LA RESPONSABILIDAD LABORAL Y EL PLENARIO “RAMIREZ, MARIA ISIDORA C/RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS S.A.

By | 17 enero, 2013

Por Ricardo Diego Hierrezuelo

El 3 de febrero de 2006, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó el Plenario Nº 309 en los autos caratulados “Ramírez, María Isidora c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro s/ despido”, por el cual se resolvió que es aplicable el art. 705 del C. Civil a la responsabilidad del art. 30 L.C.T., el que encubre un debate más amplio que se traduce en la posibilidad, en nuestra disciplina, de condenar al deudor solidario, si no se demandó o se desistió de la demanda contra el empleador.
Cabe destacar, en primer término, que los alcances del plenario son limitados, ya que se restringen a los supuestos de cesión total o parcial del establecimiento, y a los de contratación o subcontratación previstos en el art. 30 de la L.C.T., y no se proyectan al resto del articulado de la L.C.T. donde también se impone la solidaridad. Y esta cuestión no es menor, porque por ejemplo la Dra. García Malgarejo, si bien votó por la afirmativa, aclaró que ello no implica abrir juicio de valor alguno de ningún tipo sobre la solución que eventualmente corresponda en otros supuestos en que la ley establece la solidaridad. Aún cuando la doctrina y la jurisprudencia está conteste en extender esta interpretación a los casos de interposición e intermediación dispuestos en los arts. 14 y 29 de la L.C.T., todavía quedarían sin resolver los supuestos de interrelación (empresas de servicios eventuales), subordinación y relación (empresas controladas y conjunto económico), transferencia del establecimiento, cesión del personal y extensión de responsabilidad a los socios, directores y gerentes de sociedades comerciales, en los cuales la discusión se podría seguir manteniendo.
Ahora bien, la postura mayoritaria realiza una fundamentación estrictamente jurídica y justifica su posición en la inexistencia de recepción en nuestro derecho de la solidaridad propia e impropia que se le imputa al derecho romano. Asimismo, invoca como precedente un fallo dictado por la C.S.J.N. en la causa “Cabeza, Audelia y otros c/ Sanz y Cía. y otros s/ recurso extraordinario” (Fallo 306-2:1421 in fine).
El Fiscal General Dr. Eduardo Alvarez  quien defendiera la postura mayoritaria, sostuvo que la característica esencial de esta tipología de las obligaciones reside en el derecho del acreedor a exigir a cada deudor el pago íntegro, vale decir, en la posibilidad irrestricta de demandar, como diría Jorge Joaquín Llambías, a todos, a algunos o a uno en particular, sin decir por qué (ver “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones” T. II, págs. 452, Edit. Abeledo Perrot). El art. 699 del Código Civil resalta esta faceta como base de la definición misma y establece que una obligación es solidaria cuando “… la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley… ser demandada a cualquiera de los deudores…”. El art. 705 del Código Civil, que se menciona en el interrogante de la convocatoria, es clave en la dinámica propia de estas obligaciones. Vélez Sarsfield hace confluir, en un solo texto, la traducción que hizo Andrés Bello de los arts. 1.200; 1.203 y 1.204 del Código Civil Francés y la norma abunda en la descripción de las potestades del titular del crédito. La disposición legal reitera con énfasis que el sujeto activo del vínculo “…puede exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos…” y aclara que si se reclamó “…el todo contra uno de los deudores y resultase insolvente, puede reclamarlo contra los demás…”.
Señaló que esta característica hizo que Josserand, al comentar la solidaridad pasiva como manifestación de las obligaciones con sujetos múltiples, sostuviera que lo trascendente y definitorio cuando se menciona la expresión “obligación solidaria” es el derecho del acreedor a elegir, con libertad, sin condicionamientos, a quien se persigue para el cobro, en función de una estrategia que a nadie tiene que justificar. Donde hay solidaridad, dice Josserand, hay elección libre del acreedor y esta elección se funda en que en las obligaciones solidarias “no hay un deudor principal, todos son deudores principales” (“Quatre Lessons du Droit Civil”, págs. 235, Edit. Dalloz, Paris, 1967, 4 Edic.). Esta afirmación última es decisiva y permite comprender algo que señalaba desde la cátedra de Derecho Romano el recordado Luis María Berrotarán, quien fuera titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 72: Las obligaciones solidarias son una superación histórica de la fianza, ya que se crea un vínculo en el cual todos los deudores son principales pagadores y no existe el beneficio de excusión, o sea no hay que convocar primero a alguno de los sujetos pasivos, ni traerlo a juicio, ni procurar cobrarle antes ejecutando su patrimonio.
Expresó que el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también se cita en el temario que nos reúne, impone de una manera inequívoca la responsabilidad solidaria, como medio para proteger al trabajador (acreedor), en el marco de una segmentación del proceso productivo que, más allá de su legitimidad, puede traer aparejada, al menos en el terreno de las hipótesis, la afectación o licuación de la solvencia. El Derecho del Trabajo, para tutelar al dependiente, recurrió a una institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones solidarias) que, como vimos, fue precisamente pensada para garantizar el cobro, potencializar la responsabilidad patrimonial y evitar la necesidad de tener que reclamar el pago a una persona determinada cuando se sabe que es ocioso o, simplemente, no se la quiere perseguir. Nuestra disciplina no es autosuficiente, ni tiene una autonomía plena y cuando una norma laboral dice “responsabilidad solidaria”, se está refiriendo a las pautas normativas del Código Civil, al igual que cuando dice “pago”, o “persona jurídica de existencia ideal”. Existe, entonces, como lo advirtiera Justo López, una vocación de aplicabilidad de las normas civiles, que sólo puede ceder ante dos circunstancias concretas: a) La presencia de una norma laboral expresa distinta y b) La incompatibilidad de la norma civil con principios generales del Derecho del Trabajo (ver “Incidencia del Derecho Civil en el Derecho del Trabajo”, en Legislación del Trabajo XXX – 194). En la Ley de Contrato de Trabajo no existe un régimen específico y distinto de la responsabilidad solidaria y no se advierte incompatibilidad alguna entre lo dispuesto por los arts. 669 y 705 del Código Civil y el principio protectorio. Muy por el contrario, la doctrina coincide, de una manera unánime, en que el art. 30 de la L.C.T. esta destinado a garantizar el cobro de los créditos, para lo cual crea sujetos pasivos múltiples, aún en la ausencia de fraude o ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente (ver Hugo Carcavallo “Los alcances del art. 30 de la L.C.T.”, en Revista de Derecho Laboral 2001 – I; Justo López “La solidaridad en las relaciones obligatorias laborales”, en Revista de Derecho Laboral, Editorial Rubinzal Culzoni, 2001-1, págs. 9 y sgtes.; Juan Carlos Fernández Madrid “Tratado de Derecho del Trabajo” T. I, págs. 925 y sgtes., Edit. La Ley y la reseña allí efectuada).
En consecuencia, consideró que corresponde aplicar las claras disposiciones del Código Civil, cuyos alcances he reseñado y no cabe privar al acreedor laboral de ese derecho esencial de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias y que consiste en demandar, como diría Llambías en la obra ya citada a todos (empleador y contratista), o a uno (el contratista o el empleador).
Finalmente, criticó la postura tradicional por cuanto la misma: 1) Carece de todo respaldo normativo; 2) Implica la creación voluntarista de un sistema autónomo de responsabilidad solidaria que n responde a ninguna disposición del ordenamiento; 3) Prescinde de lo esencial en materia de solidaria pasiva, que es el principio de libre elección del acreedor, que puede demandar “a todos, a algunos o a uno”, al mismo tiempo o en forma sucesiva; sin tener que explicar el porque; 4) Incurre en el error de aludir a obligados “principales” y “vicarios” o “accesorios” cuando lo que caracteriza a la solidaridad es la ausencia de un “deudor principal”; 5) Impone para los trabajadores un régimen de menor beneficio, peyorativo en relación con lo dispuesto en el Derecho Civil, al privarlos de la posibilidad de optar y conminarlos a reclamar al empleador, al que se lo erige como deudor principal; 6) Materializa una diferencia de trato hacia el acreedor laboral, que consagra una inadmisible discriminación, porque el trabajador es el único titular de una obligación solidaria en el país al cual un órgano jurisdiccional le exige ejercer una conducta con un contenido preciso: incluir al empleador en el reclamo (ver fundamentos del Fiscal General).
Además de los sólidos fundamentos vertidos por el Dr. Eduardo Alvarez, entre los votos de la mayoría merecen destacarse los de los Dres. Guibourg, Scotti, Catardo, Rodríguez Brunengo y Ferreirós, a los que me remito por su claridad conceptual.
Así Guibourg, luego de desconocer la solidaridad impropia reiteró y ratificó su postura sentada en el artículo “Las obligaciones solidarias en el derecho laboral” (LT XXVI-1978, pág. 969). Manifiestó que a pesar del tiempo transcurrido, sigue sosteniendo lo que entonces sostenía; y no por tozudez, sino porque el artículo 705 del Código Civil ha mantenido desde entonces el mismo texto, que autoriza expresamente al acreedor a demandar su crédito de cualquiera de los deudores solidarios, a su elección y sin la condición de hacerlo conjuntamente. Adviertió las diferencias que subsisten entre los deudores y de las dificultades que puede enfrentar el vicario si se lo demanda por separado, pero indica que las mismas no son suficientes para introducir por vía pretoriana, en perjuicio del trabajador, una distinción que la ley no autoriza; y las mencionadas dificultades, que el legislador no pudo dejar de considerar a la hora de crear las leyes civil y laboral, pueden prevenirse mediante una actuación prudente, pueden mitigarse mediante el uso adecuado de las instituciones procesales y, en última instancia, forman parte del riesgo que la ley -en cumplimiento del principio protector- quiso alejar de la parte más débil.
Scotti, luego de destacar que no existe en el ámbito de nuestra disciplina una regulación específica en torno al concepto de solidaridad, por lo que parece obvio que deba recurrirse a los postulados del derecho común con relación a este tema; afirmó que no parece adecuado, a falta de disposición expresa sobre el punto, examinar una institución como la de la “solidaridad” (incorporada a nuestro ordenamiento laboral para proteger adecuadamente el derecho de los trabajadores) con un prisma restrictivo y, para más, asimilándola a regulaciones inexistentes en nuestro derecho o que se refieren a instituciones diametralmente opuestas. A esto agregó que no deja de resultar paradójico que -rigiendo para ambos los mismos preceptos- los obstáculos que nadie se atrevería a oponerle a un acreedor civil o comercial que enfrente a codeudores solidarios, se constituyan en escollos insalvables para el trabajador en relación de dependencia.
Finalmente, Ferrreiros entendió que no existe un régimen de duplicación de responsabilidad solidaria, sino que el único existente se encuentra en el Derecho Civil y consideró que es el que se debe aplicar. Agregó que se deben dejar de lado los resabios de un derecho antiguo y aplicar la ley (que no hace distinción alguna) la moderna doctrina y la actual jurisprudencia predominante.
Por su parte, la minoría mantuvo la tesis tradicional que tiene en cuenta tanto el aspecto procesal, como la disímil situación jurídica que se aprecia entre los distintos sujetos que componen el vínculo jurídico obligacional. Se insiste en sostener que del juego de los arts. 523, 524, 525, 689 y 717 del Código Civil, se desprende que no se puede condenar al deudor accesorio obligado si no se condena al deudor principal porque se trata de una obligación mancomunada con solidaridad impropia.
Conviene centrar la atención en los fundamentos vertidos por los Dres. González, Morando y Corach, quienes reflejan claramente y con sólidas argumentaciones, el pensamiento de la minoría plenaria. Así, para la Dra. González  no puede considerarse que ambos deudores se encuentren en un mismo plano, ya que uno resulta ajeno al vínculo obligacional que une al trabajador con su empleador, por lo que ante una demanda que sólo lo involucre a él no podría articular ninguna defensa de fondo en cuanto a los presupuestos de hecho  y de derecho, lo que podría llevar a afectar la garantía de defensa en juicio, sin que la citación del empleador como tercero ni la mayor exigencia probatoria  permitan conjurar los efectos perniciosos de la postura cuestionada. Por su parte Morando, luego de resaltar la imposibilidad de responder en forma unívoca en los términos en que fuera planteado el recurso de inaplicabilidad de ley, entendió que el art. 30 de la L.C.T. sería uno de los supuestos (conjuntamente con los delitos civiles y la solidaridad cambiaria) en que las normas comunes no tienen aplicación total. Para sustentar su postura sostuvo que no existe ni identidad de causa entre la obligación de empleador y la del empresario principal. Aquél responde por incumplimiento de una obligación contractual; éste, por inobservancia de ciertos deberes de contralor, enderezados, genéricamente, a combatir la evasión de cargas fiscales y parafiscales. Finalmente, para Corach el obligado directo es el empresario principal y para que pueda declararse la existencia de solidaridad es necesario que ella haya sido expresamente invocada; razón por la cual es improcedente la condena al empresario principal en forma directa.
Sin dejar de admitir que en la realidad la situación de ambos deudores al pago es disímil, mantengo mi posición original en el sentido que no existe obstáculo legal que le impida al trabajador-acreedor demandar indistintamente al empleador-deudor o a cualquier de los deudores solidarios.

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