FALLO PLENARIO N° 310 CNAT (1/3/2006): INDEMNIZACIÓN DEL ART. 16 DE LA LEY 25561 EN LOS DESPIDOS INDIRECTOS.

By | 17 enero, 2013

Por Julio Armando Grisolia

I- INTRODUCCIÓN

El art. 16 de la ley 25.561 y los distintos decretos han generado varios interrogantes y a ellos me referí en otras publicaciones . Uno de ellos era elucidar si resultaba aplicable al despido indirecto. En distintos fallos, artículos de doctrina y conferencias tuve oportunidad de expedirme entendiendo que el incremento indemnizatorio establecido en el art. 16 de la ley 25.561 comprende tanto los despidos directos como los indirectos.
Las distintas Salas de la CNAT con la salvedad de la Sala VIII habían entendido que se aplicaba también al despido indirecto, y así lo reiteraron los magistrados en el fallo plenario; ver entre otros, Sala II, “Ramírez, Darío c/ Vadelux SA”, 25/2/2004; Sala III, , “Seguí, Gregorio Alberto v. Morixe Hnos. SA, 31/5/2004”, Vergara, Rolando A y otros v. Freddo SA, 14/10/2004; Sala IV, , Piraino, Valeria K. v. Ultimate System SA, 26/6/2003; Sala VI, “Palavecino, Sarita del Carmen v. Messina Luisa Susana y otro”, 9/2/2005;  Sala VII, “Valdebenito, Marcelo c/ San Sebastián SA, 7/5/2004; Sala IX, Henriquez, Juan G. v. Li Hong Ma, 15/7/2003; Sala X, Samah, Daniel J v. Editorial Atlántida SA, 14/6/2004; “Álvarez, Hernando c/ AG Limpieza integral SA, 11/4/2003.
En cambio, la Sala VIII había sostenido que el art. 16, ley 25.561, al disponer la suspensión de los despidos, literal y sustancialmente, se ha referido a los actos de denuncia del contrato de trabajo por parte del empleador. Si bien los dichos actos generan las mismas consecuencias indemnizatorias (art. 246 LCT), ello no significa que, a todos los efectos, “despido” y “despido indirecto” sean conceptos jurídicos idénticos. La opinión que los asimila, incluso a los efectos del mentado artículo, conduce al absurdo, ya que la duplicación de las indemnizaciones por despido que prevé constituye la sanción de una conducta perfectamente definida por la norma: despedir sin justa causa transgrediendo la suspensión que establece y, en los supuestos de despido indirecto, el empleador no incurre en la conducta descripta. El despido indirecto con justa causa genera en cabeza del denunciante el derecho a la percepción de las indemnizaciones por despido y sustitutiva del preaviso, como lo dispone el artículo 246 LCT, pero es un acto jurídico extintivo de la relación de trabajo diferente al que denominamos “despido”, que, justificado o no, consiste en la denuncia del  contrato de trabajo emanada del sujeto empleador (24/11/2004, “Gallardo, Sebastián Mariano c/ Ivax Manufacturing Argentina y otros).
Por el contrario, las demás Salas habían considerado que el argumento de que el agravamiento indemnizatorio contemplado en el art. 16, ley 25561 no es aplicable a los casos de despidos indirectos no puede ser admitido, ya que tal parecer posibilitaría a los empleadores la vulneración de la disposición legal en análisis mediante la generación de situaciones que hicieran insostenible para los trabajadores la prosecución de la relación laboral y, en consecuencia, no les quedase más remedio que considerarse despedidos. La norma se refiere a todas las indemnizaciones cuya causa directa e inmediata sea el despido, sea éste directo o indirecto (28/2/2005, Sala III, “Murillas, Alberto Daniel C/Estancia El Solitario SA”).
No hay motivo para excluir al despido indirecto, ya que produce idénticos efectos que los derivados del despido decidido directamente por el empleador tal como lo prevé la LCT. Cuando la ruptura de la relación es realizada por el dependiente, cabe partir de la premisa que tal obrar es consecuencia del proceder adoptado por el principal, toda vez que es el empleador quien adopta un incumplimiento de tal magnitud que equivale a disponer la ruptura del vínculo (27/09/2004, Sala X, “Migliano Carlos Roque c/D.P.A. S.R.L. y otro).
La ley 25.561 suspende “… los despidos sin causa justificada…”, disponiendo que “en caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les corresponda, de conformidad con la legislación laboral vigente”. No hay duda que la “legislación laboral vigente” asimila el despido indirecto provocado por las injurias del empleador, al despido incausado dispuesto por voluntad de éste. Una interpretación distinta conllevaría la admisión de que le bastaría al empleador injuriar a su dependiente, para liberarse de pagar la indemnización establecida en la ley (4/3/2004, Sala IV, “Marcial, Andrés c/ Efeyan Carlos y otro “).
La indemnización prevista por el art. 16, ley 25.561 también debe aplicarse cuando el trabajador se da por despedido fundando tal actitud en diversas injurias del empleador (falta de pago de salarios, modificación de las condiciones de trabajo en caso del delegado, etc.), dado que resolver lo contrario, fomentaría al empleador a “provocar” el despido, lo que resultaría menos oneroso, finalidad ésta última que no entra dentro de los objetivos de la norma mencionada (7/5/2004, Sala VII, “Valdebenito, Marcelo c/ San Sebastián SA “).

II- FALLO PLENARIO 310 DE LA CNAT

La jurisprudencia mayoritaria en el país se había expedido afirmativamente y en ese sentido también lo hizo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que el 1/3/2006 dictó el Fallo Plenario N° 310 (Acta N° 2454) en autos “Ruiz, Víctor Hugo c/ Universidad Argentina de la Empresa U.A.D.E. s/ despido”. El Fallo Plenario estableció la siguiente doctrina: “Resulta aplicable la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 16 de la ley 25.561 en los casos de despido indirecto”.
Por la afirmativa, constituyeron mayoría los Dres. Guibourg, Capón Filas, Porta, García Margalejo, Corach, Ruiz Díaz, Fernández Madrid, Zapatero de Ruckauf, Morell, Eiras, González, Balestrini, Ferreirós, Guisado, Pasini, Guthmann, Catardo, Rodríguez Brunengo, Puppo, Vilela, Moroni, Scotti, Pirroni, Zas y Vázquez Vialard. Por la negativa, constituyeron minoría los Dres. Morando y Lescano.
Al respecto, cabe destacar lo expresado por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Dr. Eduardo Alvarez-, al afirmar que: “…El ordenamiento equipara “los costos” entre el despido directo y el indirecto para evitar que el empleador “injurie” al dependiente, como forma de obtener su alejamiento de la empresa y conseguir, de una manera elíptica, que se torne “más barato” el resarcimiento…Existe, pues, una suerte de principio de “igualación de los efectos”, emergentes de las distintas tipologías extintivas, para utilizar la expresión de Justo López, tan clásica como barroca (Justo López, “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, 2da. Edición, Edit. Contabilidad Moderna, págs. 1.269 y sgtes.)…Esta Cámara, desde los tiempos remotos () siempre consideró que los trabajadores tenían derecho a las “indemnizaciones agravadas” o “especiales”, en caso de despido indirecto, no () sólo porque la extinción produce idénticos efectos con independencia de la iniciativa resolutoria, sino porque, de no ser así, bastaría al empleador proceder de una manera injuriante para disminuir su responsabilidad indemnizatoria..”.
“…La jurisprudencia admitió, sobre la base de lo ya reseñado, el derecho al cobro de las indemnizaciones especiales por rescisión vinculada a la maternidad, el matrimonio, o a la actividad sindical, aun en las hipótesis de despido indirecto…Los razonamientos expuestos son aplicables al régimen que prevé una doble indemnización y al que se alude en el temario que nos reúne porque, como lo ha destacado con claridad la Sala II en la sentencia 92.324 del 25/2/2004, recaída en autos “Ramírez, Darío c/ Badelux S.A.”, también en esta hipótesis, el empleador podría intentar injuriar a quien se quiere despedir para terminar motivando una resolución indirecta, ahorrar costos y vulnerar la teleología de la ley 25.561…Este Ministerio Público se ha pronunciado en diversas oportunidades con los alcances descriptos (ver, entre otros, Dictamen Nro. 38.808 del 1/9/2004, en autos “Meza, Nicolás Mauro Manuel c/ Coto C.I.C.S.A.”, Expte. Nro. 14.764/03, del registro de la Sala X; etc.) y, siguiendo los lineamientos tradicionales, propongo una respuesta afirmativa al interrogante que nos convoca…”.
Algunos de los fundamentos de la mayoría en los distintos votos, sin perjuicio de lo expuesto en pronunciamientos anteriores, son los siguientes.
-Dra. Porta: “…en nuestro ordenamiento legal la ruptura del contrato laboral por parte del trabajador fundado en justa causa, tiene los mismos efectos y consecuencias que cuando se trata de un despido dispuesto por el empleador sin justificación (art. 246 de la L.C.T.). Ello es así, ya que la denuncia del contrato por parte del trabajador, tiene su origen en el obrar del principal, pues es el empleador quien incurre en un incumplimiento contractual de tal magnitud que equivale a disponer la ruptura del vínculo y por lo tanto los agravamientos indemnizatorios previstos para el despido sin causa justificada, son procedentes también en la hipótesis de despido indirecto, porque de lo contrario bastaría al empleador hacer intolerable la ejecución de la relación de trabajo para el empleado, obteniendo por vía indirecta lo que la ley le veda hacer directamente…”.
-Dr. Corach: “…la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25.561, se estableció para los despidos producidos sin causa justificada y si se negara su procedencia en el caso de despidos indirectos se limitaría irrazonablemente la “ratio legis”, dejando en manos del empleador la posibilidad de someter al dependiente a injurias graves que tornen intolerable la continuidad de la relación laboral, con el sólo objeto de que sea el subordinado el que se considere en situación de despido y así burlar la excepcional protección legal emergente del art. 16 de la ley 25.561…”.
Dr. Fernández Madrid: “…la ley 25.561, dictada en el marco de una grave crisis socio-económica al punto que declara la emergencia en su art. 1, -en aras de tutelar especialmente el mantenimiento de los puestos de trabajo-, dispuso en su artículo 16 la suspensión de los despidos incausados y, por consiguiente, el reforzamiento de la protección contra el despido arbitrario, constitucionalmente garantizada, por lo que ante la eventual violación de la norma, sanciona la conducta empresarial con la duplicación de la indemnización. Así las cosas, los diversos incumplimiento contractuales del empleador que llevan al trabajador a considerarse en situación de despido indirecto plantean, en lo concreto, una situación idéntica a la de un despido sin causa. Del incumplimiento del principal deriva la ruptura de la relación por parte del dependiente, debiendo admitirse que tal obrar es consecuencia directa del proceder adoptado por el empleador…”.
-Dra. González: “…de la lectura del texto del art. 16 no surge diferenciación alguna al respecto, limitándose a instar la suspensión de los despidos “sin causa justificada” y en su caso, dispone el pago de una multa equivalente al “doble” de la indemnización que correspondiere al trabajador, de acuerdo con la legislación laboral vigente. No cabe duda que, de haber sido intención de los redactores de dicho texto legal la exclusión de los trabajadores que dispusieren su desvinculación con justa causa, así lo hubiesen dejado plasmado, extremo que, por simple indiferencia permite colegir que la voluntad legislativa fue la de contemplar, ambos supuestos de extinción del contrato laboral…”.
-Dra. Ferreirós: “…adelanto mi opinión en sentido afirmativo. Ello es así toda vez que tal ha sido la postura que he sostenido desde la sanción de dicha norma, en el sentido de que el amparo legal y extraordinario que recibe el despido directo con dicha norma, alcanza también al despido indirecto por la naturaleza del instituto (ver “La Ley 25.561 y la suspensión de los despidos”, pub. en ERREPAR, DLE, n° 202 junio de 2002, pág. 488; ver en igual sentido esta Sala en “Veldebenito, Marcelo c/ San Sebastián S.A.” sent. 37.494 del 7.5.04; “Parrilla, Orlando y otro c/ Cía. Elaboradora de Productos Alimenticios S.A. y otro”, sent. 38.243 del 18.2.05, entre muchos otros). -Sostener que el despido indirecto queda fuera de esta protección, sería abrir la puerta a la inaplicabilidad de este amparo al despido en general, habida cuenta que sería suficiente con que el empleador colocara al trabajador en situación de imposibilidad de prosecución del vínculo, para evitar el cumplimiento de la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 16 de la ley 25.561…”.
-Dr. Catardo: “…si bien es cierto que dada la situación económica que el país atravesaba, el principio constitucional de protección contra el despido arbitrario fue reforzado a través del mecanismo de la duplicación del costo del distracto incausado, ello para desalentar los despidos, el legislador no previó una interpretación restrictiva del término “despido”. La finalidad perseguida por el mismo era no hacer distinciones entre la decisión rescisoria dispuesta directamente por el empleador y aquélla en que el trabajador se ve compelido a ello en razón de incumplimientos de la contraparte que no permiten la prosecución de la relación laboral habida. De insistir en que el despido indirecto está exento de la duplicación sería afirmar, en detrimento del carácter protectorio que tutela al trabajador, que éste debe tolerar una situación injuriante y le daría la posibilidad al empleador de sortear el valladar del despido directo para evitar la duplicación legal. Siempre es la conducta del empleador la que, en caso de producirse despidos injustificados, sean directos o indirectos, debe soportar la carga indemnizatoria que oficia de desaliento y conservación del empleo…”.
-Dr. Rodríguez Brunengo: “…nunca tuve dudas acerca de que la duplicación indemnizatoria que establece el artículo 16 de la ley 25.561 se aplica, tanto en los casos de despido indirecto, en los que el contrato se extingue por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario, cuanto en aquéllos en los que la iniciativa de la extinción partió del empleador, sin causa justificada, o esgrimiendo una falsa causa que en definitiva no pudo probarse…Bien expresó en el caso que motiva la convocatoria el Dr. Horacio de la Fuente: “Propondré el rechazo de este agravio, ya que no veo razones para efectuar una interpretación restrictiva del mencionado art. 16, sobre todo por cuanto en amos casos existe una rescisión injustificada del contrato, imputable al empleador, se trate de un despido directo o indirecto. Voto al que lúcidamente adhirieron sus distinguidos colegas de sala, doctores Juan Carlos Fernández Madrid y Rodolfo Ernesto Capón Filas, agregándole, por añadidura, la prescindencia de tope alguno indemnizatorio, anticipándose a la rica doctrina del caso Vizzoti, en cuya misma línea me pronuncié en autos “Januario, Manuel Ricardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A. s/ despido”, Causa N° 3.791/2003, Sala VII, SD N° 38.56, del 13 de junio de 2005…”.

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