OTROS LUGARES EN QUE SE DICTA LA MAESTRIA

EN SAN ISIDRO. COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO
Por medio de un convenio firmado entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Colegio de Abogados de San Isidro, se acordó que la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales que desarrolla la UNTREF en el ámbito de su Sede de Postgrados en la ciudad de Buenos Aires, sea dictada en el Colegio de Abogados de San Isidro.
Días y horarios: Miércoles de 15 hs. a 21 hs..
Título expedido por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO. ACREDITADA POR LA CONEAU (resol. 20/04).

Informes, inscripción y lugar de dictado: Colegio de Abogados de San Isidro . Area Académica. Acasuso 442 2º piso San Isidro. Te 4743-5720 int. 227/8. Fax 4732-2835 email: areaacademica@casi.com.ar Pagina Web: www.casi.com.ar

EN MENDOZA. UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA (UDA)
Por medio de un convenio firmado entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero y la Universidad del Aconcagua de la ciudad de Mendoza, se acordó que la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales que desarrolla la UNTREF en el ámbito de su Sede de Postgrados en la ciudad de Buenos Aires, sea dictada en la Universidad del Aconcagua (UDA).
Días y horarios: Viernes de 16 hs. a 22 hs. y sábados de 9 hs. a 13 hs. (2 fines de semana por mes).
Título expedido por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO.

Se agregan a los docentes de la Maestría los siguientes profesores locales: Jorge Nanclares, Miguel Marcuzzi, Laura Lorente, Laura Leonelli, Norma Llatser, Leandro Fretes Vindel Espeche, Félix Olmos, Walter Ton, Gustavo Castiñeiras De Dios, Roberto Domínguez, Eduardo Emili, María del Carmen Schilardi, Haydé Grillo de Paez y Alejandra Rigo.

Informes e inscripción: UNIVERSIDAD DEL ACONCAGUA (UDA). Catamarca 147, Mendoza. Te (0261)5201623 email:fcek@uda.edu.ar Pagina Web: www.uda.edu.ar

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 46 INC. 1 Y 39.1 DE LA LRT Y EL TOPE PREVISTO EN EL ART. 245 DE LA LCT. DOCTRINA DE LOS FALLOS “CASTILLO”, “AQUINO” Y “VIZZOTI”

 Por el Dr. Ernesto Jorge Ahuad

1. Introducción

Con fecha 7 de septiembre de 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos “Castillo, Ángel Santos c. Cerámica Alberdi S.A.”, declaró la inconstitucionalidad del art. 46 inciso 1° de la ley 24.557; y el 14 de septiembre de 2004, en los autos “Vizzoti, Carlos A. C. AMSA S.A.”, hizo lo propio con el tope establecido en el art. 245 de la L.C.T.
El 21 de septiembre de 2004, otro decisorio del mismo Tribunal, recaído en la causa “Aquino, Isacio C. Cargo Servicios Industriales S.A.”, decretó la inconstitucionalidad en abstracto del art. 39.1 de la L.R.T., en lo que significa un cambio doctrinario respecto de la postura asumida por la Corte en oportunidad de fallar en los autos “Gorosito C. Riva SA”, del 1ro de febrero de 2002 (Fallos 325:11).
Se trata, sin lugar a dudas, de tres pronunciamientos largamente esperados que, por su relevancia dentro de nuestra disciplina, son merecedores de una serie de consideraciones, para delimitar sus alcances y consecuencias.

2. Doctrina del fallo “Castillo”

El debate referido a la adecuación o no del texto del art. 46 a nuestra Constitución Nacional, se ha venido planteado fundamentalmente, en aquellas demandas en las que se pretenden las prestaciones del sistema, pero utilizando mecanismos alternativos a los originariamente previstos por la norma, o sea, eludiendo el paso por las comisiones médicas y la justicia federal. Intentan, en consecuencia, variar el ámbito en el cual se discuten las contingencias vinculadas con la Ley sobre Riesgos del Trabajo, llevándolo del administrativo federal o el judicial federal, según el caso,  al judicial local o provincial.
El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recaído en los  autos “Castillo, Ángel Santos v. Cerámica Alberdi S.A.”, utiliza fundamentos vertidos anteriormente en otros precedentes por mismo Tribunal, que se observan a la vez como sencillos y contundentes.
En el caso, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Mendoza confirmó un decisorio de la instancia anterior, declarando la inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557 y desestimando la excepción de incompetencia de las reclamadas, sobre la base de establecer que la responsabilidad derivada de la siniestralidad laboral es de carácter común, y que en el caso, no se encontraban reunidos los supuestos que habilitarían la excepción a la regla general de la noalteración de las jurisdicciones locales.
Al confirmar el pronunciamiento, la Corte reiteró esta tesitura, recordando que “según lo esclareció esta Corte para octubre de 1917, y lo sostuvo de manera constante, “las responsabilidades por accidentes de trabajo a que se refiere la ley 9.688, y que nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de contratos entre patrones y empleados u obreros, son de carácter común… vale decir, resultan sancionadas por el Congreso con arreglo a las previsiones del art. 67 inciso 11 de la Constitución Nacional actual art. 75 inciso 12… De igual manera, corresponde discurrir respecto de la ley 24.028, que sustituyó a la ley 9.688. A su turno, contemporáneamente con la incorporación del art. 14 bis a la Ley Fundamental, que introdujo los derechos relativos al trabajo y la seguridad social, fue agregado previsoramente, el código “del trabajo y seguridad social” a la nómina de materias contenida en el citado art. 67 inciso 11. De tal suerte, la normativa concerniente a las dos mencionadas ramas jurídicas quedó, expressis verbis, integrada en el conjunto de aquellas otras que, si bien son del resorte legislativo del Congreso de la Nación, no alteran “las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones”.
Reitera así la doctrina uniforme de sus anales jurisprudenciales, en cuanto a que a fin de determinar la competencia, debe estarse de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en la demanda y, en tanto se adecue a ellos, al derecho invocado como fundamento de la pretensión” (Fallos: 308:229; 310:1.116; 311:172; 312:808; y 313:971, entre otros).
Además, justifica la decisión del trabajador de plantear su demanda indemnizatoria directamente ante el Poder Judicial mendocino sin haber previamente ocurrido ante las comisiones médicas, “para evitar que se considerara —mal o bien— que se había sometido voluntariamente a un régimen legal que lo lleva luego automáticamente por el camino de la Justicia Federal”. A este respecto, la Corte reafirma la idea de que el paso por las comisiones médicas, configuran la etapa administrativa de la vía federal, cuando expresa en el considerando 2° que éstas son “organismos de orden federal”, con cita en Fallos: 322:1220.

También desarticula aquel argumento tan utilizado, consistente en sostener que la finalidad federal de la  L.R.T. se justifica atento su inserción dentro del terreno de la seguridad social. A este respecto, sentenció que “las alegaciones de la recurrente en torno de la inserción de la Ley de Riesgos del Trabajo en el terreno de la seguridad social nada aportan a favor de su postura, por cuanto las normas de esa disciplina, supuesto que el presente régimen sustancial cayera dentro de su ámbito, se encuentran ratione materiae expresamente inscriptas en el varias veces citado art. 75 inciso 12. De ahí que, no por ser órgano de alzada la Cámara Federal de Seguridad Social, los preceptos que rigen, por ejemplo, una jubilación por invalidez del régimen previsional ordinario, pierdan su carácter común (v. Fallos 325:1644, entre muchos otros)”.
Reafirmado el concepto de que se trata de cuestiones eminentemente de derecho común, la Corte concluye que en el caso no se encuentran los requisitos que licenciarían la excepción a la regla general de la noalteración de las jurisdicciones locales. Citando dos conocidos precedentes de la Corte, “Oberti” (248:781) y “Gimenez c. Heredia Hnos.” ( 300: 1159), expresa que “… no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75 inciso 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de  derecho común, referentes a la noalteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de estas leyes por los tribunales de provincia si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador… A todo evento, las excepciones a tan terminante regla están rigurosamente condicionadas a que los efectos de esta alteración “han de ser tenidos por válidos siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad (Fallos 248.781, 782/783, considerandos 1° y 2°; 300: 1159, 1161/1162, considerando 3°;  y 302: 1209, 1214, considerando 2° y 1552, 1557, considerando 5°)”.
La argumentación y fundamentos del decisorio, en este sentido, se observa similar a la utilizada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en “Quiroga”, del 23 de abril de 2003, donde la SCJBA sostuvo que no resultaba constitucionalmente aceptable que la Nación pudiese, al reglamentar materias que son en principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta a la que específicamente le confiere el art. 75 inciso 12 de la Constitución Nacional.
Finalmente, al desbaratar la idea de que la federalización de la ley 24.557 se justifica si se la entiende como el resultado de un “conjuro de situaciones excepcionales”, recordó que “Si cada vez que se invoque una circunstancia de este tipo, o, aun, cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del art. 75 inciso 12, la reserva que éste asegura podría quedar eliminada en los hechos, cuanto más que, en períodos de transformaciones constantes, acaso muy pocas materias -si no ninguna serían excluidas en la sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales (v. Fallos: 247:646, 668,669, considerando 17, voto de los jueces Boffi Boggero y Aberastury). De una manera semejante podría razonarse si se pretendiera inscribir a la ley 24.557 en el ámbito de las llamadas cláusulas del progreso, contenidas en los incisos 18 y 19 del art. 75 de la Constitución Nacional…Si bien no es descartable que el arbitrio cuestionado  pretenda justificarse por su finalidad, esto es, el logro de una mayor uniformidad en la interpretación y aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo en el plano judicial, al detraer este cometido de las justicias provinciales, no por ello sería inmune al reproche de inconstitucionalidad. En rigor, el argumento probaría demasiado puesto que, en definitiva, no habría materia alguna de las contenidas en el art. 75 inciso 12, que pudiera escapar a los aludidos propósitos, con lo cual, so color de esto último, el precepto podría quedar vacío de todo contenido y, en consecuencia, desbaratado irremediablemente el sistema federal… Por lo demás, no se advierte ningún motivo para pensar, o siquiera sospechar, que la protección de los intereses que la ley 24.557 pone en juego, dejaría de ser eficaz a través de la interpretación por la justicia que las provincias organizaran dentro del molde constitucional” (v. Fallos 247.646, 668/669)”.
En suma, la Corte dictamina que el art. 46 inciso 1 de la L.R.T. contradice el art. 75 inciso 12 de la Carta Magna,  no guarda razonable analogía con los supuestos en que la Corte Suprema admitió la federalización de cuestiones de derecho común, y tampoco se advierte un genuino interés en la federalización de este tipo de cuestiones; produciéndose en consecuencia  dos resultados incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado “de fuero común”.
Al ser la Ley de Riesgos del Trabajo es una ley de derecho común, y sus sujetos el trabajador, el empleador y la A.R.T. una entidad privada con fines de lucro, no existe fundamento para que el juez natural para su aplicación sea el federal, y no el juez laboral local o provincial.
Si bien es cierto que no se expide concretamente sobre la constitucionalidad de las disposiciones contenidas en los arts. 21 y 22 del mismo ordenamiento, es decir sobre la validez de las intervenciones y decisiones administrativas de las citadas comisiones médicas, no menos cierto es que autoriza a acudir a efectuar los reclamos indemnizatorios directamente por la vía judicial local, obviando así el tránsito por las comisiones médicas, a las que denomina como órganos administrativos de carácter federal (considerando 2°). Se observa así, como las consecuencias del pronunciamiento de inconstitucionalidad del art. 46 inc 1° de la L.R.T., resultan asimilables a las que pusiera de manifiesto la Suprema Corte de la Justicia de Buenos Aires en “Quiroga”: Al declararse la inconstitucionalidad de dicha norma, toda la operatividad  del procedimiento se derrumba como un castillo de naipes, sin necesidad de una declaración de inconstitucionalidad expresa de otras partes del articulado de la L.R.T.
Finalmente, y como corolario de los fundamentos del fallo, y lo hasta aquí expuesto, ha de ponerse el acento en la necesidad de una urgente reforma legislativa en el tema, porque tal como sostuviera la  Corte en el fallo bajo examen, “la búsqueda de un mayor grado de uniformidad en la interpretación y aplicación de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, cuenta con diversos caminos, entre otros, la cuidada elaboración de los textos legislativos destinados, como ocurre en la legislación común, a regir de manera general y estable en todo el territorio de la República, pero nunca el celosamente vedado por la Constitución Nacional”.

3. El caso “Vizotti”

Aquí, mediante decisorio fechado el 14 de septiembre de 2004,  la Corte Suprema de Justicia de la Nación,  en autos “Vizzoti, Carlos Alberto v. AMSA S.A. s/ despido” revocó la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había dejado sin efecto el fallo de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del límite a la base salarial previsto en el art. 245 de la LCT (según ley 24.013) para calcular la indemnización por despido sin justa causa. En el caso, consideró que corresponde aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrafos 2º y 3º del citado art. 245 de la LCT, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable.
La Corte se aparta rotundamente, en consecuencia, de la doctrina sentada en el controvertido caso “Villarreal c. Roemmers”, del 10 de diciembre de 1997, cuando fallara en el sentido de que el módulo indemnizatorio establecido en dicha norma no resultaba irrazonable, correspondiendo al legislador, en cumplimiento del deber constitucional del Estado de asegurar la protección del trabajador contra el despido arbitrario, establecer las bases jurídicas que se derivan de la ruptura del contrato de trabajo, sin que los jueces se hallen facultados para decidir sobre el mérito o conveniencia de la legislación sobre la materia.
Previo dejar sentado que no existen dudas acerca de la validez constitucional del régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntal estimación del daño en pos de determinados objetivos, tales como la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquellas, resalta la circunstancia de que la finalidad del instituto es reparar, por lo que más allá de la modalidad que se adopte, ella ha de guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como significativos para calcular la prestación. Ellos son, recordemos, el salario y la antigüedad del trabajador.
Es por ello que una indemnización por despido, que desconociese la concreta realidad que quiso atender, a causa de limitaciones en la evaluación de uno de los elementos de cálculo (el salario, en este caso),  no resulta equitativa, ni acorde al texto del art. 14 bis de la Carta Magna.
Así, declara la inconstitucionalidad del tope indemnizatorio porque  el monto de la indemnización por despido no guarda proporción no es razonable, ni justo ni equitativo con la real remuneración devengada por el trabajador, constituye una “desnaturalización del sentido de la indemnización”, y produce una violación de la garantía constitucional contra el despido arbitrario.
En el caso, el actor era un Director Medico de la demandada, su remuneración mensual era de $11.000 y una antigüedad de 26 años. El tope salarial para el convenio de la sanidad aplicable al caso, era de $ 1040,31, por lo cual la indemnización con el tope alcanzaba la suma de $ 27.048 (poco más de dos salarios del trabajador en cuestión), con lo que resultaba menor al 10% de lo que le hubiera correspondido de no aplicarse la limitación.
La Corte toma como base para calcular la indemnización el 67% de la remuneración real del trabajador ($ 7.370). Los porcentajes en cuestión no responden a una estimación arbitraria, sino que se toman sobre la base de reconocida doctrina del más Alto Tribunal sentada en Fallos 209:114, 125/126 y 210:310, 320 considerando 6°, entre muchos otros, en cuestiones relativas a la confiscatoriedad que se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje.
Justifica lo decidido sosteniendo que “el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio a los fines de determinar la indemnización sin justa causa, lo que significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado articulo 14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes y que éstas aseguraran al trabajador protección contra el despido arbitrario”.
Sienta la siguiente regla: Cuando a los efectos de efectuar el cálculo de la indemnización por antigüedad del art. 245 de la LCT la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada por el trabajador es afectada por una reducción superior al 33%, atenta contra la pretensión reparadora de la norma y violenta el mandato de la Constitución.
La directriz, que se intenta imponer como regla general para ser aplicada por los jueces inferiores, la entiendo acertada, toda vez que apunta a un equilibrio entre las garantías constitucionales que protegen al trabajador, y las que competen al empresario, relacionadas con la previsibilidad de las consecuencias que se derivan de la ruptura del contrato de trabajo.
La decisión implica que no se aplique el tope cuando el cálculo de la remuneración resulte “confiscatorio”, es decir, cuando la rebaja supere el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual del trabajador.
De acuerdo con los valores de los salarios de convenio actuales, el promedio global es de alrededor de $ 1500, por lo cual beneficia a los trabajadores que perciben una remuneración de $ 2.000 o más.
El Tribunal señaló que si la base del cálculo es desproporcionada, tomar el monto inferior viola la garantía contra el despido arbitrario prevista en el art. 14 bis de la Constitución, y que decidir de la forma en que lo hace, no implica ingerencia alguna en el ámbito del Poder Legislativo ni un quiebre al principio de separación de poderes, toda vez que el ejercicio del debido y necesario control de constitucionalidad de las normas y actos de los gobernantes, es una misión que ha sido puesta en cabeza de la Corte por la Constitución Nacional. En este sentido,  recuerda que la Ley Fundamental no enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, ni tampoco configura un “promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento queda librado a la buena voluntad de este último”.
La sentencia se basó también en normas internacionales sobre derechos humanos, incorporadas a la Constitución, y adelantándose a las críticas que sobrevinieron luego del dictado del pronunciamiento, expresó que “La Corte no desconoce, desde luego, que los efectos que produzca la doctrina de este fallo podrían ser considerados, desde ciertas posiciones o escuelas, como inadecuados a los lineamientos que serían necesarios para el mejoramiento del llamado mercado de trabajo, cuando no del mercado económico en general. Esta hipotéticas censura, sin embargo, al margen de la naturaleza sólo conjetural de las consecuencias que predica, resulta manifiestamente desechable. Puesto que, seguramente de manera involuntaria, omite hacerse cargo de que su eventual consistencia exige ignorar o subvertir tanto el ya mentado principio de supremacía de la Constitución Nacional, cuanto el fundamento en el que toda esta descansa según el texto de 18531860, robustecido aún más por los señeros aportes del art. 14 bis, y la reforma de 1994”.
Concluyó manifestándose en el sentido de que no se puede consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que aquella le exige. Ello implicaría, dice la Corte, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional.

4. Fundamentos y consecuencias de “Aquino”

Desde prácticamente la sanción de la ley 24.557, autores de la talla de Grisolia, Capón Filas, Fernández Madrid y Ferreirós, entre muchos otros, se habían manifestado en el sentido de que la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 se encontraba cuestionada porque cancelaba el derecho de los damnificados a una reparación integral del daño, siendo imposible de disimular el hecho de que vulneraba garantías constitucionales y tratados con garantía supralegal, de suerte tal que su supervivencia al control judicial difícilmente pudiera garantizarse; y que un subsistema de responsabilidad, por el solo hecho de serlo, no resultaba siempre constitucional.
Se recordará que en  Fallos 325:11, la Corte Suprema de Justicia de la Nación pretendió y fracasó en poner fin a la encendida discusión doctrinaria. En el decisus en cuestión, consideró que el tribunal inferior que había decidido la inconstitucionalidad del texto del art. 39 LRT, lo había hecho sobre la base de atribuir erróneamente a las normas civiles que reglamentan en general la reparación de los daños y en especial a las referentes a los daños causados por culpa, el carácter de “garantía constitucional”, otorgándoles “im¬pertérrita invariabilidad”. Defendió también la constitucionalidad del sistema, al establecer que no se había demostrado que la aplicación de la ley 24.557 comportara alguna postergación o la frustración del de¬recho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación, y que no existía en él, ni consagraba el art. 39, la dispensa de la culpa del empleador al habérseles impuesto a los empleadores la carga de solventar un sistema destinado a repa¬rar los daños que de manera objetiva puedan ser atribuidos al hecho u ocasión del trabajo (art. 6.1., 6.2, y 23, LRT). Para terminar, dejó sentada la posibilidad de cuestionar la adecuación del régimen especial al Texto Constitucional en casos de “comprobada existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía que invoca el interesado”.
El precedente “Gorosito”, fue aplicado luego por el máximo Tribunal en variadas ocasiones, inclinándose siempre la balanza a favor de la constitucionalidad del art. 39 de la L.R.T., bastando citar los conocidos “Britez c/ Productos Lipo SA” de la Suprema Corte de la Pcia de Buenos Aires y “Cardelli c/ Ente Administrador”, y otros menos célebres como “Canada c/ Jugos del Sur SA”, “Muñoz c/ Jugos del Sur SA”, “Ríos Mirta c/ Mallard” y “Neira c/ Cerámica Zanon SA”, todos ellos de fecha 12 de febrero de 2002.
En el fallo que nos ocupa, donde se hizo lugar a un reclamo indemnizatorio de un trabajador de 29 años de edad al tiempo del infortunio incapacitado en forma absoluta cuando cayera de un techo de chapa desde 10 metros de altura cuando colocaba una membrana sin ningún tipo de mecanismo protectorio, confirma un pronunciamiento de la Sala VI de la C.N.A.Tr , y declara, con diferencias en la fundamentación según los votos, la inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T.
El voto mayoritario decide la inconstitucionalidad en abstracto de la norma mencionada. Lo hace al entender que la LRT, al excluir, sin reemplazarla con análogos alcances, la tutela de los arts. 1109 y 1113 del Código Civil, no se adecua a los lineamientos constitucionales, pese a haber proclamado que tiene entre sus “objetivos”, en lo que interesa, “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales” (Art. 1, inc. 2.b), negando el principio alterum non laedere, al no considerar en forma plena de la persona humana y los imperativos de justicia de la reparación, seguidos por nuestra Constitución Nacional y, de consiguiente, por esta Corte, que no deben cubrirse sólo en apariencia (Fallos: 299:125, 126, considerando 1° y sus citas, entre muchos otros).
Considera un retroceso legislativo la exclusión de la vía reparadora del Código Civil para los accidentes y enfermedades laborales, que contraría el principio de progresividad plasmado en el art. 2.1 del PIDESC, según el cual, todo Estado Parte se “compromete a adoptar medidas… para lograr progresivamente… la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”; y entiende al art. 39 de la L.R.T. como “contrario a la dignidad humana…”, al “reificar al trabajador, por vía de considerarlo no más que un factor de la producción, un objeto del mercado de trabajo, al establecer que “los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio alterum non laedere deban ser indemnizados sólo en los términos de la ley”.
Así entendida, la eximición de la responsabilidad civil del empleador frente al daño sufrido por el trabajador, se desentiende de  la realización de la justicia social, y ha agravado la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo (Fallos: 181: 209, 213/214; 239:80, 83 y 306:1059, 1064, considerando 8°) y, en consecuencia, formular una “preferencia legal” inválida por contraria a la justicia social (doctrina de Fallos: 264: 185, 187, considerando 6°).”
Por otro lado, el voto del ministro Boggiano, que se mantiene fiel a la postura que asumiera en oportunidad de fallar en “Gorosito”, y efectúa aplicación de la doctrina allí sentada, que establecía que para efectuar una consideración respecto a la constitucionalidad o no del texto del artículo 39, debía demostrarse la falta de proporción entre el daño y lo exiguo de la compensación a cargo de la A.R.T., o que la aplicación de la ley 24.557 comportara alguna postergación o la frustración del derecho al resarcimiento por daños a la integridad psicofísica o a la rehabilitación, comprobándose la existencia y realidad de un menoscabo sustancial a la garantía que invoca el interesado, con cita en Fallos 108:240, 139:20, 188:120,y 189:306, entre otros.
Así, expresa que “… las cuestiones traídas a conocimiento de la Corte son sustancialmente análogas a las debatidas y resueltas en la causa “Gorosito”, registrada en Fallos 325:11, donde se destacó que no es posible predicar en abstracto que el precepto impugnado en la especie conduzca inevitablemente a la concesión de reparaciones menguadas con menoscabo de derechos de raigambre constitucional (considerando 18). 4°) Que en el caso, por las razones expuestas en los considerandos 8 a 11 del voto de los jueces Belluscio y Maqueda, que el que suscribe comparte, se impone concluir que la indemnización tarifada conduce a la supresión o desnaturalización del derecho que se pretende asegurar”.
En contraposición, los restantes votos resultan un tanto más categóricos, decidiéndose sin más por la inconstitucionalidad de la veda legal de reclamar los daños y perjuicios conforme a las disposiciones del derecho común, aunque con algunos distingos en sus fundamentos, que deben ser puestos de manifiesto.
El correspondiente a la ministro Highton resulta, a mi juicio, el más contundente. Así, luego de delimitar los alcances del principio constitucional del alterum non laedere y que su reglamentación debe hacerse siempre con arreglo al texto del art. 28 de la Ley Fundamental, resalta que “El art. 14 bis de la Constitución Nacional ha hecho del trabajador un sujeto de preferente tutela constitucional, al prescribir lo que dio en llamarse principio protectorio… Es un hecho notorio que la ley de riesgos del trabajo, al haber excluido la vía reparatoria del Código Civil -con excepción de la derivada del art. 1072 eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales, un instituto tan antiguo como este último (ver Fallos 123_379), que los cuerpos legales específicos no habían hecho más que mantener, como fue el caso de la ley 9688, sancionada en 1915. Tal exclusión resulta censurable en la medida en que traduce el abandono de los preceptos constitucionales de protección al trabajador, que se ve privado, por su sola condición de tal, de acceder a la justicia en procura del amparo de sus derechos que, paradójicamente, tienen expreso y especial reconocimiento en la Ley Fundamental, y en los pactos de igual jerarquía que le acceden”.
La jurista parece entender que el llamado “derecho a opción”, efectivamente tiene rango constitucional, tal y como se sostuviera en el Nro. 4 de esta misma publicación, donde se expresara que “la directiva plasmada en el art. 39.1.2. L.R.T., al crear un territorio de exclusión de los trabajadores por su condición de tales, colisiona el texto de la Carta Magna, vulnerando toda una serie de principios tales como los de los arts. 16, 17, 18, 19 de la C. N., los articulados en los tratados con rango constitucional incorporados al texto de la Constitución Nacional en su art. 75 inc 22, y el del art. 14 bis de la C.N. (tutela del trabajador), que garantiza a los tutelados en forma objetiva, que no se encontrarán en inferioridad de condiciones respecto al común de los ciudadanos a la hora de hacer valer sus derechos. Sin perjuicio de las leyes especiales que debe dictar el Legislador para “discriminar inversamente” a los trabajadores, habrá de asegurarles también que su situación no es, bajo ninguna otra óptica o circunstancia, inferior a la del resto de los habitantes y asegurar de esta forma la base que garantice a los trabajadores, que estarán siempre en igual o mejor condición que el resto. Esto sólo es posible de hacerse mediante el otorgamiento a los mismos del derecho a opción, dado que existiendo tal facultad, ningún trabajador podría alegar seriamente que no tiene al menos los mismos derechos que el común de los ciudadanos, con lo que su protección estaría asegurada (nótese que un régimen especial, por más ventajas comparativas que ofrezca y deseamos aclarar que no creemos que sea este el caso de la ley 24.557 dependerá para su calificación de mejor o peor que el sistema común, de la merituación subjetiva que se realice de él, lo que no ocurre si se garantiza el derecho a optar, por cuanto las garantías de igualdad y mejor tutela del trabajador estarían determinadas objetivamente por el texto mismo de la ley)”.
El voto conjunto de Maqueda y Belluscio, por su parte, y sin perjuicio de resaltar tanto las iniquidades como las ventajas del subsistema, se aboca (al igual que el primero de los votos individuales analizado), a determinar si se produjo en el caso un menoscabo sustancial a las garantías invocadas por el interesado. Se inclina por la afirmativa, refiriendo que “Para determinar si se produjo ese menoscabo es necesario examinar, por un lado, el alcance de los derechos constitucionales involucrados en el caso, y por otro, si el daño causado por la contingencia en cuestión encuentra su debida reparación con las prestaciones de la L.R.T. En relación con esto último, se trata de efectuar un test de razonabilidad sobre la base de que la L.R.T. prevé un sistema especial de responsabilidad sujeto a limitaciones propias de la discreción del cuerpo legislativo (doctrina de Fallos 325:11, 25, considerandos 16 y 17). En definitiva, a partir de las normas y principios constitucionales en juego, corresponde dilucidar si quedó demostrado que, tras la aplicación de pautas mensurables, el daño causado excede en forma manifiesta e intolerable el marco de cobertura que razonablemente cabe entender abarcado por el sistema especial”.

Sobre la exclusión de la vía reparadora del Código Civil, arguyeron que “tal exclusión no resulta en principio censurable, sí lo es en la medida que se invoque y demuestre que el desarraigo del principio general que aquella vía reglamenta, comporta un menoscabo sustancial al derecho a la adecuada reparación”.
Y dejan dos advertencias: 1) Que el desenlace de este litigio no implica la censura de todo el régimen legal limitativo de la reparación por daños, lo cual incluye el propio de la L.R.T., sosteniendo la sentencia que por más ancho que fuese el margen que consienta la Constitución Nacional en orden a dichas limitaciones, resulta poco menos que impensable que éstas puedan obrar válidamente para impedir que el trabajador pueda verse probado, en todos los casos, de reclamar a su empleador la justa indemnización por los daños derivados de un accidente o enfermedad laborales; y 2) Que la solución alcanzada no acarrea frustración alguna de los elevados propósitos de la automaticidad y celeridad en el otorgamiento de las prestaciones perseguidos por la L.R.T., dado que el hecho de ser constitucionalmente inválido, en determinados supuestos, que la mentada prestación de la L.R.T. origine la exención de responsabilidad civil del empleador, no obsta a que las aseguradoras de riesgos del trabajo deban satisfacer las obligaciones que han contraído en el marco de la citada ley.

 5. Conclusiones

Por aplicación de la doctrina sentada por la Corte en “Vizzoti”, ésta deja sentado en modo claro y concretamente, que el tope previsto en el art. 245 de la L.C.T. se torna inconstitucional cuando reduce el monto del salario en más del 33%, dado que al transgredirse dicho límite, se desvirtúa la finalidad de la norma, resultando en un monto reparatorio que no guarda vinculación proporcional con uno de los datos esenciales del cálculo (el salario).
En aquellos casos en que se exceda el porcentaje mencionado, en el pronunciamiento se establece un nuevo tope, cuando expresa que la limitación a la base salarial prevista en los párrafos segundo y tercero del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo debe establecerse “sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual computable”. O sea, se tomará como base de cálculo, el 67% de la remuneración real del trabajador.
Los fundamentos del fallo, también habilitan a los trabajadores despidos durante los dos últimos años, y que se encuentran comprendidos en los supuestos alcanzados por la sentencia, a reclamar judicialmente por la percepción de las diferencias resultantes.
Pero más allá de la importancia y consecuencias de “Vizzoti”, mayores aún son las implicancias de los precedentes “Castillo” y “Aquino”.
Como se viniera explicando, al declarar la Corte Suprema la inconstitucionalidad de los artículos 46 y 39 de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, pegó en el corazón del régimen estructurado a partir de la entrada en vigencia de dicho cuerpo legal, desarticulándolo en gran medida.

1. Única Sala de la Cámara en mantenerse en la tesitura de declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la L.R.T., aún luego de “Gorosito”.
2. Ahuad, Ernesto JorgeHierrezuelo, Ricardo Diego, con dirección de Grisolia, Julio Armando, “Validez constitucional de la Ley sobre Riesgos del Trabajo Declaración de la S.A.D.L.”, Revista Laboral Nro. 4, diciembre de 1999.

LA DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 14.2.b DE LA LEY 24.557. DOCTRINA DEL FALLO “MILONE” DE LA CSJN.

Por el Dr. Ernesto Jorge Ahuad

En poco más de dos meses, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dicta este tercer fallo contrario a la constitucionalidad de otro de los preceptos más cuestionados de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Se recordará que en los dos precedentes anteriores, “Castillo” y “Aquino”, había decretado la invalidez constitucional de la competencia de la justicia federal en las causas relacionadas con el régimen, y de la veda de accionar conforme al derecho civil contra el empleador, respectivamente.

En este nuevo pronunciamiento, fechado el 26 de octubre de 2004, la Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 14.2.b. de la ley 24557 en su redacción original, ordenando el pago en una única vez -en lugar de usar la modalidad prevista por la norma de renta mensual- de la prestación dineraria por incapacidad en favor de un trabajador de profesión taxista, que quedara como consecuencia del infortunio, imposibilitado de seguir trabajando. Para establecer la viabilidad del reclamo del demandante, los jueces tuvieron en cuenta su edad, y el impedimento físico para seguir efectuando tareas, y que la prestación que le correspondía era inferior a la mitad de su salario.

El fallo, recaído en la causa “Milone v. Asociart ART”, señala que si bien no es cuestionable desde el punto de vista constitucional que “para determinadas incapacidades” la reparación se establezca en pagos periódicos, sí es reprochable que no haya excepciones a dicha regla, como la que encuadraría al trabajador de este caso en particular.

El Alto Tribunal no cuestionó el mencionado artículo en su integridad, sino que señaló que “aun cuando la ley de riesgos del trabajo no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer, como regla, para determinadas incapacidades que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche… por no establecer excepción alguna para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador para cuya realización se procura” (considerando 9).

Ha de ponerse de resalto que el decisorio se refiere a un caso anterior a la reforma que por decreto de necesidad y urgencia se dictara en el año 2000. Se recordará que el decreto 1278/2000 sustituyó el texto del art. 14 de la ley, disponiendo que producido el cese de la Incapacidad Laboral Temporaria (ILT), y mientras dure la situación de provisionalidad de la Incapacidad Permanente Parcial (IPP), el trabajador damnificado percibirá una prestación de pago mensual de cuantía igual al valor mensual del ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad, además de las asignaciones familiares correspondientes, hasta la declaración del carácter definitivo de la incapacidad; y que declarado el carácter definitivo de la IPP, el damnificado percibirá las siguientes prestaciones:

  • · Cuando el porcentaje de incapacidad sea igual o inferior al 50%: una indemnización de pago único, de cuantía igual a 53 veces el ingreso base, multiplicado por el porcentaje de incapacidad y por un coeficiente que resulta de dividir el número 65 por la edad del trabajador al momento de la primera manifestación invalidante. Esa suma, en ningún caso, podrá ser superior a la cantidad que resulte de multiplicar $ 180.000 por el porcentaje de la incapacidad.
  • · Cuando el porcentaje de la incapacidad sea superior al 50% e inferior al 66%: Una renta periódica -contratada en los términos de la ley- cuya cuantía será igual al valor mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de la incapacidad. Esta prestación está sujeta a la retención de aportes de la Seguridad Social y contribuciones para asignaciones familiares hasta que el danificado se encuentre en condiciones de acceder a la jubilación por cualquier causa. El valor actual esperado de dicha renta en ningún caso podrá ser superior a la suma de $ 180.000.-, y deberá adicionársele la prestación complementaria prevista en el art. 11 apartado 2do de la L.R.T.

El decreto también receptó los diversos cuestionamientos efectuados por los distintos actores sociales involucrados, incluyendo la percepción de una suma adicional de pago único e inmediato. Así, para el caso de muerte e incapacidades superiores al 50% se resolvió adicionar a las prestaciones dinerarias respectivas, un importe de pago único complementario a la percepción de la prestación de pago periódico, que en el caso del supuesto del art. 14.2.b alcanza los $ 30.000; en los casos de los arts. 15.2 y 17.1 (incapacidad laboral permanente total), los $ 40.000; y en caso de muerte del trabajador (art. 18.1), la suma de $ 50.000.

Se abre ahora el interrogante respecto de cual sería la palabra de la Justicia en aquellos casos surgidos a partir de la entrada en vigencia del decreto 1278/2000.

En este sentido, vale tener en cuenta a la hora de efectuar un pronóstico, los considerandos 4° y 5° del decisorio, donde el Alto Tribunal efectúa una interesante analogía entre el sistema originario de la ley 9688 y el de la L.R.T., en el sentido de que ambos regímenes habían previsto la reparación de los infortunios exclusivamente mediante el sistema de pago en forma de renta periódica, pero debieron eventualmente abandonarlo, una vez que se hicieran patentes los inconvenientes originados de dicha elección.

También se hace referencia a los términos del Convenio Nro.17 de la O.I.T., de 1925 y ratificado por nuestro país, y que tiene en consecuencia, rango superior a las leyes. En él, si bien se autoriza el pago de las indemnizaciones bajo la forma de renta, no deja de prever la posibilidad del pago “en forma de capital”. Así, entiende el Tribunal, una reparación bajo la forma de renta, será constitucional en tanto consagre una reparación equitativa, esto es, resguardando el sentido reparador in concreto.

Por lo tanto, el pago en renta será constitucionalmente válido, en tanto no restringa drásticamente el universo de opciones que le permitan al trabajador siniestrado reformular su proyecto de vida (ello ocurre según entiende la Corte, si se impone el pago de la prestación dinerariaexclusivamente bajo la forma de renta periódica); no contemple soluciones excepcionales para casos como el del fallo bajo análisis; y/o no se adecue al objetivo reparador cuya realización se procura.

En este sentido, de los fundamentos del decisorio parece desprenderse, a mi juicio, que la modificación introducida por el decreto 1278/2000 sí se adecua a estos lineamientos, y superaría un test de constitucionalidad. Ello en virtud de que si bien mantiene el pago bajo la forma de renta periódica, la complementa con una prestación de pago único e inmediato, evitando así limitar el universo de opciones del trabajador. Así, en el considerando 5° el Tribunal Supremo establece que “Finalmente, tampoco puede ser pasado por alto, aun cuando no se trate de una norma aplicable a la presente contienda, que el decreto 1278/2000 reformó el art. 14.2.b, y añadió a la renta periódica un importe adicional de pago único (art.6). Por esta modificación, expresan los considerandos de ese cuerpo legal, se pretende “dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador…originadas en el infortunio laboral”.

UN FALLO DE LA CORTE SOBRE EL DERECHO A LA INDEMNIZACION Y LA ANALOGIA.

Por el Dr. Jorge Eduardo Rizzone

El art. 14 bis de la Constitución Nacional reconoce la garantía de la estabilidad del empleado público que proscribe la remoción arbitraria o discrecional del vínculo por motivos extraños al interés del servicio público (conf. doctrina de Fallos: 269:320; 279:49, entre otros).
Reiteradamente ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la aludida garantía  no importa un derecho absoluto a la permanencia en la función sino el derecho a un equitativo resarcimiento cuando, por razones que son de su exclusiva incumbencia el Poder Legislativo decide suprimir un empleo o el Poder Ejecutivo resuelve remover a un empleado, sin culpa de este último( Fallos:282:99; 280:311: 307:1082; 312:495, entre muchos otros). Como señaló en Fallos: 266:159, los empleados públicos no tienen un derecho absoluto que los coloque por encima del interés general y que obligue a mantenerlos en actividad aunque sus servicios dejen de ser necesarios, ya sea por supresión del cargo por motivos de economía o por otras causas razonables o justificadas, puesto que el derecho a la estabilidad, como todos los demás que reconoce la Ley Fundamental no es absoluto y debe ejercerse de conformidad con las leyes que lo reglamentan y en armonía con los otros derechos individuales y atribuciones estatales establecidos con igual jerarquía que la Constitución (Fallos: 254: 169).
Es que median en tales supuestos razones de utilidad de pública. Asimismo, es preciso poner de relieve que es doctrina de la Corte que la tutela de un derecho por la justicia no requiere necesariamente la preservación en especie de las situaciones existentes (Fallos249:654; 261:336).
Esas razones de interés general obligan a la reparación, ya que es evidente que no sólo se hallan en juego ingresos de carácter alimentario sino la privación de los derechos inherentes a la carrera administrativa. No es ocioso recordar, además, que el principio alterum non laedere, tiene raigambre constitucional (art. 19 de la carta Magna), de acuerdo con lo resuelto en Fallos: 308:1118 (“Gunther”).
Ahora bien, ¿qué ocurre cuando dispuesta una segregación válida fundada en razones de utilidad pública no hay norma que establezca la indemnización?.
La Corte ha dado respuesta a ello in re: “Husen, Mirta Silvia y otros c/ Ministerio de Justicia y Educación de la Nación”, registrado en Fallos: 325:662, que es objeto de análisis en el presente. Allí el Tribunal aplicó el art. 16 del Código Civil según el cual “Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuese dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.”

II

Los actores, médicos que se desempeñaron como agentes de la Dirección Nacional de Sanidad Escolar y Asistencia Educativa demandaron al Estado Nacional -Ministerio de Cultura y Educación de la Nación- en procura de resarcimiento monetario por extinción del vínculo de empleo público.
Fundaron su reclamo  en que en virtud de la ley 24.049 se celebraron acuerdos de transferencia de servicios educativos a la por entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entre los que se encontraba el Servicio de Sanidad escolar, que finalmente tomó a su cargo la comuna. A raíz de ello fueron puestos en situación de disponibilidad, mediante resoluciones en las que se señalaba la imposibilidad de proporcionarles nuevos destinos al haber cesado la jurisdicción de efectuar prestaciones educativas en forma directa. Sostuvieron que el art. 20 del Estatuto del Docente no les era aplicable, pues exige el ofrecimiento de un nuevo puesto de trabajo por la Superioridad y la negativa del agente a ocuparlo, para que pueda comenzar a correr el plazo de dos años de disponibilidad previa a la resolución de la relación de empleo público. Ante dicho vacío legal postularon que les correspondía percibir una indemnización por pérdida de empleo público en los términos del decreto n° 2043/80 -reglamentario del art. 47 de la ley 22.140-, por tratarse del régimen general para los agentes de la Administración Pública, que es de aplicación supletoria al personal amparado por los regímenes especiales en todo lo no previsto en ellos. Para el caso de considerarse que el Régimen antes citado no les era aplicable, demandaron en subsidio una indemnización con apoyo en el art. 14 de la Ley Fundamental.
La sentencia de primera instancia hizo lugar al reclamo con sustento en que los demandantes no podían ser privados de una adecuada reparación pues habían perdido su empleo por causas que les eran ajenas.
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó lo resuelto. Para hacerlo consideró que aun cuando los actores estaban comprendidos en el Estatuto del Docente no les era aplicable el art. 1 de éste porque al cumplir su tarea fuera de los establecimientos no integraban su planta de personal. Añadió que tampoco cabía aplicárseles el art. 20 de la ley 14.473 ya que no se configuraba la hipótesis de la negativa a aceptar un nuevo destino, que no era posible asignar en razón del ya mencionado cese de prestaciones educativas en forma directa por parte de la jurisdicción. Juzgó que al no estar prevista la situación de los actores en el Estatuto del Docente no era desacertada la decisión del juez de grado de disponer, ante el vacío legal, de aplicar supletoriamente el art. 47 de la ley 22.140, sin perjuicio de la exclusión que contiene su art. 2 inc. “f”. Finalmente enfatizó que la mencionada solución no importaba consagrar el pago de una doble indemnización porque lo que en rigor percibieron los reclamantes durante el primer año en disponibilidad fueron sus haberes y lo pretendido en autos era el resarcimiento por el cese de la relación.
En el recurso extraordinario la demandada se agravió, básicamente, por considerar que el Régimen Básico de la Función Pública no era aplicable a los actores dada la clara exclusión prevista en el art. 2 inc. “f” del personal docente comprendido en estatutos especiales. Al respecto, hizo hincapié en la conducta de los actores importó admitir que estaban regulados por el Estatuto, dado que percibieron el primer año de disponibilidad sin atacar en tiempo y forma el acto administrativo que extinguió la relación de empleo público. Adujo, asimismo, que el pago de salarios sin contraprestación de servicios denotaba que en realidad se había abonado la indemnización del art. 20 de la ley 14.473, reparación ésta que fue percibida por los interesados sin efectuar reserva alguna. Finalmente, arguyó lesión a las garantías de propiedad e igualdad, porque la aplicación simultánea de la ley específica (art. 20 de la ley 14.473) y del régimen general (art. 47 de la ley 22.140) conducía a una doble indemnización.
La Corte declaró procedente el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada. Para hacerlo, remitió a los fundamentos del dictamen del señor Procurador General de la Nación que, conforme reiterada jurisprudencia del Tribunal, entendió que incumbía efectuar una declaratoria sobre el punto a fin de otorgar la recta inteligencia de las normas federales en juego, con independencia de las posiciones sustentadas por los jueces de la causa y el recurrente.
Comenzó el dictamen señalando el derecho a la estabilidad que asistía a los actores mientras durase su buena conducta conservando las condiciones morales, eficiencia y capacidad física necesaria (art. 19 del Estatuto del Docente), que fueron segregados sin culpa alguna de su parte por una situación que les resultaba ajena acerca de la cual carecían de todo poder de decisión y que era imposible la reubicación dentro del sistema mediante el otorgamiento de nuevos destinos.
Recordó que el art. 20 de la ley 14.473 dispone: “Cuando por razones de cambio de plan de estudios o clausuras de escuelas, cursos, divisiones, secciones de grado, sean suprimidas asignaturas o cargos docentes y los titulares deban quedar en disponibilidad, ésta será con goce sueldo. La superioridad procederá a darle nuevo destino, con intervención de la respectiva junta de clasificación, que tendrá en cuenta su título de especialidad docente o técnico – profesional y el turno en que se desempeñen; a) En el mismo establecimiento o en otro de la misma localidad; b) En otra localidad, previo consentimiento del interesado.
La disconformidad fundada otorga derecho al docente a permanecer hasta un año en disponibilidad con goce de sueldo y otro año en disponibilidad sin goce de sueldo, cumplido el cual se considerará cesante en el cargo. Durante estos dos años tendrá prioridad para ocupar las vacantes que se produzcan en la zona.”
Entendió el señor Procurador General que del texto de la norma surgía con evidencia que: 1) el período íntegro de disponibilidad – hasta que se ofrezca y acepte un nuevo destino- lo será con goce de sueldo; 2) es deber de la superioridad asignar un nuevo destino en las mentadas condiciones; 3) es facultad de los agentes manifestar su disconformidad fundada para ocupar el nuevo destino, en cuyo caso quedarán cesantes vencido el plazo de dos años de disponibilidad, resolviéndose así el vínculo de empleo público en la hipótesis de no hallarse otra vacante; 4) no está prevista la forma en que se resuelve la relación de empleo público respecto de los agentes a quienes la superioridad no ofrece un nuevo destino.
De ello se sigue que las sumas abonadas durante el período en que los demandantes se encontraron en situación de disponibilidad no tuvieron naturaleza indemnizatoria sino remuneratoria. Al no habérsele ofrecido a los actores un nuevo destino, el Estado incumplió el ineludible requisito para aplicar el procedimiento del art. 20 del Estatuto del Docente. Además, se observa la inexistencia de una respuesta normativa específica para solucionar el conflicto. En tales condiciones, resulta necesario acudir a los principios de leyes análogas, pues la regla de interpretación prevista en el art. 16 del Código Civil excede los límites del ámbito del derecho privado, los trasciende y se proyecta como un principio general, vigente en todo el orden jurídico interno. La indagación de las normas que regulan parámetros indemnizatorios por pérdida del empleo y que guardan mayor analogía con el caso, conduce inexorablemente a hallar una solución equitativa y razonable en el art. 47 de la ley 22.140 y en su decreto reglamentario n° 2043/80, o sea en el régimen general que regula la relación entre la Administración y sus agentes. Tal solución es la que mejor se concilia con la doctrina de Fallos: 294:87( entre otros)  según la cual “La estabilidad del empleado público no importa un derecho absoluto a permanecer en la función sino a una indemnización equitativa cuando, por razones de su exclusiva incumbencia, el Poder Legislativo decide suprimir un empleo o el Poder Ejecutivo resuelve remover a un empleado, sin culpa de este último.” Tal temperamento importa una solución analógica y no supletoria, dada la clara redacción del art. 2 inc. f de la ley 22.140 que excluye de su ámbito de aplicación a los docentes comprendidos en estatutos especiales. 

III

En primer lugar se observa que, según surge de los antecedentes de la causa reseñados en el dictamen del señor Procurador General, los actores no cuestionaron los alcances que la doctrina de la Corte ha asignado a la garantía de estabilidad en el empleo público, a la que se hizo referencia en el capítulo I del presente. Antes bien, se ciñeron a ella al limitar su reclamo a una indemnización. El Tribunal reafirma tal jurisprudencia al sostener que la solución a la que arriba es la que condice con el principio del resarcimiento. Es decir que tanto la pretensión deducida como el pronunciamiento que hace lugar a ella importa reiterar la extensión tradicionalmente asignada a la garantía de marras.
El núcleo  de la controversia estuvo dado entonces por el derecho al resarcimiento y el modo de determinarlo ante la inexistencia de normas singulares.
El caso no se resolvió mediante la creación ex nihilo de una norma, ya que toda vez que es principio del ordenamiento jurídico que rige la República que tanto la organización política y social del país reposan en la ley, aquella posibilidad se halla vedada a los órganos encargados de su aplicación (doctrina de Fallos:326:2732 y sus citas, entre muchos otros). Lo que se hizo fue integrar lagunas con principios de normas atinentes (doctrina de Fallos: 319:844).
En el contexto descripto, el art. 16 del Código Civil, en cuanto contempla la analogía, se erige en el caso como el medio de hacer operativo un derecho de raigambre constitucional. Ella responde al principio de igualdad jurídica que impone idénticas soluciones en identidad de circunstancias.
La aplicación del citado precepto en el ámbito del derecho público (con excepción, claro está, de la materia penal que veda la analogía in malam parte) se inscribe en la línea de los precedentes de Fallos: 312:659, 956,en los que la Corte abordó la problemática de la responsabilidad extracontractual del Estado por actividad lícita y por el legítimo ejercicio del derecho  de desistir de una expropiación y de las competencias de policía urbanística, hallando la solución  en la Ley Nacional de Expropiaciones n° 21.499.
En materia de derecho a la vida, registrado en Fallos: 302:1284, en el que la Corte autorizó la ablación de un riñón a una menor a quien le faltaban dos meses para cumplir la edad de 18 años prevista por el art. 13 de la ley 21.541 para ser implantado en su hermano, el voto concurrente -que además hizo especial hincapié en la garantía constitucional de protección integral de la familia- invocó el citado art. 16 del Código Civil pero no en lo atinente a la analogía sino en cuanto a que la hermenéutica de la ley debe integrarse a su espíritu.
Se aprecia pues es valor fundamental del precepto de marras  como medio de interpretación e integración que responde al propósito de afianzar la justicia que el Preámbulo de la Ley Fundamental persigue.

UN FALLO DE LA CORTE SOBRE LA INDEMNIZACION ESPECIAL POR DESPIDO POR EMBARAZO.

Por el Dr. Jorge Eduardo Rizzone


Las normas de los Capítulos II y III del Título VII de la Ley de Contrato de Trabajo responden a la cláusula de la Ley Fundamental que impone al legislador la protección integral de la familia (art. 14 bis).

La reforma de 1994 ha reafirmado y hecho más amplia esta tutela al incorporar tratados con jerarquía constitucional (art. 75 inc. 22)  que contemplan explícitamente la maternidad y el matrimonio.

Así, el art. 11, apartado 2°, a) de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer establece el deber de los Estados partes de adoptar medidas necesarias para: “Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil.”

Por su parte, el art. 17.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) dispone: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.”

Sobre ese plexo de normas de rango superior adquiere relevancia el pronunciamiento de la Corte en la causa F.441.XXXVI “Feole, Renata Rosa c/ Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.”, resuelta el 5 de marzo de 2002.

La controversia giró alrededor de la validez constitucional del párrafo final del art. 164 del CCT 131/75 según el cual “La mujer que fuere despedida durante los plazos previstos en este artículo tendrá derecho a percibir una indemnización duplicada a la prevista en el artículo 198 de esta ley…”, norma que corresponde al actual art. 182 LCT al que remite el art. 178 de dicho cuerpo normativo.

II

La cámara revocó parcialmente  la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la indemnización especial prevista por el art. 178 LCT, pero rechazó la pretensión de duplicación del aludido resarcimiento establecida por el art. 164 del CCT 131/75 al declarar la inconstitucionalidad de la citada norma convencional.

Para decidir de ese modo afirmó que el precepto de marras vulnera el derecho de propiedad del empleador porque impone una carga patrimonial desmedida para los fines que contempla. Añadió que no hay razonable proporción entre los bienes jurídicos protegidos por la ley y la sanción duplicada. Entendió que estaba afectado el interés general en los términos del art. 7 de la ley 14250 . Ponderó, asimismo, que la actora pidió en subsidio la condena de la empleadora con sustento en el régimen legal.

La Corte compartió los fundamentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador Fiscal – doctor Felipe Daniel Obarrio-, dejó sin efecto la sentencia y ordenó el dictado de un nuevo pronunciamiento.

Dicho dictamen, después de señalar que arribaba firme a la instancia de excepción la condena dictada con apoyo en el art. 178 LCT, recordó la reiterada doctrina de la Corte según la cual cuando el recurso extraordinario tiene dos fundamentos, es decir, cuestión federal estricta y ser el fallo arbitrario, corresponde considerar este último en primer término, pues de existir arbitrariedad no habría sentencia propiamente dicha. Seguidamente anticipó que el recurso deducido sobre esta última base constituía fundamento suficiente para su procedencia porque las razones dadas por la cámara para declarar inaplicable el precepto convencional no satisfacían las exigencias de fundamentación.

En ese orden de ideas, sostuvo que frente a un marco convencional que, a priori, es más favorable para el trabajador (art. 8 LCT), pues establece una protección más intensa que el régimen general (art. 178) respecto del período gestación, al que se refiere el ya citado art. 11. apartado 2°, item a) de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, no resultaban suficientes las genéricas e indemostradas razones esbozadas en el pronunciamiento para invalidar dicha normativa.

Destacó que si bien es cierto que la garantía que la Constitución reconoce a los gremios de concertar convenios colectivos de trabajo no es absoluta, también lo es que esa fuente de derecho de origen extraestatal goza de reconocimiento constitucional (art. 14 bis), al igual que la protección contra el despido arbitrario por causa de embarazo (tutelada por el Pacto de San José de Costa Rica tal como se señaló en Fallos: 308:359). De ello se desprendía que, en principio, la pretensión de la actora se encontraba bajo el amparo de la Carta Magna en virtud de un acuerdo cuya regularidad general no había sido objetada por la empleadora (Fallos: 307:326).

Hizo hincapié en que la empresa sólo había cuestionado la “superprotección” consagrada en el CCT 131/75, en especial en lo concerniente al sistema de presunciones que establece y a la “exagerada indemnización violatoria del derecho de propiedad” y en que la cámara dio favorable trato a dicha propuesta sobre la exclusiva y dogmática base de que constituye una carga patrimonial desmedida, desproporcionada y lesiva del interés general, por lo que la sentencia era arbitraria, ya que con ausencia de todo desarrollo sólo se apoyaba en consideraciones abstractas e insuficientes para sostener la decisión.

Por ello, y sin que lo anterior implicase abrir juicio sobre la decisión que en definitiva correspondiera adoptar sobre el fondo de la cuestión, concluyó que la sentencia debía dejarse sin efecto.

III

El fallo en examen se inscribe en la línea del precedente de Fallos:308:359 (autos “Del Papa, Liliana Beatriz c/ Sur Cia. Argentina de Seguros”, resuelta el 30 de marzo de 1986). Allí, se dejó sin efecto la sentencia que había rechazado el reclamo indemnizatorio por despido indirecto.

Según surge del dictamen del señor Procurador Fiscal, al que remitió la Corte, la actora extinguió el vínculo con sustento en que la empleadora la excluyó en razón de su maternidad y de las licencias que la LCT concede por esa razón de los aumentos de carácter general que se otorgaron al personal durante el período de receso. Alegó además, que había mediado un ilegítimo ejercicio del ius variandi al otorgársele tareas de menor jerarquía cuando se reintegró a sus funciones.

La cámara fundó su decisión en que mientras la actora percibió en el mes de reintegro la misma remuneración que en el último mes trabajado, el resto del personal recibió incrementos graciables cada tres meses. Entendió que la testifical demostraba que la empresa, como práctica, otorgaba ese tipo de aumentos en función del rendimiento, pero no lo hacía durante el lapso de licencia por maternidad. En ese orden de ideas sostuvo que habida cuenta de la razón en que se fundaban los incrementos no existía discriminación en los términos de los arts. 17 y 172 LCT. Destacó que la suma percibida durante la licencia por maternidad no es salario sino una prestación de seguridad social y, asimismo, juzgó que el cambio de tareas obedeció a la necesidad empresaria de afrontar contingencias excepcionales de trabajo.

El señor Procurador Fiscal consideró que no eran atendibles los agravios deducidos con sustento en la doctrina de la arbitrariedad acerca de que el a quo había incurrido en exceso de jurisdicción y de la valoración del cambio de tareas.

Mas arribó a una conclusión opuesta respecto de la discriminación salarial.

Sobre el particular, después de memorar la doctrina de Fallos: 265:248 (“Ratto, Sixto y otro c/ Productos Stani” S.A.) entendió  que los aumentos periódicos y generales, aunque no uniformes, se compadecían con el derecho del empleador de premiar a los trabajadores que revelaron méritos suficientes, y no cabía sujetar su procedencia a la prueba de la existencia de tales méritos, lo que en la práctica es sutil y difícil, por lo que podía afirmarse que su otorgamiento quedó librado a la prudente discrecionalidad empresaria, pues de lo contrario se  desvirtuaría su ejercicio.

Pero sostuvo que era distinta la situación de los aumentos generales, habituales y periódicos, que en la política de la empresa sin dudas se dirigían a lograr una recomposición salarial trimestral, frente al paulatino retraso de los importes nominales causado por la inflación. En esas circunstancias, privar de dicha recomposición a un trabajador cuando se le otorgó a toda la categoría, no importó el ejercicio razonable y selectivo de una facultad discrecional, sino una discriminación arbitraria. Ello, por cuanto la política salarial de la demandada significó castigar mediante el retraso de los haberes a los dependientes que solicitaban licencia por matrimonio o maternidad, tal como surgía de la testifical de la que hacía mérito la sentencia apelada.

Tal discriminación resultaba violatoria del mandato constitucional que impone a la legislación “la protección integral de la familia” (art. 14 bis de la Ley Fundamental), que es la “célula primaria y vital de la sociedad” (Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto sobre el apostolado de los seglares; Apostolicam actusitatem, 11).

Continuó el dictamen citando documentos de la Doctrina Social de la Iglesia: “La situación que muchas familias encuentran en diversos países es muy problemática, sino incluso claramente negativa: instituciones y leyes desconocen injustamente los derechos inviolables de la familia y de la misma persona humana, y la sociedad, en vez de ponerse al servicio de la familia la ataca con violencia en sus valores y en sus exigencias fundamentales. De este modo la familia que según los planes de Dios, es célula básica de la sociedad, sujeto de derechos y deberes antes que el Estado y cualquier otra comunidad, es víctima de la sociedad, de los retrasos y lentitudes de sus intervenciones y más aún de sus injusticias notorias.” (Familiaris Consortio; Exhortación apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre la misión de la familia cristiana en el mundo actual; Carta de los Derechos de la Familia 46).

Después de hacer hincapié en el ya citado art. 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señaló que era irrelevante el argumento dado por la cámara con sustento en la naturaleza jurídica de las sumas cobradas durante la licencia por maternidad, pues con independencia de quien soporte el pago el monto a percibir debió ser el que, conforme con las condiciones contractuales, correspondía al período de licencia y ello, en el caso de la actora, debió determinarse de acuerdo con el régimen de flexibilidad de las remuneraciones de la empresa, pues de lo contrario sólo se garantizaría un mínimo en agudo deterioro.

Si bien en “Feole” la Corte no abrió juicio sobre la validez constitucional de la norma convencional en que se sustentó el reclamo el fallo reafirma principios fundamentales del control de constitucionalidad y de la adecuada fundamentación de las sentencias.

En tal sentido cabe recordar que la declaración de inconstitucionalidad constituye la última ratio del orden jurídico, a la que sólo cabe acudir cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Carta Magna, si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de inferior jerarquía (Fallos; 303:248, 1708, 1776; 312:2315,324:4404, entre muchos otros).

Asimismo, es doctrina del Tribunal que la exigencia de fundar las sentencias no se orienta exclusivamente a contribuir al mantenimiento del prestigio de la magistratura sino que procura, fundamentalmente, la exclusión de decisiones irregulares (Fallos: 236:27; 318:1359, entre otros) y adquiere particular relevancia cuando se ha ejercido la delicada atribución de declarar la inconstitucionalidad de un precepto.

En el caso en examen la sentencia impugnada no observó los mencionados principios, pues ante la índole de los derechos enfrentados era indispensable un acabado análisis acorde con una interpretación armónica para hallar un ámbito de correspondencia recíproca dentro del cual obtengan su mayor amplitud los derechos y garantías de raigambre constitucional (arg. doctrina de Fallos: 324:975).

UN FALLO DE LA CORTE SOBRE EL DERECHO DE TRABAJAR Y LA EDAD DE LOS ESCRIBANOS.


Por el Dr. Jorge Eduardo Rizzone

El derecho de trabajar importa la libre elección de la actividad a desarrollar y tratándose de una autónoma la de permanecer en el ejercicio de ella por el tiempo que la persona desee. En este último aspecto adquiere relevancia la causa F.509.XXXVI “Franco, Blanca Teodora c/ Provincia de Buenos Aires”, resuelta el 12 de noviembre de 2002 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se debatió la validez constitucional de una norma que imponía un límite de edad a los escribanos.

La actora promovió demanda originaria de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de la Justicia de Provincia de Buenos impugnado el art. 32, inc. 1°, del decreto-ley local 9020/78 que dispone la inhabilidad para ejercer funciones notariales a la edad de 75 años y, asimismo, contra la resolución del Ministerio de Gobierno de la Provincia que, con apoyo en el citado precepto, había dispuesto su cesación como titular de un registro notarial.

La corte bonaerense rechazó la demanda. Fundó su decisión en que la norma cuestionada era razonable en virtud de la condición de funcionarios públicos que se reconoce a los escribanos. Enfatizó que el carácter público de sus tareas, derivado de la facultad de otorgar autenticidad, fe pública, a los actos pasados ante ellos, no es inherente a su profesión sino que proviene de la atribución que le es delegada por el Estado. Entendió que las restricciones impuestas por el decreto – ley 9020 hallan su justificación en la particular naturaleza de las funciones notariales y no desnaturalizaban el derecho constitucional de trabajar porque guardan adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido.  El fin de las funciones a determinada edad importa una limitación razonable que se aplica por igual a todos los escribanos en el ámbito provincial, por lo que no existe menoscabo al derecho de igualdad, aún si se compara la situación de aquellos con otros profesionales liberales.  Para reforzar esa conclusión hizo hincapié en el principio del numerus clausus y en la necesidad de renovación de los titulares de los registros y señaló que afectaría la igualdad ante la ley permitir que el retiro de la función notarial quedase librada por completo al arbitrio de quienes la tienen asignada por el Estado, pues el ejercicio a una edad muy avanzada que supere un plazo normal significaría una cortapisa al ingreso de quienes, por llenar las condiciones necesarias, tienen derecho a ejercerla dentro del mismo límite. Por último, recordó la tradicional doctrina de la Corte Federal sobre la gravedad que entraña la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal que es la última ratio del orden jurídico y sólo cabe ejercerla cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y media una inconciliable incompatibilidad, lo que no se advertía en el caso.

II

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente la queja y el recurso extraordinario interpuestos por la vencida, revocó la sentencia declaró la nulidad de la disposición impugnada y la consecuente nulidad de la resolución ministerial fundada en aquélla.

Para hacerlo, comenzó memorando su jurisprudencia según la cual la concesión de delicadas facultades a los escribanos tiene su necesario correlato con las exigencias y sanciones contenidas en la reglamentación de la profesión y que debe revocarse aquel atributo cuando el sujeto, mediante  su conducta, se aparte de los parámetros legales establecidos para la tutela del interés público. Por lo tanto, el Estado no puede a su capricho retirar la facultad asignada, ya que es el sujeto quien voluntariamente se margina al dejar de cumplir con los deberes a su cargo (Fallos: 315:1370; 321:2086).

Entendió el Tribunal que el art. 32 inc. 1 del decreto – ley 9020/78 no respetaba los estándares de proporcionalidad con la tutela del interés público y de no desnaturalizar el derecho de trabajar. Ello, por cuanto la norma dispone una suerte de presunción iuris et de iure de quienes llegan a la edad prevista se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, lo que deviene arbitrario debido a su generalidad y ausencia de base racional, con menoscabo de derechos de rango superior.

La ausencia de proporción del límite temporal se advierte, en primer lugar, si se repara en que el solo  hecho de alcanzar la edad de 75 años no refleja por sí la carencia de condiciones para cumplir la función encomendada. Por otra parte, si el propósito es impedir el ejercicio de la profesión por quienes no reúnen aquellas condiciones, tal finalidad encuentra suficiente resguardo en otras normas del decreto – ley 9020/78, según las cuales son inhábiles para el ejercicio de las funciones notariales los incapaces y quienes padecen defectos físicos o mentales debidamente comprobados que, a juicio del juez notarial, importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2° y 3°). Las citadas disposiciones permiten separar a los escribanos de las delicadas funciones que les han sido delegadas, por lo que es indudable la existencia de medios idóneos para proceder a la separación en aquellos supuestos en que se genere una real inhabilidad del cumplimiento de aquéllas en condiciones adecuadas.

Por lo tanto, la norma vulnera el derecho de trabajar reconocido por el art. 14 de la Ley Fundamental y por diversos tratados internacionales incorporados a ella (art. 75, inc. 22), particularmente los arts. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, según el cual toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en la medida en que lo permitan las oportunidades existentes de empleo; 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra la libre elección del trabajo y la protección contra el desempleo y 6° del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual el derecho a trabajar comprende la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido.

También se viola el derecho a la igualdad, pues se discrimina a los escribanos en razón de la edad sin hacerse lo mismo respecto de otras profesiones que requieren título universitario y conllevan una relevancia social similar a la de aquéllos (vgr.: médicos, abogados, etc.). En las demás profesiones no existen trabas por la edad, por lo que la limitación impuesta por ese motivo a los escribanos importa una incapacidad para trabajar, ya que no es concebible que después de haber consagrado su vida a una actividad deban iniciar otra para la cual, obviamente, no cuentan con preparación.

Entendió que la situación de los escribanos no era análoga a la de los profesores de las universidades nacionales que cesan a los 65 años de acuerdo con la ley 22.207, ya que ésta, por un lado, no se refiere al ejercicio de una profesión sino a un aspecto de la relación de empleo público y, por otro, la norma no establece incapacidades absolutas ya que su ámbito de aplicación se circunscribe a los profesores ordinarios y permite acceder a las categorías de profesor emérito y consulto. Cabe recordar que en el precedente de Fallos: 307:1964 se declaró la validez de la citada ley 22.207 con sustento en que, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General al que remitió la Corte, no cabe asignarle carácter discriminatorio y proscriptivo, porque se trata de una disposición general que alcanza al claustro en forma unánime sin efectuar distinciones personales y no obedece a ánimo persecutorio dado que, más allá de su acierto, está concebida sólo como una pauta en principio no irrazonable de organización de la carrera docente universitaria.

Continuó la Corte señalando que cabía diferenciar entre los notarios y quienes desempeñan un empleo público, porque si bien aquéllos son asimilados a los funcionarios o agentes públicos en razón de las relevantes funciones que el Estado les delega no se hallan sometidos a las potestades de organización de la administración estatal. En rigor, los escribanos ejercen una actividad privada regulada por razones de interés público, pero no por ello pertenecen a la estructura administrativa del Estado, por lo que la profesión está reglamentada con el objeto de que sea ejercida dentro de los límites de probidad, aptitud y rectitud. Agregó que si bien es indudable que los escribanos cumplen como fedatarios una función pública, también lo es que no se presentan las características de la relación de empleo público al no existir relación de dependencia orgánica respecto de los poderes estatales cuyas plantas de funcionarios no integran, al no hallarse sujetos a un régimen de subordinación jerárquica ni estar ligados por un vínculo permanente con la administración. Por lo tanto, como se estableció en Fallos: 306:2030, son profesionales del derecho afectados a una actividad privada, dado que la concesión que el Estado les otorga no importa adjudicarles el rango de funcionarios públicos y, por ende, no están sometidos al poder discrecional con que el Estado cuenta para la organización administrativa.

III

Del fallo en examen se desprende en primer lugar que la inhabilitación para permanecer en el ejercicio de la profesión de escribano por la mera razón de la edad es arbitraria y desnaturaliza el derecho de trabajar- que como se dijo incluye la posibilidad de elegir la actividad y permanecer en su ejercicio- máxime cuando el interés público está salvaguardado por otras disposiciones de la reglamentación. En consecuencia, la restricción no respeta el standard de razonabilidad.

El derecho a ejercer la actividad encierra no sólo aspectos económicos, pues el cambio forzoso que la reglamentación impugnada en el caso conlleva implica la imposibilidad de aplicar las propias aptitudes y la necesidad de adquirir otras con las consecuencias que ello trae aparejado en el rendimiento económico del trabajo, sino también espirituales, a las que el pronunciamiento se refiere en primer término, pues frustra la inclinación de la persona (“vocación”) a determinada profesión.

Finalmente, surge que no cabe efectuar discriminaciones arbitrarias entre las distintas profesiones al reglamentarlas.

APLICACIÓN DE LA TASA ACTIVA EN RESOLUCIONES FIRMES QUE ESTABLECÍAN UNA TASA INFERIOR. COSA JUZGADA

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 66. DR. JULIO A GRISOLIA.
AUTOS “NACUSI, RAUL ROBERTO  C/ CUCCARSE, LUIS BLAS Y OTROS S/ DESPIDO” 

Buenos Aires, 10 de julio de 2002.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió el día 7 de mayo del corriente mediante el Acta 2357, modificada por Resolución 8 del 30 de mayo, lo siguiente: “Acordar que, sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001, a partir del 1º de enero de 2002 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara”.

Que cuando fue dictada la sentencia (31 de octubre de 2001) no existían las circunstancias ocurridas a partir de enero de 2002 que sustancialmente cambiaron el marco económico y normativo, con la suspensión de la convertibilidad y la evolución de los precios internos, por lo cual la tasa de interés dispuesta era la adecuada y equitativa para el momento en que fue dictado tal pronunciamiento

Que la sentencia de Cámara no pudo considerar el punto, toda vez que temporalmente no pudo ser materia de agravio, y además -cabe recordar- no puede expedirse sobre asuntos no planteados (art. 277 C.P.C.C.N.)

Que -por tanto-  la ausencia de planteo a su hora no responde al desinterés de la parte, sino a que al momento de apelar la sentencia (noviembre de 2001) no se verificaban las circunstancias que alteraron el marco económico y normativo referido.

Que en la sentencia los fundamentos para aplicar la tasa del 12% fueron los siguientes: se consideró que era la adecuada en virtud de las facultades conferidas por el art. 622 del Código Civil, cuyo fin es mantener incólume el contenido patrimonial del pronunciamiento judicial, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Banco Sudameris c/ Belcam SA. y otro” (sentencia del 17.5.94, B.876.XXV), lo dispuesto en la ley 23.928 y en atención a las variaciones que temporalmente el mercado fue imponiendo a las personas que recurrían a las entidades financieras en busca de capital para reemplazar la falta de pago de las sumas debidas y que se tradujeran en modificaciones en las tasas aplicables.

Que el nuevo contexto económico financiero receptado por el consecuente marco normativo dictado por el Congreso de la Nación, la admisión oficial de la devaluación de la moneda nacional en una importante medida y la inflación del 30% en el primer semestre del año (según índices oficiales), torna para el juzgador un deber revisar esta cuestión a partir del 1º de enero del corriente, ya que resultaría inequitativo mantener la tasa de interés del 12% que está destinada a compensar la mora y punir la demora en el pago de obligaciones laborales.

Que la tasa de interés aplicable al caso es un accesorio, y que lo que hace cosa juzgada no es el porcentual -en el caso el 12% anual- sino el fundamento por el cual se dispone en el pronunciamiento la aplicación de un determinado interés. En el sub lite, reitero -entre otros- ese fundamento es mantener incólume el valor patrimonial. Aplicar la tasa activa simplemente apunta a mantener la obligación originaria corregida tan solo en expresión nominal para conservar así su contenido intrínseco, y cumple acabadamente con la esencia de la sentencia, esto es, con lo que el juzgador ordenó al momento de sentenciar. Debe recordarse que la cosa juzgada lo que busca es amparar más que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el juez (T. Trabajo 3 Lomas de Zamora, 28/9/87, “Gigena, Mateo c/Impresit Sideco SACIYF).

Que seguir aplicando una tasa de interés anual del 12% (1% mensual), incumpliría el fundamento de la sentencia, produciría un grave e irreparable daño a los derechos de los acreedores que verían notoriamente reducidos sus créditos (lo que a todas luces produciría un serio desfasaje) y no mantendría incólume el contenido patrimonial del pronunciamiento judicial, implicando un agravio al derecho de propiedad del acreedor, afectado la garantía de retribución justa, y resultando contrario al principio de afianzar la justicia contenido en el preámbulo de la Constitución Nacional.

Que la Corte Suprema de Justicia afirmó que “al  no ser el dinero un fin en sí mismo, sino un medio que -como denominador- común permite medir cosas y acciones muy dispares en el intercambio, la equivalencia de las prestaciones debe responder a la realidad de sus valores y al fin de cada una de ellas; cuando ese equilibrio se altera a causa del proceso inflacionario, que el menguar el poder adquisitivo de la moneda disminuye el valor real de las prestaciones, su restablecimiento exige el ajuste de la deuda; solo así queda incólume el derecho de propiedad” (CS, 2/4/87, E. 74 XXI, “Eirin, Alberto c. Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados”).

Que de acuerdo a los fundamentos esgrimidos, resolver de otro modo y atenerse en forma cerrada a la literalidad del pronunciamiento implicaría parcializar la sentencia, y en la práctica produciría que el crédito laboral se incremente entre enero y junio en el 6%, cuando la inflación alcanzó el 30%, lo cual violaría los fundamentos del fallo toda vez que de modo alguno fue lo ordenado por el juzgador que basa el pronunciamiento en la premisa de mantener incólume el valor patrimonial de la sentencia. Al respecto, la Corte sostuvo que “la actualización del importe de la condena fijado en el fallo no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real adoptada por el juez en el fallo, lo cual resultaría frustrado de no efectuarse el reajuste cuando, por culpa del deudor, aquel no es cumplido a su debido tiempo….” (CS, 23/5/89, A 256 XXII, “Alancay, Irma G. y oros c. Romeo, Fabián R. y otros”).

Que asimismo resulta ilustrativo lo resuelto por la Sala VII (22/5/1997, “Ortiz Coronel, Arturo Rubén v. José R. Latanzio SA”) al consignar que el cumplimiento de una sentencia informada por errores aritméticos o de cálculo, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, y que la cosa juzgada busca amparar más que el texto formal del fallo la solución real prevista en él, porque si los jueces al descubrir un error aritmético o de cálculo en una sentencia, no lo modificasen, incurrirían con la omisión en falta grave, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error, pues no puede prescindir de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos: “…el principio de equidad” dice Marcadé “que siempre es principio en nuestro derecho civil, no permite enriquecerse con lo ajeno y que un supuesto acreedor se quede con una suma o con una cosa que no se le debía…” (nota de Vélez Sársfield al art. 784 del Cód. Civil).

Que la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces -en cuanto servidores del derecho y para la realización de la Justicia- no pueden prescindir en modo alguno de la ratio legis y del espíritu de la norma -en este caso un pronunciamiento judicial-, ello así por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas, no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa, como de la judicial (Fallos 249:37 y sus citas).  El juez debe juzgar con equidad, porque su función no es hacer ciencia del derecho en base a especulaciones abstractas sino en hacer jurisprudencia, esto es, usar de la prudencia en la realización efectiva del derecho pues el ius y la justicia están sobre la ley positiva.

Que si la aplicación literal y mecánica de una determinada norma (en el caso una sentencia) lleva a un resultado absurdo, no querido por el propio juzgador, inequitativo, arbitrario y provoca una vulneración de derechos fundamentales del trabajador se debe recurrir a la equidad para corregir el resultado injusto, ya que adoptar otro proceder iría en desmedro del objetivo de “afianzar la justicia” plasmado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, y que es “propósito liminar y de por sí operativo, que no sólo se refiere al Poder Judicial, sino a la salvaguarda del valor “justicia” en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad”: sin justicia efectiva no hay sistema de convivencia. No hay que olvidar que como refiere Paulus “obra en fraude de la ley el que, respetando las palabras de ella, elude su sentido”.

Que en cuanto al momento en que se plantea la cuestión, cabe recordar que la Corte -en casos similares, pero referidos a la indexación- por razones de equidad y amparando el derecho de propiedad, admitió la desvalorización monetaria una vez firme el fallo, y aún a costa del principio de congruencia y de la cosa juzgada, al sostener que “no obsta a la actualización de los créditos cuyo valor real se ve disminuido por efectos de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento se ha demorado por la conducta ilegítima de quién ha permanecido deudor, doctrina que tiende al mantenimiento de la intangibilidad del crédito durante todo el proceso judicial, la circunstancia de que se hubiese formulado el pedido después de dictada la sentencia de trance y remate. Ello no importa violación de los principios de preclusión y cosa juzgada -emanación procesal de la doctrina de los actos propios- ya que el reajuste por depreciación monetaria se refiere a algo que no es sustancialmente diverso del reclamo originario de la litis, sino, como esto mismo, razonablemente traducido en valores vigentes en tiempo posterior ” (CS, 5/3/87, B 597 XX, “Banco Fabril de la Plata Coop. Ltda. (en liq.) c/ Tarabini, Humberto Modesto”). “Es procedente el reajuste por desvalorización monetaria de una condena a daños y perjuicios pese a no estar prevista en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada la posibilidad de su actualización. Ello es así, pues la determinación de valores monetarios efectuada en la sentencia traduce sólo para la oportunidad en que se dictara la significación económica de la deuda, previéndose su pago en los plazos establecidos para le cumplimiento del fallo. En los supuestos que el trámite de ejecución excede dichos plazos sin que medie cumplimiento del obligado, es justo revalorizar la cantidad adeudada para restablecer la real significación de aquella” (CS, “Mester, José”, Fallos 299:35).

Por todo lo expuesto, RESUELVO: Disponer que a partir del 1/1/02 se aplique a los créditos consagrados en la causa la tasa establecida por la C.N.A.T. mediante Acta nº 2357 del 7/5/02 modificada por Resolución 8 del 30/5/02. NOTIFIQUESE.

JULIO ARMANDO GRISOLIA
JUEZ NACIONAL     

FALLO DE LA CSJN. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 46 INC. 1 DE LA LRT.

7/9/2004. Ley de Riesgos del Trabajo. Competencia Federal. Apelación de los dictámenes de comisiones médicas. Inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 LRT.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos: “Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” (C. 2605. XXXVIII) declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 46, inc. 1) en cuanto dispone la competencia federal y determinó que la justicia provincial debe entender en las apelaciones presentadas contra dictámenes de las comisiones médicas.

Sumario:

“El citado Art. 46, inc. 1, de la Ley de Riesgos del Trabajo, censurado por el a quo fundamentalmente con base en el Art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y jurisprudencia de esta Corte, dispone: “Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual se formulará la correspondiente expresión de agravios o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador […] Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social”.”

“Desde su instalación, la Corte ha sostenido que la competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que menciona el Art. 100 -actual Art. 116- (Fallos: 1: 170; 190:170; 283:429 y 302:1209, entre muchos otros), tal como, por lo demás, lo establece la ley 27, e incluso la ley 48 para lo concerniente a la competencia apelada extraordinaria del Tribunal (Art. 15).”

“La reforma de la Constitución Nacional producida en 1994 no ha hecho más que profundizar este principio arquitectónico de nuestro orden constitucional, al precisar, como ya lo había puesto en claro la jurisprudencia del Tribunal (Fallos: 248:781, 782, considerando 1°, sus citas y otros), que el dictado de las normas mentadas en el Art. 75, inc. 12, podía asumir, sin mengua de su naturaleza común, la forma de cuerpos “unificados o separados”.”

“No es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado Art. 75, inc. 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador (Fallos: 271:206, 209, considerando 4°).”

“La Ley de Riesgos del Trabajo, en primer lugar, no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones sub lite (doctrina de Fallos: 248:781, 783, considerando 3°). Además, parece indudable que el régimen procesal que instrumenta el impugnado Art. 46, inc. 1, no puede revestir, si de intencionalidad inequívoca se trata, un carácter siquiera indicativo. En segundo término, un doble orden de circunstancias surge con toda nitidez a los fines del sub discussio: la citada ley, por un lado, regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, por el otro, de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal para sustentar una declaración de tal naturaleza (ídem paréntesis anterior). En tal sentido, la aparición de las aseguradoras de riesgos del trabajo como nuevo sujeto en los nexos aludidos, lejos de enervar este aserto lo consolida, desde el momento en que aquéllas son “entidades de derecho privado” (ley 24.557, Art. 26, inc. 1).”

“Si a todo ello se suma que la mencionada ley no tuvo otro objeto, para lo que interesa, que establecer, bien que bajo algunas modalidades propias, la regulación de un universo jurídico que, materialmente considerado, es análogo al que contemplaban las leyes 9688 y 24.028, cabe concluir en la inexistencia de razón valedera alguna para prescindir de la reiterada y ya recordada jurisprudencia de esta Corte, que reconoce carácter común a las disposiciones que rigen las relaciones jurídicas de la presente causa.”

“Toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal a normas que regularmente pertenecen al orden común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es deber indeclinable del Tribunal impedir que, a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes al concepto jurídico de autonomía (Fallos: 248:781, 783, considerando 2°, y otros). Es menester no olvidar que la reserva de la jurisdicción provincial de la que daban cuenta los ya citados arts. 67, inc. 11, y 100 de la Constitución Nacional (actuales arts. 75, inc. 12, y 116), era ajena al texto de 1853 y fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia.”

“La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado “de fuero común” (Fallos: 113:263, 269).”

“Que, en suma, la competencia federal en cuestión no encuentra otro basamento que el mero arbitrio del legislador. En consecuencia, el fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, que mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del Art. 46, inc. 1, de la ley 24.557 en el supuesto materia de este litigio, debe ser confirmado.”

Texto completo:

S u p r e m a C o r t e:
-I-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza (Sala 1ª)), denegó la apelación federal fundada, en suma, en que se centra en la interpretación de disposiciones de derecho común y público local, apreciadas en el caso razonablemente;; y en que carece de fundamentos que, amén de reiterar lo expuesto, se hagan cargo de las razones provistas por el tribunal (fs. 352/353).//-Contra dicha decisión, se alza en queja la aseguradora, por motivos que, en sustancia, reproducen los del principal. Hace hincapié en que no fue cuestionada constitucionalmente la etapa ante las comisiones médicas (cfse. fs. 104/112 del cuaderno respectivo).-

-II-
La Corte provincial confirmó la decisión de la anterior instancia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley n° 24.557 y desestimó la excepción de incompetencia de las reclamadas (cfse. fs. 52/56). Para así decidir se apoyó, en suma, en que: 1) el artículo 46 de la ley n° 24.557 contradice el artículo 75, inciso 12, de la Ley Fundamental y no () guarda razonable analogía con los supuestos en que la Corte Suprema admitió la federalización de cuestiones de derecho común; 2) no se advierte un genuino interés federal en la federalización de los infortunios laborales, constatándose claramente esa carencia en los restantes supuestos del artículo 46 de la ley n° 24.557 -incisos 2 y 3-; 3) se omite la regla constitucional de la excepcionalidad de la justicia federal y el principio de reserva jurisdiccional de las provincias cuando se admite el juzgamiento de conflictos de derecho común entre particulares fuera del ámbito local (arts. 5, 116, 117 y 121, C.N.); y, 4) las aseguradoras de riesgos del trabajo -A.R.T.- son entidades privadas con fines de lucro sujetas a la normativa sobre sociedades comerciales, no entes de la administración central. Hace hincapié en que la decisión no declara la inconstitucionalidad de la etapa de conciliación previa obligatoria ni del trámite ante las comisiones médicas de los artículos 21 y 22 de la ley n° 24.557; y en que, dado que la justicia federal mendocina se abstiene de conocer en estos casos por entender inconstitucional la asignación de competencia en la materia, se suscitaría una denegación de justicia de no admitir los tribunales locales tal aptitud jurisdiccional (fs. 288/303).-Contra dicha decisión, la aseguradora dedujo recurso extraordinario (fs. 329/343), que fue contestado (fs. 345/349) y denegado -reitero- a fs. 352/353, dando origen a esta queja.-

-III-
En síntesis, la recurrente aduce que la sentencia es arbitraria y que, por razones aparentes, lo priva de ser juzgado por los magistrados previstos en el artículo 46.1 de la ley n° 24.557, lo que transgrede las garantías del juez natural y debido proceso receptadas en el artículo 18 de la Constitución Nacional así como los principios derivados de los artículos 126 y 75, inciso 12 -poderes delegados y potestades del poder legislativo- de igual ordenamiento. También arguye que se le ha denegado el acceso a la jurisdicción federal.-Funda, substancialmente, su alegación en que: a) la Corte Suprema asintió al dictado de reglas procedimentales por el Congreso de la Nación cuando resulta necesario para asegurar la eficacia de derechos materiales consagrados en disposiciones comunes; b) la legislación sobre riesgos del trabajo configura un todo cerrado y coherente -en el plano sustantivo y procesal- como un subsistema de la seguridad social; c) la Corte -a partir de Fallos: 247:646- asintió a la legitimidad de tribunales administrativos como las comisiones médicas de la ley n° 24.557, en tanto se asegure un control judicial suficiente, encomendado aquí a la justicia federal; d) los regímenes sobre riesgos laborales -ley n° 24.557-; jubilaciones y pensiones -ley n° 24.241- y obras sociales -ley n° 23.660-, forman el sistema de la seguridad social, atenidos al imperativo constitucional del artículo 14 bis en orden a la provisión de beneficios integrales e irrenunciables; e) la conformación de un sistema nacional de seguridad social, apoyado en los artículos 14 bis, 75, inciso 12, y 126 de la Norma Fundamental, constituye un fin federal genuino que legitima la federalización de la materia; f) la ley de riesgos del trabajo confió el funcionamiento y la supervisión del sistema a órganos federales (comisiones médicas, juzgados federales, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, etc.), cuya actuación se pretirió en la causa; g) las características del nuevo sistema instaurado por la ley n° 24.557, orientado a la prevención, reparación y rehabilitación no litigiosa del trabajador accidentado, justifica el particular diseño conferido a sus órganos y procedimientos; y, h) la garantía del juez natural no resulta agraviada por la regla en debate desde que atribuye una competencia general a órganos permanentes y preestablecidos, no una especial a una comisión ex post facto; ni tampoco la de igualdad -como se afirma en Fallos: 325:11- toda vez que se regula una situación única y particular cual es la protección de los trabajadores ante los infortunios laborales. Pone de relieve, al fin, que no se encuentra expedita la acción al haberse obviado el trámite previo ante las comisiones médicas y que la presencia de un interés federal legítimo justifica la atribución de competencia establecida en el artículo 46, acápite 1), de la ley n° 24.557 (cfse. fs. 329 /343).-

-IV-
La actora inició demanda contra su empleadora (Cerámica Alberdi S.A.) reclamando la reparación de su incapacidad laboral. Planteó en esa oportunidad, la invalidez constitucional de diversos preceptos de la ley n° 24.557 y de sus disposiciones reglamentarias; entre ellos los que obstan al resarcimiento de las secuelas incapacitantes de las enfermedades-accidentes y el que establece la jurisdicción de la justicia federal en su condición de órgano de alzada de las resoluciones de las comisiones médicas -art. 46. 1, L.R.T.- (fs. 9/11).-La empresa demandada, a su turno, con énfasis en que se obvió el trámite previo ante las comisiones médicas dispuesto en el artículo 21 de la ley n° 24.557, defendió la constitucionalidad de los dispositivos cuestionados, haciendo hincapié en que el actor objeta un precepto como el del artículo 46, sin haber ocurrido ante los órganos a cuyas resoluciones se refiere el dispositivo observado, lo que deja al planteo huérfano de agravio concreto (fs. 28/30).-La citada en garantía, más tarde, sostuvo también la regularidad en el plano constitucional de la ley n° 24.557, destacando que, la falta de ocurrencia a sede administrativa del peticionario, torna abstracto su ataque posterior al artículo 46 de la ley aludida (fs. 39/43).-La a quo, por su parte -Cámara Segunda del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza- entendió que el artículo 46 de la Ley de Riesgos de Trabajo (L.R.T.), contradice las garantías de los artículos 16 y 18 de la Ley Fundamental, amén de lo previsto en su artículo 75, inciso 12, razón por la cual declaró la invalidez del citado precepto (fs. 52/55).-Si bien en un principio la Corte provincial -por intermedio de su Sala 2ª- desestimó los recursos de inconstitucionalidad deducidos por Cerámica Alberdi (v. fs. 82/86) y La Segunda A.R.T. S.A. (fs. 107/116), so pretexto de la falta de alcance definitivo de lo resuelto (fs. 91 y 126), y, asimismo, el extraordinario federal de la citada en garantía (fs. 135/145 y 148/149); este último prosperó, finalmente, merced a la intervención de la Corte Suprema Nacional, quien, por remisión a Fallos: 324:2456- (fs. 236/247 y 257), dio lugar al pronunciamiento de la Sala 1ª de la ad quem llegado en queja (fs. 264, 267 y 288 /303).-

-V-
Se hizo alusión en Fallos: 321:1865 a las características novedosas de la organización de competencia estructurada en torno a las comisiones médicas por la ley n° 24.557, cuya intervención -se precisó- implica transitar un diseño atípico de acceso a la jurisdicción, con participación, por norma general, de las aseguradoras de riesgos del trabajo.-En Fallos 322:456, por su parte, se refirió a la peculiar aptitud de las aludidas comisiones, pasible de reexamen ante los jueces federales de provincia o, en su caso, ante una comisión médica central y con una instancia final ante la Cámara Federal de la Seguridad Social (En similar sentido, Fallos: 322:323 y 323:2730, donde se ponderó la naturaleza particular de la jurisdicción creada por la nueva preceptiva sobre riesgos del trabajo).-A su turno, en Fallos: 322:1220, se puntualizó que la nueva ley de riesgos de trabajo encomienda a las comisiones médicas creadas por ley n° 24.241, entre otras competencias, la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad; el carácter y grado de la discapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones en especie; con una instancia de apelación ante los jueces federales de las provincias o la comisión médica central y una instancia última ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.-Tras reiterar la índole peculiar de esta organización de competencia y sus posibilidades de acceso a la jurisdicción ciertamente atípicas, se precisó también allí que la nueva regla, con el propósito no declarado de disminuir la litigiosidad, organizó un sistema tendiente a que, dado un infortunio de trabajo, se brinde al afectado por medio de las aseguradoras o principales autoasegurados, en forma automática e inmediata, las respectivas prestaciones dinerarias o en especie, previéndose recién para la hipótesis de disconformidad con las mismas, la reclamación ante las comisiones médicas; extremo -en la perspectiva del pronunciamiento que se destaca- determinante a la hora de proveer a la organización administrativo-jurisdiccional instrumentada en la ley n° 24.557 y el decreto n° 717/96.-Se resaltó, por fin, que la responsabilidad en el plano administrativo y jurisdiccional del sistema descripto se depositó casi totalmente en organismos de orden federal. En el mismo orden, en el pronunciamiento recaído en los autos S.C. Comp. n° 511, L. XXXV; “Figueroa, Eva Beatriz c/ Bagley S.A. s/ ley n° 24.557”, sentencia del 04.04.00, luego de remitir al antecedente reseñado en los párrafos que anteceden (v., también, sus citas), se hizo hincapié en la inmotivada preterición por parte del actor de la etapa ante las comisiones médicas, extremo que, amén de tornar abstracta la contienda suscitada, determinó el archivo de las actuaciones; lo anterior, sin perjuicio de la instancia jurisdiccional que oportunamente pueda seguirse (Una solución semejante registra Fallos: 324:1477).-Para concluir y luego de señalar que en Fallos: 323:3771 se asintió a la índole federal de la ley n° 24.557, procede se destaque que en la ocasión de Fallos: 325:11, al describir el régimen establecido por la nueva preceptiva en materia de riesgos laborales, se dijo que la determinación y revisión de las incapacidades se halla a cargo de las comisiones médicas creadas para el sistema de jubilaciones y pensiones mediante un procedimiento gratuito para el damnificado, y sus conclusiones resultan recurribles tanto en el plano administrativo como judicial; poniéndose énfasis en que el legislador sustituyó un régimen por otro que entendió más adecuado a la realidad del momento, incluyéndolo -conforme a los avances de la doctrina especializada y de la legislación comparada- más en el terreno de la seguridad social que en el del derecho del trabajo (v. considerandos 5°y 6°).-La anterior reseña, amen de dejar manifiesto que el tema discutido fue objeto de consideración en circunstancias anteriores por V.E. y, asimismo, las líneas principales de la competencia organizada en esta materia, trasunta también la relevancia que revisten en el esquema jurisdiccional de la ley n° 24.557, las comisiones médicas de los artículos 21 y 22, puesta de resalto por ese Alto Cuerpo en la consideración provista a los citados precedentes.-Tal extremo, en tanto que el pretensor soslayó esa etapa acudiendo directamente a la justicia ordinaria y obteniendo de ella un pronunciamiento contrario a la procedencia de la jurisdicción federal a la que pretende acceder la recurrente, estimo -por de pronto- que coloca el supuesto en el ámbito de Fallos: 321:207; 323:189, 2302; 324:283, 708; entre muchos otros, en orden al carácter equiparable a definitivo del pronunciamiento por denegatoria del fuero de excepción. Ello, a mi entender, en el marco de la organización competencial novedosa a la que se ha venido aludiendo aquí, comporta la habilitación lisa y llana de la instancia jurisdiccional de la provincia soslayando que no se ha transitado en forma previa la etapa ante organismos administrativos de índole federal como las comisiones médicas (cfse. Fallos: 322:1220, etc.).-Por otra parte, y si bien la impugnante inscribe su presentación bajo una genérica referencia a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, lo cierto es que en el pleito se ha puesto en tela de juicio la validez de una ley emanada del Congreso de la Nación -art. 46.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo- y la resolución ha sido contraria a ella, lo que torna admisible el recurso extraordinario de la citada en garantía en el marco de lo previsto por el artículo 14, inciso 1°, de la ley n° 48 (v. Fallos: 314:1434; 319:2215, etc.).-

-VI-
Como bien enfatiza la sentenciadora, no se ha cuestionado aquí la preceptiva de los artículos 21 y 22 de la ley n° 24.557, que encomienda a las comisiones médicas creadas por ley n° 24.241 la determinación y revisión de las incapacidades, sino el artículo 46.1 del citado ordenamiento, que confía a una comisión médica central o a la justicia federal de las provincias -a opción del trabajador- con una instancia última ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, la revisión de las resoluciones dictadas por las primeras (Como se explicó con anterioridad, alegando portar una incapacidad de etiología laboral, el peticionario articuló su pretensión reclamando el resarcimiento de la minusvalía directamente en sede local).-En las condiciones descriptas y toda vez que -al discurrir de V.E. en algunos de los antecedentes mencionados- se ha preterido aquí, sin suministrar razones constitucionales para ello, la instancia ante las comisiones médicas, considero inoficioso el dictado de un pronunciamiento en orden a la validez constitucional del artículo 46.1 de la Ley de Riegos del Trabajo, desde que dicho dispositivo se encuentra condicionado en su aplicación a la ocurrencia previa del interesado a sede administrativa, no satisfecha, lo digo una vez más, ni justificada siquiera mínimamente, como es menester, en la presente causa.-Advierto, por otra parte, que tanto el planteo constitucional del actor concerniente, entre otros preceptos de la ley n° 24.557, a su artículo 46.1, como la ulterior admisión del mismo en sede local, autorizan a descartar que se trate el presente reclamo de una acción ajena al diseño de la ley de riesgos del trabajo y correspondiente en origen a la competencia ordinaria, desde que, en tal caso, una declaración de invalidez como la pronunciada carecería -en mayor medida aún- de propósito; extremo al que se añade que ninguna aclaración, basada en una determinada inteligencia del reclamo, se provee sobre el punto.-No obsta a lo anterior, la explicación ensayada por la juzgadora en el sentido de que el proceder del actor al acudir directamente a la justicia laboral ordinaria encuentra fundamento en el propósito de evitar se considere que media un sometimiento voluntario a un régimen legal que conlleva el camino de la justicia federal, como es el de las comisiones médicas, desde que en tal caso bastaba con postular en sede provincial la invalidez constitucional, precisamente, de los artículos 21 y 22 de la ley sobre riesgos del trabajo que organizan su intervención, amén de la normativa del artículo 46 objetada aquí en soledad, o una reserva en tal sentido al acudir a las propias comisiones médicas del distrito.-Tampoco la alusión al supuesto proceder de la justicia federal de la provincia en orden al rechazo de la atribución jurisdiccional en la materia, limitada, en el caso, a la aislada cita de un precedente.–VII-

Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente la apelación federal y revocar la sentencia.-

Buenos Aires, 4 de marzo de 2004

FDO.: Felipe Daniel Obarrio

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2004.-

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en la causa Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.”, para decidir sobre su procedencia.-

Considerando:

1°) Que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, al rechazar el recurso planteado por la citada en garantía, La Segunda A.R.T. S.A., mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1, de la ley 24.557 de riesgos del trabajo peticionada por el actor y, por ende, rechazado la excepción de incompetencia de la justicia provincial deducida por la aseguradora. Contra ello, esta última interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motiva esta queja.-

2°) Que contrariamente a lo sostenido por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, no es inoficioso pronunciarse sobre la cuestión federal señalada en el considerando anterior por haber sido preterida, sin suministrar razones para ello, la intervención de las comisiones médicas prevista en los arts. 21 y 22 de la citada ley.-Esto es así, pues si bien el trabajador actor planteó su demanda indemnizatoria ante el Poder Judicial mendocino sin haber previamente ocurrido ante dichos órganos, ello encuentra explicación en la propia sentencia del a quo. En efecto, este último ensayó la hipótesis de que el reclamante pudo haber actuado de la manera indicada “para evitar que se considerara -mal o bien- que se había sometido voluntariamente a un régimen legal que lo lleva luego automáticamente por el camino de la Justicia Federal” (fs. 292 del expediente principal, agregado por cuerda). Luego, atento a que esta consideración ha quedado firme ante la falta de cuestionamiento alguno, el Tribunal debe atenerse a ella, máxime cuando las comisiones mencionadas son “organismos de orden federal” (Fallos: 322:1220).-En tales condiciones, presente una cuestión de las previstas en el art. 14, inc. 1, de la ley 48 y siendo equiparable a definitiva la sentencia que deniega el fuero federal pretendido por la recurrente (Fallos: 324:283, entre otros), corresponde tener por admisible el recurso extraordinario, sobre todo cuando se encuentran reunidos los restantes requisitos para tal fin.-

3°) Que el citado art. 46, inc. 1, de la Ley de Riesgos del Trabajo, censurado por el a quo fundamentalmente con base en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y jurisprudencia de esta Corte, dispone: “Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual se formulará la correspondiente expresión de agravios o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador […] Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social”.-A su vez, con el propósito de delimitar el thema decidendum y, en consecuencia, los alcances del presente pronunciamiento, cuadra añadir que el reclamo del actor tiene por objeto la indemnización de la incapacidad laboral, dentro del marco reparador de la ley 24.557, que dice padecer a consecuencia del trabajo que prestó, en la localidad de Guaymallén, para la demandada, Cerámica Alberdi S.A., la cual, como se infiere de lo indicado al comienzo, citó en garantía a la ahora recurrente.-

4°) Que, según lo esclareció esta Corte para octubre de 1917, y lo sostuvo de manera constante, “las responsabilidades por accidente del trabajo a que se refiere la ley número 9688 y que nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de contratos entre patrones y empleados u obreros, son de carácter común” (Fallos: 126:315, 324 y 325:328; asimismo: Fallos: 129:223; 151:315; 162:79; 184:390; 228:537; 239:239; 242:182; 245:174, entre muchos otros), vale decir, resultan sancionadas por el Congreso con arreglo a las previsiones del art. 67, inc. 11, de la Constitución Nacional -actual art. 75, inc. 12- (Fallos: 248:781, 782, considerando 1° y sus citas). De igual manera corresponde discurrir respecto de la ley 24.028, que sustituyó a la ley 9688.-A su turno, contemporáneamente con la incorporación del art. 14 bis a la Ley Fundamental, que introdujo los derechos relativos al trabajo y la seguridad social, fue agregado previsoramente, el código “del trabajo y seguridad social” a la nómina de materias contenida en el citado art. 67, inc. 11. De tal suerte, la normativa concerniente a las dos mencionadas ramas jurídicas quedó, expressis verbis, integrada en el conjunto de aquellas otras que, si bien son del resorte legislativo del Congreso de la Nación, no alteran “las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones” (art. 67, inc. 11, actual art. 75, inc. 12).-El art. 116 de la Constitución Nacional (anterior art. 100) no es sino un explícito reforzador de la antedicha directriz, esencial de la forma federal que la Nación Argentina adoptó para su gobierno (Constitución Nacional, art. 1), desde el momento en que la competencia de esta Corte y de los tribunales inferiores de la Nación se extiende al conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos, inter alia, por las leyes de la Nación, “con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75”. De ahí que, desde su instalación, la Corte haya sostenido que la competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que menciona el art. 100 -actual art. 116- (Fallos: 1: 170; 190:170; 283:429 y 302:1209, entre muchos otros), tal como, por lo demás, lo establece la ley 27, e incluso la ley 48 para lo concerniente a la competencia apelada extraordinaria del Tribunal (art. 15). El art. 121 de la Constitución Nacional (originario art. 104) se emplaza en la misma línea.-Más aún; la reforma de la Constitución Nacional producida en 1994 no ha hecho más que profundizar este principio arquitectónico de nuestro orden constitucional, al precisar, como ya lo había puesto en claro la jurisprudencia del Tribunal (Fallos: 248:781, 782, considerando 1°, sus citas y otros), que el dictado de las normas mentadas en el art. 75, inc. 12, podía asumir, sin mengua de su naturaleza común, la forma de cuerpos “unificados o separados”.-

5°) Que, por ende, no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador (Fallos: 271:206, 209, considerando 4°).-A todo evento, las excepciones a tan terminante regla están rigurosamente condicionadas a que los efectos de esta alteración “han de ser tenidos por válidos, siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad” (Fallos: 248:781, 782/783, considerandos 1° y 2°;; 300:1159, 1161/1162, considerando 3°, y 302:1209, 1214, considerando 2° y 1552, 1557, considerando 5°).-

6°) Que, en tal orden de ideas, la Ley de Riesgos del Trabajo no satisface los mentados requerimientos. En primer lugar, la norma no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones sub lite (doctrina de Fallos: 248:781, 783, considerando 3°). Además, por lo que ha sido expresado en los dos considerandos anteriores y lo que se agregará seguidamente y dos párrafos más abajo, parece indudable que el régimen procesal que instrumenta el impugnado art. 46, inc. 1, no puede revestir, si de intencionalidad inequívoca se trata, un carácter siquiera indicativo. En segundo término, un doble orden de circunstancias surge con toda nitidez a los fines del sub discussio: la citada ley, por un lado, regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, por el otro, de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal para sustentar una declaración de tal naturaleza (ídem paréntesis anterior). En tal sentido, la aparición de las aseguradoras de riesgos del trabajo como nuevo sujeto en los nexos aludidos, lejos de enervar este aserto lo consolida, desde el momento en que aquéllas son “entidades de derecho privado” (ley 24.557, art. 26, inc. 1).-Asimismo, es perfectamente trasladable al presente litigio la doctrina enunciada por el Tribunal a propósito de la ley 9688: “la circunstancia de que la ley haya adoptado formas o bases nuevas para reglar relaciones de derecho privado nacidas de accidentes del trabajo por ser insuficientes las adoptadas por el Código Civil a las modernas necesidades creadas por el progreso industrial, no le quita ni puede quitarle su carácter de ley común destinada a reglar derechos particulares, cualquiera que fuese la denominación que se les dé” (Fallos: 126:325, 329).-Desde otra perspectiva, las alegaciones de la recurrente en torno de la inserción de la Ley de Riesgos del Trabajo en el terreno de la seguridad social nada aportan en favor de su postura, por cuanto las normas de esa disciplina, supuesto que el presente régimen sustancial cayera dentro de su ámbito, se encuentran ratione materiae expresamente inscriptas en el varias veces citado art. 75, inc. 12. De ahí que, no por ser órgano de alzada la Cámara Federal de la Seguridad Social, los preceptos que rigen, por ejemplo, una jubilación por invalidez del régimen previsional ordinario, pierdan su carácter común (v. Fallos: 325:1644, entre muchos otros). Toda vinculación que quiera establecerse entre la ley 24.557 y el mencionado régimen, en consecuencia, no debería soslayar estas relevantes circunstancias.-Tampoco acude en sustento de la federalización de la ley 24.557 cuanto quiera verse en ésta como conjuro de situaciones excepcionales. Si cada vez que se invoque una circunstancia de este tipo, o, aun, cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del art. 75, inc. 12, la reserva que éste asegura podría quedar eliminada en los hechos, cuanto más que, en períodos de transformaciones constantes, acaso muy pocas materias -si no ninguna- serían excluidas en la sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales (v. Fallos: 247:646, 668/669, considerando 17, voto de los jueces Boffi Boggero y Aberastury). De una manera semejante podría razonarse si se pretendiera inscribir a la ley 24.557 en el ámbito de las llamadas cláusulas del progreso, contenidas en los incs. 18 y 19 del art. 75 de la Constitución Nacional.-A su turno, si bien no es descartable que el arbitrio cuestionado pretenda justificarse por su finalidad, esto es, el logro de un mayor grado de uniformidad en la interpretación y aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo en el plano judicial, al detraer este cometido de las justicias provinciales, no por ello sería inmune al reproche de inconstitucionalidad. En rigor, el argumento probaría demasiado puesto que, en definitiva, no habría materia alguna de las contenidas en el art. 75, inc. 12, que pudiera escapar a los aludidos propósitos, con lo cual, so color de esto último, el precepto podría quedar vacío de todo contenido y, en consecuencia, desbaratado irremediablemente el sistema federal. La búsqueda de dicha finalidad, en todo caso, cuenta con diversos caminos, entre otros, la cuidada elaboración de los textos legislativos destinados, como ocurre con la legislación común, a regir de manera general y estable en todo el territorio de la República, pero nunca el celosamente vedado por la Constitución Nacional.-Por lo demás, no se advierte ningún motivo para pensar, o siquiera sospechar, que la protección de los intereses que la ley 24.557 pone en juego, dejaría de ser eficaz a través de la interpretación y aplicación por la justicia que las provincias organizaran dentro del molde constitucional (v. Fallos: 247:646, 668/669, considerando 17, voto de los jueces Boffi Boggero y Aberastury). Por lo contrario, un buen número de motivos militan en apoyo de la tesis opuesta.-Si a todo ello se suma que la mencionada ley no tuvo otro objeto, para lo que interesa, que establecer, bien que bajo algunas modalidades propias, la regulación de un universo jurídico que, materialmente considerado, es análogo al que contemplaban las leyes 9688 y 24.028, cabe concluir en la inexistencia de razón valedera alguna para prescindir de la reiterada y ya recordada jurisprudencia de esta Corte, que reconoce carácter común a las disposiciones que rigen las relaciones jurídicas de la presente causa.-

7°) Que toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal a normas que regularmente pertenecen al orden común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es deber indeclinable del Tribunal impedir que, a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes al concepto jurídico de autonomía (Fallos: 248:781, 783, considerando 2°, y otros). Es menester no olvidar que la reserva de la jurisdicción provincial de la que daban cuenta los ya citados arts. 67, inc. 11, y 100 de la Constitución Nacional (actuales arts. 75, inc. 12, y 116), era ajena al texto de 1853 y fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia. Muy poco se habría avanzado en el país, cabe agregar, si todo el celo de los constituyentes de 1860 pudiese malograrse al poner en manos de una decisión legislativa, por elevada que fuese su finalidad, la suerte de las autonomías provinciales y, con ello, el sistema federal de gobierno (v. Fallos: 247:646, 669, considerando 18, voto de los jueces Boffi Boggero y Aberastury). Es por ello que esta Corte, tal como lo recordó oportunamente (Fallos: 271:206, 210, considerando 7°), ha reconocido desde antiguo la amplitud en el ejercicio de esas facultades reservadas. Así, ya en 1869, estableció el principio fundamental de que las provincias conservan su autonomía en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación (art. 104 de la Constitución Nacional, actual art. 121) -Fallos: 7:373- para afirmar, en 1922, que esas facultades reservadas “son idénticas en esencia y alcances a las mismas facultades del Gobierno central” -Fallos: 137:212-.-La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado “de fuero común” (Fallos: 113:263, 269).-

8°) Que, en suma, la competencia federal en cuestión no encuentra otro basamento que el mero arbitrio del legislador. En consecuencia, el fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, que mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1, de la ley 24.557 en el supuesto materia de este litigio, debe ser confirmado.-

Por cierto que, tal como fue advertido en otros casos relacionados con problemáticas emparentadas con la presente (vgr. Fallos: 271:206, 209/210, considerando 6°), este resultado no es incompatible con los precedentes del Tribunal en los que se dispuso conferir competencia a la justicia federal en supuestos análogos al sub examine (por ejemplo Fallos: 322:1220), toda vez que en ellos no se había planteado la concreta cuestión federal ahora examinada, ni la causa había llegado al Tribunal por vía de recurso, sino que se vinculaban con conflictos de competencia resueltos con arreglo a lo establecido en el art. 24, inc. 7, del decreto-ley 1285/58.-

Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente la queja y admisible el recurso extraordinario denegado, y se confirma la sentencia apelada en cuanto fue objeto del agravio tratado, con costas a la recurrente (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito (fs. 115), agréguese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase.//-

Fdo.: ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – CARLOS S. FAYT – ANTONIO BOGGIANO – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO