaccari, Gabriela A v. Swiss Medical SA” estableció —por mayoría, y con el voto en disidencia del Dr. Guibourg- que para acreditar el debido cumplimiento de los requisitos exigidos por el art. 80 LCT y la ley 24576 respecto de los certificados de trabajo, tales instrumentos deben contener los siguientes datos: a) la indicación del tiempo de prestación de los servicios (fecha de ingreso y egreso); b) naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional, etc.); c) la constancia de los sueldos percibidos ; d) la constancia de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos de la seguridad social (constancia o descripción que efectúa el principal y que no debe confundirse con la “constancia documentada” que el mismo artículo prevé en el primer párrafo como posibilidad de excepción); y e) la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones regularesde capacitación (conf. ley 24.576)

 

• Procedimiento laboral. Nacional. Medidas cautelares. Medida autosatisfactiva tendiente a facilitar el ingreso de un dirigente gremial al establecimiento. Derecho colectivo del trabajo. Representación sindical en la empresa. Acceso de dirigentes gremiales a un establecimiento. 11/11/2008

La C. Nac. Trab., Sala 10ª, en autos: “Unión de Trabajadores de Prensa de Bs. As. v SA La Nación” consideró im procedente la medida autosatisfactiva tendiente a facilitar el ingreso de un dirigente gremial al establecimiento, pues además de que el mismo puede contactar a los trabajadores en la sede del sindicato o eventualmente en el ámbito de la autoridad administrativa, existen otros remedios procesales para paliar las conductas que imputa el sindicato a la empleadora.

 

• Contrato de trabajo. Subcontratación y delegación. Solidaridad. Supuesto contemplados en el art. 30 LCT. Cesión parcial del establecimiento. Condición suficiente para la operatividad de la norma. 25/09/2008

La C. Nac. Trab., Sala 2ª, en autos: “Riti, Paola Y v. Techno Retail SA y otros” concluyó que la sola circunstancia de que la explotación comercial de la empleadora se hubiera desarrollado en el espacio cedido por el Supermercado activa la responsabilidad solidaria del art. 30 LCT.

 

 

 

 

 

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

 

 

 

 

 

• Seguridad social. Previsión social (Sistema Integrado). Régimen Previsional Público. Pensión. Aplicación de la ley más favorable. Tratados internacionales de derechos humanos. Principio de progresividad. 03/11/2009

La Corte Sup., en autos “Arcuri Rojas, Elsa v. ANSeS”, estableció que corresponde aplicar la ley 24.241, por ser la norma más favorable, para el otorgamiento de la pensión por el fallecimiento del causante, quien tenía treinta y dos años de aportes pero cuyo deceso se produjo en vigencia de la ley 18.037, veinte días después de que expirara el plazo de cinco años previsto por el art. 43 de dicha ley.

 

• Seguridad social. Previsión social (Sistema Integrado). Obligaciones de los empleadores, afiliados y beneficiarios. Falta de registración del trabajador. Multa. Impugnación. Competencia. 02/09/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 3ª, en autos “La Rural SA v. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, sostuvo que visto lo dispuesto por el art. 48, ley 26.476, no cabe hesitación alguna en admitir que le corresponde a ella conocer del caso en el que se impugna la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por el incumplimiento de la debida registración del trabajador, infracción prevista en el artículo sin número agregado a continuación del art. 40, ley 11.683 (t.o. dec. 821/1998 y modif.).

 

• Seguridad social. Previsión social (Sistema Integrado). Régimen de Capitalización. Eliminación. Ley 26.425. Cuenta de capitalización individual. Aportes obligatorios. Imposiciones voluntarias. Depósitos convenidos. Derecho de propiedad. 24/09/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 3ª, en autos “Fernández, Edgardo R. v. Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional y otro”, estableció que el derecho de propiedad legalmente reconocido a los afiliados del eliminado Régimen de Capitalización fue por demás mínimo o limitado y subordinado al fin primordial previsto en la ley 24.241: servir de acumulación de recursos para financiar las prestaciones de dicho régimen; por ello, hizo lugar parcialmente al recurso deducido por la parte demandada dejando sin efecto la sentencia que había condenado a la Anses a devolver la suma equivalente a las cuotas acreditadas en la CCI del actor por el “saldo obligatorio” que mantenía en la AFJP, y confirmó la condena en cuanto ordenaba devolver el saldo voluntario más sus intereses, aun cuando éstos no hubieran sido mencionados en la demanda, por cuanto la situación descripta torna aplicable al caso lo dispuesto por el art. 622, CCiv.

 

• Seguridad social. Previsión social (Sistema integrado). Régimen Previsional Público. Haber de las prestaciones. Movilidad. Reajuste del haber. Medida cautelar innovativa. Aplicación del precedente “Badaro”. 16/10/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 2ª, en autos “Capa, Néstor F. v. Anses y otro”, dispuso que debe ser favorable el despacho de la medida cautelar solicitada por el actor para que se le abone el haber reajustado por movilidad, no sólo porque se funda en el estricto cumplimiento de los presupuestos procesales, sino también porque entraña una respuesta lógica y honesta de la justicia comprometida con la “ética de los vulnerables” -según la significativa expresión del ministro Ricardo L. Lorenzetti- a la grave situación de colapso que aflige al fuero Federal de la Seguridad Social en todas sus instancias, derivada del pertinaz incumplimiento por parte de la Anses de la actualización de los haberes de los jubilados por el período 2002 a 2006, ordenada por el Alto Tribunal de la Nación en la causa “Badaro, Adolfo V. v. Anses” (sent. del 26/11/2007; art. 75, inc. 23, CN), que este organismo no puede desconocer sin incurrir en las graves inconductas que reprocha el art. 45, CPCCN, en su calidad de única parte demandada en todos los juicios previsionales.

 

• Seguridad social. Previsión social (Sistema Integrado). Régimen de Capitalización. Eliminación. Ley 26.425. Aportes. Naturaleza jurídica. Acción de amparo. Rechazo. 24/09/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 1ª, en autos “Laborero, Diego J. v. Poder Ejecutivo Nacional”, dispuso que la finalidad exclusiva del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Régimen de Capitalización era cubrir las prestaciones previstas en la ley 24.241 al momento de reunirse los requisitos y condiciones de acceso a ellas, de acuerdo con lo normado en el sistema vigente; además, rechazó la acción de amparo en la que se pretende la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.425 y de los decretos 2103/2008, 2104/2008 y 2105/2008.

 

• Seguridad social. Previsión social. Regímenes particulares. Fuerzas armadas. Haber de retiro. Adicionales. Art. 5°, decreto 1104/2005. Carácter remunerativo y bonificable. 24/06/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 3ª, en autos “Serrat, Francisco R. y otros v. Estado Nacional – Ministerio de Defensa”, sostuvo que cualquier aumento generalizado que se otorgue al personal en actividad debe ser trasladado, en forma automática, a quienes están en situación de pasividad; en tales condiciones, ya que el art. 5°, dec. 1104/2005, garantiza un incremento del 23% para todo el personal en actividad -perciba o no alguna de las asignaciones del dec. 2769/1993-, éste debe integrar el haber de retiro de los pasivos que lo reclaman, en virtud de la regla establecida en el art. 74, ley 19.101.

 

• Seguridad social. Previsión social (sistema integrado). Régimen de Capitalización. Eliminación. Ley 26.425. Medida cautelar. Improcedencia. 11/05/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 3ª, en autos “Faggioni, Néstor O. v. Estado Nacional y otro”, dispuso que no corresponde hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada por el afiliado respecto del derogado Régimen de Capitalización, a través de la cual pretende el depósito de los fondos acumulados a la orden del juzgado y su inversión en dólares estadounidenses, ya que él no efectuó imposiciones voluntarias o los depósitos convenidos en los términos de los arts. 56 y 57, ley 24.241, lo que torna inaplicable el criterio sentado en los precedentes “Mayor, Gabriel v. Met AFJP y otros” y “D’Aloia, Ricardo O. v. Estado Nacional y otros”.

 

• Seguridad social. Previsión social (Régimen integrado). Vigencia. Ex afiliado al sistema de capitalización. Cuenta de capitalización personal. Reclamo de la devolución de fondos transferidos a la ANSeS. 31/08/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 3ª, por mayoría, en autos “Rossi, Pablo A. v. Estado Nacional-M° de Trab. Emp. y Seg. Soc. y otros”, declaró formalmente admisible el recurso interpuesto, pero lo rechazó y confirmó la sentencia apelada en cuanto desestima la acción de amparo y declara la imposibilidad de permanencia en el sistema de capitalización instituido por la ley 24.241 y derogado por ley 26.425; asimismo, no hizo lugar al reclamo tendiente a que se impida el traspaso a la ANSeS de los recursos que integran su cuenta individual de capitalización.

 

• Seguridad social. Previsión social. Haber de las prestaciones. Movilidad. Aplicación del índice de salarios del INDEC hasta el 28/02/2009. 14/08/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 2ª, en autos “Berón, Ángel N. v. Administración Nacional de Seguridad Social -ANSeS-“, entendió que conforme a los datos que surgen del índice de salarios que elabora el INDEC -elegido por el Alto Tribunal-, éste registró una variación para el lapso enero 2007 a febrero 2009 del orden del 53,45%, superior al 46,90% reconocido a través de los incrementos establecidos por la Ley de Presupuesto 26.198 y los decretos posteriores; atento a ello, y de acuerdo con la doctrina judicial que surge del precedente “Badaro”, corresponde reconocer a la actora el derecho a reajustar su haber previsional hasta alcanzar la evolución registrada por el referido índice hasta la entrada en vigencia del mecanismo de ajuste previsto por la ley 26.417, salvo que a su respecto los incrementos dispuestos por los sucesivos decretos del Poder Ejecutivo y demás disposiciones arrojasen una prestación superior, en cuyo caso deberá estarse a su resultado.

 

• Seguridad social. Obras sociales. Provisión de medicación con cobertura. Responsabilidad subsidiaria del Estado. 12/06/2009

La C. Fed. Mar del Plata, en autos “Vaiciunas, Elena A. v. INSSJyP y otros”, dispuso que el Estado, como garante del sistema de salud, tiene la responsabilidad subsidiaria de la provisión de medicación con cobertura, de manera que si la obra social no brindara una adecuada atención a sus beneficiarios, el Estado no podría desentenderse de su deber de suplir tal déficit con acciones positivas, encaminadas a brindar la prestación retaceada.

 

• Resolución general 2673. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 10/09/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Autónomos. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Trabajadores autónomos. Inscripción, determinación de la categoría de revista e ingreso del aporte personal. Cálculo de los aportes previsionales. Modificación.

 

• Resolución 934/2009. Superintendencia de Servicios de Salud (BO del 16/09/2009)

Salud pública. Obras sociales. Remisión a la Superintendencia de Servicios de Salud de información referida a tratamientos que se han dispensado desde el 1/1/2006 a los beneficiarios afectados por enfermedades oncológicas, de virus HIV o de hemofilia. Plazo.

 

• Seguridad social. Previsión social (Sistema integrado). Régimen de capitalización. Eliminación. Ley 26.425. Medida cautelar. Improcedencia. Ausencia de verosimilitud del derecho. 27/05/2009

La C. Fed. Seg. Social, sala 1ª, en autos “Hernández, Elio R. v. Estado Nacional -Poder Ejecutivo-“, dispuso que no corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el afiliado al ex régimen de capitalización, mediante la cual se procura impedir la transferencia a la Administración Nacional de Seguridad Social de los fondos acreditados en su cuenta de capitalización individual, toda vez que no se cumple, en el caso concreto, con uno de los requisitos que establece el art. 230, CPCCN; el derecho de propiedad que alega el pretensor sobre los fondos depositados no alcanza para configurar la “verosimilitud del derecho” necesaria para la procedencia de la medida solicitada, lo cual será susceptible de análisis en el proceso principal.

 

• Previsión social. Trabajadores en relación de dependencia. Financiación del sistema. Aportes y contribuciones. Impugnación de deuda. Depósito previo. Devolución. 15/04/2009

La C. Fed. Seg. Social, sala 3ª, en autos “Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA -IATASA- v. Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-“, resolvió que la devolución de lo depositado conforme al art. 15, ley 18.820, por quienes impugnaron una determinación de deuda previsional para posibilitar la acción pertinente no está sujeta al régimen de consolidación de la ley 25.344.

• Seguridad social. Previsión social. Trabajadores autónomos. Haber de las prestaciones. Determinación. Movilidad. 04/05/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 3ª, en autos “Pérez, María E. v. Administración Nacional de la Seguridad Social -ANSeS-“, resolvió que para el recálculo del haber inicial de la PC y PAP del trabajador autónomo, el mejor método aplicable a este universo de beneficiarios consiste en determinar, como primer paso, el haber mensual compatible con el precepto constitucional del art. 14 nuevo, de modo que aquél represente -confrontado con el haber mínimo de bolsillo vigente en igual período- la misma proporción que existía entre las categorías por las que se hicieron los aportes computados para el otorgamiento del beneficio -no sólo los de los últimos quince años- y el haber mínimo de bolsillo vigente al momento de la exigibilidad de cada uno de ellos, con apartamiento de disposiciones como el dec. 1361/1980, la res. regl. SSS 270/1980 y el dec. 2627/1992, por el efecto distorsivo que producen en el procedimiento propuesto.

• Seguridad social. Previsión social. Trabajadores en relación de dependencia. Financiación del sistema. Aportes y contribuciones. Impugnación de deuda. Depósito previo. Devolución. 15/04/2009

La C. Fed. Seg. Social, sala 3ª, en autos “Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA -IATASA- v. Administración Federal de Ingresos Públicos -AFIP-“, resolvió que la devolución de lo depositado conforme al art. 15, ley 18.820, por quienes impugnaron una determinación de deuda previsional para posibilitar la acción pertinente no está sujeta al régimen de consolidación de la ley 25.344.

• Seguridad social. Previsión social. Regímenes particulares. Fuerzas armadas. Haber de retiro. Adicional transitorio, no remunerativo y no bonificable. Decs. 2744/1993, 1104/2005, 1095/2006, 871/2007 y 1053/2008. Carácter general. Naturaleza salarial. 07/05/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 1ª, en autos “Chanampa, Ramón A. y otros”, entendió que el esquema salarial contemplado originalmente por la ley 19.101, al cual se ajustaron los suplementos particulares previstos por el dec. 2769/1993, que requiere el cumplimiento de determinadas condiciones para su percepción, ha quedado desvirtuado a partir de la creación de los “adicionales transitorios no remunerativos y no bonificables”, pues del modo previsto para fijarlos por los arts. 5°, decs. 1104/2005 y 1095/2006, se desprende que han devenido un ostensible incremento salarial generalizado para el personal en actividad; por ello, no parece razonable atribuirles un carácter particular y, en consecuencia, su evidente naturaleza salarial permite concluir que se torna imperioso su cómputo para la determinación de los haberes de pasividad, incluyendo los adicionales creados por decs. 871/2007 y 1053/2008.

• Seguridad social. Previsión social. Procedimiento judicial. Ejecución de sentencia. Prescripción. Cómputo. Ejecución iniciada por la cónyuge supérstite del titular. 10/02/2009

La C. Fed. Seguridad Social, sala 1ª, en autos “Bais de Coletta, Alicia B.”, resolvió que a la prescripción de la ejecutoria, no existiendo un texto legal expreso, le es aplicable el plazo de diez años establecido por el art. 4023, CCiv.; empero, con arreglo a lo dispuesto por el art. 3969, el plazo decenal comienza a correr a partir de la fecha de la muerte del titular del beneficio cuando, como ocurre en el caso, el proceso de ejecución de sentencia es iniciado por la cónyuge supérstite.

• Seguridad social. Previsión

social. Procedimiento judicial. Ejecución de sentencias. Embargo sobre bienes de la ANSeS. 17/03/2009

La C. Fed. Seg. Social, en autos “Chatte, Amado”, entendió que en atención al tiempo que ha transcurrido desde el dictado del pronunciamiento que condenó a la demandada al pago de la obligación que se ejecuta (más de catorce años) y a la falta de voluntad de extinguirla, que se infiere de la secuela procesal de autos, la medida que ordena el embargo sobre fondos de la ANSeS depositados en el Banco de la Nación Argentina ha de confirmarse, motivo por el cual la demandada debe abonar el crédito previsional consolidado en efectivo y en un solo pago como consecuencia de la avanzada edad del actor (conf. art. 26, ley 26.198, de Presupuesto para el Ejercicio 2007).

• Seguridad social. Previsión social. Haber de las prestaciones. Movilidad. Caso “Badaro”. Improcedencia. Cosa juzgada. 27/05/2009

La Corte Sup., en autos “Cirillo, Rafael v. ANSeS”, entendió que si el jubilado no dedujo recurso alguno contra la disposición del juez de grado que sólo trasladó a su haber el 70% de los incrementos del promedio de las remuneraciones, y de tal modo convalidó una quita que la cámara no estaba en condiciones de revisar sin empeorar la situación de la única apelante, ello lleva a descalificar la sentencia impugnada que aplicó la doctrina del precedente “Badaro”.

• Seguridad social. Previsión social. Procedimiento judicial. Ejecución de sentencia. Prescripción. Cómputo. Ejecución iniciada por la cónyuge supérstite del titular. 10/02/2009

La C. Fed. Seg. Social, sala 1ª, en autos “Bais de Coletta, Alicia B. v. Administración Nacional de la Seguridad Social”, resolvió que, no existiendo un texto legal expreso, a la prescripción de la ejecutoria le es aplicable el plazo de diez años establecido por el art. 4023, CCiv.; empero, con arreglo a lo dispuesto por el art. 3969, el plazo decenal comienza a correr a partir de la fecha de la muerte del titular del beneficio, cuando -como ocurre en el caso- el proceso de ejecución de sentencia es iniciado por la cónyuge supérstite.

• Seguridad social. Previsión social. Regímenes particulares. Regímenes especiales. Magistrados judiciales. Jubilación por invalidez. Carácter permanente y definitivo. 18/03/2009

La C. Fed. Seg. Social, sala 3ª, en autos “Fernández, María B.”, resolvió que en la jubilación por invalidez de los magistrados, y por imperio de la ley 24.018, la incapacidad que eventualmente se detecte inviste el carácter de permanente, puesto que en caso contrario no se cumpliría en forma acabada con la protección que este régimen especial pretende otorgar a los jueces, en atención a la naturaleza de las funciones que cumplen y a la serie de impedimentos que su ejercicio trae aparejados.

• Seguridad social. Previsión social (sistema integrado). Régimen de capitalización. Eliminación. Ley 26.425. Aportes e imposiciones voluntarias. Medida cautelar. Procedencia. 04/05/2009

La C. Fed. Seg. Social, sala 3ª, en autos “Mayor, Gabriel v. MET AFJP SA y otros”, declaró admisible el recurso de apelación de la parte actora, hizo lugar a la apelación y ordenó a la ANSES que deposite a la orden del juzgado el importe representativo de las imposiciones voluntarias y los depósitos convenidos efectuados en la cuenta de capitalización individual del afiliado, para ser invertido a plazo fijo renovable a treinta días, bajo apercibimiento de embargo.

• Seguridad social. Previsión social. Regímenes particulares. Regímenes provinciales. Provincia de Buenos Aires. Ley de Presupuesto 13.929. Inconstitucionalidad. Medida cautelar. Improcedencia.13/05/2009

La Sup. Corte Bs. As., en autos “Adesip y Cemurpo v. Provincia de Buenos Aires”, resolvió que no corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la “Asociación por la Defensa del Sistema Previsional Bonaerense” (Adesip) y el “Centro Mutualista de Suboficiales y Agentes Retirados de la Policía de la Provincia de Buenos Aires” (Cemurpo) en la demanda originaria de inconstitucionalidad respecto de los arts. 1°, 2°, 4° a 7°, 12, 33 y 35, ley 13.929 de Presupuesto de la Provincia de Buenos Aires del año 2009, donde se sostiene que “la normativa impugnada produce una confusión de los fondos y gastos previsionales con los recursos y gastos de la hacienda provincial” y se dispone que “los resultados positivos de las instituciones de previsión social se constituyan compulsivamente en fuentes de financiación del déficit de la provincia”; ello así, por no advertirse en la especie, en el grado de conocimiento propio de lo cautelar, la alegada verosimilitud del derecho ni el peligro de la demora.

• Seguridad social. Previsión social (sistema integrado). Régimen Previsional Público. Retiro por invalidez. Reingreso a la actividad. Compatibilidad. 14/04/2009

La Corte Sup., en autos “Guarino, César D. v. Anses”, resolvió que es admisible la pretensión de que se revoquen tanto la sentencia que ordenó el otorgamiento de un nuevo beneficio como la resolución administrativa que había dado de baja la prestación oportunamente otorgada, ya que el hecho de que el actor haya continuado trabajando en relación de dependencia sólo puede tener como efecto la aplicación de las normas relativas al régimen de incompatibilidad entre el goce de los haberes de pasividad y la percepción del salario de actividad, pero de ningún modo autoriza la extinción del retiro por invalidez que había obtenido.

 

• Resolución 306/2009. Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (BO del 13/02/2009)

Programa Nacional de Trabajos en Cárceles. Modificación de la res. 279/2006.

 

• Resolución conjunta 87/2009 y 33.773. Administración Nacional de la Seguridad Social y Superintendencia de Seguros de la Nación (BO del 16/02/2009)

Seguridad social. Seguros previsionales. Régimen legal. Sistema Integrado Previsional Argentino. Intercambio de información y rendición de las liquidaciones entre ANSeS y las compañías de seguro de retiro. Procedimiento. Aprobación.

 

• Resolución 163/2009. Superintendencia de Servicios de Salud (BO del 16/02/2009)

Obras sociales. Publicidad, promoción y difusión de servicios. Adecuación. Modificación.

 

• Decreto 108/2009 (BO del 17/02/2009)

Seguridad social. Aportes y contribuciones. Contribuciones patronales. Exenciones. Derogación. Suspensión. Plazo.

• Seguridad social. Previsión social. Suspensión y extinción. Trabajadores autónomos. Plan de facilidades de pago. Prestación anticipada por desempleo. Incompatibilidad. Revocación. Acción de amparo. 27/10/2008

La C. Fed. Seg. Social, sala 2ª, en autos “Tala, Haydée v. Administración Nacional de la Seguridad Social”, entendió que si el ente previsional considera que se equivocó al anticipar el goce de la jubilación -en la inteligencia de que el goce de la prestación anticipada es incompatible con la percepción de una pensión por fallecimiento- debe, de acuerdo con la entidad de la anomalía, revocar en su sede el acto que considera violatorio de la ley ajustándolo a las formas del debido proceso respecto del administrado o peticionar que un juez corrija el desacierto mediante el ejercicio de una acción de lesividad.

• Seguridad social. Previsión Social (Sistema Integrado). Régimen de Capitalización. Administradoras de Fondos. Ley 26425. Medida Cautelar. Procedencia. 11/12/2008

Corresponde hacer lugar a la medida cautelar de no innovar contra el Estado Nacional, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y Arauca Bit AFJP, ordenando que se mantenga la cuenta de capitalización individual perteneciente al afiliado del Régimen de Capitalización, como así también se abstengan de transferir los fondos existentes en la misma hasta la fecha de inicio de la acción a la Administración Nacional de la Seguridad Social.

• Seguridad social. Procedimiento Judicial. Partes. Legitimación. Defensor del Pueblo de la Nación. Haber de las prestaciones. Movilidad . 15/10/2008

La C. Fed. Seguridad Social, sala 5ª, en autos “Defensor del Pueblo de la Nación v. Estado Nacional”, resolvió que por carecer de legitimación activa, corresponde rechazar la acción de amparo presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación en la que solicitó el reajuste del haber previsional con arreglo al precedente “Badaro” al colectivo de beneficiarios que acrediten en sede administrativa el perjuicio ocasionado por la omisión de un mecanismo de movilidad.