FALLO TOPE INDEMNIZATORIO ART. 245 LCT


El 14 de setiembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Vizzoti, Carlos A. V. AMSA S.A. s/ despido” revocó la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había dejado sin efecto el fallo de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del límite a la base salarial previsto en el art. 245 de la LCT (según ley 24.013) para calcular la indemnización por despido sin justa causa.
En el caso, consideró que corresponde aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrafos 2º y 3º del citado art. 245 de la LCT, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable.

Texto completo

V. 967. XXXVIII. “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido”.

Suprema Corte:

I

Contra la sentencia de la Sala II, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que revocó el decisorio del Juez de Grado, el accionante interpuso recurso extraordinario federal, el que contestado por la contraria, le fue concedido, con fundamento en lo normado por el artículo 14, inciso 3° de la ley 48, en cuanto sostuvo la Alzada que si bien se trató de un caso resuelto con sustento en normas de derecho común, el tribunal decidió en forma contraria a las pretensiones del apelante la cuestión constitucional que fue materia de litigio y en la cual el recurrente fundó el reclamo v. fs. 74/36 I, 36/51, 38 I /46 I, 60 I/62 I, 78 .

II

En lo que aquí interesa, corresponde señalar que el actor inició demanda contra AMSA S.A., a quien le reclamó el pago de una suma de dinero correspondiente a la diferencia de indemnización por antigüedad que estimó, debió percibir conforme su salario. En tal sentido solicitó se decretara la inconstitucionalidad de lo normado por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformado por la Ley 24.013.

Sostuvo el accionante que se desempeñó como Director Médico para la demandada, por un período de veintiséis años, en forma full time, percibiendo una remuneración mensual de pesos once mil ($ 11.000.). Al ser despedido, refiere, se le abonó la suma de pesos veintisiete mil cuarenta y ocho con seis centavos ($ 27.048,06) en concepto indemnizatorio, conforme el tope tarifario correspondiente al convenio de sanidad N° 122/75, sin perjuicio de haberse desempeñado como personal fuera de convenio, por lo que consideró lesionado los derechos y garantías conculcados en los artículos 14 bis y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto protegen el despido arbitrario del trabajador.

En razón de lo manifestado reclamó se le abone la diferencia correspondiente entre el haber salarial realmente percibido, y los años trabajados para la empresa, toda vez que su indemnización, sostuvo, se vio reducida en un 90,55%, con lo cual estimó se vulneraron las normas constitucionales referidas v. fs. 5/10.

La accionada contestó la demanda, reconoció la relación laboral y el salario percibido por el actor, pero manifestó que se le abonó una justa indemnización, de conformidad con la legislación vigente en la materia. El despido indica no fue arbitrario, sino que lo fue sin fundamento en causa alguna. Invocó jurisprudencia de V.E. sobre la constitucionalidad del tope tarifario, solicitando en tal sentido el rechazo de la inconstitucionalidad peticionada por la contrario v. fs. 19/24.

El Magistrado de Primera Instancia hizo lugar al reclamo del actor y declaró la inconstitucionalidad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformado por el 153 de la Ley de Empleo, pues entendió que el tope legal en el caso concreto no constituye una protección al despido arbitrario, conforme lo normado por la Constitución Nacional, al haber percibido el trabajador un 9,45% de indemnización con relación al salario mensual que se le abonaba, lo que resultaba equivalente aproximadamente a dos salarios y medio, con lo cual consideró que le asistía razón al accionante v. fs. 36/51.

Recurrido el decisorio por la demandada, la Alzada con fundamento en la jurisprudencia de V.E., revocó el pronunciamiento de la anterior instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por el 153 de la ley 24013 y rechazó la demanda incoada v. fs. 74/36 I.

Contra dicha sentencia interpuso la accionante recurso extraordinario federal, el que contestado por la contraria, le fue concedido, conforme señaláramos ab initio v. fs. 38 I/46 I, 60 I/62 I, 78.

III

Se agravia el quejoso del fallo del a quo que se pronunció contra la validez del derecho del trabajador que lo ampara del despido arbitrario, conforme lo normado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, con lo que quedó, a su criterio, configurada la cuestión federal en los términos del artículo 14, inciso 3° de la ley 48.

Sostuvo asimismo que la desestimación de la impugnación por inconstitucionalidad, le produjo un agravio de carácter patrimonial, que a su criterio sólo resulta reparable mediante la restauración del derecho federal alterado.

Concluyó que el fallo del a quo carece en sí mismo de toda fundamentación, al omitir el tratamiento de las cuestiones opuestas por su parte, marginándolas de normas aplicables que regulan el instituto del despido, y la protección del empleado contra aquél que deviene injustificado. Destaca además que la sentencia incurre en afirmaciones dogmáticas sin sustento legal alguno, con lo que consideró vulnerados derechos y garantías de raigambre constitucional arts. 14 bis, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional.

IV

En primer término, cabe señalar, que el actor apeló la sentencia, con sustento en la arbitrariedad por falta de fundamentos del fallo de la Alzada. Estimo, por ello, que sin perjuicio de la materia federal planteada, corresponde tratar, en el contexto de las cuestiones debatidas en la causa en primer lugar, los agravios que atañen a la arbitrariedad, dado que de existir ésta, no habría en rigor, sentencia propiamente dicha (Fallos: 312:1034; 318:189; 319:2264, entre otros).

En mi opinión, y sin que ello implique abrir juicio sobre la resolución que en definitiva deba adoptarse sobre el fondo del asunto, estimo le asiste razón al recurrente, en cuanto sostiene que el fallo del a quo omitió el tratamiento de los agravios opuestos por su parte que dieran origen a las actuaciones, a partir de los argumentos y jurisprudencia de V.E., que a mi entender no se ajustan a la situación fáctica, ni a la normativa en que se sustentó el reclamo del quejoso.

Asimismo, considero, que tampoco se expidió sobre el despido arbitrario denunciado por el recurrente en todas sus instancias, prescindiendo de la valoración de las normas señaladas, conducentes a su juicio a la solución del conflicto, cuyo examen por el a quo no quedó evidenciado del modo que es menester, para sustentar las conclusiones a las que arribaron en el acto jurisdiccional sujeto a apelación, sobre la base de afirmaciones dogmáticas que remiten a jurisprudencia de V.E. sin un adecuado estudio respecto, a las circunstancias fácticas y jurídicas debatidas en este proceso.

En este orden, constituye condición de validez de los pronunciamientos judiciales que éstos sean fundados (conf. Fallos: 318:189; 319:2264), exigencia que al decir de V.E., no se orienta exclusivamente a contribuir al mantenimiento del prestigio de la magistratura sino que procura, la exclusión de decisiones irregulares (v. Fallos: 236:27; 319: 2264).

Al respecto, soy de opinión, que el pronunciamiento de la Alzada carece de fundamentación suficiente, pues se limitó a revocar lo decidido en la instancia anterior, expidiéndose exclusivamente sobre la constitucionalidad del tope tarifario cuestionado, remitiéndose dogmáticamente a antecedentes de V.E. y omitiendo reitero el tratamiento del resto de los agravios introducidos en tiempo propio. Sostiene V.E. que la garantía del debido proceso art. 18 C.N. exige que los pronunciamientos tengan fundamentación suficiente y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.

Concluyendo, me parece que la sentencia del a quo omitió el tratamiento de cuestiones conducentes planteadas por el quejoso, apartándose de la normativa invocada y de la situación fáctica que constituye la base del reclamo, proceder incompatible con las garantías que protege la defensa en juicio, y el debido proceso. Es dable resaltar, que la sentencia que no contiene una apreciación razonada de las constancias del juicio, en armonía con la normativa legal aplicable, posee un fundamento sólo aparente, con sustento en afirmaciones dogmáticas que la descalifica como acto jurisdiccional válido afectando las citadas garantías constitucionales (Fallos: 312:1656; 314:1887, entre otros).

En tales condiciones, entiendo que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto por el actor, fundado en la arbitrariedad del pronunciamiento, dejar sin efecto la sentencia y disponer que vuelvan los autos al tribunal de origen a sus efectos.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2004.

FELIPE DANIEL OBARRIO

ES COPIA

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.

Vistos los autos: “Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido”.

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del límite a la base salarial previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.013) para calcular la indemnización por despido sin justa causa, y, consecuentemente, rechazó la demanda por cobro de diferencias por esta reparación. En tal sentido, el a quo, después de dejar a salvo la opinión que el asunto había merecido a la mayoría de sus integrantes, siguió precedentes de esta Corte en los que se reconoció la validez de la limitación legal antedicha (Fallos: 320:2665; asimismo, Fallos: 306:1964, sobre el art. 245 según t.o. por decreto 390/76).

2°) Que, contra tal decisión, la actora interpuso recurso extraordinario, en el que invoca la existencia de cuestión federal. Afirma, entre otros conceptos, que la validez del tope impugnado no debe postularse con prescindencia de un examen riguroso de la situación del caso, sino cuando en su efecto particular, traduce un reconocimiento adecuado y razonable de la intención protectora del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Considera que con su aplicación en el litigio, se ha desnaturalizado el derecho que la norma promueve. Entiende que, bajo la apariencia de la separación de poderes, se ha evitado la apreciación ineludible del salario percibido por el actor ($ 11.000), con lo cual, al tomarse en cuenta una base inferior al 10% de éste ($ 1.040,31), se consagró un resultado constitucionalmente inaceptable. Relata que trabajó 26 años para la demandada, por lo que la suma de sólo $ 27.048,06 no es reparación razonable a la luz de la norma constitucional que garantiza la protección contra el despido arbitrario.

3°) Que el recurso extraordinario ha sido correctamente concedido pues, además de reunir los restantes recaudos de admisibilidad, pone en cuestión la constitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (según la ley 24.013) en cuanto limita la base salarial del cálculo de las indemnizaciones por despido sin justa causa, y la decisión apelada ha sido contraria a la pretensión del recurrente fundada en el precepto constitucional invocado (art. 14.3 de la ley 48).

4°) Que el primer párrafo del citado art. 245 dispone: “En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa […], éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”.

Corresponde poner de relieve dos de los caracteres de este instituto, que se infieren de los términos en que fue enunciado por el legislador. Primeramente, ha sido concebido como una indemnización, al igual que lo ocurrido en oportunidad de su aparición en el ordenamiento jurídico, en 1934 (Código de Comercio, art. 157.3, según ley 11.729). En segundo lugar, se encuentra regulado, manteniendo análoga tradición, con arreglo a un doble orden de pautas fundamentales. Por un lado, el importe de la indemnización es tarifado. Empero, por el otro, esta suerte de rigidez es relativa, dado que la determinación de dicho importe tiende, explícitamente, a adecuarse a la realidad a la que pretende dar respuesta, mediante el cómputo de dos circunstancias propias del contrato disuelto: antigüedad y salario del trabajador despedido.

Es innecesario, por lo menos a los fines del caso, ahondar en otras consideraciones sobre la naturaleza jurídica de la prestación en juego, punto que, como es sabido, ha despertado tanto la reflexión como el desencuentro entre los estudiosos. Sí importa subrayar que, por intermedio de la referencia a la realidad mencionada precedentemente, el legislador ha buscado, como era preciso, la protección contra el despido arbitrario en concreto, vale decir, con apego a las circunstancias de cada caso, tenidas por relevantes.

5°) Que lo antedicho no oculta que el citado art. 245 también ha establecido límites a uno de los datos del recordado binomio fáctico del contrato disuelto. Es el supuesto de la base remuneratoria que, de acuerdo con la mencionada norma, no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, o en el convenio colectivo más favorable, en el supuesto de empleados no amparados convencionalmente. Con ello, la Ley de Contrato de Trabajo, aunque bajo otro parámetro, reitera la impronta establecida en 1934, pero que no siempre rigió el diseño del régimen indemnizatorio, tal como lo atestigua la ley 23.697 (art. 48).

En tales condiciones, es posible que la fijación de un importe máximo a la mentada base pueda producir tensiones con los propósitos de alcanzar la reparación en concreto antes indicada. La evaluación legal del daño, que en un primer momento busca, naturalmente, anclar en la realidad por vía del cómputo de la “mejor remuneración mensual normal y habitual” del trabajador despedido, comienza a alejarse de dicha realidad, a desentenderse de ésta, por el obrar de un tope. Y ello, en medida directamente proporcional al quántum en que dicha remuneración supere el promedio citado.

6°) Que, por cierto, no hay dudas en cuanto a la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntual estimación del daño en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquéllas. Con todo, si el propósito del instituto es reparar, tampoco hay dudas con respecto a que la modalidad que se adopte, en todo caso, debe guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como significativos para calcular la prestación.

En efecto, no podría considerarse que la ley lograse su declarada finalidad reparadora si terminara desconociendo la concreta realidad a la que quiso atender, a causa de limitaciones en la evaluación de uno de los elementos de cálculo que, precisa e inequívocamente constituye uno de los dos indicadores de esa realidad: el salario realmente percibido por el trabajador despedido y no por otro u otros.

7°) Que, en tal sentido, es aplicable al presente caso la doctrina de la Corte según la cual “el resarcimiento del empleado debe ser equitativo, y ello importa afirmar que la reglamentación legal del derecho a la llamada estabilidad impropia, constitucionalmente reconocido, debe ser razonable, lo que a su vez quiere decir, adecuada a los fines que contempla y no descalificable por razón de iniquidad” (“Carrizo c. Administración General de Puertos”, Fallos: 304:972, 978, considerando 5° y su cita). Más aún. Este precedente concierne a un supuesto en el que el Tribunal confirmó la declaración de inconstitucionalidad de una norma (art. 4 de la ley 21.274), en la medida en que las pautas fijadas para calcular el crédito conducían a “una insuficiencia de la indemnización” por despido (ídem, considerando 6°).

Más todavía. La necesidad del nexo entre la indemnización y la realidad concreta del trabajador dañado por la disolución del contrato laboral, dispuesta por el empleador sin justa causa, también fue puesta de manifiesto en “Carrizo” al puntualizarse que la reparación tiene contenido alimentario y se devenga, generalmente, en situaciones de emergencia para el empleado (ídem, considerando 5° y su cita, entre otros). Por lo tanto, aplicadas estas comprobaciones al presente caso, sólo ilusoriamente podrían tenerse por atendidos dichos contenido y situación si los condicionamientos legales llevaran prácticamente a desdibujar la entidad de uno de los factores que los componen como es el importe del salario que el trabajador venía percibiendo para la época del distracto.

Corresponde, incluso, citar el caso “Jáuregui c. Unión Obreros y Empleados del Plástico”. En esa oportunidad, esta Corte, al entender que la finalidad del art. 245 es ponderar la base salarial de cálculo de la indemnización “sobre pautas reales”, juzgó que violentaba los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional el hecho de que aquella norma fuese interpretada en el sentido de admitir que el salario a tomar en cuenta se apartase de dichas pautas al ignorar el deterioro del poder adquisitivo de este último, acaecido durante el lapso que medió entre la finalización de un ciclo de trabajo (de temporada) y el momento del despido (Fallos: 306:940, 944, considerando 4° y sgtes.). Se advierte que la aplicación en la especie de la ratio decidendi de “Jáuregui”, apareja que determinadas diferencias entre la remuneración establecida en el primer párrafo del art. 245, y el máximo previsto en su segundo párrafo, también podrían tornar irreales las pautas indemnizatorias en juego y, por tanto, censurables con base en la Constitución Nacional.

8°) Que, por cierto, dadas las características del régimen en debate, no todo apartamiento por parte de éste de los aspectos de la realidad a los que remite, justificaría el reproche constitucional. Si es válido como principio, de acuerdo con lo ya expresado, que la indemnización por despido sin justa causa pueda ser regulada por la ley con carácter tarifado, i.e., sin admitir prueba de los daños en más o en menos, también lo será, con análogos alcances, que aquélla someta la evaluación de los elementos determinantes de la reparación a ciertos límites cuantitativos.

Para resolver la contienda, es cuestión, entonces, de establecer un criterio que, sin desconocer el margen de apreciación del legislador —y los equilibrios, balances y objetivos que motivaron a éste—, señale los límites que impone a todo ello la Constitución Nacional mediante las exigencias de su art. 14 bis: “el trabajo […] gozará de la protección de las leyes”, y éstas “asegurarán al trabajador […] protección contra el despido arbitrario”. Máxime cuando su art. 28 enuncia el principio de supremacía de aquélla, al disponer, claramente, que “los principios, garantías y derechos” reconocidos constitucionalmente, “no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

La intervención de esta Corte en los términos precedentemente expuestos no entraña ingerencia alguna en el ámbito del Poder Legislativo, ni quiebre del principio de separación de poderes o división de funciones. Se trata del cumplido, debido y necesario ejercicio del control de constitucionalidad de las normas y actos de los gobernantes que le impone la Constitución Nacional. Es bien sabido que esta última asume el carácter de una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se encuentra en debate un derecho humano.

Asimismo, los derechos constitucionales tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución. De lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que, a la par, echaría por tierra el mentado control: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último.

Todo ello explica que la determinación de dicho contenido configure, precisamente, uno de los objetos de estudio centrales del intérprete constitucional. Explica también que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 cit.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar “el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos” (Constitución Nacional, art. 75 inc. 23).

El mandato que expresa el tantas veces citado art. 14 bis se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento “atañe asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima” a dicho precepto (Fallos 301:319, 324/325, considerando 5°).

9°) Que el art. 14 bis, cabe subrayarlo, impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad. En efecto, en la relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que, desde el ángulo constitucional, el primero es sujeto de preferente tutela, tal como se sigue de los pasajes del art. 14 bis anteriormente transcriptos, así como de los restantes derechos del trabajador contenidos en esta cláusula.

Más aún. Al doble orden de exigencias mencionadas en el segundo párrafo del precedente considerando, corresponde añadir un tercero, puesto que, cuando el art. 14 bis dispone que las leyes “asegurarán: condiciones […] equitativas de labor” (itálica agregada), enuncia un mandato que traspasa este último marco. Al modo de un común denominador, se proyecta sobre todos los restantes contenidos de la norma que, sin perder su identidad y autonomía, también son susceptibles de integrar el concepto de condiciones de labor. Entre ellos se incluye, sin esfuerzos, la protección contra el despido arbitrario. Y “equitativo”, en este contexto significa justo en el caso concreto.

No es casual, en consecuencia, que el Tribunal haya hecho mérito de la “justicia de la organización del trabajo”, al sostener la validez de normas que ponían en cabeza de los empleadores determinadas prestaciones en favor de los empleados (vgr. Fallos: 251:21, 34, considerando 3°). Que también haya juzgado, con expresa referencia a las indemnizaciones por despido, que “la regulación de las obligaciones patronales con arreglo a las exigencias de justicia, constituye un deber para el Estado” (Fallos: 252:158, 163, considerando 10). Se trata, asimismo, de la observancia de un principio, el antedicho, que “también incumbe a la empresa contemporánea” (Fallos: 254:152, 155, considerando 3°).

Esta preferencia, por lo demás, es la respuesta constitucional dada en 1957 a diversas situaciones y comprobaciones fácticas, entre otras, la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo, pero que habían arraigado en la jurisprudencia de esta Corte anterior a la vigencia del art. 14 bis (vgr. Fallos: 181:209, 213/214).

Se explica, así, que ya para 1938, el Tribunal haya considerado que el legislador argentino, al disponer que “el patrón no puede despedir a su dependiente sin justa causa —cualesquiera sean los términos del contrato de trabajo— sin indemnizarlo prudencialmente”, no hacía más que seguir el “ritmo universal de la justicia” (Fallos: 181:209, 213).

A su turno, la incorporación del art. 14 bis a la Constitución Nacional tradujo ese ritmo en deberes “inexcusables” del Congreso a fin de “asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables, entre los que figura, de manera conspicua, el de tener ‘protección contra el despido arbitrario'” (Fallos: 252:158, 161, considerando 3°). Su “excepcional significación, dentro de las relaciones económicosociales existentes en la sociedad contemporánea, hizo posible y justo” que a las materias sobre las que versó el art. 14 bis “se les destinara la parte más relevante de una reforma constitucional” (ídem, pág. 163, considerando 7° y sus citas).

10) Que sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). Son pruebas elocuentes de ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7), a lo que deben agregarse los instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 32).

Al respecto, exhibe singular relevancia el art. 6 del citado pacto pues, en seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23.1), enuncia el “derecho a trabajar” (art. 6.1), comprensivo del derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo, cualquiera que sea la clase de éste. Así surge, por otro lado, de los trabajos preparatorios de este tratado (v. Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, págs. 197 y 223). Derecho al trabajo que, además de estar también contenido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV) y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i), debe ser considerado “inalienable de todo ser humano” en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a).

11) Que, en suma, establecer una pauta en el caso en examen, teniendo en cuenta los principios que han venido siendo enunciados, es cuestión que sólo puede estar regida por la prudencia, y los imperativos de justicia y equidad, antes aludidos.

En consecuencia, a juicio de esta Corte, no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir, “la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”, pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos. De acuerdo con ellos, dicha remuneración no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable. Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje (Fallos: 209:114, 125/126 y 210:310, 320, considerando 6°, entre muchos otros).

Permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado art. 14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor. Significaría, asimismo, un olvido del citado art. 28 de la Constitución Nacional.

La Corte no desconoce, desde luego, que los efectos que produzca la doctrina del presente fallo podrían ser considerados, desde ciertas posiciones o escuelas, como inadecuados a los lineamientos que serían necesarios para el mejoramiento del llamado mercado de trabajo, cuando no del mercado económico en general.

Esta hipotética censura, sin embargo, al margen de la naturaleza sólo conjetural de las consecuencias que predica, resulta manifiestamente desechable. Puesto que, seguramente de manera involuntaria, omite hacerse cargo de que su eventual consistencia exige ignorar o subvertir tanto el ya mentado principio de supremacía de la Constitución Nacional, cuanto el fundamento en el que toda ésta descansa según el texto de 18531860, robustecido aun más por los señeros aportes del art. 14 bis y la reforma de 1994 (esp. art. 75 inc. 22). Consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que aquélla le exige; admitir que sean las “leyes” de dicho mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga procedencia, importaría (aunque se admitiere la conveniencia de dichas “leyes”), pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional.

Puesto que, si de ésta se trata, resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad.

Es perentorio insistir, ante la prédica señalada, que el trabajo humano “no constituye una mercancía” (Fallos: 290:116, 118, considerando 4°).

En este orden conceptual, es oportuno recordar lo expresado por la Corte, en el precedente “Mata c. Ferretería Francesa”, al rechazar la impugnación constitucional de una ley que había elevado el tope máximo de la indemnización por antigüedad: “tratándose de cargas razonables […] rige el principio según el cual el cumplimiento de las obligaciones patronales no se supedita al éxito de la empresa (Fallos: 189:234; 234:161; 240:30 y otros), éxito cuyo mantenimiento de ningún modo podría hacerse depender, jurídicamente, de la subsistencia de un régimen inequitativo de despidos arbitrarios” (Fallos: 252:158, 163/164, considerando 10).

La razonable relación que, según el Tribunal, debe guardar la base salarial de la indemnización por despido sin justa causa con la mejor remuneración mensual normal y habitual computable, toma en cuenta que esta última, por resultar la contraprestación del empleador por los servicios del trabajador, pone de manifiesto, a su vez, la medida en que aquél, en términos económicos, reconoció y evaluó los frutos o beneficios que éste le proporcionó con su labor subordinada. Dicho salario, para el empleador, justipreció el esfuerzo y la importancia de las tareas desarrolladas por el dependiente, y se adecuó a las posibilidades económicas y al rendimiento que estimó al contratarlo o promoverlo.

12) Que, esta Corte ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional “cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad” (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus numerosas citas).

En el sub lite se ha configurado esta grave situación según se sigue de los guarismos y cálculos no controvertidos que ya han sido expresados (considerando 2°). Entonces, corresponderá aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrafos segundo y tercero del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable. Dicho de otra manera y con arreglo a las aludidas circunstancias de la causa, la base salarial para el cálculo de la indemnización del actor asciende a $ 7.370.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, con costas por su orden en todas las instancias en atención al cambio de criterio sobre el punto en debate (Fallos: 323:973). Vuelva el expediente al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva sentencia de acuerdo con la presente. Hágase saber, acumúlese la queja al principal y, oportunamente, remítase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – CARLOS S. FAYT – ANTONIO BOGGIANO – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

ES COPIA


Recurso extraordinario interpuesto por el actor Carlos Alberto Vizzoti, patrocinado por los Dres. Jorge Rodríguez Manzini y Juan Manuel Arias.

Traslado contestado por la demandada Amsa Asistencia Médica Social Argentina S.A., representada por la Dra. Mirna Isabel Kaploean, repr esentada por los Dres. José N. Gómez Escalante y Raúl Diego Llambí hasta la renuncia al mandato a fs. 79.

Tribunal de origen: Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional del Trabajo n° 24.

ACCIDENTES DE TRABAJO. INDEMNIZACION. LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. PAGO EN FORMA DE RENTA. INCONSTITUCIONALIDAD.

Milone, Juan A. c/Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente – Ley 9688. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 26/10/2004

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de la C. Nac. Trab. que había declarado la inconstitucionalidad del originario art. 14.2.b de la ley 24557 y, consecuentemente, había hecho lugar al reclamo del actor tendiente a que la indemnización del accidente del trabajo del que resultó víctima le fuese satisfecha mediante un pago único y no en forma de renta periódica según lo establecía la norma citada.

26 de octubre de 2004

El medio elegido para satisfacer la única reparación dineraria, vale decir, el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su antes indicado carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los “objetivos” legales a los que debe servir, y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las “efectivas necesidades que experimentan los damnificados”.

Tanto la historia legislativa nacional cuanto la fuente internacional atestiguan la inconsistencia de las reglamentaciones que se agotan inflexiblemente en indemnizaciones de pago periódico, cuando lo que aquéllas deben consagrar es una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador in concreto.

No se satisfacen los requerimientos de “asegurar” una condición de labor “equitativa”, toda vez que, por su rigor, la norma cuestionada termina desinteresándose de la concreta realidad sobre la que debe obrar.

Por su carácter, el art. 14.2.b impide absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a la víctima, la que deberá contentarse con escoger dentro del marco más que estrecho que le impone la renta. De tal manera, y si bien cabe descartar que sea un fin querido por el legislador, lo decisivo es que el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida, es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo.

El sistema de pura renta periódica regulado por el original art. 14.2.b ley 24557, importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de las incapacidades más severas (superiores al 20% e inferiores al 66%) en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único, distinción que no se compadece con la atención de las necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad, desnaturalizándose por esa vía la finalidad protectoria de la ley.

Aun cuando la LRT (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche, por no establecer excepción alguna para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura.

La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico y procedente en tanto el interesado demuestre claramente de que forma aquélla contraría la Norma Fundamental, causándole un gravamen; y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales -del dictamen del Procurador General al que remiten los votos en disidencia de los doctores Belluscio y Fayt-

El requirente se limita a descalificar la renta periódica a la que tilda sucesivamente de magra, perversa, exigua, irrazonable, absurda, confiscatoria, arbitraria y a conjeturar agravios vinculados a la depreciación de la divisa y a la obtención de una renta financiera superior, sin proveer, empero, evidencia económica alguna de las ventajas involucradas en la sustitución de la renta periódica a la que se refiere el artículo 14, ítem 2 b), de la ley n° 24.557, por un pago único e íntegro del concepto comprometido -del dictamen del Procurador General al que remiten los votos en disidencia de los doctores Belluscio y Fayt-

I

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IX, confirmó la sentencia de la anterior instancia que, previa declaración de inconstitucionalidad del precepto, condenó a la accionada a abonar al peticionario, íntegramente y en un pago único, el importe de la indemnización por accidente estipulada en el artículo 14, inciso b), de la ley n° 24.557 (v. fs. 213/216). En suma, arguyó para así decidir que: 1) resulta más beneficioso para el pretensor taxista, de 55 años, afectado de una minusvalía total del 65%, con pérdida de la visión del ojo izquierdo e imposibilitado de reubicarse en el plano laboral el cobro íntegro del capital reparatorio y no a través de una prestación mensual; y, 2) el pago por renta periódica desnaturaliza la finalidad para la que fue establecida la prestación con lo que lesiona las garantías de los artículos 14, 14 bis y 17 de la Constitución, acarrea la pérdida de la disponibilidad y control del dinero por el afectado y omite que la administración de la suma total le permitiría obtener frutos más rentables, conservando el capital. Descarta la aplicación del precedente de Fallos: 325:11 al tiempo que refiere que la fragmentación del pago desintegra el resarcimiento al perder su real contenido económico. Por último, fundada en el artículo 116 de la Ley Orgánica n° 18.345, considera desierta la apelación en lo que se refiere al monto de la renta periódica (fs. 232/234).

Contra dicha decisión, la demandada dedujo recurso extraordinario (fs. 237/249), que fue contestado (fs. 241/252) y concedido en lo que atañe a la cuestión suscitada en torno a la declaración de invalidez constitucional del artículo 14, inciso b), de la ley n° 24.557; no así en lo que se refiere a la tacha de arbitrariedad de la resolución (fs. 256/257 y 259).

II

En síntesis, manifiesta la recurrente que la sentencia, al declarar la invalidez constitucional del artículo 14, inciso b), de la ley n° 24.557, incurre amén de en un supuesto de arbitrariedad por falta del debido fundamento y gravedad institucional en una cuestión de las establecidas en el artículo 14 de la ley n° 48, al malinterpretar la regla más tarde invalidada, desconociendo la primacía de los artículos 16, 17 y 18 de la Norma Fundamental.

En concreto, reprocha que el fallo admite un planteo constitucional sin la evidencia de un agravio suficiente, acudiendo, mediante una analogía no habilitada por ley, al dispositivo del artículo 14, inciso a), de la ley n° 24.557, desconociendo así la antigua data del régimen de la renta periódica en la legislación argentina sobre infortunios laborales art. 5°, Convenio OIT n° 17, ratificado por ley n° 13.560 y la inclusión de la ley de riesgos de trabajo en el contexto general de prestaciones periódicas del sistema de la seguridad social (Fallos: 325:11).

Prescinde, asimismo, de que la modalidad de pago observada, lejos de discriminar, alcanza a todo un segmento de la población trabajadores a quienes, por otra parte, beneficia un régimen especial que conlleva una serie de prestaciones que no se extienden a otro sectores. Enfatiza que no existe un monto de capital disponible que se divide en cuotas formando la renta periódica, sino que ella se establece mediante una ecuación que incluye, entre otros componentes, la expectativa de vida del actor, de modo tal que éste nunca accede a la titularidad de la suma cuya inversión atañe al principal o la aseguradora.

Subraya que la decisión confirmada modifica el régimen establecido por la ley n° 24.557 y el decreto n° 1278/00, afectando el principio “pacta sunt servanda” sin otro asiento que asertos conjeturales y descalificatorios a propósito de esta modalidad de pago; soslayando que, si bien el manejo por el actor del capital podría eventualmente significar una mayor renta financiera, conlleva también el riesgo de su administración y la pérdida total de la fuente de ingresos.

Reprueba, finalmente, que el pronunciamiento pierda de vista que el sistema de la ley n° 24.557 debe evaluarse en forma completa e integral, no fragmentada, al tiempo que puntualiza que la Corte ha asentido a la constitucionalidad genérica de los resarcimientos tarifados recogidos en numerosas leyes, bajo la condición que allende la proporcionalidad habida entre retribución y resarcimiento el monto resultante no suprima o desnaturalice el derecho que se pretende asegurar, siendo que en este caso desde la perspectiva del recurrente los importes obtenidos son equitativos y aseguran al pretensor un ingreso adecuado a sus razonables expectativas y proporcionado a su situación (v. fs. 237/249).

III

Previo a todo, procede referir que, como bien señalan los jueces de ambas instancias, el debate se ciñe aquí a la modalidad de pago de la indemnización por incapacidad laboral implementada en el artículo 14, apartado 2. b), de la ley n° 24.557 (fs. 213 y 233). Si bien vale recordar que la apelación extraordinaria sólo fue concedida en lo que se refiere a la cuestión federal estricta y no por arbitrariedad de sentencia aspecto a propósito del cual la demandada no dedujo una presentación directa lo cierto es que esta última se vincula de manera inescindible con la anterior, por lo que corresponde que V.E. atienda los agravios con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 301:1194; 307:493, 1824; 315:1485; 323:3784; 324:4013; y, más recientemente, S.C. R. n° 887, L. XXXVI, “Radiodifusora Mediterránea SRL c/ Estado Nacional amparo”, del 05. 11.02).

IV

Ha reiterado V.E. que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (v. Fallos: 324:3345, 4404; 325:645, etc.), y procedente en tanto el interesado demuestre claramente de que forma aquélla contraría la Norma Fundamental, causándole un gravamen; y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (cfse. Fallos: 321:220; 324: 3345; 325:645, etc.).

Ello, decididamente, no se advierte en las presentaciones de fs. 3/6 y 10, ni tampoco con ulterioridad, desde que, en rigor, el requirente se limita a descalificar la renta periódica a la que tilda sucesivamente de magra, perversa, exigua, irrazonable, absurda, confiscatoria, arbitraria y a conjeturar agravios vinculados a la depreciación de la divisa y a la obtención de una renta financiera superior, sin proveer, empero, evidencia económica alguna de las ventajas involucradas en la sustitución de la renta periódica a la que se refiere el artículo 14, ítem 2 b), de la ley n° 24.557, por un pago único e íntegro del concepto comprometido (v. Fallos: 324:754, etc.), aspecto insisto al que la quejosa ciñe, en definitiva, su petición.

Tal déficit se acrece tan pronto se aprecia que los jueces en ambas instancias, lejos de suplir esa omisión, se pronuncian a favor de la invalidez constitucional de la norma en disputa sobre la base de que el monto de dicha renta mensual no guarda una adecuada relación con el salario bruto del actor, menos del 50% (fs. 214); resultando, consecuentemente, equitativo su reemplazo por una prestación dineraria única calculada sobre la base de la previsión del artículo 14, apartado 2 a), de la ley n° 24.557 (v. fs. 215), con lo que, por otro lado, se apartan dogmáticamente, además de los estrictos términos del planteo originario.

El anterior razonamiento, amén de lo inscrito, prescinde entre otros defectos no sólo de que la modificación introducida al precepto invalidado por el decreto n° 1278/00 ratifica, para el supuesto de incapacidades laborales permanentes, parciales y definitivas como la del pretensor (65%), el pago bajo la modalidad de una renta periódica lo que, a mi juicio, conlleva extremar el rigor argumentativo exigible para su invalidación sino también de la necesidad de apreciar que el capital de condena saldado en alrededor de una tercera parte por los pagos periódicos concretados por la aseguradora a la época del fallo de mérito (fs. 85/86 y 201) y seguramente en más a la fecha, desde que no se ha argüido su discontinuidad ha visto menguar gravemente su aptitud para constituirse en el capital financiero al que se refiere la sentencia. Dicho dato menos aun puede soslayarse en esta instancia de excepción, de estar a la doctrina sentada entre otros supuestos en Fallos: 324:3948, 325:2177, etc.

Por otra parte, sabido es que, si bien respecto de diferentes rubros o conceptos resarcitorios, V.E. ha estimado que los motivos de equidad no pueden servir de pretexto para que los jueces dejen de aplicar las disposiciones legales cuya sanción y abrogación está reservada a otros poderes del estado (Fallos: 322:1017; 324:2801, etc.); y en línea con lo expuesto, entre otros precedentes, en Fallos: 322:995 vale advertir que tampoco aquí se explicitan, como es debido, las razones por las que se considera que la renta periódica debe situarse, necesariamente, en una cierta relación de proporcionalidad con el ingreso bruto del trabajador incapacitado (Fallos: 323:2834; 324:2801, entre otros); ni menos aún porqué el monto de condena no constituye una pulverización del derecho que se quiere asegurar, cuando sus parámetros de cálculo no parecen distar demasiado dejando de lado la condición periódica de la renta de los pautados en la disposición legal invalidada.

Por último, debe tenerse presente, además, que el único juicio que corresponde emitir aquí a los tribunales es el referido a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los derechos consagrados en la Carta Magna, sin inmiscuirse en el escrutinio de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (v. Fallos: 324:3345; 323: 645, etc.).

V

Por lo expresado, entiendo que corresponde declarar procedente el recurso de la accionada, dejar sin efecto la sentencia y restituir las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien proceda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo indicado.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.

Nicolás Eduardo Becerra

Buenos Aires, 26 de octubre de 2004

Vistos los autos: “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente – ley 9688”.

Considerando:

1°) Que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de la instancia anterior que había declarado la inconstitucionalidad del originario art. 14.2.b de la ley 24.557 de riesgos del trabajo (LRT) y, consecuentemente, había hecho lugar al reclamo del actor tendiente a que la indemnización del accidente del trabajo del que resultó víctima le fuese satisfecha mediante un pago único y no en forma de renta periódica según lo establecía la norma citada. Sostuvo el a quo, en primer lugar, que por tratarse de una persona, el actor, “de 55 años, cuya actividad laboral era conducir un taxi, que entre los distintos padecimientos detectados que le generan una minusvalía laboral total del 65%, ha perdido la visión del ojo izquierdo, lo cual por el tipo de tarea realizada le imposibilita su reubicación laboral”, resultaba “más beneficiosa para el acreedor, el pago íntegro del capital indemnizatorio, y no a través de una prestación mensual complementaria”. Acotó, seguidamente, entre otras razones, que “las prestaciones previstas como sistema de pago en forma de ‘renta’ pueden llegar a desnaturalizar la finalidad para la cual fueron establecidas, y a través de ello se configure en forma indirecta pero significativa, una desprotección tal que torne a las normas aplicables, por inequidad, en contrarias a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional para la tutela de los trabajadores”; que el régimen de la LRT “no contempla las necesidades inmediatas, actuales y presentes de los trabajadores […], e ignora los fines que deben tener y han tenido los regímenes que reparan los accidentes de trabajo, ligados en forma directa a evitar que la minusvalía total que porta el trabajador, que como dependiente no puede trabajar por un acto que no le es imputable, lo afecte a él y a su núcleo familiar originando la desprotección consecuente (art. 14 C.N.)”; y que el sistema de pago de renta “acarrea la pérdida de disponibilidad y control del dinero por parte del damnificado, toda vez que está destinado a parcializarse y desvanecerse en su finalidad reparatoria, sin tenerse en cuenta que la administración del monto total por parte del reclamante —que, reitero, porta una incapacidad total y a la fecha del infortunio tenía 55 años— permitiría obtener frutos más rentables, manteniendo el capital y adecuarlos a las necesidades del trabajador y su familia”.

2°) Que contra dicha sentencia, la vencida interpuso recurso extraordinario, que fue concedido sólo en cuanto controvierte la declaración de inconstitucionalidad expuesta en el considerando anterior, vale decir, del originario art. 14.2.b de la LRT. Esta concesión es correcta, pues la apelación observa los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 48, mayormente cuando está en juego una cuestión federal en los términos del inc. 1 de la primera de estas normas.

3°) Que, en consecuencia, corresponde señalar, por un lado, que el precepto de la LRT impugnado reza: “Artículo 14 […] 2. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones: […] b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 20% e inferior al 66%, una renta periódica […]”. Por el otro, que esta norma, según se sigue del pronunciamiento del a quo, debe ser interpretada en el sentido de que el régimen indemnizatorio de renta periódica, dentro del ámbito en el que rige, no hace acepción de personas ni de circunstancias, vale decir, ha sido impuesto de manera absoluta, impidiendo que la reparación pueda ser satisfecha mediante un pago único. En consecuencia, la cuestión a ser resuelta por esta Corte radica en determinar si el citado art. 14.2.b, según la exégesis antedicha, es compatible con la Constitución Nacional o no.

4°) Que desde antiguo, el Tribunal ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional “cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta iniquidad” (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus numerosas citas).

Luego, dos circunstancias deben ser puestas de manifiesto para lo que interesa al sub lite. Primeramente, la LRT ha previsto, con toda claridad, que uno de sus “objetivos” es “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” (art. 1.b). En segundo término, el Mensaje del Poder Ejecutivo del 4 de noviembre de 1994, que acompañó al entonces proyecto de la LRT, expresa: “recuperando el criterio adoptado inicialmente por la ley 9688, se da preferencia a las prestaciones dinerarias otorgadas en forma de renta o pago periódico mensual”. Este “cambio”, agrega, “implica un movimiento importante a favor de aproximar las prestaciones a las efectivas necesidades que experimentan los damnificados” (Antecedentes Parlamentarios, Buenos Aires, La Ley, 1996A, pág. 409, IV).

5°) Que, en este orden de ideas, no se requiere un mayor esfuerzo expositivo para concluir que el medio elegido para satisfacer la única reparación dineraria, vale decir, el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su antes indicado carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los “objetivos” legales a los que debe servir, y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las “efectivas necesidades que experimentan los damnificados”. Las conclusiones firmes del a quo acerca de las circunstancias fácticas que rodean al actor, recordadas al comienzo, son elocuentes en cuanto a la configuración de un supuesto en el que se producen, precisamente, los mentados oposición y alejamiento.

En tal sentido, la LRT, no obstante la declarada intención de recuperar el originario sistema de la ley 9688, parece haber soslayado que la existencia de un conflicto análogo al presente ya había sido advertida por el legislador de la citada ley de 1915. La lectura del debate desarrollado en la Cámara de Diputados con motivo del examen del art. 9 del entonces proyecto muestra, con nitidez, que el propio miembro informante de la Comisión y defensor de la cláusula, doctor Arturo M. Bas, reconoció las consecuencias negativas que originaba un sistema de renta que excluía inflexiblemente que la indemnización pudiera ser otorgada en un pago único. Más aún; frente a las críticas planteadas, dicho miembro admitió, sin rebozos, que la Comisión “no tendría inconveniente en aceptar algún agregado” al art. 9 tendiente a evitar los aludidos inconvenientes, si bien, finalmente, la propuesta en juego no fue materializada (v. las intervenciones de los diputados Padilla y Bas, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1915, t. III, págs. 602/603).

No menos preciso es poner de relieve que, durante el lapso en que rigió, i.e., hasta su abandono en favor del pago único (ley 18.913), el sistema de renta de la ley 9688 fue modificado —más allá de los breves efectos en el tiempo que produjo el decretoley 650/55 (art. 1), dada su derogación por el decretoley 5005/56 (art. 1)— por vía del decretoley 4834/58, al establecer éste que los “beneficiarios mayores de edad podrán optar en percibir íntegramente o en forma de renta el importe de la indemnización” (art. 1.d). Esta reforma de 1958 se apoyó, entre otros motivos, en que “no puede dudarse que las necesidades económicas de los beneficiarios se hacen más indispensables en la época inmediata al infortunio, como también que la inversión del capital en forma directa por el interesado puede servir al mejor desenvolvimiento económico del mismo” (Boletín Oficial, 2341958, pág. 1).

Asimismo, particular importancia cobra el Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1925, ratificado por nuestro país, y que tiene jerarquía superior a las leyes (Constitución Nacional, art. 75.22), puesto que, si bien dispone el pago de la indemnización “en forma de renta”, como lo afirma la recurrente, no deja de prever la posibilidad del pago “en forma de capital” (art. 5), circunstancia que silencia esta última al transcribir el precepto de manera parcial.

Finalmente, tampoco puede ser pasado por alto, aun cuando no se trate de una norma aplicable a la presente contienda, que el decreto 1278/2000 reformó el art. 14.2.b y añadió a la renta periódica un importe adicional de pago único (art. 6). Por esta modificación, expresan los considerandos de ese cuerpo legal, se pretende “dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador […], originadas en el infortunio laboral” (Boletín Oficial, n° 29.558, 1ª. Sección, 312001, pág. 2).

Los señalamientos de los dos párrafos precedentes, por cierto, no están enderezados a determinar cuál es el régimen legal compatible con la Constitución Nacional. Su finalidad, y la de la referencia al debate de 1915, es demostrar que tanto la historia legislativa nacional cuanto la fuente internacional atestiguan la inconsistencia de las reglamentaciones que, al modo de la sub lite, se agotan inflexiblemente en indemnizaciones de pago periódico, cuando lo que aquéllas deben consagrar es una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador in concreto.

6°) Que esto último refleja la necesidad de sopesar la norma en cuestión de la LRT a la luz del llamado principio protectorio contenido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”, y de la expresa manda de la que da cuenta esta norma: dichas leyes “asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor”. Conviene recordar que estos postulados imponen al Congreso “deberes inexcusables” a fin de asegurar al trabajador un conjunto de “derechos inviolables” (Fallos: 252:158, 161, considerando 3°), lo cual, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, contrasta con las circunstancias fácticas y jurídicas sub examine. En otras palabras, se advierte que en el caso, no se satisfacen los requerimientos de “asegurar” una condición de labor “equitativa”, vale decir, justa, toda vez que, por su rigor, la norma cuestionada termina desinteresándose de la concreta realidad sobre la que debe obrar.

A su vez, cabe señalar que los principios elaborados a partir de lo dispuesto en el mencionado art. 14 bis se integran a las disposiciones incorporadas por la reforma de 1994, en el art. 75, incs. 22 y 23, del texto constitucional. En tal sentido, el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera de manera explícita la interdependencia e indivisibilidad que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto todos éstos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana (párrs. 2 y 3; asimismo: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo, párrs. 2 y 3). Por dicha razón, el mencionado conjunto de derechos exige una tutela y promoción permanentes con el objeto de lograr su plena vigencia. En línea con tales afirmaciones, el art. 7 del instrumento internacional nombrado en primer término, al reconocer el “derecho al trabajo”, dispone que éste comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida, lo cual se completa con el artículo siguiente en el que los estados reconocen que tal derecho supone que toda persona goce del mismo en condiciones equitativas y satisfactorias, que le aseguren condiciones de existencia dignas para el trabajador y para su familia, mencionando al respecto, de manera particular, la seguridad y la higiene en el trabajo, entre otras materias que —según lo allí previsto— deben ser garantizadas por los estados en sus legislaciones. A ello se suma el art. 12, relativo al derecho de toda persona al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, cuando en su inc. 2 dispone: “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para […] b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo […]; c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades […] profesionales”. El citado art. 7.b, corresponde subrayarlo, implica que, una vez establecida por los estados la legislación apropiada en materia de seguridad e higiene en el trabajo, uno de los más cruciales aspectos sea la reparación a que tengan derecho los dañados (Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, pág. 242).

A conclusiones sustancialmente análogas conduce el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, aprobado por la ley 24.658, si se atiende a su Preámbulo y a los arts. 6 y 7, concernientes al derecho al trabajo y a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, respectivamente.

Por su parte, el art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional, al establecer como atribuciones del Congreso de la Nación las de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, pone énfasis en determinados grupos tradicionalmente postergados, dentro de los cuales se menciona en forma expresa a las personas con discapacidad. Por tal razón, una interpretación conforme con el texto constitucional indica que la efectiva protección al trabajo dispuesta en el art. 14 bis se encuentra alcanzada y complementada, en las circunstancias sub examine, por el mandato del art. 75, inc. 23, norma que, paralelamente, asienta el principio de no regresión en materia de derechos fundamentales. Así lo preceptúa también el principio de progresividad asentado en el art. 2.1 del citado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en concordancia con su art. 11, inc. 1, por el que los estados han reconocido el derecho de toda persona “a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

7°) Que, desde otra perspectiva, está fuera de toda duda que una discapacidad, sobre todo de las comprendidas por el art. 14.2.b, repercutirá no sólo en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 315:2834, 2848, considerando 12, entre muchos otros). Un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador —y, en su caso, a la familia de éste— a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo. Es precisamente por ello que el medio reparador, de ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración, una nueva, tal como sucede con el sistema originariamente previsto por la LRT. En efecto, esta última reduce drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular dicho proyecto. Por su carácter, el art. 14.2.b impide absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a la víctima, la que deberá contentarse con escoger dentro del marco más que estrecho que le impone la renta. De tal manera, y si bien cabe descartar que sea un fin querido por el legislador, lo decisivo es que el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida, es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo.

8°) Que, por otra parte, el sistema de pura renta periódica regulado por el original art. 14.2.b, importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de las incapacidades más severas (superiores al 20% e inferiores al 66%) en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único (art. 14.2.a, ley citada), distinción que no se compadece con la atención de las necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad, desnaturalizándose por esa vía la finalidad protectoria de la ley (Constitución Nacional, arts. 16 y 75, inc. 23).

9°) Que, en suma, aun cuando la LRT (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche, de acuerdo con la jurisprudencia que ha sido citada en el considerando 4°, por no establecer excepción alguna para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura. Frente a tales circunstancias, además, la norma consagra una solución incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art. 14 bis cit.), al paso que mortifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introduce un trato discriminatorio.

Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara admisible el recurso extraordinario concedido y se confirma la sentencia apelada, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Hágase saber y, oportunamente, devuélvase.

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia)- CARLOS S. FAYT (en disidencia) – ANTONIO BOGGIANO – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

DISIDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

Que esta Corte comparte los argumentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación, al que se remite por razones de brevedad.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario concedido y se deja sin efecto la sentencia apelada. Costas de todas las instancias por su orden en atención a la naturaleza alimentaria de la prestación reclamada por el actor. Notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que por quien corresponda se dicte nueva sentencia con arreglo a lo decidido.

AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – CARLOS S. FAYT.

EL HORIZONTE DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A LA LUZ DEL PLENARIO RAMIREZ.

Por Alberto Chartzman Birenbaum

Febrero de 2006

SUMARIO

I.-PRELIMINAR- II- LA SOLIDARIDAD EN EL DERECHO COMUN – III-PLENARIO “RAMIREZ C/ RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS S.A.” – IV –  CONCLUSIONES

I.- PRELIMINAR
Como señala Perugini ” :el empresario tiende a difuminarse, a perder la transparencia que el principio de seguridad jurídica pide, ya que el fenómeno de tercerización multiplica la cadena de empresas auxiliares y externaliza funciones no estratégicas desempeñadas hasta entonces por las empresas, estimulando la creación de otras empresas con índices de falencia elevados”.
Es por ello, que la realidad del mundo jurídico laboral nos ha ubicado en el horizonte de redes comerciales, donde mediante la interposición de contratistas y subcontratistas en la organización productiva, ha devenido necesario una mayor protección legal de los trabajadores, para mantenerlos en área fuera de riesgo, es decir, sin fraccionamientos derivados de las eventuales insolvencias a que nos tienen acostumbrado estas formas de relaciones triangulares.
Frente a ello, el art. 30 LCT con las modificaciones que introdujo oportunamente el art. 17 de la ley 25013,estableció recaudos concretos- deberes de control- respecto de los empresarios que ceden, contratan o subcontratan parte de la actividad específica de una explotación, requiriendo a sus contratantes para liberarse de la responsabilidad solidaria, el cumplimiento de dichos extremos, ello demás de las obligaciones contenidas en el primer párrafo de la citada norma y de las nuevas disposiciones que introdujo la RG AFIP 1891/05, tal vez en un exceso que será parte de otro trabajo nuestro en elaboración.

II.- LA SOLIDARIDAD EN EL DERECHO COMUN
Las fuentes de solidaridad, según surge del art 699 CC son la convención de las partes y la ley, aunque el art. 700 CC, dispone que la solidaridad puede, también, ser constituída por decisión judicial; siendo sus efectos principales: la exigibilidad (derecho del acreedor al cobro total del crédito, respecto de cualquiera de los deudores y extinción de la obligación por pago u otro medio equivalente)
La solidaridad reviste de este modo carácter excepcional, el art. 701 CC exige que este expresamente comprendida en la ley. El art. 699 CC la define como hemos advertido.
La finalidad de la solidaridad en el derecho del trabajo, excede la prevención de maniobras fraudulentas, mientras en el derecho civil se presenta como un instrumento idóneo para la mejor consecución del interés común de acreedores y deudores.
Por su parte, del art. 705 CC se desprende que el acreedor, o cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos.
Respecto del derecho al cobro total, adhiero a la postura de sostener, que como la LCT y las normas laborales en general, no modifican la forma como regula el derecho civil el instituto de la solidaridad, no hay motivo alguno para apartarse del efecto principal del instituto, que consiste en que cualquiera de los deudores solidarios está expuesto a que se le reclame la totalidad de la deuda, sin necesidad- de demandar previamente al deudor principal.

III.- PLENARIO ” RAMIREZ C/ RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS SA”

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno, a los tres días del mes de febrero de 2006 reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal , a fin de considerar el expediente Nº 21.551/2001 – Sala VI, caratulado “RAMÍREZ, MARIA ISIDORA c/ RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS S.A. Y OTRO s/ DESPIDO”, convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: “¿Es aplicable el artículo 705 del Código Civil a la responsabilidad del artículo 30 L.C.T.?”, señaló en la apertura de la discusión, que la  idea de la responsabilidad solidaria, como tantas otras, es fruto de la sutileza y creatividad del Derecho Romano, que concibió un vínculo con múltiples sujetos pasivos para que el acreedor pudiera reclamar a cada codeudor el cumplimiento total del objeto debido.
La característica esencial de esta tipología de las obligaciones reside en el derecho del acreedor a exigir a cada deudor el pago íntegro, vale decir, en la posibilidad irrestricta de demandar, como diría Jorge Joaquín Llambías, a todos, a algunos o a uno en particular, sin decir por qué (ver “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones” T. II, págs. 452, Edit. Abeledo Perrot).-
El art. 705 del Código Civil, que se menciona en el interrogante de la convocatoria, es clave en la dinámica propia de estas obligaciones. La disposición legal reitera con énfasis que el sujeto activo del vínculo “…puede exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos…” y aclara que si se reclamó “…el todo contra uno de los deudores y resultase insolvente, puede reclamarlo contra los demás…”.-
De modo entonces, que el criterio venido al debate de dicha convocatoria en pleno, sentado por la CNAT resulta contundente al determinar que en los casos de contratación o subcontratación, el trabajador puede elegir a quien demandar: si a su empleador o al contratante o a ambos a la vez- por aquellos créditos no satisfechos por su verdadero empleador.
En la Ley de Contrato de Trabajo no existe un régimen específico y distinto de la responsabilidad solidaria y no se advierte incompatibilidad alguna entre lo dispuesto por los arts. 699 y 705 del Código Civil y el principio protectorio. Muy por el contrario, la doctrina coincide, de una manera unánime, en que el art. 30 de la L.C.T. esta destinado a garantizar el cobro de los créditos, para lo cual crea sujetos pasivos múltiples, aún en la ausencia de fraude o ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente (ver Hugo Carcavallo “Los alcances del art. 30 de la L.C.T.”, en Revista de Derecho Laboral 2001 – I; Justo López “La solidaridad en las relaciones obligatorias laborales”, en Revista de Derecho Laboral, Editorial Rubinzal Culzoni, 2001-1, págs. 9 y sgtes.; Juan Carlos Fernández Madrid “Tratado de Derecho del Trabajo” T. I, págs. 925 y sgtes., Edit. La Ley y la reseña allí efectuada).
Los camaristas en el criterio adoptado en pleno, extendieron entonces, la aplicación del principio de responsabilidad general del art. 705 CC y entendieron que no cabe privar al acreedor laboral del derecho de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias y que consiste como señalamos en demandar a todos (empleador y contratante) o tan sólo a uno de ellos.
La decisión judicial tendrá un alto impacto para las empresas que tercerizan servicios, es decir, se desprenden de ciertas funciones, categorías de trabajo o tareas y encomiendan ese trabajo a terceros, ya sea dentro o fuera del ámbito de la empresa que encarga los trabajos o tareas.
El fiscal general de la Cámara sostuvo que lo contrario sería materializar una diferencia de trato hacia el acreedor laboral que consagra una inadmisible discriminación.
El Dr. Ricardo Guibourg, ha señalado que la “única solidaridad de nuestro sistema de obligaciones jurídicas es la establecida claramente en el Código Civil”.
Por su parte, el doctor Capón Filas expresa:   ¿Cuál es la razón por la cual no reconocer lo mismo al acreedor laboral? Obviamente, ninguna. Si el ciudadano en la Sociedad tiene derecho a accionar como se indica, el ciudadano en la empresa también lo tiene.-
Asimismo, la Doctora Ferreirós enfatiza: En el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, se aborda el tema de cesión total o parcial a otros del establecimiento o explotación así como la contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, imponiendo una serie de requisitos a cumplir por parte de los cedentes, contratistas o subcontratistas para con los cesionarios o subcontratistas, imponiendo a la vez controles (cfr. agregado del art. 17 de la ley 25.013) cuyo cumplimiento formal no es suficiente para dejar de lado la responsabilidad solidaria.- Y, si la insolvencia apareciera y el crédito del actor corriera peligro, nace automáticamente el frente de deudores solidarios del artículo 699 y siguientes del régimen del Código Civil.

IV.- CONCLUSIONES
Debe tenerse en cuenta que a la luz del plenario “RAMIREZ”, el art. 30 LCT vendría a imponer una suerte de responsabilidad directa, ya no solidaria ni accesoria de la empresa usuaria de los servicios contratados o tercerizados.
La CNAT interpreta que la actividad de seguridad o vigilancia hace a la actividad normal y específica de bancos, clubes de campo, barrios cerrados, la comercialización de telefonía móvil por terceros hace a la actividad normal y específica de las empresas de telefonía móvil, etc.
De modo que, la LCT ya no contemplaría un sistema específico de responsabilidad solidaria para el Derecho Laboral y tal vez podríamos convenir que se comienza a generar incertidumbre en saber si algún caso llega a la Corte Suprema de Justicia, que aún no lo ha resuelto en el sentido bajo análisis.
No se trata de caer en la discusión bizantina de si se desconoce o no, que en función de la finalidad tuitiva del instituto, el riesgo o alea ante la desaparición, reticencia o insolvencia del empleador, debería ser asumido por los empresarios que se valieron de los servicios prestados por el trabajador que reclama -ya sea directa o indirectamente-, puesto que a nuestro criterio, ello resultaría suficiente para habilitar una acción autónoma directa contra el empresario principal: aún cuando no es empleador del trabajador dependiente de su contratista.
Es verdad que el art. 30 de la L.C.T. se convirtió un uno de los más complejos y que más controversias ha suscitado en la doctrina y jurisprudencia, no lográndose unificar las interpretaciones, ni siquiera sobre los alcances del concepto de “actividad normal y específica propia el establecimiento” sin que las modificaciones introducidas por la ley 25.013 hayan mejorado la situación.
Pero no menos cierto es que la decisión en pleno del acuerdo de Cámara resulta a todas luces justo, aún cuando en el aspecto procesal, el art. 30 L.C.T. no habilita una acción autónoma directa contra el empresario principal, y deberá entonces discernirse al respecto. Mientras tanto, el acuerdo en pleno deviene obligatorio para las diez salas que integran la CNAT y todos los juzgados del fuero.

LA RESPONSABILIDAD LABORAL Y EL PLENARIO “RAMIREZ, MARIA ISIDORA C/RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS S.A.

Por Ricardo Diego Hierrezuelo

El 3 de febrero de 2006, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó el Plenario Nº 309 en los autos caratulados “Ramírez, María Isidora c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro s/ despido”, por el cual se resolvió que es aplicable el art. 705 del C. Civil a la responsabilidad del art. 30 L.C.T., el que encubre un debate más amplio que se traduce en la posibilidad, en nuestra disciplina, de condenar al deudor solidario, si no se demandó o se desistió de la demanda contra el empleador.
Cabe destacar, en primer término, que los alcances del plenario son limitados, ya que se restringen a los supuestos de cesión total o parcial del establecimiento, y a los de contratación o subcontratación previstos en el art. 30 de la L.C.T., y no se proyectan al resto del articulado de la L.C.T. donde también se impone la solidaridad. Y esta cuestión no es menor, porque por ejemplo la Dra. García Malgarejo, si bien votó por la afirmativa, aclaró que ello no implica abrir juicio de valor alguno de ningún tipo sobre la solución que eventualmente corresponda en otros supuestos en que la ley establece la solidaridad. Aún cuando la doctrina y la jurisprudencia está conteste en extender esta interpretación a los casos de interposición e intermediación dispuestos en los arts. 14 y 29 de la L.C.T., todavía quedarían sin resolver los supuestos de interrelación (empresas de servicios eventuales), subordinación y relación (empresas controladas y conjunto económico), transferencia del establecimiento, cesión del personal y extensión de responsabilidad a los socios, directores y gerentes de sociedades comerciales, en los cuales la discusión se podría seguir manteniendo.
Ahora bien, la postura mayoritaria realiza una fundamentación estrictamente jurídica y justifica su posición en la inexistencia de recepción en nuestro derecho de la solidaridad propia e impropia que se le imputa al derecho romano. Asimismo, invoca como precedente un fallo dictado por la C.S.J.N. en la causa “Cabeza, Audelia y otros c/ Sanz y Cía. y otros s/ recurso extraordinario” (Fallo 306-2:1421 in fine).
El Fiscal General Dr. Eduardo Alvarez  quien defendiera la postura mayoritaria, sostuvo que la característica esencial de esta tipología de las obligaciones reside en el derecho del acreedor a exigir a cada deudor el pago íntegro, vale decir, en la posibilidad irrestricta de demandar, como diría Jorge Joaquín Llambías, a todos, a algunos o a uno en particular, sin decir por qué (ver “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones” T. II, págs. 452, Edit. Abeledo Perrot). El art. 699 del Código Civil resalta esta faceta como base de la definición misma y establece que una obligación es solidaria cuando “… la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley… ser demandada a cualquiera de los deudores…”. El art. 705 del Código Civil, que se menciona en el interrogante de la convocatoria, es clave en la dinámica propia de estas obligaciones. Vélez Sarsfield hace confluir, en un solo texto, la traducción que hizo Andrés Bello de los arts. 1.200; 1.203 y 1.204 del Código Civil Francés y la norma abunda en la descripción de las potestades del titular del crédito. La disposición legal reitera con énfasis que el sujeto activo del vínculo “…puede exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos…” y aclara que si se reclamó “…el todo contra uno de los deudores y resultase insolvente, puede reclamarlo contra los demás…”.
Señaló que esta característica hizo que Josserand, al comentar la solidaridad pasiva como manifestación de las obligaciones con sujetos múltiples, sostuviera que lo trascendente y definitorio cuando se menciona la expresión “obligación solidaria” es el derecho del acreedor a elegir, con libertad, sin condicionamientos, a quien se persigue para el cobro, en función de una estrategia que a nadie tiene que justificar. Donde hay solidaridad, dice Josserand, hay elección libre del acreedor y esta elección se funda en que en las obligaciones solidarias “no hay un deudor principal, todos son deudores principales” (“Quatre Lessons du Droit Civil”, págs. 235, Edit. Dalloz, Paris, 1967, 4 Edic.). Esta afirmación última es decisiva y permite comprender algo que señalaba desde la cátedra de Derecho Romano el recordado Luis María Berrotarán, quien fuera titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 72: Las obligaciones solidarias son una superación histórica de la fianza, ya que se crea un vínculo en el cual todos los deudores son principales pagadores y no existe el beneficio de excusión, o sea no hay que convocar primero a alguno de los sujetos pasivos, ni traerlo a juicio, ni procurar cobrarle antes ejecutando su patrimonio.
Expresó que el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también se cita en el temario que nos reúne, impone de una manera inequívoca la responsabilidad solidaria, como medio para proteger al trabajador (acreedor), en el marco de una segmentación del proceso productivo que, más allá de su legitimidad, puede traer aparejada, al menos en el terreno de las hipótesis, la afectación o licuación de la solvencia. El Derecho del Trabajo, para tutelar al dependiente, recurrió a una institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones solidarias) que, como vimos, fue precisamente pensada para garantizar el cobro, potencializar la responsabilidad patrimonial y evitar la necesidad de tener que reclamar el pago a una persona determinada cuando se sabe que es ocioso o, simplemente, no se la quiere perseguir. Nuestra disciplina no es autosuficiente, ni tiene una autonomía plena y cuando una norma laboral dice “responsabilidad solidaria”, se está refiriendo a las pautas normativas del Código Civil, al igual que cuando dice “pago”, o “persona jurídica de existencia ideal”. Existe, entonces, como lo advirtiera Justo López, una vocación de aplicabilidad de las normas civiles, que sólo puede ceder ante dos circunstancias concretas: a) La presencia de una norma laboral expresa distinta y b) La incompatibilidad de la norma civil con principios generales del Derecho del Trabajo (ver “Incidencia del Derecho Civil en el Derecho del Trabajo”, en Legislación del Trabajo XXX – 194). En la Ley de Contrato de Trabajo no existe un régimen específico y distinto de la responsabilidad solidaria y no se advierte incompatibilidad alguna entre lo dispuesto por los arts. 669 y 705 del Código Civil y el principio protectorio. Muy por el contrario, la doctrina coincide, de una manera unánime, en que el art. 30 de la L.C.T. esta destinado a garantizar el cobro de los créditos, para lo cual crea sujetos pasivos múltiples, aún en la ausencia de fraude o ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente (ver Hugo Carcavallo “Los alcances del art. 30 de la L.C.T.”, en Revista de Derecho Laboral 2001 – I; Justo López “La solidaridad en las relaciones obligatorias laborales”, en Revista de Derecho Laboral, Editorial Rubinzal Culzoni, 2001-1, págs. 9 y sgtes.; Juan Carlos Fernández Madrid “Tratado de Derecho del Trabajo” T. I, págs. 925 y sgtes., Edit. La Ley y la reseña allí efectuada).
En consecuencia, consideró que corresponde aplicar las claras disposiciones del Código Civil, cuyos alcances he reseñado y no cabe privar al acreedor laboral de ese derecho esencial de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias y que consiste en demandar, como diría Llambías en la obra ya citada a todos (empleador y contratista), o a uno (el contratista o el empleador).
Finalmente, criticó la postura tradicional por cuanto la misma: 1) Carece de todo respaldo normativo; 2) Implica la creación voluntarista de un sistema autónomo de responsabilidad solidaria que n responde a ninguna disposición del ordenamiento; 3) Prescinde de lo esencial en materia de solidaria pasiva, que es el principio de libre elección del acreedor, que puede demandar “a todos, a algunos o a uno”, al mismo tiempo o en forma sucesiva; sin tener que explicar el porque; 4) Incurre en el error de aludir a obligados “principales” y “vicarios” o “accesorios” cuando lo que caracteriza a la solidaridad es la ausencia de un “deudor principal”; 5) Impone para los trabajadores un régimen de menor beneficio, peyorativo en relación con lo dispuesto en el Derecho Civil, al privarlos de la posibilidad de optar y conminarlos a reclamar al empleador, al que se lo erige como deudor principal; 6) Materializa una diferencia de trato hacia el acreedor laboral, que consagra una inadmisible discriminación, porque el trabajador es el único titular de una obligación solidaria en el país al cual un órgano jurisdiccional le exige ejercer una conducta con un contenido preciso: incluir al empleador en el reclamo (ver fundamentos del Fiscal General).
Además de los sólidos fundamentos vertidos por el Dr. Eduardo Alvarez, entre los votos de la mayoría merecen destacarse los de los Dres. Guibourg, Scotti, Catardo, Rodríguez Brunengo y Ferreirós, a los que me remito por su claridad conceptual.
Así Guibourg, luego de desconocer la solidaridad impropia reiteró y ratificó su postura sentada en el artículo “Las obligaciones solidarias en el derecho laboral” (LT XXVI-1978, pág. 969). Manifiestó que a pesar del tiempo transcurrido, sigue sosteniendo lo que entonces sostenía; y no por tozudez, sino porque el artículo 705 del Código Civil ha mantenido desde entonces el mismo texto, que autoriza expresamente al acreedor a demandar su crédito de cualquiera de los deudores solidarios, a su elección y sin la condición de hacerlo conjuntamente. Adviertió las diferencias que subsisten entre los deudores y de las dificultades que puede enfrentar el vicario si se lo demanda por separado, pero indica que las mismas no son suficientes para introducir por vía pretoriana, en perjuicio del trabajador, una distinción que la ley no autoriza; y las mencionadas dificultades, que el legislador no pudo dejar de considerar a la hora de crear las leyes civil y laboral, pueden prevenirse mediante una actuación prudente, pueden mitigarse mediante el uso adecuado de las instituciones procesales y, en última instancia, forman parte del riesgo que la ley -en cumplimiento del principio protector- quiso alejar de la parte más débil.
Scotti, luego de destacar que no existe en el ámbito de nuestra disciplina una regulación específica en torno al concepto de solidaridad, por lo que parece obvio que deba recurrirse a los postulados del derecho común con relación a este tema; afirmó que no parece adecuado, a falta de disposición expresa sobre el punto, examinar una institución como la de la “solidaridad” (incorporada a nuestro ordenamiento laboral para proteger adecuadamente el derecho de los trabajadores) con un prisma restrictivo y, para más, asimilándola a regulaciones inexistentes en nuestro derecho o que se refieren a instituciones diametralmente opuestas. A esto agregó que no deja de resultar paradójico que -rigiendo para ambos los mismos preceptos- los obstáculos que nadie se atrevería a oponerle a un acreedor civil o comercial que enfrente a codeudores solidarios, se constituyan en escollos insalvables para el trabajador en relación de dependencia.
Finalmente, Ferrreiros entendió que no existe un régimen de duplicación de responsabilidad solidaria, sino que el único existente se encuentra en el Derecho Civil y consideró que es el que se debe aplicar. Agregó que se deben dejar de lado los resabios de un derecho antiguo y aplicar la ley (que no hace distinción alguna) la moderna doctrina y la actual jurisprudencia predominante.
Por su parte, la minoría mantuvo la tesis tradicional que tiene en cuenta tanto el aspecto procesal, como la disímil situación jurídica que se aprecia entre los distintos sujetos que componen el vínculo jurídico obligacional. Se insiste en sostener que del juego de los arts. 523, 524, 525, 689 y 717 del Código Civil, se desprende que no se puede condenar al deudor accesorio obligado si no se condena al deudor principal porque se trata de una obligación mancomunada con solidaridad impropia.
Conviene centrar la atención en los fundamentos vertidos por los Dres. González, Morando y Corach, quienes reflejan claramente y con sólidas argumentaciones, el pensamiento de la minoría plenaria. Así, para la Dra. González  no puede considerarse que ambos deudores se encuentren en un mismo plano, ya que uno resulta ajeno al vínculo obligacional que une al trabajador con su empleador, por lo que ante una demanda que sólo lo involucre a él no podría articular ninguna defensa de fondo en cuanto a los presupuestos de hecho  y de derecho, lo que podría llevar a afectar la garantía de defensa en juicio, sin que la citación del empleador como tercero ni la mayor exigencia probatoria  permitan conjurar los efectos perniciosos de la postura cuestionada. Por su parte Morando, luego de resaltar la imposibilidad de responder en forma unívoca en los términos en que fuera planteado el recurso de inaplicabilidad de ley, entendió que el art. 30 de la L.C.T. sería uno de los supuestos (conjuntamente con los delitos civiles y la solidaridad cambiaria) en que las normas comunes no tienen aplicación total. Para sustentar su postura sostuvo que no existe ni identidad de causa entre la obligación de empleador y la del empresario principal. Aquél responde por incumplimiento de una obligación contractual; éste, por inobservancia de ciertos deberes de contralor, enderezados, genéricamente, a combatir la evasión de cargas fiscales y parafiscales. Finalmente, para Corach el obligado directo es el empresario principal y para que pueda declararse la existencia de solidaridad es necesario que ella haya sido expresamente invocada; razón por la cual es improcedente la condena al empresario principal en forma directa.
Sin dejar de admitir que en la realidad la situación de ambos deudores al pago es disímil, mantengo mi posición original en el sentido que no existe obstáculo legal que le impida al trabajador-acreedor demandar indistintamente al empleador-deudor o a cualquier de los deudores solidarios.

FALLO PLENARIO N° 310 CNAT (1/3/2006): INDEMNIZACIÓN DEL ART. 16 DE LA LEY 25561 EN LOS DESPIDOS INDIRECTOS.

Por Julio Armando Grisolia

I- INTRODUCCIÓN

El art. 16 de la ley 25.561 y los distintos decretos han generado varios interrogantes y a ellos me referí en otras publicaciones . Uno de ellos era elucidar si resultaba aplicable al despido indirecto. En distintos fallos, artículos de doctrina y conferencias tuve oportunidad de expedirme entendiendo que el incremento indemnizatorio establecido en el art. 16 de la ley 25.561 comprende tanto los despidos directos como los indirectos.
Las distintas Salas de la CNAT con la salvedad de la Sala VIII habían entendido que se aplicaba también al despido indirecto, y así lo reiteraron los magistrados en el fallo plenario; ver entre otros, Sala II, “Ramírez, Darío c/ Vadelux SA”, 25/2/2004; Sala III, , “Seguí, Gregorio Alberto v. Morixe Hnos. SA, 31/5/2004”, Vergara, Rolando A y otros v. Freddo SA, 14/10/2004; Sala IV, , Piraino, Valeria K. v. Ultimate System SA, 26/6/2003; Sala VI, “Palavecino, Sarita del Carmen v. Messina Luisa Susana y otro”, 9/2/2005;  Sala VII, “Valdebenito, Marcelo c/ San Sebastián SA, 7/5/2004; Sala IX, Henriquez, Juan G. v. Li Hong Ma, 15/7/2003; Sala X, Samah, Daniel J v. Editorial Atlántida SA, 14/6/2004; “Álvarez, Hernando c/ AG Limpieza integral SA, 11/4/2003.
En cambio, la Sala VIII había sostenido que el art. 16, ley 25.561, al disponer la suspensión de los despidos, literal y sustancialmente, se ha referido a los actos de denuncia del contrato de trabajo por parte del empleador. Si bien los dichos actos generan las mismas consecuencias indemnizatorias (art. 246 LCT), ello no significa que, a todos los efectos, “despido” y “despido indirecto” sean conceptos jurídicos idénticos. La opinión que los asimila, incluso a los efectos del mentado artículo, conduce al absurdo, ya que la duplicación de las indemnizaciones por despido que prevé constituye la sanción de una conducta perfectamente definida por la norma: despedir sin justa causa transgrediendo la suspensión que establece y, en los supuestos de despido indirecto, el empleador no incurre en la conducta descripta. El despido indirecto con justa causa genera en cabeza del denunciante el derecho a la percepción de las indemnizaciones por despido y sustitutiva del preaviso, como lo dispone el artículo 246 LCT, pero es un acto jurídico extintivo de la relación de trabajo diferente al que denominamos “despido”, que, justificado o no, consiste en la denuncia del  contrato de trabajo emanada del sujeto empleador (24/11/2004, “Gallardo, Sebastián Mariano c/ Ivax Manufacturing Argentina y otros).
Por el contrario, las demás Salas habían considerado que el argumento de que el agravamiento indemnizatorio contemplado en el art. 16, ley 25561 no es aplicable a los casos de despidos indirectos no puede ser admitido, ya que tal parecer posibilitaría a los empleadores la vulneración de la disposición legal en análisis mediante la generación de situaciones que hicieran insostenible para los trabajadores la prosecución de la relación laboral y, en consecuencia, no les quedase más remedio que considerarse despedidos. La norma se refiere a todas las indemnizaciones cuya causa directa e inmediata sea el despido, sea éste directo o indirecto (28/2/2005, Sala III, “Murillas, Alberto Daniel C/Estancia El Solitario SA”).
No hay motivo para excluir al despido indirecto, ya que produce idénticos efectos que los derivados del despido decidido directamente por el empleador tal como lo prevé la LCT. Cuando la ruptura de la relación es realizada por el dependiente, cabe partir de la premisa que tal obrar es consecuencia del proceder adoptado por el principal, toda vez que es el empleador quien adopta un incumplimiento de tal magnitud que equivale a disponer la ruptura del vínculo (27/09/2004, Sala X, “Migliano Carlos Roque c/D.P.A. S.R.L. y otro).
La ley 25.561 suspende “… los despidos sin causa justificada…”, disponiendo que “en caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les corresponda, de conformidad con la legislación laboral vigente”. No hay duda que la “legislación laboral vigente” asimila el despido indirecto provocado por las injurias del empleador, al despido incausado dispuesto por voluntad de éste. Una interpretación distinta conllevaría la admisión de que le bastaría al empleador injuriar a su dependiente, para liberarse de pagar la indemnización establecida en la ley (4/3/2004, Sala IV, “Marcial, Andrés c/ Efeyan Carlos y otro “).
La indemnización prevista por el art. 16, ley 25.561 también debe aplicarse cuando el trabajador se da por despedido fundando tal actitud en diversas injurias del empleador (falta de pago de salarios, modificación de las condiciones de trabajo en caso del delegado, etc.), dado que resolver lo contrario, fomentaría al empleador a “provocar” el despido, lo que resultaría menos oneroso, finalidad ésta última que no entra dentro de los objetivos de la norma mencionada (7/5/2004, Sala VII, “Valdebenito, Marcelo c/ San Sebastián SA “).

II- FALLO PLENARIO 310 DE LA CNAT

La jurisprudencia mayoritaria en el país se había expedido afirmativamente y en ese sentido también lo hizo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que el 1/3/2006 dictó el Fallo Plenario N° 310 (Acta N° 2454) en autos “Ruiz, Víctor Hugo c/ Universidad Argentina de la Empresa U.A.D.E. s/ despido”. El Fallo Plenario estableció la siguiente doctrina: “Resulta aplicable la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 16 de la ley 25.561 en los casos de despido indirecto”.
Por la afirmativa, constituyeron mayoría los Dres. Guibourg, Capón Filas, Porta, García Margalejo, Corach, Ruiz Díaz, Fernández Madrid, Zapatero de Ruckauf, Morell, Eiras, González, Balestrini, Ferreirós, Guisado, Pasini, Guthmann, Catardo, Rodríguez Brunengo, Puppo, Vilela, Moroni, Scotti, Pirroni, Zas y Vázquez Vialard. Por la negativa, constituyeron minoría los Dres. Morando y Lescano.
Al respecto, cabe destacar lo expresado por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Dr. Eduardo Alvarez-, al afirmar que: “…El ordenamiento equipara “los costos” entre el despido directo y el indirecto para evitar que el empleador “injurie” al dependiente, como forma de obtener su alejamiento de la empresa y conseguir, de una manera elíptica, que se torne “más barato” el resarcimiento…Existe, pues, una suerte de principio de “igualación de los efectos”, emergentes de las distintas tipologías extintivas, para utilizar la expresión de Justo López, tan clásica como barroca (Justo López, “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, 2da. Edición, Edit. Contabilidad Moderna, págs. 1.269 y sgtes.)…Esta Cámara, desde los tiempos remotos () siempre consideró que los trabajadores tenían derecho a las “indemnizaciones agravadas” o “especiales”, en caso de despido indirecto, no () sólo porque la extinción produce idénticos efectos con independencia de la iniciativa resolutoria, sino porque, de no ser así, bastaría al empleador proceder de una manera injuriante para disminuir su responsabilidad indemnizatoria..”.
“…La jurisprudencia admitió, sobre la base de lo ya reseñado, el derecho al cobro de las indemnizaciones especiales por rescisión vinculada a la maternidad, el matrimonio, o a la actividad sindical, aun en las hipótesis de despido indirecto…Los razonamientos expuestos son aplicables al régimen que prevé una doble indemnización y al que se alude en el temario que nos reúne porque, como lo ha destacado con claridad la Sala II en la sentencia 92.324 del 25/2/2004, recaída en autos “Ramírez, Darío c/ Badelux S.A.”, también en esta hipótesis, el empleador podría intentar injuriar a quien se quiere despedir para terminar motivando una resolución indirecta, ahorrar costos y vulnerar la teleología de la ley 25.561…Este Ministerio Público se ha pronunciado en diversas oportunidades con los alcances descriptos (ver, entre otros, Dictamen Nro. 38.808 del 1/9/2004, en autos “Meza, Nicolás Mauro Manuel c/ Coto C.I.C.S.A.”, Expte. Nro. 14.764/03, del registro de la Sala X; etc.) y, siguiendo los lineamientos tradicionales, propongo una respuesta afirmativa al interrogante que nos convoca…”.
Algunos de los fundamentos de la mayoría en los distintos votos, sin perjuicio de lo expuesto en pronunciamientos anteriores, son los siguientes.
-Dra. Porta: “…en nuestro ordenamiento legal la ruptura del contrato laboral por parte del trabajador fundado en justa causa, tiene los mismos efectos y consecuencias que cuando se trata de un despido dispuesto por el empleador sin justificación (art. 246 de la L.C.T.). Ello es así, ya que la denuncia del contrato por parte del trabajador, tiene su origen en el obrar del principal, pues es el empleador quien incurre en un incumplimiento contractual de tal magnitud que equivale a disponer la ruptura del vínculo y por lo tanto los agravamientos indemnizatorios previstos para el despido sin causa justificada, son procedentes también en la hipótesis de despido indirecto, porque de lo contrario bastaría al empleador hacer intolerable la ejecución de la relación de trabajo para el empleado, obteniendo por vía indirecta lo que la ley le veda hacer directamente…”.
-Dr. Corach: “…la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25.561, se estableció para los despidos producidos sin causa justificada y si se negara su procedencia en el caso de despidos indirectos se limitaría irrazonablemente la “ratio legis”, dejando en manos del empleador la posibilidad de someter al dependiente a injurias graves que tornen intolerable la continuidad de la relación laboral, con el sólo objeto de que sea el subordinado el que se considere en situación de despido y así burlar la excepcional protección legal emergente del art. 16 de la ley 25.561…”.
Dr. Fernández Madrid: “…la ley 25.561, dictada en el marco de una grave crisis socio-económica al punto que declara la emergencia en su art. 1, -en aras de tutelar especialmente el mantenimiento de los puestos de trabajo-, dispuso en su artículo 16 la suspensión de los despidos incausados y, por consiguiente, el reforzamiento de la protección contra el despido arbitrario, constitucionalmente garantizada, por lo que ante la eventual violación de la norma, sanciona la conducta empresarial con la duplicación de la indemnización. Así las cosas, los diversos incumplimiento contractuales del empleador que llevan al trabajador a considerarse en situación de despido indirecto plantean, en lo concreto, una situación idéntica a la de un despido sin causa. Del incumplimiento del principal deriva la ruptura de la relación por parte del dependiente, debiendo admitirse que tal obrar es consecuencia directa del proceder adoptado por el empleador…”.
-Dra. González: “…de la lectura del texto del art. 16 no surge diferenciación alguna al respecto, limitándose a instar la suspensión de los despidos “sin causa justificada” y en su caso, dispone el pago de una multa equivalente al “doble” de la indemnización que correspondiere al trabajador, de acuerdo con la legislación laboral vigente. No cabe duda que, de haber sido intención de los redactores de dicho texto legal la exclusión de los trabajadores que dispusieren su desvinculación con justa causa, así lo hubiesen dejado plasmado, extremo que, por simple indiferencia permite colegir que la voluntad legislativa fue la de contemplar, ambos supuestos de extinción del contrato laboral…”.
-Dra. Ferreirós: “…adelanto mi opinión en sentido afirmativo. Ello es así toda vez que tal ha sido la postura que he sostenido desde la sanción de dicha norma, en el sentido de que el amparo legal y extraordinario que recibe el despido directo con dicha norma, alcanza también al despido indirecto por la naturaleza del instituto (ver “La Ley 25.561 y la suspensión de los despidos”, pub. en ERREPAR, DLE, n° 202 junio de 2002, pág. 488; ver en igual sentido esta Sala en “Veldebenito, Marcelo c/ San Sebastián S.A.” sent. 37.494 del 7.5.04; “Parrilla, Orlando y otro c/ Cía. Elaboradora de Productos Alimenticios S.A. y otro”, sent. 38.243 del 18.2.05, entre muchos otros). -Sostener que el despido indirecto queda fuera de esta protección, sería abrir la puerta a la inaplicabilidad de este amparo al despido en general, habida cuenta que sería suficiente con que el empleador colocara al trabajador en situación de imposibilidad de prosecución del vínculo, para evitar el cumplimiento de la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 16 de la ley 25.561…”.
-Dr. Catardo: “…si bien es cierto que dada la situación económica que el país atravesaba, el principio constitucional de protección contra el despido arbitrario fue reforzado a través del mecanismo de la duplicación del costo del distracto incausado, ello para desalentar los despidos, el legislador no previó una interpretación restrictiva del término “despido”. La finalidad perseguida por el mismo era no hacer distinciones entre la decisión rescisoria dispuesta directamente por el empleador y aquélla en que el trabajador se ve compelido a ello en razón de incumplimientos de la contraparte que no permiten la prosecución de la relación laboral habida. De insistir en que el despido indirecto está exento de la duplicación sería afirmar, en detrimento del carácter protectorio que tutela al trabajador, que éste debe tolerar una situación injuriante y le daría la posibilidad al empleador de sortear el valladar del despido directo para evitar la duplicación legal. Siempre es la conducta del empleador la que, en caso de producirse despidos injustificados, sean directos o indirectos, debe soportar la carga indemnizatoria que oficia de desaliento y conservación del empleo…”.
-Dr. Rodríguez Brunengo: “…nunca tuve dudas acerca de que la duplicación indemnizatoria que establece el artículo 16 de la ley 25.561 se aplica, tanto en los casos de despido indirecto, en los que el contrato se extingue por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario, cuanto en aquéllos en los que la iniciativa de la extinción partió del empleador, sin causa justificada, o esgrimiendo una falsa causa que en definitiva no pudo probarse…Bien expresó en el caso que motiva la convocatoria el Dr. Horacio de la Fuente: “Propondré el rechazo de este agravio, ya que no veo razones para efectuar una interpretación restrictiva del mencionado art. 16, sobre todo por cuanto en amos casos existe una rescisión injustificada del contrato, imputable al empleador, se trate de un despido directo o indirecto. Voto al que lúcidamente adhirieron sus distinguidos colegas de sala, doctores Juan Carlos Fernández Madrid y Rodolfo Ernesto Capón Filas, agregándole, por añadidura, la prescindencia de tope alguno indemnizatorio, anticipándose a la rica doctrina del caso Vizzoti, en cuya misma línea me pronuncié en autos “Januario, Manuel Ricardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A. s/ despido”, Causa N° 3.791/2003, Sala VII, SD N° 38.56, del 13 de junio de 2005…”.

UN FALLO DE LA CORTE SOBRE LOS LÍMITES DE LA EMERGENCIA

 Por Jorge Eduardo Rizzone

La Corte ha tenido una nueva oportunidad de expedirse sobre los límites de la legislación de emergencia en la causa M.687.XXXVIII “Mesquida, Gregorio Hugo y otro c/ Estado Nacional- Armada Argentina y otro s/ accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad”, fallada el 28 de noviembre de 2006.

En dichas actuaciones, se hizo lugar al reclamo incoado por los padres de un conscripto, que falleció al ser atropellado en una base de la Armada por un vehículo perteneciente a dicha fuerza sin seguro vigente a la fecha del siniestro, conducido por un conscripto que carecía de permisos de conducir, civil y militar, lo cual ocurrió sin que se acreditase que conforme a las consignas imperantes en la base al tiempo del evento dañoso un cuadro de la Marina supervisara la operación.
En un incidente planteado en la etapa de ejecución de sentencia la cámara, al revocar parcialmente lo resuelto en primera instancia, dispuso que el monto pendiente de pago, consistente en una parte sustancial del resarcimiento y de los estipendios regulados a los letrados de la parte actora, se hallaba consolidado en los términos del art. 13 y subsiguientes de la ley 25.344.
La Corte revocó dicho pronunciamiento.

El crédito indemnizatorio de los accionantes y los honorarios de los profesionales que los asistieron  fueron cuantificados en mayo de 1999 al aprobar el juez de primera instancia la liquidación que practicaron. El deudor acreditó que 6 de agosto de aquel año que las acreencias de los actores por capital y de los profesionales por sus emolumentos fueron incluidas dentro de la previsión presupuestaria.

En mayo de 2000, los acreedores, invocando la decisión administrativa 1/00 demostraron que en el Presupuesto de la Administración Pública para el año 2000 no se había incluido partida alguna para saldar los créditos reconocidos en autos. Por ello, solicitaron la ejecución compulsiva, por lo que se intimó a la demandada a depositar en el plazo de cinco días el  importe de la liquidación aprobada en concepto de capital, intereses y honorarios, bajo apercibimiento de ejecución. Tal intimación así como el apercibimiento para el caso de incumplimiento quedaron firmes al rechazarse las objeciones que contra ellos formuló la demandada.
Los doctores Zaffaroni, Argibay y el conjuez Planes sostuvieron que aquella resolución se hallaba bajo el amparo de la cosa juzgada material. Entendieron que a partir de aquel momento se configuró la mora de la accionada, habilitando la ejecución forzosa. Dijeron que en las señaladas condiciones el cuestionamiento del embargo trabado como lógica y necesaria consecuencia del incumplimiento de la intimación sólo constituyó la indebida reedición de un planteo ya resuelto con carácter firme. Agregaron que únicamente la prolongación en el tiempo de un debate acerca de una cuestión resuelta con carácter de cosa juzgada permitió al Estado Nacional oponer la consolidación en los términos de la ley 25.344 en una incidencia que insumió seis años. Aseveraron dicha pretensión no podía prosperar pues ello importaría otorgarle a la propia mora un efecto constitutivo de derechos, lo que resulta inaceptable.

El doctor Fayt también hizo mérito de la cosa juzgada. Señaló, asimismo, las condiciones a las que supedita la validez de la legislación de emergencia y afirmó que no podía dejar de ponderarse que los créditos debatidos se originaron en la pérdida de una vida humana en un hecho acontecido quince años atrás y que la moratoria alcanza dieciséis años, extremos éstos que jaqueaban la razonabilidad de la medida, a lo que debían añadirse las particularidades propias de un trámite de ejecución de sentencia particularmente extendido por los improcedentes planteos del obligado al pago.

El doctor Petracchi recordó que la Corte había validado las restricciones del anterior régimen de excepción – ley 23.982 -pero reiterando su doctrina de que ellas se encuentran justificadas siempre y cuando se limiten a lo estrictamente necesario para superar la crisis y en cuanto no supriman o desnaturalicen el derecho. Destacó que no cabía olvidar que el carácter excepcional, transitorio y limitado de la legislación de emergencia impide acudir a su invocación de manera constante para imponer limitaciones al ejercicio de derechos y garantías que se transformen en permanentes, pues la Constitución Nacional no admite suspensión indefinida del pleno goce de los derechos que ella reconoce y garantiza.

Agregó que el art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las razones de emergencia que afecten la seguridad del Estado no autorizan la suspensión, siquiera limitada o transitoria del derecho a la vida e integridad física que ella reconoce en los arts. 4 y 5. Añadió que el art. 63 de dicha convención autoriza la Corte Interamericana a imponer las reparaciones pertinentes cuando esos derechos sean lesionados. Como en el caso de la privación del derecho a la vida la restitución statu quo ante resulta imposible la reparación sólo puede asumir la forma de una reparación sustitutiva (casos “Aloeboetoe”, “Bulacio”, “Garrido y Baigorría”). Continuó señalando que el derecho a la vida y el deber de reparar son preexistentes a la incorporación de la República Argentina al Pacto de San José de Costa Rica, pues están amparados por disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico desde tiempo inmemorial (ley 340; arts. 1109, 1113, 1084 a 1087 del Código Civil) y conforme con la doctrina de Fallos: 302: 1284 el derecho a la vida precede a toda legislación positiva.

Dijo que la ley 25.344 importa el claro ejercicio de una prerrogativa estatal y que éstas son acordadas por los ciudadanos al gobierno, a quien la sociedad puso sobre ella, en el entendimiento y la confianza explícita de que dicha autoridad sería empleada para el bien y la protección de la vida y la libertad de los individuos, razón por la cual éstos se incorporan a la sociedad y se sujetan a sus reglas pues, como reza el proverbio latino “nulla protectio, nulla subjectio” (J.W. Gough: “John Locke’s Policital Philosophy”). Entre los poderes conferidos al gobierno se hallan aquellos que antaño recibían el nombre de “prerrogativas”, que consistían en la autoridad del soberano de apartarse de las leyes generales en caso de riesgo de la sociedad política, pero el estado de derecho es necesariamente un estado de poderes limitados en el que las razones de emergencia mal pueden servir de fundamento para sacrificar derechos del individuo en pos de la supervivencia de las instituciones del gobierno, creadas y enderezadas a garantizar la supervivencia del primero (John Dunn: “The political Thougth of John Locke”). Agregó que si bien el concepto actual de propiedad es más restrictivo que en la concepción medieval, también comprendía la vida y la integridad física en el sentido de que los hombres “tienen la posesión y el uso de su vida” (James Tully: “A Discourse on Property”) y que ni siquiera en la doctrina de los poderes estatales absolutos propugnada por Hobbes la vida era concebida como un derecho cuya disposición el individuo concediera al cuerpo político (Johan P. Sommerville: “Thomas Hobbes, Political Ideas in Historical Context”). Señaló que tales nociones explican los fundamentos básicos del Estado tal como lo concibe nuestra Constitución y que en base a ello era inaceptable la pretensión del Estado de reparar la privación de una vida mediante una indemnización en bonos que, en el mejor de los casos, se compromete a pagar en veinte años, lo que resultaba inaceptable pues en la práctica equivale a eximir al Estado de cuidar la vida de los individuos por los que debe velar, por lo que cabía declarar en el caso la inconstitucionalidad de la ley 25.344.

El doctor Lorenzetti adhirió al voto del doctor Petracchi sólo respecto del crédito de los actores, pues, a su juicio, debían consolidarse los honorarios profesionales pues el decreto 1116/00 -reglamentario de la ley 25.344- prevé que la consolidación comprende los efectos no cumplidos de las sentencias anteriores a la promulgación de la ley (art. 9, inc. a del Anexo IV). A lo que cabía añadir que no es posible atribuir carácter accesorio a los estipendios respecto del capital de condena, pues la causa de la obligación de pagarlos está dada por el servicio prestado en un proceso por lo que no resulta del objeto de la obligación ventilada en la litis ni de la relación con el sujeto pasivo de ella (Fallos: 327:2712).

El doctor Maqueda y el conjuez Rueda -que respecto de los emolumentos arribaron a análogo solución que el juez Lorenzetti – entendieron que era necesario examinar si el caso se encuentra comprendida en la excepción del art. 18, segundo párrafo de la ley 25.344, cuyo alcance y sentido consideraron se hallaba en juego en la especie. Dicho precepto  establece que se podrá disponer la exclusión del  régimen que la citada ley establece cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario. Después  de señalar que la legislación de emergencia no puede degradar el derecho expresaron que en el marco de las situaciones de desamparo previstas por la norma cabía destacar aquellas que apuntan a la protección del derecho a la vida y al consecuente deber de reparar su pérdida y que la efectiva tutela de aquél se encuentra enlazada a otros derechos como la integridad psíquica y física, la protección integral de la familia y el derecho a una reparación integral, por lo que el art. 18 debía interpretarse integrándolo con el resto del ordenamiento jurídico y el principio de supremacía vinculado a los derechos y garantías de raigambre constitucional. En ese orden de ideas, después de examinar instrumentos internacionales sobre derechos humanos y precedentes de la Corte Interamericana concluyeron que ante la imposibilidad de reestablecer el status quo ante era imperativo ofrecer una satisfactoria protección jurídica de la vida que sea respetuosa de la dignidad inherente al ser humano y que no signifique una demora que torne  ilusoria la reparación del derecho irreversiblemente dañado. En ese orden de ideas, después de examinar las alternativas del trámite de la causa, entendieron que resultaba conducente para la adecuada solución del pleito el examen de la existencia de un acto firme aunque incumplido que disponía el pago de la indemnización a la luz de la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones de índole asistencial y alimentario. Por lo tanto, cabía concluir que a los fines de tutelar el derecho a la vida el Estado había contemplado un remedio legal efectivo en el art. 18, 2ª párrafo de la ley 25.344, lo que autorizaba a excluir esta hipótesis del régimen de consolidación de la deuda pública. Una interpretación en contrario, dijeron,  llevaría a sostener que el Estado está eximido de proteger la vida y dejar sin tutela judicial efectiva a aquéllos que se han visto damnificados por exclusiva responsabilidad de aquél.

La Dra. Highton de Nolasco votó en disidencia por remisión al dictamen del Procurador Fiscal que, básicamente, sostuvo que la apelante no se hacía cargo de la doctrina del  Tribunal en materia de emergencia y que el planteo relativo al art.18, 2ª párrafo de la ley 25.344, conducía al examen de cuestiones de hecho y prueba.
Conforme con reiterada doctrina de la Corte la emergencia está subordinada a cuatro requisitos.
1) situación de emergencia reconocida por el Congreso ( también puede serlo por un decreto de necesidad y urgencia que requiere la posterior intervención del Legislativo, conforme con lo dispuesto por el art. 99, inciso 3, de la Constitución Nacional);
2) persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país;
3) transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales o sociales;
4) razonabilidad del medio empleado por el legislador, es decir adecuación de ese medio al fin público perseguido y respeto infranqueable al límite trazado por el art. 28 de la Ley Fundamental en orden a las garantías constitucionales.

De estos cuatro requisitos se desprende, en primer lugar, que la legislación de emergencia no puede vulnerar cláusulas constitucionales.
Un caso paradigmático es ese sentido es “Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini, Carlos y otros” de Fallos: 318:445, en donde se declaró la inconstitucionalidad de la ley de consolidación 23982 en su aplicación al pago de la indemnización por expropiación. En ese caso el pago en bonos se hallaba claramente reñido con el carácter previo de la indemnización (art. 17 de la Constitución Nacional).

Asimismo, en obvia salvaguarda al principio de supremacía de la Constitución (art. 31), la Corte ha declarado inaplicables leyes de consolidación locales que limitaron el derecho del acreedor más allá de lo previsto por la ley federal habilitante ( causa “Obra Social Aceros Paraná S.A. y Empresa Antecesora c/ Provincia de La Rioja y otro”, registrada en Fallos: 319: 63).
También la Corte ha establecido que la legislación de emergencia no puede afectar los derechos que gozan del amparo de la cosa juzgada, pues ésta es uno de los pilares fundamentales sobre la que se asienta nuestro régimen constitucional y, por ello, no es susceptible de alteración ni aun por invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior ( Fallos: 319: 3241 y sus citas; causa “Pasquini”, de Fallos: 321:172 y sus citas, entre otros).

En las situaciones de emergencia los derechos son susceptibles de limitación, pero no de desconocimiento o desnaturalización.

En base a tal principio, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de normas de excepción que importaban la destrucción de la sustancia del derecho.

Así, en el caso “Iachemet, María Luisa c/ Nación Argentina (Armada Argentina) – registrado en Fallos 316:779 – la Corte, en razón de las particularidades del litigio, declaró la inconstitucionalidad de la ley de consolidación 23982 – que establecía el pago en bonos a dieciséis años de deudas de causa o título anterior al 1 de abril de 1991- , por considerar que su  aplicación a una jubilada de 93 años importaba la degradación de la sustancia del derecho que gozaba del amparo de la cosa juzgada, pues conforme con el desenvolvimiento natural de los hechos, resultaba virtualmente imposible que llegase a percibir la totalidad del crédito que le reconoció el pronunciamiento judicial firme.

A igual conclusión arribó el Tribunal in re: “Escobar, Héctor Oscar c/ Fabrizio Daniel-Municipalidad de Quilmes y Ejército Argentino” (Fallos: 318:1594) porque de las constancias de la causa surgía con claridad que la reparación integral del damnificado exigía la atención inmediata de las secuelas de las gravísimas lesiones sufridas por el actor con motivo del accidente (explosión), a saber, paliar las consecuencias de la ceguera (eventual sustitución de córneas y cristalinos), así como el tratamiento de afecciones de orden psíquico y estético. Entendió que la Corte que una modificación en el modo de cumplimiento de la sentencia como la que resulta del régimen de la ley 23982, comportaría no sólo una postergación en el ingreso de un bien de naturaleza económica en el patrimonio de la víctima, sino, principalmente, la frustración de una finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica, cual es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación oportuna. Añadió que las consideraciones precedentes autorizaban a concluir que la aplicación en el caso de la ley citada llevaría al desconocimiento sustancial de la sentencia y, al no ser posible -sin forzar la letra o el espíritu de la norma – realizar una interpretación que la hiciera compatible en la especie con la garantía de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional correspondía confirmar el pronunciamiento de segunda instancia que declaraba su inconstitucionalidad.

En similar línea de razonamiento, en la causa “Petrelli, Caludio Omar c/ Ministerio del Interior- Policía Federal” (Fallos: 327:2551) el Tribunal entendió que cabía desestimar los agravios contra la sentencia que en razón de la naturaleza alimentaria del crédito y de la situación de indigencia del demandante excluyó del régimen de consolidación de la ley 25.344 la indemnización por lesiones en actos de servicio. Ello, porque además de la cautela con que deben juzgarse lo atinente a créditos de naturaleza asistencial y alimentaria el accionante devino minusválido y necesitaba tratamientos médicos que difícilmente podían ser solventados con el haber de retiro. Se dijo que tratándose de afecciones de orden físico, psíquico y estético derivados del evento dañoso la exclusión de la acreencia del régimen de consolidación se imponía porque un aspecto esencial de la reparación es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación tempestiva.
Como se observa, el fallo en examen se inscribe en la línea de los citados precedentes.

LA DISCRIMINACIÓN CON SU SANCIÓN NULIFICANTE Y LA APLICACIÓN HECHA, EN TAL SENTIDO, EN EL CASO “GREPPI”

Por la Dra. Estela Milagros Ferreiros

1.- LA DISCRIMINACIÓN HOSTIL 

He tenido ocasión de señalar reiteradamente que, en términos generales, puede afirmarse que la discriminación configura una situación desfavorable o persecución de uno o más individuos, sobre la base de su condición social, ética, religiosa, nacionalidad, sexo, origen social, ideas políticas, sindicales, etc.
Siempre se trata de un detalle de circunstancias meramente enunciativo, ya que existe abierta la posibilidad de nuevas situaciones que establezcan una distinción, a favor o en contra de una persona o cosa, sobre la base del grupo, clase o categoría a la que la persona o cosa pertenece, más bien que según sus propios méritos.
Es importante recordar que el hecho de discriminar en sí, no es ni bueno ni malo, lo que se contrapone a la ley, es la discriminación hostil, que se produce como distinción arbitraria, exclusión o restricción que afecta el derecho igualitario que posee toda persona, en razón no sólo de la vigencia del artículo 16 de la Constitución Nacional, sino también, porque estas conductas, son violatorias de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que en la actualidad poseen igual jerarquía que la propia constitución y cuyo conjunto conforma el techo jurídico positivo al que Bidart Campos denominó Bloque Federal Constitucional .
Así, entonces, no quedan dudas acerca de que la discriminación arbitraria u hostil, es violatoria de un derecho personalísimo y humano, tal como es el derecho a la igualdad.
De ello dan cuentas, entre otros, el Pacto de San José de Costa Rica, La Convención Internacional para eliminar todas las formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación sobre la Mujer, etc.
La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, señala que: “cada hombre goza de todos los  derechos y libertades establecidos en esta declaración, sin tener en cuenta diferencias de raza, color sexo lengua, religión ideología política y otras, nacionalidad, origen social, situación financiera, de nacimiento o de otro tipo.

2.- LA SANCIÓN POR LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

En la materia que nos ocupa, la ley 23592, que se refiere a los derechos humanos, garantías individuales y penalidades, según ella misma expresa, y que aprehende en su ámbito de aplicación personal, a todas las personas, sin excepción, dado que donde la ley no distingue no debemos distinguir, contiene la descripción enunciativa de la conducta, y a la vez, la sanción correspondiente.
De tal manera, a pedido del damnificado, el sujeto que realice la conducta discriminatoria, será obligado, a dejar sin efecto dicho acto discriminatorio o cesar en su realización y a repara el daño moral y material ocasionados.
Sobre la base de lo expuesto, queda claro que estamos en presencia de lo que solemos denominar una ley “pluscuamperfecta” o “más que “perfectas”.
Se trata de una de las clasificaciones de leyes clásicas, que se elabora sobre la base del punto de vista de la sanción.
Así, la ley imperfecta es la carece de sanción expresa; la ley perfecta es aquella cuya sanción estriba en la nulidad de lo obrado en infracción de lo que ellas ordenan o prohíben; la ley menos que perfecta es aquella cuya infracción no es sancionada con la nulidad de lo obrado, sino con otra consecuencia y finalmente, destacan los autores, la ley pluscuamperfecto o más que perfecta que es aquella cuya violación no sólo determina la nulidad del acto celebrado en contravención, sino que da lugar a la aplicación de otras sanciones adicionales, tal como la carga de los daños y perjuicios.
De tal manera, el legislador del año 1988,  explicitó y concretó, para el caso de discriminación, lo que Vélez había preanunciado en el artículo 1068 del Código Civil, cuando al referirse al concepto de daño, abarca no sólo aquel producido a las personas y a las cosas, sino también al que recae sobre sus derecho o facultades. En este caso el derecho a la igualdad, de rango constitucional. Se ubicó, asimismo en este código, dicho concepto entre los actos ilícitos.
Esta ubicación nos conduce en una interpretación hermenéutica a combinar dicha norma, con el artículo 1044 del mismo Código Civil, que fulmina con la nulidad los actos jurídicos de objeto prohibido.

3.- IMPORTANCIA DEL TEMA

Desde siempre y según las distintas etapas del derecho, el legislador ha sancionado severamente este tipo de violación legal y en la actualidad, la vigencia de los derechos humanos, nos lleva a una más acabada comprensión del asunto.
En este sentido y sobre todo teniendo en cuenta el aspecto sancionatorio en el que vengo poniendo el acento, resulta importante destacar, que verificada la conducta discriminatoria, en nuestro caso, en el ámbito laboral, por parte del empleador; ante el reclamo judicial del trabajador, se impone la aplicación de la sanción “más que perfecta”, de la ley 23.592.
Así lo ha entendido en el curso de este año la Sala lX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en autos: “Greppi, Laura Karina c. Telefónica de Argentina SA s. despido”.
La misma, con  votos de la Doctora Pasini y del Doctor Ballestrini aplica la norma de referencia, dada la admisión de la demandada de haber despedido a la actora y haber, según dice la sentencia, arribado firme el contenido discriminatorio del acto, que en el fallo de grado se tuviera por fehacientemente probado a través de la prueba de origen documental y testimonial, sin la valoración pormenorizada de dichos elementos de juicio y el alcance que les otorgara la juez a-quo, en consonancia con los términos del escrito inicial, fuera objeto de refutación concreta, puntual y específica ante la Alzada.

5.- CONCLUSIÓN

Resulta destacable, en el andarivel de penalización en que venimos analizando el tema de la discriminación, que si bien  es cierto que nos encontramos ante una norma severa, no es menos cierto que la conducta ilícita que contiene, conduce necesariamente a ese resultado y que, el requisito insoslayable, a tales efectos, es la comprobación de esa ilicitud tan bien expuesta en la propia ley.

DOS FALLOS DE LA CORTE SOBRE LA ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PÚBLICO Y EL DERECHO A LA REINCORPORACIÓN –

Por el Dr. Jorge Eduardo Rizzone

El art. 14 bis de la Constitución Nacional establece que a diferencia del trabajador privado, que goza de protección contra el despido arbitrario, el agente público se halla amparado por la garantía de estabilidad.  Ésta puede ser propia, que obliga reincorporar, o impropia, que se traduce en la indemnización. Los términos empleados, que hacen una clara distinción entre ambas categorías de empleados, autorizaban a sostener que la Constitución se refiere a la primera, aunque ese criterio no había  recibido hasta el momento  consagración en la doctrina judicial de la Corte.

El Tribunal sostuvo reiteradamente que estabilidad del empleado público no es un derecho absoluto a la permanencia en la función sino el derecho a una equitativa indemnización cuando, por razones que son de su exclusiva incumbencia, el Poder Legislativo decide suprimir un empleo o el Poder Ejecutivo decide remover a un empleado sin culpa de éste (Fallos: 272:99 ; 280: 311; 307: 1082, entre otros).Lo que proscribe el texto constitucional es la remoción arbitraria o discrecional del vínculo por motivos extraños al interés del servicio público (Fallos: 269: 230; 279 : 49, entre otros).

Ahora bien, en la causa M.1488.XXXVI “Madorrán, María Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas”, fallada el 3 de mayo de 2007, la Corte se expidió sobre el tema confirmando la sentencia de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones que había declaró la inconstitucionalidad del art. 7 del CCT 56/92 y ordenado  a la demandada  a reincorporar a  la actora y a pagar salarios caídos. La cámara sostuvo que no estaban probadas las irregularidades invocadas para fundar la segregación de la agente y que la norma convencional, en cuanto consagra la estabilidad impropia, está reñida con el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

El Procurador General sostuvo que la norma impugnada en cuanto contempla de modo permanente la posibilidad de despedir empleados sin causa y con el sólo requisito de una indemnización sustitutiva, atenta contra la garantía de estabilidad del empleado público, consagrada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional.

La Corte entendió que su competencia se hallaba circunscripta a la cuestión atinente a determinar el alcance de la garantía de estabilidad. Ésta fue interpretada en función de las circunstancias del caso.

Los doctores Lorenzetti, Fayt y Petracchi  sostuvieron que la estabilidad  es la propia y que dentro del contexto del litigio, la actora no pudo válidamente ser segregada sin causa justificada y que, por lo tanto, la sentencia impugnada, en cuanto descalifica el precepto convencional, por impedir que el art. 14 bis CN produzca aquel efecto y condena a reincorporar debe ser confirmada.

Dicho voto, en síntesis, sostiene: a) que del examen de la Convención  Constituyente del 57 se desprende que al establecer la estabilidad del empleado público se tuvo como finalidad eliminar la reprobable práctica de supeditar los cargos administrativos a los avatares políticos (considerando 4°) ; b) que como expresaron los jueces Aberastury y Zavala Rodríguez en su voto en disidencia “Enrique” (Fallos: 261:336) el propósito de la norma fue garantizar la estabilidad efectiva, pues dentro modo no se hubiese hecho el distingo entre la protección del empleo privado y del público y que de no entenderse así cabría considerar que la Constitución ha empleado términos superfluos en el mismo párrafo y que  si alguna duda hubiere la justicia social impone aquella interpretación conforme con doctrina de la causa “Bercaitz”; c) la reforma quiso poner a los empleados públicos al abrigo de la discrecionalidad de las autoridades de turno ; d) sustituir la reinstalación del agente injustamente segregado por una indemnización dejaría intacta las prácticas que el constituyente quiso evitar; e) que sostener la estabilidad propia en las concretas circunstancias de la causa es concorde con los tratados internacionales de derechos humanos y con lo resuelto por la CIDH en “Baena” donde ordenó reincorporar para salvaguardar el principio de resititutio in integrum; f) no cabe predicar que la interpretación que se sostiene desconozca las facultades del presidente (art. 99, 1 y 7 CN), pues estas no pueden ser ejercidas con prescindencia de toda legalidad; g) la objeción fundada en que la estabilidad se halla sujeta a reglamentación no pude prosperar, porque el carácter relativo del derecho no comprende sin más todo supuesto de separación del agente en su cargo. De no ser así cabría aceptar que la cláusula constitucional protege agentes que fueron separados por motivos razonables y justificados. Del carácter relativo del derecho tampoco se sigue el art. 14 bis excluya la estabilidad propia. La norma hace acepción de situaciones y circunstancias que el intérprete deberá desentrañar en cada caso, ” y sobre las cuales no corresponde que esta Corte se pronuncie pues, como órgano jurisdiccional, su cometido debe circunscribirse a resolver la precisa contienda llevada ante sus estrados”. Respecto de la reglamentación, consideró que se imponía afirmar que los derechos constitucionales tienen un contenido dado por la misma Constitución, pues de lo contrario carecería de significado el control de constitucionalidad e importaría afirmar que la Ley Fundamental enuncia derechos huecos que pueden ser llenados por el legislador.

La doctora  Highton de Nolasco y el doctor Maqueda también hicieron hincapié disidencia de los  jueces Aberastyury y Zavala Rodríguez y del voto del juez. Belluscio en “Romero de Martino (Fallos:307:539). Expresaron que la concepción de la estabilidad del empleado público establecida en el texto del art. 14 bis de la Constitución implica la estabilidad en sentido propio que excluye, por principio, la cesantía sin causa justificada y debido proceso, y cuya violación trae consigo la nulidad de ésta y consiguiente reincorporación. Afirmaron que de no ser así el constituyente en el mismo párrafo no hubiera hecho la distinción con la “protección contra el despido arbitrario”. Señalaron que ese razonamiento sólo es levantable mediante el quiebre de elementales pautas exegéticas por  cuanto requeriría concluir que la Constitución ha incurrido en un mismo párrafo en el enunciados superfluos por repetitivos. En ese orden de ideas aseveraron que el art. Art. 7 del CCT 56/02, al consagrar la estabilidad impropia, altera la sustancia del régimen constitucional. En el considerando 10°, estimaron que era menester destacar  que lo resuelto no es aplicable sin más a todos los empleados de la Administración Pública Nacional y que la solución en cada caso está condicionada por la naturaleza de la vinculación entre el agente y la administración y requiere examinar la forma de incorporación, la normativa aplicable y la conducta desarrollada por las partes durante la vinculación.

La doctora Argibay resolvió en función de las mencionadas disidencias de los jueces Aberastury ,  Zavala Rodríguez y  del voto del juez Belluscio en los precedentes antes referidos.

La Corte reiteró esta solución el 15 de mayo de 2007 en la causa R.129.XXXVII “Ruíz, Emilio David c/ D.G.I.” que fue resuelta por remisión a “Madorrán”, añadiendo que los planteos de la demandada relativos a los salarios caídos y a la tasa de interés aplicable no superaban los requerimientos del art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Como se observa, los fallos en examen  se inscriben en la línea de la disidencia del varias veces citado precedente “Enrique”. En ella se afirmó que el pensamiento inspirador de la cláusula fue proveer a la estabilidad efectiva vinculada a la carrera a la administrativa y que tal concepción no se compadece con la interpretación conforme a la a cual no se habría establecido la garantía de la estabilidad en sentido propio. Se puso énfasis en que el derecho a la carrera no puede ser transformado en un mero derecho indemnizatorio que, por ser meramente sustitutivo, debe estar reservado para casos excepcionales de justicia objetiva o reconocerse como derecho opcional del agente ilegítimamente separado del cargo. La mayoría, en cambio,  después de señalar que la reglamentación de la estabilidad del empleado público debe juzgarse bajo el estándar de la razonabilidad, sostuvo:”6°) Que la aserción de que la garantía del art.14 ‘nuevo’ se satisface con el reconocimiento del derecho a la indemnización por los eventuales perjuicios derivados de una cesantía discrecional, no es objetable con base constitucional. Importa, en efecto, una categoría conocida de la reglamentación del principio de la estabilidad en el empleo y responde a razones fundadas en requerimientos de buen gobierno, que impiden su descalificación como arbitrario. Se debe, por lo demás, recordar que la tutela de un derecho por la justicia no requiere necesariamente la preservación en especie de las situaciones existentes (Fallos: 249:654; 251:457; causa ‘Borro, R.H. s/ decreto 6666/57″, considerando 9°, sentencia de 22 de junio de 1964).”

En “Romero de Martino” (Fallos: 307:539) la Corte dejó sin efecto la sentencia que había rechazado la demanda de nulidad de resoluciones, reincorporación al cargo y pago de salarios caídos. La alzada había  hecho mérito de que Carta Orgánica de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro – ley 21.963 – facultaba al Directorio a dictar el estatuto del personal reglamentando la estabilidad y que el art. 29 inc. g) de dicho Estatuto autorizaba a dar de baja a los agentes por razones de servicio. El Tribunal examinó el ejercicio de las facultades delegadas y expresó que   mediante la ley 22140 se reglamentó e hizo efectiva la garantía de estabilidad del empleado público, “estableciendo lo que en la doctrina se denomina “estabilidad propia” para evitar así “los procedimientos discrecionales aplicados sin razón valedera.” (cons.6°).  Afirmó que al establecerse con carácter permanente la posibilidad de hacer cesar en su cargo al agente por razones de servicio, medió apartamiento de la política legislativa correspondiente a situaciones de normalidad, orientadas a desterrar la arbitrariedad en la administración pública y al establecimiento de factores de equilibrio y seguridad en la carrera de los agentes estatales, tendientes a asegurar el correcto desempeño de la actividad. Sobre esa base concluyó que el Directorio de la entidad había ejercido abusivamente las facultades delegadas, por lo que declaró la invalidez de la norma por apartarse del espíritu de la ley 21.963 que pretendió reglamentar, revocó la sentencia impugnada y ordenó reenvío al tribunal de origen a fin de que se dicte nuevo fallo “sobre las demás cuestiones propuestas” que incluían la reincorporación y el pago de salarios caídos. El doctor Bellsucio expuso análogas consideraciones sobre el contenido de la norma impugnada, memoró la  disidencias de los jueces Aberasturi y Zavala Rodríguez en “Enrique” y señaló que no era óbice a dicha doctrina la circunstancia de que el derecho a la estabilidad no sea absoluto. Al respecto aseveró que esas reglamentaciones, que pueden atender al origen y regularidad de las designaciones, períodos razonables de prueba, causas justificadas de cesantía y otras disposiciones que sistematicen la carrera administrativa, no pueden desnaturalizar la efectiva aplicación de la estabilidad transformando el derecho a ser reincorporado en caso de cesantía injustificada, que es de principio y posibilita retomar el curso de la carrera administrativa en un mero derecho indemnizatorio que es excepcional por su carácter sustitutivo.

En la causa “Cassier” (Fallos: 315:1336) la mayoría de la Corte no se expidió sobre el alcance de la cláusula constitucional. La cámara había declarado la inconstitucionalidad del art. 15 del estatuto del personal de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires que había consagrado con carácter permanente la posibilidad de disolver la relación de empleo público mediante una indemnización por despido e hizo lugar a la reincorporación y al pago de salarios caídos.

El Tribunal  afirmó que la estabilidad propia había sido claramente establecida como un principio general para los empleados públicos de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires ,. y  la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (que conformaron el Mercado Central) en la legislación de cada una de ellas y que el Directorio incurrió en exceso reglamentario. Los jueces disidentes (doctores Cavagna Martínez, Barra y Nazareno) entendieron que el tema no podía resolverse en base a la legislación de cada uno de los integrantes de la demandada dado el carácter autárquico del ente. Examinaron el concepto de estabilidad y en función de la índole descentralizada de la entidad arribaron a la conclusión de que se había excluido de la estabilidad propia a su personal del que cabía distinguir entre el de conducción, que revestía el carácter de funcionario público, y el de menor jerarquía regido por el derecho laboral común. Sostuvieron que la regla indemnizatoria fijada en el estatuto no era irrazonable ni inadecuada porque era concorde con la de la LCT, no se había alegado que el despido tuviese carácter discriminatorio y la adopción de un sistema resarcitorio similar al del derecho común se adaptaba razonablemente al fin querido por el legislador. Señalaron que el accionante se sometió voluntariamente a la reglamentación que impugnaba.

En la doctrina administrativa, Fiorini , entre otros, había sostenido el criterio que consagra en la estabilidad propia es la única que rige en el régimen administrativo sustentando en la Constitución y la ley  pues hace a la esencia de la función que realiza la Administración Pública y sus servicios administrativos. Entiende que la estabilidad impropia es una referencia a las rupturas del contrato laboral y corresponde al derecho privado, pero no es el caso de los agentes públicos, quienes se encuentran insertos en la realización continua y regular de los servicios administrativos del Estado. El art. 14 de la Constitución Nacional expresa en forma bien determinada esta diferencia cuando garantiza la “protección” contra el despido arbitrario, refiriéndose a los contratos laborales o privados, y la distinción siguiente de asegurar ” la estabilidad del empleado público”. Señala que la garantía contra los despidos arbitrarios y la garantía de la estabilidad del agente público son  dos categorías jurídicas distintas donde rigen, respectivamente, los mencionados ámbitos constitucionales y el derecho a la estabilidad sólo corresponde a los empleados públicos.

Vanossi  expresa que la tesis de la estabilidad impropia arrima en su favor el peso de dos disposiciones constitucionales que vendrían a paliar los efectos rotundos de la redacción del art. 14 bis; se trata del art. 67 inc. 17 (actual 75 inc. 20) que atribuye poder al Congreso para “suprimir empleos”; y el art. 86 inc. 10 (actual 99 inc. 7) que confiere al Presidente poder par remover “por sí solo” a los agentes de la Administración. Pero añade que ambas normas son anteriores a la reforma de 1957  y deberían ser interpretadas a tenor del principio de que la ley posterior modifica o deja sin efecto la anterior que se le opone o contradice. A fortriori, cuando la ley posterior envuelve la norma especial y la anterior sostenía un postulado general o genérico. Después de reseñar la doctrina tradicional de la Corte sobre el tema destaca que el Tribunal dejó a salvo los supuestos de manifiesta arbitrariedad en la cesantía, o sea aquellas medidas dispuestas al margen de toda razonabilidad (sea en la reglamentación, sea en la aplicación al caso). Asevera que la estabilidad propia es la protección que mejor se conjuga con otro de los derechos reconocidos por la legislación a los empleados públicos: el derecho a la carrera. Si la protección se limita a la llamada estabilidad impropia, se hace ilusorio el goce de las posibilidades que ofrece la carrera como marco previsible de desenvolvimiento en los grados del empleo público.

Bidart Campos  puntualiza que el autor de la norma (14 bis) no ha dicho, como en la relación de empleo privado, que la ley asegurará la protección contra la cesantía (equiparable terminológicamente al despido), sino que asegurará la estabilidad. “Es cierto -dice- que ésta no va acompañada en la norma por ningún calificativo, pero el cambio de léxico permite pensar, por lo menos que ‘estabilidad’ apunta acá un derecho a no ser privado del empleo. Creemos que la norma se inclina a la estabilidad propia o absoluta, es decir a la que de ser violada obliga a reincorporar.”

Los pronunciamientos en examen consagran una solución concorde con la finalidad de evitar los despojos que sucedían con los avatares políticos y asegurar el derecho a la carrera que asiste al agente público. Lo resuelto no importa vedar la facultad del Congreso de suprimir cargos o del Presidente de remover empleados. Importa afirmar que esas atribuciones no pueden ejercerse fuera de los límites constitucionales que impiden determinar de antemano y con carácter general la facultad de remoción sin causas justificadas que se vinculen con concretas y reales necesidades del servicio o con la conducta del empleado.

Por lo demás, las decisiones son claras en el sentido de que sus alcances no se extienden sin más a todo agente público sino a los que gozan de estabilidad conforme con el régimen jurídico que rige su vinculación con la administración pública. En consecuencia, esa doctrina no es aplicable a la situación de los contratados en la administración pública que carecen de aquella estabilidad.

FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION. 3/5/20007. Madorrán, Marta C. v. Administración Nacional de Aduanas Contratos administrativos (En particular). Empleo público. Derechos. Estabilidad. Despido. Nulidad

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL 
Considerando:

I. La C. Nac. Trab. (sala 6ª), al revocar la sentencia de primera instancia, declaró la inconstitucionalidad del art. 7 CCT. 56/1992-E, aprobado por laudo 16/1992, y ordenó a la Administración Nacional de Aduanas (ANA.) que reincorpore a la actora y le abone salarios caídos desde el 27/11/1996 hasta su efectiva reincorporación o, de no concretarse aquélla, hasta el momento de su jubilación (fs. 321/329 y aclaratoria de fs. 330).
Para así decidir, el magistrado que votó en primer término -al que adhirieron, con variantes, los demás jueces de la sala- señaló que no se encontraba en discusión la existencia de las situaciones, hechos y actos que determinaron que la demandada considerara configurados los graves incumplimientos de la actora que determinaron su despido, sino que las divergencias surgen al momento de evaluar tales hechos y conductas.
En tal sentido, consideró que aquélla no tenía responsabilidad por la situación caótica en las que se encontraban los depósitos de la Aduana a su cargo, ya que ni siquiera existían inventarios que permitieran ejercer un control razonable de las mercaderías, y que esa situación no varió, ni podía variar, en el corto período en que estuvo al frente de los depósitos, porque las autoridades no le asignaron importancia al tema ni adoptaron ninguna medida de fondo para revertir ese estado de cosas.
En tales condiciones, estimó que la actora no hizo más que mantener una situación que no estaba a su alcance modificar y que no se le atribuye ningún incumplimiento puntual, ni se insinúa que haya intentado aprovecharse de esa realidad. Así, descalificó el juicio de la ANA. de considerar como falta grave que no haya logrado revertir la gravísima situación en que se encontraban los depósitos en el corto plazo que duró su jefatura. Asimismo, consideró injustificado el despido, aun cuando se admitiera que la actora faltó a alguna de sus obligaciones, porque la sanción fue intempestiva y sorpresiva, sin que se le permitiera modificar su conducta laboral.
Respecto a las consecuencias jurídicas del despido injustificado, señaló que el art. 7 CCT. 56/1992-E, que rige al personal de la ANA., en cuanto consagra la estabilidad impropia, es inválida, porque contradice abiertamente el art. 14 bis CN. (1), que de modo directo y en forma operativa garantiza a todos los empleados públicos la estabilidad absoluta.

II. Contra dicho pronunciamiento, la ANA. interpuso el recurso extraordinario de fs. 334/345, donde sostiene, en síntesis, la legitimidad del acto que dispuso el despido de la actora con causa, por “pérdida de confianza”, ya que, de las constancias de la instrucción sumarial, han quedado acreditados los hechos, que la conducta de aquélla demuestra una manifiesta inobservancia de los deberes aduaneros a su cargo, máxime si se tiene en cuenta su posición jerárquica, circunstancia que pudo facilitar la comisión de ilícitos e irregularidades que, desde el punto de vista laboral, importan causa grave justificable del distracto.
Señala que la actora incumplió con los deberes que le impone el Convenio Colectivo de Trabajo, en especial, aquellos que se refieren a la prestación personal de servicio, con eficiencia, capacidad y diligencia, a poner en conocimiento de la superioridad todo acto o procedimiento que pueda causar perjuicio al Estado y a volcar todo su esfuerzo a incrementar la recaudación y mejorar la prevención y represión de los ilícitos e infracciones aduaneras (art. 5, incs. a, q, y s). Ante esta situación -continúa-, aplicó las previsiones de los arts. 1 inc. 4 y 5 Anexo I de la resolución 713/1993 y la resolución 3276/1996, modificada por su similar 4038/1996 (Reglamento Disciplinario), así como las del art. 7 CCT. 56/1992-E y de la Ley de Contrato de Trabajo (2) (art. 242).
En cuanto a la inconstitucionalidad declarada por el a quo, sostiene que el personal de la ANA. se encuentra comprendido en el convenio colectivo recién citado, aprobado por el laudo 16/1992, y excluido del régimen de la ley 22140 (3) (conf. art. 2 inc. g), es decir, que sus empleados están sujetos tanto a la Ley de Contrato de Trabajo como al régimen de las convenciones colectivas (conf. art. 2 inc. a ley 20744), porque la ley 20290 así lo dispuso.
Desde esta perspectiva, sustenta su constitucionalidad, con apoyo en precedentes del fuero del trabajo.

III. A mi modo de ver, las críticas que formula la recurrente contra la sentencia por haber descalificado sus razones para despedir con causa a la actora, no habilitan la vía extraordinaria del art. 14 ley 48 (4), porque constituyen discrepancias respecto de lo resuelto por los jueces de la causa sobre cuestiones de hecho y prueba.
En efecto, aquéllos examinaron las circunstancias fácticas en que la actora desarrollaba sus tareas, así como sus posibilidades y la responsabilidad de la ANA. para remediar esa situación -a la que calificaron como caótica- y, sobre tales bases fundaron su decisión de considerar injustificado el despido, sin que se advierta en ello un supuesto de arbitrariedad.
Al respecto, cabe traer a colación aquella jurisprudencia que señala que el recurso extraordinario no procede cuando se discute el alcance e interpretación que los jueces de la causa hicieron de las cuestiones de hecho, prueba y de las normas de derecho común y procesal atinentes a la solución de la litis, admitiéndose la vía excepcional sólo en aquellos supuestos donde la sentencia configure un manifiesto apartamiento de las normas conducentes a la solución del caso, de prueba relevante o de hechos acreditados en la causa (conf. dictamen de esta Procuración General del 25/10/2001, in re G.975 L.XXXVI, “Gibelli, Gonzalo v. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro”, a cuyos fundamentos y conclusiones se remitió V.E. en su sent. del 5/9/2002).

IV. Considero, en cambio, que el remedio federal es formalmente admisible en cuanto cuestiona el fallo que dispuso reincorporar a la actora, al declarar inconstitucional el art. 7 CCT. 56/1992-E, aprobado por el laudo 16/1992, por estimarlo contrario a las garantías del art. 14 bis CN.
En tal sentido, entiendo que la controversia que se suscita en torno a dicha disposición, que habilita a la ANA. a extinguir la relación de empleo del personal de planta permanente sin invocación de causa, mediante el pago de la indemnización prevista en el art. 245 LCT., sustituido por la ley 24013 (5), es sustancialmente idéntica a la que esta Procuración General examinó en el dictamen del día de la fecha en la causa R.129 L.XXXVII, “Ruiz, Emilio D. v. DGI. Dirección General Impositiva s/despido”, a cuyos términos y conclusiones cabe remitir brevitatis causae.
Por las razones ahí expuestas, considero que dicha norma, en cuanto contempla de modo permanente la posibilidad de despedir empleados sin causa y con el solo requisito de una indemnización sustitutiva, atenta contra la garantía de la estabilidad del empleado público, consagrada en el art. 14 nuevo CN. (ver en especial, ptos. III y IV).

V. Opino, por tanto, que, con el alcance indicado, el recurso extraordinario es formalmente admisible y que corresponde confirmar la sentencia apelada.- Nicolás E. Becerra.

Buenos Aires, 3 de mayo de 2007
Considerando:

1) Que la sala 6ª de la C. Nac. Trab., en lo que interesa, declaró nulo el despido de la actora, así como nulo e inconstitucional el art. 7 CCT. 56/1992-E según el texto dispuesto por el laudo 16/1992 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que regulaba la relación de empleo público que unía a las partes. En consecuencia, condenó a la demandada, Administración Nacional de Aduanas, a reincorporar a la actora. Sostuvo el a quo, que la “estabilidad consagrada por el art. 14 bis CN. en beneficio de los empleados públicos […] es la llamada absoluta (su violación acarrea la nulidad de la cesantía y la reincorporación forzosa del empleado)”; que esta garantía tiene plena operatividad aun cuando no exista norma alguna que la reglamente, y que los “empleados públicos no dejarán de ser tales porque pasen a regirse total o parcialmente por el derecho laboral privado, por lo que serán inválidos los convenios colectivos e inconstitucionales las leyes que dispongan que a aquéllos se aplicará el régimen de estabilidad impropia vigente para los trabajadores privados, por cuanto se los estaría privando así de la estabilidad absoluta que garantiza la Constitución Nacional (art. 14 bis)” (fs. 324).

2) Que contra dicha sentencia, la vencida interpuso recurso extraordinario que, tal como se sigue de los fundamentos de la respectiva resolución, fue concedido correctamente en la medida en que ponía en juego la cuestión de constitucionalidad reseñada en el considerando anterior (art. 14.1 ley 48).
Sin embargo, no podría predicarse igual acierto de dicha resolución, si se entendiera que también comprende a los agravios contra las razones por las cuales el a quo evaluó como injustificados los reproches que aquélla formuló a la conducta de la actora como motivo del despido. Esta conclusión se impone por cuanto, en esa hipótesis, serían de aplicación las consideraciones expuestas por el procurador general, a las que corresponde remitir brevitatis causa, sobre la inadmisibilidad del recurso extraordinario en este punto (fs. 375 vta./376, III).

3) Que surge de las constancias no controvertidas de la causa, que la actora ingresó a trabajar a las órdenes de la demandada en abril de 1970, y que se desempeñó en tal condición, sin interrupciones, hasta noviembre de 1996, oportunidad en que fue despedida por ésta mediante la invocación del incumplimiento de determinados deberes. También son ajenas al debate las conclusiones del a quo relativas a que la actora debe ser calificada como empleada pública, y a que el art. 7 CCT., establecido por el laudo 16/1992, sólo prevé, de manera permanente, como consecuencia de la ruptura injustificada del vínculo por la empleadora, el derecho de la empleada a una indemnización en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo.
Síguese de ello, así como de lo indicado en el precedente considerando, que la única cuestión que debe ser resuelta en esta instancia, es la de establecer si la norma que somete a la actora a un régimen como el últimamente reseñado, resulta compatible o no con la estabilidad del empleado público que prescribe el art. 14 bis CN.

4) Que la reforma de la Constitución Nacional producida en 1957, mediante la introducción del art. 14 bis, tuvo como inequívoco propósito dar recepción en el texto de 1853-1860, a los aportes y experiencias que habían tenido lugar, durante la primera mitad del siglo XX, en el ámbito de lo que dio en llamarse el constitucionalismo social (“Aquino”, Fallos 327:3753 [6], 3770, 3788 y 3797).
En lo concerniente al sub lite, cuadra precisar que el párr. 1º de la mencionada norma pone de manifiesto, con toda elocuencia, que el objeto y el sujeto principalísimos sobre los que operó la reforma fueron el universo del trabajo y el trabajador. De tal suerte, bajo la luz del principio protector (“El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes…”), asentaron su plaza en la cúspide del ordenamiento jurídico positivo diversos derechos “inviolables” (Fallos 252:158, 161, consid. 3) del trabajador, así como deberes (“inexcusables”, íd.) de asegurarlos por parte del Congreso (“Aquino”, cit. p. 3770; y “Milone”, Fallos 327:4607, 4617). Entre los primeros, corresponde aislar, para la solución del presente litigio, la “protección contra el despido arbitrario” y la “estabilidad del empleado público”.
Esto último es así pues, si bien es cierto que el art. 14 bis, comprende al trabajo “en sus diversas formas”, lo cual entraña tanto al que se desarrolla dentro del campo de la actividad privada como de la pública, no lo es menos que los dos períodos normativos antes destacados encuentran su explicación precisamente en distinguir entre los mentados ámbitos, para los cuales se prevé un diferente grado de estabilidad en el empleo.
En efecto, tal criterio fue puesto de manifiesto por el convencional Carlos A. Bravo, miembro de la Comisión Redactora y secretario de la Subcomisión de Derechos Sociales y Gremiales, en oportunidad de expresarse a propósito del despacho propuesto por la mayoría, que auspiciaba los dos pasajes en juego y que, a la postre, resultaron sancionados.
“La estabilidad -sostuvo-, salvo pocas excepciones, está tipificada en el caso de los empleados públicos, ya que puede ser considerada como un elemento natural de la relación entre ellos y la Administración. Esto por la naturaleza especial del servicio y de la función pública, que es perenne y sujeta a mínimas variaciones […] En algunos países, donde la estabilidad está asegurada por ley, la cesantía del empleado público arbitrariamente dispuesta, es nula, no produce efecto alguno; el empleado arbitrariamente alejado tiene el derecho de reincorporarse a su puesto, aun cuando esto no sea del agrado de sus superiores, los que deben acatar la decisión del tribunal administrativo al que recurrió el empleado”. Y acotó seguidamente: “En el campo de las relaciones del Derecho Privado, la situación es distinta. El poder discrecional, que constituye la excepción en la Administración Pública, representa en este campo la regla. Resulta muy difícil obligar a un empleador a readmitir en el local de su empresa, para reincorporarlo al empleo, al trabajador cuyos servicios desea no utilizar más […]” (Diario de sesiones de la Convención Nacional Constituyente, año 1957, t. II, 1958, Imprenta del Congreso de la Nación, p. 1226). El distingo, por lo demás, también fue puesto de manifiesto en cuanto se entendió que la cláusula “protección contra el despido arbitrario” resultaba el principio que había informado la sanción de la ley 11729 (7), relativa a los trabajadores del sector privado, por lo que se agregaba, mediante el proyecto de reformas, la estabilidad del empleado público (convencional Martella, íd., t. II, p. 1243).
Dicha estabilidad, importa destacarlo, tendía a eliminar, a juicio del constituyente, una práctica que merecía su reprobación: “Siempre el empleado público ha estado sujeto a las cesantías en masa en ocasión de los cambios de gobierno.
Ahora ya no podrá ningún partido político que conquiste el gobierno disponer de los puestos administrativos como botín de guerra. Entendemos que este principio constitucional entrará a regir simultáneamente con la vigencia de las reformas y en adelante ningún empleado público podrá ser dejado cesante sin causa justificada y sin previo sumario administrativo” (convencional Peña, “Diario de sesiones…”, cit., t. II, p. 1254; ver asimismo, convencionales Martella y Mercado, JA, íd., t. II, ps. 1243 y 1337/1338, respectivamente).
Se trataba de la existencia, según lo observó esta Corte, “de un claro interés público en la proscripción de la arbitrariedad jerárquica o de la política partidaria en la organización burocrática estatal” (Fallos 261:361 [8], 366, consid. 11).

5) Que el voto disidente de los jueces Aberastury y Zavala Rodríguez en el caso “Enrique v. Provincia de Santa Fe”, aporta a la cuestión otra concluyente perspectiva en línea con la anterior. Señalaron, en tal sentido, que fue pensamiento inspirador de la cláusula “proveer ‘a la estabilidad efectiva del empleado público’ vinculada a la carrera administrativa, que las leyes reglamentarias debían asegurar como necesario desarrollo del principio. Tal concepción de la estabilidad -precisaron- no se compadece con la interpretación […] conforme a la cual no se habría establecido la garantía de estabilidad en sentido propio, que excluye por principio, la cesantía sin causa justificada y debido proceso y cuya violación trae consigo la nulidad de ésta y consiguiente reincorporación, que posibilita retomar el curso de la carrera por el agente separado ilegalmente, derecho a la carrera que, como se puso de manifiesto en la discusión [en la citada Asamblea Constituyente], integra el concepto de estabilidad.
Si esto no hubiera sido así, a lo que ni el texto ni los antecedentes dan sustentación, habría sido suficiente el pasaje anterior relativo a la protección contra el despido arbitrario, que no otra cosa es la estabilidad en sentido impropio” (Fallos 261:336 [9], 347, consid. 6; en igual sentido, voto del juez Belluscio, en “Romero de Martino v. Caja Nacional de Ahorro y Seguro”, Fallos 307:539, 547, consid. 6).
Parece incuestionable que este último razonamiento tiene un peso sólo levantable mediante el quiebre de elementales pautas de exégesis normativa, pues requerirá concluir en que la Constitución Nacional, nada menos que en la formulación de derechos fundamentales, ha incurrido, en un mismo artículo y no obstante el empleo de palabras diferentes y extrañas a la sinonimia, en enunciados superfluos por repetitivos. Y ello, incluso, a pesar de que, por un lado, dicha formulación es fruto de una cavilosa y debatida elaboración del constituyente, y, por el otro, la “excepcional significación, dentro de las relaciones económico-sociales existentes en la sociedad contemporánea, hizo posible y justo” que a las materias sobre las que versó el art. 14 bis “se les destinara la parte más relevante de una reforma constitucional” (Fallos 252:158, 163, consid. 7 y sus citas). Cabe preguntarse también, ¿en qué quedarían la “prolija enumeración de derechos”, las “concisas y severas disposiciones [que] consagran principios trascendentes en materia laboral”, los “enunciados que tienen por sí solos clara definición”, mentadas por el miembro informante de la Comisión Redactora, convencional Lavalle (“Diario de sesiones…” cit., t. II, p. 1060)? Luego, un método de exégesis que conduzca a restar efecto útil a una expresa cláusula constitucional, o a vaciarla de contenido (Fallos 304:1524 [10], y otros), amén de poco recomendable en lo general, resulta de imposible aplicación en la cuestión sub examine.
Por lo contrario, si se produjera alguna duda en el llamado a interpretar el art. 14 bis, sería entonces aconsejable recordar, además de lo que será expuesto infra (consid. 8), la decisiva doctrina que asentó esta Corte en el caso “Berçaitz”: “tiene categoría constitucional el siguiente principio de hermenéutica jurídica: in dubio pro justitia socialis. Las leyes, pues, deben ser interpretadas a favor de quienes al serles aplicadas con este sentido consiguen o tienden a alcanzar el ‘bienestar’, esto es, las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona humana desarrollarse conforme a su excelsa dignidad” (Fallos 289:430, 436; asimismo, Fallos 293:26, 27, consid. 3). No fue por azar que este precedente se originó en el contexto de los derechos sociales de la norma citada; tampoco es por ese motivo que la justicia social se ha integrado expressis verbis, en 1994, a la Constitución Nacional (art. 75.23; “Aquino”, cit., ps. 3777/3778).

6) Que, en tales condiciones, bien podría sumarse un sujeto y un objeto a los dos que han sido indicados antes como tenidos en cuenta por el constituyente de 1957: el Estado, y el normal y eficiente funcionamiento de sus instituciones. Las razones expresadas en esa oportunidad, que ya han sido reseñadas, indican que el propósito deliberado de los hombres y mujeres reunidos en Santa Fe, consistió en poner a los servidores del Estado al abrigo de la discrecionalidad de las autoridades de turno y de los vaivenes de la vida política.
Pero no fue asunto exclusivo tutelar la dignidad del agente público frente a dichas situaciones, sino, también, tributar a la realización de los fines para los cuales existen las instituciones en las que aquéllos prestan sus servicios. Fue visto, y con razón, que las mencionadas circunstancias y sus negativos resultados no conducían a otro puerto que al deterioro de la función pública con notorio perjuicio de quienes son sus destinatarios: los administrados (ver las intervenciones de los convencionales Martella y Mercado, JA ya mencionados, y de Miró, “Diario de sesiones…” cit., t. II, ps. 1243, 1336 y 1337, y 1345, respectivamente).

7) Que, con arreglo a lo antedicho, se puede advertir que la llamada estabilidad propia resulta el medio que guarda la mejor correspondencia con los propósitos constitucionales últimamente recordados. Sustituir la reinstalación que pretende el agente injustificada o incausadamente segregado por una indemnización, dejaría intacta la eventual repetición de las prácticas que la reforma de 1957 quiso evitar, con sus notorios y contraproducentes efectos, e introduciría, a la vez, una evidente carga sobre la bolsa estatal.
Dicha estabilidad, a su turno, concuerda con el art. 16 CN. dado que, si ha sido respetada, como es debido, la condición de idoneidad que exige esta cláusula para la admisibilidad en los empleos, es razonable pensar que el propio Estado estará interesado en continuar teniendo a su disposición un agente salvo que, si de su conducta se trata, medien razones justificadas de cese.

8) Que sostener la estabilidad propia del empleado público en las concretas circunstancias de esta causa, es solución que concuerda con los principios y pautas de interpretación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos que, en buena medida implícitos en la Constitución histórica, han sido expresamente incorporados a ésta por vía del art. 75.22, al dar jerarquía constitucional a los mayores instrumentos internacionales en la materia.
La aplicación de dichos principios y pautas, por lo demás, se justifica plenamente desde el momento en que el art. 6 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (11), en seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23.1), enuncia el “derecho a trabajar”, comprensivo del derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo, tal como, por otro lado, surge de los trabajos preparatorios del citado Pacto, el cual, además, si bien no impone la reinstalación, tampoco la descarta (ver Craven, Matthew, “The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”, 1998, Oxford, Clarendom, ps. 197 y 293). Derecho al trabajo que, además de estar también enunciado en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV) y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i), debe ser considerado “inalienable de todo ser humano” en palabras de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a; “Vizzoti”, Fallos 327:3677 [12], 3690). Incluso a la luz exclusiva de los ordenamientos nacionales, se ha juzgado que el “derecho al trabajo” también se concreta en el “derecho a la continuidad o estabilidad en el empleo”, es decir, a no ser despedido “si no existe una justa causa” (Tribunal Constitucional de España, sent. 22/1981, del 2/7/1981, Jurisprudencia Constitucional, Madrid, Boletín Oficial del Estado, t. 2, 1981, ps. 76, 89, fs. 8).
Luego, el decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos que reconocen, propia de todos los textos internacionales anteriormente aludidos y muy especialmente del mencionado Pacto (art. 2.1; “Aquino”, cit., ps. 3774/3777, y “Milone” cit., p. 4619), sumado al principio pro homine, connatural con estos documentos, determinan que el intérprete deba escoger dentro de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana. Y esta pauta se impone aun con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano así interpretado, con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales. Ya el citado precedente “Berçaitz”, de 1974, tuvo oportunidad de censurar toda exégesis restrictiva de los derechos sociales, que contrariaba la jurisprudencia de la Corte, “concordante con la doctrina universal”: el “principio de favorabilidad” (cit., p. 437; asimismo, Fallos 293:26, 27, consid. 4).
En el sub lite, se encuentran reunidas ambas condiciones, de acuerdo con las circunstancias fácticas de las que se ha hecho mérito. En primer término, la estabilidad propia puesta como contrapartida del ejercicio injustificado o incausado del poder de rescisión por parte de las autoridades, responde acabadamente a la protección del derecho a la “estabilidad” y al trabajo del agente en ocasión de tamañas medidas. Y, al obrar de tal modo, tutela, paralelamente, la dignidad, atributo inherente a toda persona, además de centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional (Fallos 314:424 [13], 441/442, consid. 8; “Aquino” cit., ps. 3777/3778) y del orden internacional inserto en éste (ver, entre muchos otros: Declaración Universal de Derechos Humanos [14], Preámbulo, párr. 1º, y art. 1; y Pacto cit., Preámbulo, párr. 1º). Dignidad y trabajo que, por lo pronto, se relacionan en términos naturalmente entrañables, según lo reconoce con claridad el art. 14 bis CN. y lo reitera el art. 7.a.ii del mentado Pacto, así como ya lo habían hecho, entre otros antecedentes, los arts. XIV y 23.3 de las recordadas Declaración Americana y Universal de 1948, y la Declaración de los Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, aprobada el 10/5/1944, que asienta los principios que debieran inspirar la política de sus miembros: “todos los seres humanos […] tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades” (II, a).
En segundo lugar, dicha tutela, además de atender a los intereses legítimos de la propia Administración, con arreglo a lo dicho en el considerando anterior, no implica las tensiones a las que se ha hecho referencia, tal como será expresado en el siguiente.
En cuanto a efectos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es también oportuno agregar, finalmente, dos circunstancias de no escaso relieve. Primeramente, atento lo que ha sido señalado sobre la carrera del empleado público, la relativa a que el citado Pacto contempla a ésta, “en especial”, como una de las condiciones de trabajo “equitativas y satisfactorias” que los Estados parte deben asegurar (art. 7.c).
Seguidamente, la vinculada a que la reinstalación prevista en el art. 14 bis para el sub lite, guarda singular coherencia con los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, tendientes a la plena reparación (restitutio in integrum) de los daños irrogados por violaciones de aquéllos reprochables a los Estados. A este efecto, es ilustrativa la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Baena, Ricardo y otros [270 trabajadores] v. Panamá”, del 2/2/2001. En efecto, dicha sentencia, después de reconocer las violaciones de derechos de las que habían sido objeto los empleados públicos en ocasión de su despido por el Estado demandado, y de asentar el principio de reparación antes mencionado, condenó a este último, en primer lugar, a restablecer en sus cargos a las aludidas víctimas (serie C, n. 72, párrs. 202/203).

9) Que, según lo anticipado precedentemente, el significado reconocido a la “estabilidad del empleado público” en las circunstancias del caso, esto es, la estabilidad propia, no pone de manera alguna en conflicto el art. 14 bis con los incs. 1 y 7 del art. 99 CN. Según éstos el presidente de la Nación “es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país”, y “por sí sólo nombra y remueve a […] los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución”.
Varias razones concurren al respecto. La Constitución Nacional, de acuerdo con doctrina permanente y conocida de esta Corte, debe ser entendida como un todo coherente, a fin de que sus cláusulas no se excluyan o anulen recíprocamente. Su contenido ha de interpretarse de acuerdo con el de las demás. Por ende, resulta claro que no hace falta un mayor esfuerzo hermenéutico para comprobar que el aludido conflicto es sólo aparente. La remoción de un agente público no queda fuera del resorte del presidente de la Nación por el hecho que, al no hallarse justificadas las causas de la medida o al no haberse invocado ninguna, sea la propia Constitución Nacional la que prevea la reinstalación del primero. La expresión “por sí sólo”, que también apunta a diferenciar determinados casos de nombramiento y remoción de otros no menos contenidos en el mismo art. 99.7, pero que requieren el acuerdo del Senado, no confiere una atribución que pueda ser ejercitada con prescindencia de toda legalidad, especialmente cuando aquéllas y éstos se encuentran alojados en el propio texto constitucional. Tal como lo expresó el juez Boffi Boggero en la disidencia que expuso en el ya recordado caso “Enrique”, las aludidas facultades presidenciales “han de ser armonizadas con el respeto a aquella estabilidad” (cit., p. 343, que reitera su voto publicado en Fallos 255:293 [15], 300, consid. 8; en igual sentido, voto del juez Belluscio, en “Romero de Martino” cit., p. 548, consid. 7). El presidente de la Nación, añadió Boffi Boggero con cita de Joaquín V. González, no puede ser arbitrario o injusto (íd., p. 343).
Más aún; en el precedente “Cuello”, esta Corte tuvo oportunidad de juzgar que la mencionada búsqueda de armonización entre los preceptos constitucionales, debe realizarse “ya sean éstos los llamados individuales o atribuciones estatales” (Fallos 255:293, 298, consid. 1). Y, corresponde subrayarlo, fue precisamente con apoyo en ello que, en dicho pronunciamiento, el tribunal rechazó la inconstitucionalidad del decreto ley 6666/1957 planteada sobre la base de que menoscababa los originarios incs. 1 y 10 del art. 86 CN. (análogos, en lo que interesa, a los actuales y ya citados 1 y 7 del art. 99), por conferir al Poder Judicial la atribución de imponer a la Administración la obligación de reincorporar a un agente ilegalmente exonerado o dejado cesante por ésta (íd., p. 299, consid. 3).

10) Que, desde otro punto de vista, la defensa de la demandada, fundada en que la estabilidad del art. 14 bis no es un derecho absoluto sino relativo, y siempre susceptible de reglamentación por el legislador, nada aporta al sustento de su postura.
En cuanto al primer aspecto, debe señalarse, por un lado, que considerar el derecho a la estabilidad de relativo, tal como ocurre con otros derechos constitucionales, tiene como finalidad esclarecer su contenido en términos generales, a fin de advertir que éste no comprende, sin más, todo supuesto de separación del agente de su cargo. De no ser esto así, debería entenderse, vgr., que el art. 14 bis protege incluso a los agentes que fueran objeto de dicha medida por causas razonables y justificadas de incumplimiento de sus deberes, conclusión sin duda insostenible (ver Fallos 270:69, 72, consid. 3, y 275:544, 547, consid. 10). A ello se suma, por el otro, que tampoco resulta dudoso que del carácter antes señalado no se sigue, necesariamente, que el art. 14 bis excluya la estabilidad propia. La norma, en suma, hace acepción de situaciones y circunstancias, que el intérprete deberá desentrañar en cada caso, y sobre las cuales no corresponde que esta Corte se pronuncie pues, como órgano jurisdiccional, su cometido debe circunscribirse a resolver la precisa contienda llevada ante sus estrados.
Respecto del segundo tema, vale decir, la reglamentación de los derechos constitucionales, se impone un terminante señalamiento. Es sabido que la Constitución Nacional es una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el sub examine, está en discusión un derecho humano, y la “estabilidad del empleado público” expresada por el art. 14 bis es cláusula operativa, según ya lo entendió esta Corte: “en su recto sentido la norma proscribe la ruptura discrecional del vínculo de empleo público y es, así, susceptible de autónomo acatamiento por las autoridades administrativas” (Fallos 269:230, 234, consid. 6, y su cita). Asimismo, los derechos constitucionales, retomando los conceptos del párrafo anterior, tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución. De lo contrario, debería admitirse otro resultado no menos inadmisible y que, a la par, echaría por tierra el control de constitucionalidad confiado a la magistratura judicial: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último. Todo ello explica que la determinación de dicho contenido configure, precisamente, el objeto de estudio del intérprete constitucional. Todo ello explica, también, que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Luego, es tan cierto que los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, como lo es que esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 CN.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto cimero que los enunció y que manda asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar “el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos” (art. 75.23 CN.; “Vizzoti” cit., p. 3688). Estos principios, debe puntualizarse en la presente causa, son aplicables, mutatis mutandi, a la reglamentación derivada del régimen de convenciones colectivas. La Constitución Nacional es ley suprema, y todo acto que se le oponga resulta inválido cualquiera sea la fuente jurídica de la que provenga, lo cual incluye, por ende, a la autonomía colectiva.

11) Que, en suma, la “estabilidad del empleado público” preceptuada por el art. 14 bis CN. significa, a juicio de esta Corte y dentro del contexto en cuestión, que la actora no pudo válidamente ser segregada de su empleo sin invocación de una causa justificada y razonable, de manera que su reclamo de reinstalación resulta procedente. En consecuencia, debe ser confirmada la sentencia apelada, en cuanto declara, para este litigio, nulo e inconstitucional el art. 7 CCT. 56/1992-E según el texto dispuesto por el laudo 16/1992 del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación, por impedir que el art. 14 bis produzca los mencionados efectos, y condena a la Administración Nacional de Aduanas a reincorporar a la actora, dando así operatividad a esta última norma.
Por ello, y lo concordemente dictaminado por el procurador general, se declara admisible el recurso extraordinario interpuesto con los alcances indicados; se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia del agravio tratado, y se imponen las costas de esta instancia a la demandada. Hágase saber y, oportunamente, devuélvase.- Ricardo L. Lorenzetti.- Carlos S. Fayt.- Enrique S. Petracchi. Según sus votos: Elena I. Highton de Nolasco.- Juan C. Maqueda.- Carmen M. Argibay.

VOTO DE LOS DRES. HIGHTON DE NOLASCO Y MAQUEDA.-
Considerando:
1) Que la sala 6ª de la C. Nac. Trab., en lo que interesa, declaró nulo e inconstitucional el art. 7 CCT. 56/1992-E (en adelante CCT.), según el texto dispuesto por el laudo 16/1992 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Asimismo, declaró la nulidad del despido de la actora y ordenó su reincorporación y el pago de los salarios caídos desde el 7/4/1997 -fecha en que se promovió la demanda- hasta que dicha reincorporación se hiciera efectiva.

2) Que para así decidir, el tribunal a quo sostuvo que: (i) “la estabilidad consagrada por el art. 14 bis CN. en beneficio de los empleados públicos… es la llamada absoluta (su violación acarrea la nulidad de la cesantía y la reincorporación forzosa del empleado); (ii) esta garantía tiene plena operatividad aun cuando no exista norma alguna que la reglamente; (iii)… los empleados públicos no dejarán de ser tales porque pasen a regirse total o parcialmente por el derecho laboral privado, por lo que serán inválidos los convenios colectivos e inconstitucionales las leyes que dispongan que a aquéllos se aplicará el régimen de estabilidad impropia vigente para los trabajadores privados, por cuanto se los estaría privando así de la estabilidad absoluta que garantiza la Constitución Nacional (art. 14 bis)”; y (iv) “…la cláusula del convenio colectivo aplicable a la actora (art. 7) resulta inválida e inconstitucional por cuanto, al consagrar la estabilidad impropia, contradice abiertamente el art. 14 bis CN…” (fs. 324).

3) Que contra dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario a fs. 334/345, en el que se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 del CCT. mencionado y del modo en que el tribunal a quo valoró los hechos que dieron motivo al despido de la actora. La Cámara concedió el recurso extraordinario en cuanto se encuentra cuestionada la validez constitucional del citado convenio (fs. 366), sin que el recurrente interpusiera recurso de queja respecto del segundo agravio mencionado. En consecuencia, corresponde que este tribunal se pronuncie únicamente respecto de la cuestión constitucional planteada.

4) Que en el sub lite no se encuentra controvertido que la actora ingresó a trabajar en la Administración en 1970 bajo el régimen de estabilidad y que se desempeñó en tal condición sin interrupciones hasta noviembre de 1996, oportunidad en la que fue despedida por ésta mediante la invocación del incumplimiento de determinados deberes.
Por consiguiente, corresponde precisar los alcances de la garantía de la estabilidad reconocida en el art. 14 bis CN.

5) Que, a tales fines, cabe señalar que la concepción de la estabilidad del empleado público introducida en el texto del art. 14 bis CN. implica la estabilidad en sentido propio que excluye, por principio, la cesantía sin causa justificada y debido proceso, y cuya violación trae consigo la nulidad de ésta y consiguiente reincorporación. Si esto no hubiere sido así, a lo que ni el texto constitucional ni sus antecedentes dan sustento, habría sido suficiente el pasaje anterior relativo a la “protección contra el despido arbitrario”, que no es otra cosa que la llamada estabilidad en sentido impropio (disidencia de los Dres. Aberastury y Zavala Rodríguez en Fallos 261:336, consid. 6 y voto del juez Belluscio en Fallos 307:539, 547, consid. 6).
Parece incuestionable que este último razonamiento tiene un peso sólo levantable mediante el quiebre de elementales pautas de exégesis normativa, pues requerirá concluir que la Constitución Nacional, nada menos que en la formulación de derechos fundamentales, ha incurrido en un mismo artículo y no obstante el empleo de palabras diferentes y extrañas a la sinonimia, en enunciados superfluos por repetitivos.

6) Que en la disposición cuya constitucionalidad se cuestiona (art. 7 inc. c CCT.) se faculta a la Administración Nacional de Aduanas a extinguir la relación de empleo sin invocación de causa y mediante el pago de la indemnización prevista en el art. 245 LCT. (estabilidad impropia).

7) Que, en este orden de ideas, corresponde a este tribunal decidir si la estabilidad propia de que gozaba la actora pudo ser válidamente alterada por un convenio colectivo posterior. En otras palabras, la cuestión a resolver radica en determinar si un convenio colectivo celebrado con posterioridad al ingreso del empleado a la Administración puede válidamente sustituir el régimen de estabilidad propia que éste tenía al momento de su incorporación por el régimen de estabilidad impropia que consagra la Ley de Contrato de Trabajo.

8) Que para resolver esta cuestión, cabe recordar -tal como lo ha efectuado este tribunal en reiteradas oportunidades- que los principios, garantías y derechos reconocidos por nuestra Constitución Nacional no son absolutos y están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio (arts. 14 y 28) (Fallos 310:1045 [16]; 311:1132, entre muchos otros).
Sin embargo, al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no puede obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Es sabido que nuestra Ley Fundamental es una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el sub examine, está en discusión un derecho humano. Luego, es tan cierto que los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, como lo es que esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 mencionado), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto cimero que los enunció y que manda asegurarlos (“Vizzoti”, Fallos 327:3677, 3688). Estos principios, debe puntualizarse en la presente causa, son aplicables, mutatis mutandi, a la reglamentación derivada del régimen de convenciones colectivas. La Constitución Nacional es ley suprema y todo acto que se le oponga resulta inválido cualquiera sea la fuente jurídica de donde provenga, lo cual incluye, por ende, a los convenios colectivos de trabajo.

9) Que, conforme a lo expuesto, el art. 7 inc. c CCT., al consagrar la estabilidad impropia, altera en el caso concreto la sustancia del régimen del estabilidad propia antes referido y, de este modo, lo desnaturaliza. En consecuencia, debe ser confirmada la sentencia apelada en cuanto declara inconstitucional la mencionada disposición y condena a la Administración Nacional de Aduanas a reincorporar a la actora.

10) Que, no obstante lo señalado, es preciso destacar que lo aquí resuelto no resulta aplicable sin más a todos los empleados de la Administración Pública nacional. La solución de cada caso está condicionada por la naturaleza de la vinculación del empleado con la Administración y requiere, en consecuencia, el examen de la forma de incorporación del agente, de la normativa aplicable y de la conducta desarrollada por las partes durante la vinculación.
Por ello, y habiendo dictaminado el procurador general de la Nación, se declara admisible el recurso extraordinario interpuesto con el alcance indicado, se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia del agravio tratado, y se imponen las costas de esta instancia a la demandada.
Hágase saber y, oportunamente, devuélvase.

VOTO DE LA DRA. ARGIBAY.-
Considerando:
1) Que la sala 6ª de la C. Nac. Trab., en lo que al caso interesa, declaró nulo el despido de la actora, así como nulo e inconstitucional el art. 7 CCT. 56/1992-E, según el texto dispuesto por el laudo arbitral 16/1992 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, que regulaba la relación de empleo público que unía a las partes. En consecuencia, condenó a la demandada a reincorporar a la actora.

2) Para así decidir, el tribunal sostuvo que “la estabilidad consagrada por el art. 14 bis CN. en beneficio de los empleados públicos […] es la llamada absoluta (su violación acarrea la nulidad de la cesantía y la reincorporación forzosa del empleado)”; que esta garantía tiene plena operatividad aun cuando no exista norma alguna que la reglamente, y que los “empleados públicos no dejarán de ser tales porque pasen a regirse total o parcialmente por el derecho laboral privado, por lo que serán inválidos los convenios colectivos e inconstitucionales las leyes que dispongan que a aquéllos se aplicará el régimen de estabilidad impropia vigente para los trabajadores privados, por cuanto se los estaría privando así de la estabilidad absoluta que garantiza la Constitución Nacional (art. 14 bis)” (fs. 324).

3) Que contra el pronunciamiento, la vencida interpuso el recurso extraordinario federal que, tal como surge de los fundamentos de la resolución de fs. 366, fue correctamente concedido en la medida en que se encuentra en juego la cuestión constitucional reseñada en el considerando anterior (art. 14.1 ley 48).
En lo que respecta a las críticas que la recurrente formula a la sentencia por haber descalificado sus razones para despedir con causa a la actora son de aplicación las consideraciones expuestas por el procurador general acerca de que las cuestiones fácticas del caso no habilitan la vía extraordinaria del art. 14 ley 48 (fs. 375/376, acáp. III).

4) Que en lo atinente al agravio federal traído a consideración de este tribunal resultan aplicables los fundamentos expuestos en los votos de los jueces Aberastury y Zavala Rodríguez en Fallos 261:336, y del juez Belluscio en Fallos 307:539, en el sentido de que la concepción de la estabilidad del empleado público introducida en el texto del art. 14 bis CN. no se compadece con la interpretación conforme a la cual no se habría establecido la garantía de estabilidad en sentido propio, que excluye, por principio, la cesantía sin causa justificada y debido proceso, y cuya violación trae consigo la nulidad de ésta y la consiguiente reincorporación, posibilitando retomar el curso de la carrera por el agente separado ilegalmente, derecho a la carrera que integra el concepto de estabilidad. Y, asimismo, que no es óbice a lo anterior que el derecho a la estabilidad, como todos los demás que consagra nuestra Carta Magna, no sea absoluto, pueda ser limitado por las leyes que lo reglamentan y deba compaginarse con las demás cláusulas constitucionales, entre ellas las atribuciones del Poder Ejecutivo que establece la Constitución Nacional. Pues esas reglamentaciones, que pueden atender al origen y regularidad de las designaciones, períodos razonables de prueba, causas justificadas de cesantía y otras disposiciones que sistematicen la carrera administrativa, no pueden desnaturalizar la efectiva aplicación de la estabilidad transformando el derecho a ser reincorporado en caso de cesantía injustificada, que es de principio y posibilita retomar el curso de aquélla, en un mero derecho indemnizatorio que, por ser de carácter sustitutivo, debe estar reservado para casos excepcionales de justicia objetiva. En particular, la estabilidad del empleado público es armonizable con las facultades atribuidas por la Constitución al Poder Ejecutivo, pues entendida ella como un todo coherente y armónico, dichas facultades deben ser ejercitadas con respeto de la estabilidad, ya que si los derechos y garantías deben ser ejercidos conforme a las leyes que los reglamentan tampoco son absolutas las potestades que se consagran en el texto constitucional.
Por ello, y lo concordemente dictaminado por el procurador general de la Nación, se declara admisible -con los alcances indicados- el recurso extraordinario interpuesto, y se confirma la sentencia apelada en cuanto fue materia del agravio tratado. Con costas de esta instancia a la demandada. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

(1) LA 1995-A-26 – (2) t.o. 1976, ALJA 1976-A-128 – (3) LA 1980-A-13 – (4) ALJA 1853-1958-1-14 – (5) LA 1991-C-2895 – (6) JA 2004-IV-16 – (7) ALJA 1853-1958-1-275 – (8) JA 1965-III-499 – (9) JA 1965-III-502 – (10) JA 1983-III-253 – (11) LA 1994-B-1633 – (12) JA 2004-IV-199 – (13) JA 1991-III-392 – (14) LA 1994-B-1611 – (15) JA 1963-V-188 – (16) JA 1988-I-218.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION – Passero de Barriera, Graciela Noemí v. Estado Nacional s/amparo 18 de septiembre de 2007


Derechos personalísimos. Derecho a la salud y a la integridad personal. Tratamientos, operaciones y exámenes médicos. Discapacitada. Cobertura total

Suprema Corte:

-I- En autos, el Conjuez Federal de Primera Instancia a cargo del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Rosario, hizo lugar a la demanda de amparo y ordenó al Estado Nacional (Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente y Ministerio de Salud y Ambiente, Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con Discapacidad) que garantice la cobertura total y completa, y efectúe el contralor por los organismos correspondientes de la continuidad y permanencia en la prestación del tratamiento de rehabilitación multidisciplinario que en forma gratuita se le brinda a la incapaz en internación domiciliaria a través del “PROFE” (Programa Federal de Salud), debiéndose cumplimentar con el suministro de los servicios médicos de neurología y fisiatría, el suministro de las férulas y la cama ortopédica de bipedestación, como así también con toda otra prestación médica y suministros médicos que sean requeridos en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 24.901, todo ello sin trámite administrativo alguno que lo impida o lo trabe (v. fs. 405/407).
Apelada esta sentencia por los organismos demandados, los jueces integrantes de la Sala “A”, de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, confirmaron la sentencia del juez de grado, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por las autoridades sanitarias de la Provincia de Santa Fe (v. fs. 467/468 vta.).
Para así decidir, señalaron que consta en autos que por ley 11.814 de la Provincia de Santa Fe, se aprobó el convenio por el cual, su gobierno, optó por la incorporación gradual al Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad y que es la autoridad que al presente brinda la cobertura médica a la incapaz, que se financia -de conformidad con lo previsto por el artículo 7° de la ley 24.901 y normas complementarias- a través del PROFE, programa que cubre las prestaciones médicas a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez y cuya gestión se encuentra a cargo del Ministerio de Salud y Ambiente (decreto 1606/2002).
Manifestaron que, si bien el Estado Nacional se encuentra adoptando los recaudos necesarios para que la persona con discapacidad reciba las prestaciones de salud requeridas, ello no implica el cese de su responsabilidad, ya que a él corresponde velar por el fiel cumplimiento de las normas que aseguran la continuidad de los tratamientos requeridos. En ese sentido -prosiguieron- la sentencia de grado es explícita en cuanto a la responsabilidad del Estado Nacional, a través de sus distintos órganos, en el control y garantía de la cobertura médica de las personas con discapacidad, por lo que corresponde confirmar el decisorio, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por las autoridades de la Provincia.

-II-

Contra este pronunciamiento, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, interpuso el recurso extraordinario de fs. 471/477 vta., que fue concedido a fs. 493 y vta.
Alega, en lo sustancial, que el Programa Federal de Salud, se trata de un programa consensuado con la máxima autoridad sanitaria de las distintas jurisdicciones, las que, en definitiva, son las responsables primarias de la atención sanitaria y asistencial de la población que reside dentro de sus límites territoriales, es decir, de la gestión del programa, a través de la Unidad de Gestión Provincial (UGP). El PROFE, en tanto, tiene a su cargo la asistencia financiera y velar por el cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las provincias. Por ello -prosigue- es la Provincia de Santa Fe, en definitiva, la obligada a otorgar la cobertura integral a la hija de la actora. Añade que, según lo dispone la Constitución Nacional y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el obligado primigenio de toda prestación de salud es la jurisdicción provincial, revistiendo el Estado Nacional el rol de rectoría y garante en subsidio de tales prestaciones.
Afirma que, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como es el derecho de obtener del Estado una prestación de tratamiento médico, éste se ha comprometido a adoptar las providencias para lograr la plena efectividad de los mismos, en la medida de sus recursos disponibles (conforme surge de los tratados internacionales que allí cita), pero sólo para los verdaderos destinatarios de su responsabilidad subsidiaria, que son los carenciados y los enfermos sin cobertura, y no para los enfermos con obra social, como es la actora de autos.

-III-

Corresponde señalar, en primer término, que existe cuestión federal por cuanto se cuestiona la interpretación de leyes nacionales (ley 24.901, decreto 1606/02) y la decisión ha sido contra la validez del derecho que es materia de litigio y se funda en dichas normas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).

-IV-

Ahora bien, examinados los términos de la sentencia, y los agravios que se expresan en el escrito de impugnación, estimo que las conclusiones del a-quo no son refutadas mediante argumentos conducentes, en tanto el apelante sólo alega disconformidad con el criterio interpretativo del juzgador, a través de razonamientos que resultan, sin embargo, contradictorios, en la medida que reconocen el deber de garantía y contralor del Estado Nacional (Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación) sobre las prestaciones que actualmente brinda la Provincia de Santa Fe a través de la Unidad de Gestión Provincial.

En efecto, es el propio recurrente quien admite que el Programa Federal de Salud (PROFE), tiene a su cargo la asistencia financiera y velar por el cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las provincias (v. fs. 475, quinto párrafo), añadiendo, más adelante, que el Estado Nacional reviste el rol de rectoría y garante en subsidio de las prestaciones de salud de jurisdicción provincial (v. fs. 475, último párrafo/ 475 vta.).

Por otra parte, frente a la alegación de que el compromiso del Estado de adoptar providencias para prestaciones de tratamiento médico, lo es en la medida de sus posibilidades y sólo para los destinatarios de su responsabilidad subsidiaria, que son los carenciados y los enfermos sin cobertura (v. fs. 476 vta. in fine / 477), corresponde destacar que, tal como lo expuso el a-quo a fs. 468, el Programa Federal de Salud, cubre las prestaciones médicas a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez -como es el caso de autos-, encontrándose su gestión a cargo del Ministerio de Salud y Ambiente, conforme al Decreto 1606/2002. Sobre el particular, no está demás señalar que, en las consideraciones de dicho Decreto (por el que, en su art. 1°, se transfiere al Ministerio de Salud la gestión de la cobertura médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas otorgadas y a otorgarse con intervención de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social), se expresa: “…Que compete al Ministerio de Salud entender en la planificación global del sector salud y en la coordinación con las autoridades sanitarias de las jurisdicciones provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el fin de implementar un Sistema Federal de Salud consensuado, que cuente con suficiente viabilidad social. / Que en virtud de las competencias del Ministerio de Salud, resulta conveniente centralizar la función de cobertura médica de los beneficiarios de pensiones no contributivas en el mencionado organismo. / Que entre las funciones encomendadas a la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Políticas, Regulación y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud, se enuncian las de asistir en la planificación sanitaria y global, la de realizar el control de gestión de planes, programas y proyectos, evaluado los resultados e impacto social de los mismos, por lo que corresponde asignarle en particular la función aludida…” (el subrayado me pertenece).

En tales condiciones, resulta razonable la conclusión del a-quo en orden a que corresponde al Estado Nacional velar por el fiel cumplimiento de los tratamientos requeridos, habida cuenta de la función rectora que le atribuye la legislación nacional y de las facultades que debe ejercer para coordinar e integrar sus acciones con las autoridades provinciales y diferentes organismos que conforman el sistema sanitario del país en miras a lograr la plena realización del derecho a la salud (v. fs. 468, último párrafo).

A mayor abundamiento, corresponde recordar que V.E. tiene dicho en conexidad con lo expresado -si bien en el marco de otros presupuestos fácticos- que lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Ley Suprema) reafirma el derecho a la preservación de la salud -comprendido dentro del derecho a la vida- y destaca la obligación impostergable de la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (v. doctrina de Fallos 321:1684; 323:1339, 3229, entre otros).

Dijo, asimismo, que resulta evidente la función rectora que ejerce el Estado Nacional en el campo de la salud y la labor que compete al Ministerio de Salud y Acción Social, como autoridad de aplicación, para garantizar la regularidad de los tratamientos sanitarios coordinando sus acciones con las obras sociales y los estados provinciales, sin mengua de la organización federal y descentralizada que corresponda para llevar a cabo tales servicios (v. doctrina de Fallos: 323: 3229, cons. 27). Subrayo la expresión “función rectora”, porque coincide con la que -como se ha visto- empleó el juzgador para fundamentar la obligación del Estado de vigilar el cumplimiento de las normas que aseguran la continuidad de los tratamientos requeridos por las personas discapacitadas. Esta expresión resulta similar, asimismo, a la utilizada por el apelante, cuando, no obstante oponerse a lo resuelto en la sentencia, reconoce en el Estado Nacional el rol de “rectoría” y garante en subsidio de las prestaciones que hoy brindan a la incapaz los organismos pertinentes de la Provincia de Santa Fe (v. fs. 475 in fine y vta).

Por todo lo expuesto, opino que se debe declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto y confirmar la sentencia apelada.
Buenos Aires, 11 de abril de 2006.
MARTA A. BEIRO DE GONÇALVEZ

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2007
Vistos los autos: Passero de Barriera, Graciela Noemí c/ Estado Nacional s/ amparo.
Considerando: Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos del dictamen de la señora Procuradora Fiscal subrogante, a cuyos términos se remite en razón de brevedad.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, remítase.
RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY (según su voto).

VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
1°) Graciela Noemí Passero de Barriera inició una acción de amparo como curadora de su hija mayor de edad Mariana Soledad Barriera que quedó totalmente incapacitada a raíz de un accidente automovilístico. La demanda fue dirigida contra el Estado Nacional para que adoptara todos los recaudos necesarios para la prestación del servicio médico asistencial integral que exige la situación de su hija. En el curso del proceso se citó a la Provincia de Santa Fe en los términos del artículo 94 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación porque aquella provincia había adherido al programa marco del Sistema Único de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad.

2°) El juez de primera instancia tuvo en cuenta la existencia de un convenio celebrado entre la Provincia de Santa Fe y el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad por el cual están a cargo del programa Federal de Salud (PROFE) las prestaciones requeridas por la actora. Sin embargo, consideró, al mismo tiempo, que ello no exime al Estado Nacional de garantizar el suministro de todo lo requerido por el demandante en forma continua y permanente, toda vez que es éste quien solventa el sistema y tiene a su cargo el contralor del mismo. Por consiguiente, concluyó que aunque el PROFE es el obligado directo también subyace la obligación del Estado Nacional Cy en particular del Poder Ejecutivo NacionalC de la concreción efectiva de la protección integral de las personas discapacitadas según las leyes 24.901 y 22.431.
A raíz de estas consideraciones, el juez hizo lugar a la demanda y ordenó al Estado Nacional (Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente y Ministerio de Salud y Ambiente, Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la persona con Discapacidad) que garantizara la cobertura total y completa y efectuara el contralor de los organismos correspondientes de la prestación del tratamiento de rehabilitación en internación domiciliaria a través del PROFE, debiendo cumplir con toda prestación que sea requerida en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 24.901.

3°) La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Rosario confirmó dicha decisión. El a quo señaló que la actora tiene una pensión vitalicia por invalidez que posibilitó su incorporación al PROFE con lo que recibe la cobertura de salud a través de los organismos designados por la autoridad provincial en coordinación con el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. A pesar de ello, estimó que es el Estado Nacional quien tiene la impostergable obligación de garantizar con acciones positivas el derecho a la preservación de la salud, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales.

4°) Contra esta decisión, el Estado Nacional deduce un recurso extraordinario porque considera que se encuentra en juego la inteligencia y aplicación de normas federales relacionadas con las obras sociales, con la emergencia sanitaria nacional, declarada por decreto 486/012 y las que instauran el Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las personas con discapacidad ley 24.901 y decreto 1193/98 y 1606/2002 (conf. fs. 475 vta.).
El recurrente básicamente afirma, que la adhesión de la Provincia de Santa Fe al tipo de convenio previsto por el artículo 8 de la ley 24.901 implica que es dicha jurisdicción la primera obligada al cumplimiento y no el Estado Nacional ya que por tratarse de un programa consensuado con las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones corresponde a ésta la responsabilidad primaria de la atención sanitaria y asistencial.
Agrega que es la Provincia de Santa Fe, en definitiva, la obligada a otorgar la cobertura integral a la hija de la actora y que, según lo dispone la Constitución Nacional y esta Corte, el obligado primigenio de toda prestación de salud es la jurisdicción provincial, mientras que el Estado Nacional tiene el rol de rectoría y garante en subsidio de tales prestaciones.
Afirma por último, que en materia de derechos económicos, sociales y culturales, como es el derecho de obtener del Estado una prestación de tratamiento médico, éste se ha comprometido a adoptar las providencias para lograr la plena efectividad de los mismos, en la medida de los recursos disponibles (conforme surge de los tratados internacionales que allí cita), pero sólo para los verdaderos destinatarios de su responsabilidad subsidiaria, que son los carenciados y los enfermos sin cobertura, y no para los enfermos con obra social, como es la actora de autos.

5°) El remedio federal del Estado Nacional debe ser declarado inadmisible. Ello por cuanto el apelante pretende cuestionar la interpretación de leyes nacionales (ley 24.901, decreto 1606/02) con fundamentos concordantes con los utilizados por el a quo para avalar tal hermenéutica.
En consecuencia, no se extrae con claridad cuál es el gravamen concreto que la sentencia provoca al recurrente, en cuanto coincide con ella en punto a su deber de garantía y contralor sobre las prestaciones que actualmente brinda la Provincia de Santa Fe a través de la Unidad de Gestión Provincial, que el PROFE tiene a su cargo la asistencia financiera y velar por el cumplimiento de las obligaciones comprometidas por las provincias (v. fs. 475, quinto párrafo) y que, en definitiva reviste el rol de rectoría y garante en subsidio de las prestaciones de jurisdicción provincial (fs. 475, último párrafo/475 vta.).
Asimismo, cabe destacar que la afirmación del apelante respecto de que el compromiso del Estado de adoptar providencias para prestaciones de tratamiento médico, lo es en la medida de sus posibilidades y sólo para los destinatarios de su responsabilidad subsidiaria, que son los carenciados y los enfermos sin cobertura (v. fs. 476 vta. in fine/ 477), es concordante con la línea seguida por el a quo a fs. 468 en cuanto señaló que el Programa Federal de Salud, cubre las prestaciones médicas a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, encontrándose su gestión a cargo del Ministerio de Salud y Ambiente, conforme al Decreto 1606/2002.

6°) En síntesis, a pesar de que el recurrente se agravia de la responsabilidad que se le endilga en la sentencia, sus fundamentos no demuestran estar en desacuerdo con ella ya que reconoce el rol de rectoría” y garante en subsidio de las prestaciones que hoy brindan a la incapaz los organismos pertinentes de la Provincia de Santa Fe (fs. 475 in fine y vta.). Basta recordar, los propios términos del fallo en cuanto a que corresponde al Estado Nacional velar por el fiel cumplimiento de los tratamientos requeridos, a partir de la función rectora que le atribuye la legislación nacional y de facultades que debe ejercer para coordinar e integrar sus acciones con las autoridades provinciales (ver fs. 468, último párrafo).
Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se declara procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y oportunamente, remítase.
CARMEN M. ARGIBAY.