EL FRAUDE A LA LEY – LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA – LA ETICA

By | 17 febrero, 2009

por Estela Milagros Ferreirós

 

PRIMERO

QUÉ ES LA LEY Y QUE ES EL FRAUDE A LA LEY.

 

Se suele afirmar, a mi modo de ver, con bastante acierto, que la ley es un precepto común, justo, estable y promulgado. En suma, encierra igualdad de tratamiento en situaciones iguales; se formula en términos generales y está establecido por la autoridad competente.

 

De tal manera, encontramos en ella, obligatoriedad, generalidad, justicia y autenticidad.

 

Entre ellas existen algunas que excluyen la voluntad privada, y a aquellos que, en determinadas circunstancias quedan aprehendidos por ellas, se les impone, sin que puedan modificarla o sustraerse a su designios y consecuencias. He allí las leyes imperativas, a las que gran parte de la doctrina identifica con las leyes de orden público, de gran importancia en el Derecho del Trabajo. Empero, es importante tener presente, que no es tan así y que si bien toda norma de orden público es imperativa, no toda ley imperativa es de orden público, como las que imponen formas solemnes para determinados actos.

 

Lo cierto y que nos importa especialmente, es que, hoy por hoy, la doctrina es unánime en sostener que el juez puede decir que una ley es inderogable para los particulares, con lo cual la incluye entre las normas imperativas, una de cuyas especies es, sin lugar a dudas, el orden público

 

Cuando nos encontramos con leyes imperativas abundantes, como las que se advierten en el Derecho del Trabajo, suele ocurrir que no siempre esa imperatividad, sea aceptada de buen grado por todos los ciudadanos, más allá de que sea lo mejor para el conjunto social.

 

Es importante tenerlo en cuenta, habida cuenta que podemos considerar una serie de enfoques que conducen a una importante clasificación de las leyes en general, dando lugar a que podamos considerar las leyes en sentido material y formal, abarcando el primer concepto toda norma general y obligatoria, mientras el segundo refiere a aquellas que han sido sancionadas por el Congreso de la Nación.

 

También podemos referirnos a las leyes de derecho estricto y de derecho equitativo, siendo en las primeras, el precepto taxativo, sin dejar margen para apreciar las circunstancias del caso concreto ni graduar sus consecuencias, mientras en las segundas, resultan menos indeterminados los requisitos del caso regulado, dejando un cierto margen para regular las circunstancias de hecho, situaciones en las que el legislador da margen para una posible graduación de la sanción.

 

Encontramos, las leyes imperativas y las supletorias, en las cuales, las primeras, como dije, excluyen o suprimen la voluntad privada, imponiendo su regulación a los interesados, que no pueden modificarlas, ni sustraerse a sus consecuencias. Las supletorias, en cambio, respetan la iniciativa y la voluntad de los particulares o permiten introducir efectos de una regulación complementaria, para los casos en que esa voluntad no se haya exteriorizado.

 

Se puede hablar también, de leyes perceptivas y prohibitivas, dentro de las leyes imperativas; la primera es la que ordena una consecuencia jurídica forzosa, imponiendo determinados actos o prestaciones, como los alimentos; y las leyes prohibitivas; son las que prohiben algo sin pronunciar una norma jurídica positiva que haya de regir en lugar de lo prohibido.

 

Y dentro de las leyes supletorias, encontramos, las leyes complementarias y las interpretativas. Las complementarias suplen la falta o carencia de la expresión de voluntad de las partes, y las segundas, son las que tienden a determinar la voluntad de las partes cuando ella se ha manifestado de manera dudosa o incompleta.

 

Por otra parte, las leyes pueden ser imperfectas, cuando no consignan sanción; perfectas cuando sí la consignan y más que perfectas, cuando a la sanción común acumulan la nulidad del acto.

 

La importancia de poseer un cabal conocimiento de la ley y sus distintos tipos, nos ayuda, no sólo a interpretarla, sino a tener una clara visión de cuándo y cómo se ha violado.

 

Y es también central, para el tema que abordamos, comprender claramente uno de los conceptos más difíciles del derecho, tal como es el orden público. Tan compleja es su conceptualización, que a su alrededor se han elaborado una serie de doctrinas no muy claras. Empero, puede arrimarse uno a tal conocimiento, señalando que, en la actualidad, el orden público coincide con lo que interesa al orden social, o a las instituciones fundamentales del Estado.

 

Por eso, es absurdo pensar, que el orden público puede ser, jamás, un concepto ajeno al mundo jurídico, aclaro esto, porque en épocas recientes, se ha intentado introducir el concepto de orden público económico, sin advertir que la economía es una ciencia instrumental, que no pertenece al núcleo de lo institucional, sino que ayuda a su funcionamiento, y todo lo que es orden público, es núcleo.

 

En rigor de verdad, es imposible hablar de actos contrarios a la ley, como es el fraude, sin una cercanía a la ley misma, acerca de la cual, se explayaran, Platón, Aristóteles y Montesquieu mismo, cuando elabora: “Del Espíritu de las Leyes”, y se refiere a ellas como elementos de pacificación, al expresar que: “Desde el momento en que los hombres se reúnen en sociedad, pierden el sentimiento de su debilidad; la igualdad en que se encontraban antes deja de existir y cominenza el estado de guerra…, la ley, en general, es la razón humana en cuanto gobierna a todos los pueblos de la tierra; las leyes políticas y civiles de cada nación, no deben ser más que los casos particulares, a los que se aplica la razón humana.”

 

Siguiendo la idea de Montesquieu, y la del propio Platón, la ley, resulta un elemento conductor de pacificación entre los hombres, a los que el propio Hobbes, consideró como “lobos”, por el deseo de dominarse los unos a los otros.

 

De tal manera, propiamente en la naturaleza humana, yace la imperfección, que trae, necesariamente, aunque también excepcionalmente, actos contrarios a la ley.

 

De tal manera, la consecuencia de la infracción a la ley, es aplicar la sanción que ella misma señala, a los efectos de retornar al orden jurídico, que se ha visto perturbado y desestabilizado, con clara tendencia, por lo expuesto desde antiguo, a la ruptura de la pacificación

 

Es que la violación de la ley, irrumpe en el mundo jurídico, como un elemento de destrucción del tejido social; y desde siempre, el legislador, ha sabido de sus efectos altamente dañinos, tanto, para los directamente afectados, como para la sociedad toda, que aparece amenazada en su riqueza vital.

 

De allí, que el artículo 18 del Código Civil, en una norma de aplicación general, señale que: “los actos prohibidos por las leyes son de ningún valor; si la ley no designa otro efecto para el caso de la contravención.”

 

Este artículo 18, se está refiriendo, a las leyes prohibitivas imperativas, y les impone la nulidad, la cual consiste en la privación de los efectos normales del acto, como consecuencia de un vicio originario.

 

Obviamente existen otros tipos de sanciones, ya sean de carácter positivo o negativo, siendo las primeras las que imponen una conducta, y las segundas, las que persiguen por medios indirectos, coaccionar al infractor, al cumplimiento de la norma.

 

En ese andarivel, es bueno recordar, ya que algunos lo han olvidado, que el citado artículo 18 del CC, al señalar la ausencia de valor de los actos prohibidos por las leyes, se refiere a que carecen de valor como actos jurídicos, dejando abierta la via para la acción que como actos ilícitos pudiera caberles. Por otra parte, lo expuesto debe comparecerse, con el artículo 1037 del mismo cuerpo legal, ya que si este último prohibe a los jueces declarar otras nulidades de los actos jurídicos de las que en este código se establecen, a tal fin, debe tenerse en cuenta que, la nulidad genéricamente establecida en el artículo 18 de referencia, elimina toda posibilidad de contradicción y otorga a los jueces, algo que rara vez se recuerda, que es la facultad de crear nulidades virtuales. Es que la norma de nulidades general, se considera parte integrante de todas las normas de carácter prohibitivo, evitando la necesidad de establecer en cada una de ellas la nulidad correspondiente.

 

La LCT, detenta el artículo 13, que reza: ” Las cláusulas del contrato de trabajo que modifiquen en perjuicio del trabajador normas imperativas consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo serán nulas y se considerarán sustituidas de pleno derecho por éstas.”

 

De cualquier manera, y he de volver sobre el tema, existe, dentro del mundo jurídico, un ámbito de ineficacia, donde no sólo encontramos nulidades, sino que éstas, son un territorio, dentro de un contexto más amplio de ineficacia negocial, como concepto más abarcativo, del cual, la nulidad participa.

 

Allí encontramos también el concepto: ” inoponibilidad”, aparecido recién en el siglo XX, en Francia, con Japiot y Bastian y que refiere a un supuesto de ineficacia establecido por la ley, que priva a un negocio válido y eficaz, de sus efectos, respecto de determinados sujetos, a los que la ley dirige su protección. Ese sujeto, especialmente protegido, como es el caso del trabajador, recibe el derecho de ignorar para sí, la existencia del negocio jurídico, impidiendo a otros ejercer las pretensiones jurídicas emanadas del acto, con respecto a él.

 

Este artículo 13 de la LCT, establece la sustitución de pleno derecho, en un reemplazo automático de la cláusula que se haya introducido en el contrato, modificando en perjuicio del trabajador los mejores beneficios establecidos en la ley, produciendo con dicho reemplazo, la imposición de la norma legal o convencional más favorable, en una operación que se realiza, en conjunción con el artículo 7 de la misma ley.

 

Claro está que, todo ello, sin perder de vista, que en nuestra disciplina, la nulidad por objeto prohibido está siempre dirigida al empleador, mientras que la nulidad por objeto ilícito, no permite que las partes se reclamen nada con motivo del contrato.

 

En suma que, en el Derecho del Trabajo, no siempre una nulidad conlleva la cesación de efectos y muchas veces, se trata de la supresión de los efectos aviesos o “in pejus” que se pretenden, con un reemplazo automático de las consecuencias correspondientes.

 

2.- EL FRAUDE A LA LEY.

 

Tengo dicho antes de ahora que el fraude a la ley, se produce cuando, en negocios jurídicos aparentemente lícitos, por realizarse al amparo de una determinada ley vigente, denominada ley de cobertura, se persigue la obtención de un resultado analógico o equivalente al prohibido por otra norma imperativa, denominada ley defraudada. (Conf. Ferreirós-Olavarría- López Palomero, Vaquez; “El fraude y sus consecuencias jurídicas”, Ed La Rocca, Buenos Aires, 2007)

 

El vicio puede darse, tanto en la interpretación de la ley, en la eficacia o en la aplicación. Y no es lo mismo que la in fracción a la ley, ya que una cosa es el acto “contra legem”, y otra, el acto “fraude legem”

 

Son elementos insoslayables del fraude a la ley:

 

– Existencia de un negocio formalmente lícito. Allí se utiliza la norma de cobertura.

– Existencia de una ley imperativa que veda el resultado análogo

 

No se requiere la intención de defraudar, sino que resulta suficiente que haya una vulneración objetiva de los fines de la norma imperativa. Tal como enseña Mosset Iturraspe, entre otros, no se requiere ningún elemento subjetivo.

 

En ese andarivel se ha señalado, a mi modo de ver, con acierto, que para determinar si un acto es o no en fraude a la ley, hay que acudir a la causa fin y comparar los fines con los intereses. Si lo fines o los intereses de las partes, son análogos, a los prohibidos por la ley imperativa, el negocio es en fraude a ella, aunque aparezca formalmente lícito, al amparo de la ley de cobertura. Es que no se busca castigar la mala fe, sino, proteger los fines de las leyes y, aunque parezca mentira, esto trae a la mente la idea, anteriormente expresada, de Montesquieu, de cumplimiento para la pacificación, de la postergación de intereses personales, sobre los que prevalecen los intereses sociales.

 

En suma, debe haber una correspondencia entre el negocio querido por las partes y la razón de ser jurídica del negocio. Hay un tipo, al que se debe responder. Si no es así, si en el tipo legal, que es la razón de ser del negocio, se introduce un defecto que distorsiona la causa, hay fraude.

 

Así la Corte de Casación Italiana, considera que el contrato en fraude a la ley se caracteriza por las divergencias entre la causa típica del contrato elegido y la determinación causal de las partes enderezadas a eludir la norma imperativa.

 

CASOS CLAROS DE FRAUDE A LA LEY, FRECUENTES EN EL DERECHO DEL TRABAJO Y SUS CONSECUENCIAS.

A.- EL PERIODO DE PRUEBA.

 

El artículo 92 bis de la LCT, refiere, en lo pertinente: “Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso (se refiere a los tres meses del período de prueba), sin expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la extinción, pero con obligación de preavisar, según lo establecido en los artículo 231 y 232.”

 

En el caso que nos ocupa, nadie discute que el contrato de trabajo se encuentra con vida desde la celebración misma; empero, el legislador establece un periodo de carencia durante el cual, se encuentra suspendido un efecto del contrato de trabajo, que es la estabilidad. Eso se establece, con la finalidad de que se pueda probar la aptitud, en el caso del trabajador, para la función para la cual se la requiere.

 

Nos encontramos con una modalidad, que es el plazo por tres meses, que marca el tiempo de carencia del efecto indicado, y dentro del plazo con una condición que por prohibición legal, no puede ser meramente potestativa, porque sería nula; es decir no puede depender la finalidad del instituto, de la sola voluntad del empleador-obligado. La condición es que no sea apto para la función; de lo contrario, no puede aplicarse la licencia que el artículo confiere.

 

La finalidad del instituto, es la prueba; no el capricho de alguna de las partes, ni, en el caso, del empleador, por eso, ante indicios de que el despido se produce por otro motivo, corresponde la inversión de la carga de la prueba y acreditada una causal distinta de la ineptitud, el instituto cae y el contrato retoma automáticamente la estabilidad, en razón de que la suspensión de ese efecto, desaparece

 

Se habría producido un fraude a la ley, por la utilización de ella, con una finalidad distinta de la establecida por el legislador. Se estaría violando el artículo 90 de la LCT y el artículo 14 bis de la CN.

 

B.- EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 66 DE LA LCT.

 

La norma en cuestión, señala, en lo pertinente:”Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo (es decir cuando se produzca el abuso del ius variandi), al trabajador le asistirá la posibilidad de optar por considerarse despedido sin causa, o accionar persiguiendo el restablecimiento de las condiciones alteradas. En este último supuesto, la acción se substanciará por el procedimiento sumarísimo, no pudiendo innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, salvo que éstas sean generales para el establecimiento o sección, hasta que recaiga sentencia definitiva”.

 

En estos casos, se suele ver con cierta frecuencia que ante la intimación del trabajador al empleador o ante la promoción de la demanda, el principal acude al artículo 245 de la LCT y despide al reclamante.

 

En rigor de verdad, la finalidad del novel instituto, es brindar al trabajador una protección especial, mientras se ventila en los estrados judiciales, si existe abuso o no en el ius variandi.

 

De manera tal, que, si a la vez, se tiene en cuenta, que la norma del artículo 245, tiene por objeto una sanción ante el despido arbitrario como acto ilícito, no es tolerable burlar la protección del artículo 66, segundo párrafo, en su finalidad, acudiendo a la intermediación ilícita.

 

En rigor de verdad, en este caso, no nos encontramos, ante un despido arbitrario, sino ante un despido fraudulento, que no puede serle oponible al trabajador. El mismo debe caer aprehendido por el artículo 18 del CC, y el trabajador, debe ser reinstalado, por lo menos, hasta que se haya cumplido la finalidad del artículo 66, segundo párrafo que no puede ser burlada, con la utilización de otra norma.

 

Y por qué digo “por lo menos”; porque podría ocurrir que se despidiera al trabajador, al retomar éste sus tareas

 

Es oportuno recordar que la sanción que impone el artículo 245, se corresponde con los despidos, según reza la propia ley: “sin justa causa”, pero no incluye los despidos que claramente, se lleven a cabo, como un acto “de fraude” o como una “represalia”, por haber debido cumplir con un precepto legal. Igual situación se produciría, si a penas terminada la gestión de un representante legal, se lo despido sin justa causa.

 

En estos casos, existe una fuerte presunción de que existe una causa, que no es, por otra parte, discriminación, sino un claro afán de separar de la fuente de trabajo, un dependiente, que ha mantenido una protección especial que le ha brindado la ley, y que ha resultado una imposición no deseada.

 

En tal caso, la presencia de indicios de esta situación, conlleva, a mi modo de ver, la inversión de la carga de la prueba, y deberá ser el empleador, el que deberá probar, que no lo despidió como “represalia” por la detección inmediata de un derecho protectorio, que le ha molestado.

 

Después de todo, no olvidemos que el empleador no pose un “derecho a despedir” a cambio del pago de una sanción, porque esto no sería ni jurídico, ni moral, sino que, cuando despide sin justa causa es sancionado con una indemnización de daños y perjuicios, que, en muchas ocasiones es tarifada.

 

De tal manera, el despido fraudulento, es decir aquel que se produce burlando una ley de cobertura, como en el caso del segundo párrafo del artículo 66 de la LCT, conlleva la reinstalación y el despido represalia también, porque ellos no están contemplados en la sanción del artículo 245 de la LCT, que es sólo para el despido sin causa, según lo expresa la propia ley

 

Claro está que el trabajador, a los efectos, del “despido represalia”, deberá arrimar los “indicios”, conducentes a la inversión de la carga de la prueba. Es una situación similar a la que suele ocurrir con la discriminación, donde la prueba suele sufrir graves dificultades.

 

En ese andarivel, es bueno recordar, que el principio protectorio, aunque no se recuerde tanto como se debiera, está también constituido por la regla de “la facilitación de la prueba en el proceso”; y, justamente, allí, es donde cobran especial dimensión las presunciones y los indicios.

 

Las presunciones, fueron primeramente introducidas por la jurisprudencia en el Derecho del Trabajo y luego receptadas por la propia ley

Son operaciones intelectuales, nacidas de la observación de la realidad y, en ese sentido, al igual que los indicios, se fundan en la observación de hechos corrientes, de los cuales normalmente se derivan otros. Así, se veo humo, es porque hay fuego; ese es un signo indiciario. Y, por otra parte, si un menor adulto trabaja, se presume que está autorizado.

 

No termina allí, la cuestión, ya que la propia ley señala que, cuando hay prestación de servicios para otro a título personal, se presume la existencia del propio contrato de trabajo; también se generó una protección especial para la mujer embarazada, porque la realidad ha mostrado que se presume que el empleador tiende a despedirla.

 

Hasta aquí se trata de presunciones relativas que admiten prueba en contrario, al igual que la que se consigna en el artículo 55 de la LCT, cuando el empleador carece de libros o no los exhibe; asimismo la presunción de que el contrato de trabajo se celebra por tiempo indeterminado (art 90 LCT); de igual manera el silencio del empleador frente a las intimaciones del trabajador, la presunción del despido por causa de matrimonio, etc.

 

Claro está que también existen en nuestra disciplina, indicios y presunciones absolutas que no admiten siquiera prueba en contrario. En ese sentido el artículo 28 de la LCT, considera que si el trabajador estuviese autorizado a servirse de auxiliares, éstos serán considerados como en relación directa con el empleador de aquél salvo excepción expresa prevista por la ley o regímenes legales o convencionales aplicables.

 

De igual manera, obsérvese, que el artículo 36, reputa, a los fines de la celebración del contrato de trabajo, actos de las personas jurídicas, los de su representantes legales o de quienes sin serlo aparezcan como facultados para ello, Hay muchos otros casos.

 

En suma, sería bueno recordar, en materia de discriminación y de despido represalia, la regla de la facilitación de la prueba, como parte del principio protectorio, en materia probatoria, lo que le da nivel constitucional.

 

C.- LA INTERPOSICIÓN DE PERSONAS.

 

No es ocioso recordar, que el artículo 28 de auxiliares del trabajador; el artículo 29 sobre interposición y mediación, el artículo 29 bis sobre empresas de servicios eventuales, el artículo 30 sobre subcontratación y delegación y el artículo 31|, sobre empresas subordinadas o relacionadas, son verdades normas antifraude, y por eso están, para el caso de su violación, las sanciones con la solidaridad.

 

Sabido es que, generalmente, la solidaridad legal funciona de manera sancionatoria.

 

Se trata, en muchos casos, de fraude, a través de las funciones de terceros, que aparecen utilizando normas de cobertura, para violar el orden público laboral. Claro ejemplo de ello, es la utilización de empresas de servicios eventuales, para tareas no eventuales, o la cesión del establecimiento, o la subcontratación para tareas normales y específicas propias del establecimiento, sin ejercer el control, que deseche la violación de las normas correspondientes.

 

El fraude por interposición de personas, ha sido una vieja y aviesa burla a las leyes imperativas, que encierran nada menos, que la responsabilidad frente al trabajador, cuyo desplazamiento se pretende, a través de una norma de cobertura.

 

Muchos otros casos de fraude se ven a diario en nuestra disciplina, en un afán dejar de lado el orden público laboral, a través actos burladores, no necesariamente con contenido subjetivo, que van carcomiendo, no sólo los contratos de trabajo, sino, lo que es más grave, el tejido social.

 

SEGUNDO

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA.

 

No es ocioso recordar que las empresas buscan resultados económicos, porque poseen fines de lucro, pero es absolutamente necesario, acompañar tal afirmación, con la consideración que le corresponde, en el sentido de que no es ese su único fin, ni está fincada esencialmente allí su responsabilidad.

 

Recordemos, si no, que Friedman, sostuvo que una empresa sólo tiene una responsabilidad, obtener resultados económicos y que si no logra obtener beneficios, por lo menos iguales al coste de capital, es socialmente irresponsable y despilfarra los recursos de la sociedad. En la actualidad ha sido desplazado este tipo de pensamiento

 

Es que, pensar así, es renunciar a un razonamiento amplio, fecundo y social

 

Las empresas, poseen también una responsabilidad, nacida de la influencia que genera en la sociedad su propia actividad, y, por tanto, ellas generan relaciones con los ciudadanos, con la autoridades, con sus dependientes y con las familias de ellos, con el medio ambiente, con los medios de difusión ,etc.

 

La Responsabilidad Social Empresaria, (RSE), que también tiene que ver con la subsistencia de la democracia, de la educación, de la cultura, de las relaciones nacionales e internacionales, resulta de vital importancia, por su vinculación con la ética, sobre todo cuando entre la década del cincuenta y del sesenta, surge un nuevo modelo de empresa.

 

La globalización, y las crisis que se viven en distintos países, tienen mucho que ver con esto; tanto, como el alto grado de corrupción que se advierte en vastas zonas del mundo.

 

La complejidad de la situación, la expansión del hambre y de la pobreza, generaron una demanda social e inclusive una verdadera presión en el seño de algunas de ellas

 

Ha surgido, entonces, un marco histórico, geográfico, ambiental, social, cultural, que se mueve de manera crítica y reflexiva y que trae nuevas exigencias éticas.

 

Se comenzó a requerir una gestión orientada a esa ética; una gestión transparente

 

Así el Instituto Ethos de Brasil, Forum Empresa, como entidad representativa de las responsabilidad social de las Américas, la Fundación Prehumana de Chile, El

Centro Mexicano para la Filantropía de México, el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, etc, son instituciones claves, que bregan por el desarrollo de metas empresariales compatibles con el desarrollo sustentable, que se preocupan por la preservación del ambiente y de la cultura para las futuras generaciones y una visión de los negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas, las comunidades y el medio ambiente

 

Se busca obtener un amplio “set” de políticas, prácticas y programas que, integrados en la operación empresarial, soportan dignamente el peso de la toma de decisiones, respetando, de la empresa, sus dimensiones económica, social y ambiental y también la participación de grupos de interés, a fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

 

Se recorre el andarivel de los valores, de la transparencia, de la calidad de vida,, en un triángulo virtuoso de gestionar sustentablemente la relación entre los recursos económicos, ambientales y sociales, aplicados al desarrollo de su actividad

 

La idea es lograr, una visión de integralidad, un ritmo de gradualidad, una conciencia triple de creación de valor y noción de proporcionalidad, una mirada de totalidad, una orientación estratégica, un modelo de gestión y una lógica de autoaplicación y anticipación.

 

De esta manera, se reducen los costos operativos, se mejora el desempeño financiero, se fortalece la marca y la reputación, aumenta la lealtad de los consumidores, se incrementan las ventas y la productividad, junto con la calidad; se mejora la capacidad de retener y contratar los mejores empleados, se favorece el acceso al capital, etc.

 

Hay estudios serios, hecho en nuestro país, donde se concluyó que a la hora de adquirir productos, los ciudadanos evaluaron como importante, el conocimiento de los proyectos empresarios, dirigidos a la infancia, los discapacitados, las comunidades, los pobres, la tercera edad y la drogadependencia, en ese orden

 

TERCERO

LA ÉTICA

 

Bienvenidos al mundo jurídico y a la sociedad nacional e internacional, los que creen en la ética para el desarrollo de las empresas y para la convivencia de las mismas con el resto de los ciudadanos.

 

En cuanto a esa “ética”, dice Aranguren, que el objeto material de ella lo constituyen los actos, los hábitos, la vida en su totalidad unitaria y lo que de ella retenemos apropiándonoslo; es que se trata de una forma de vida.

 

Uno no puede ser ético como padre y no ético como empresario o como dependiente, o como profesional, abogado, o juez, ya que la virtud, abarca al hombre en toda su dimensión.

 

Ella refiere necesariamente a la moral o a lo moral y debiéramos preguntarnos, si se puede ser ético ´moral, violando o burlando la ley o cayendo en una anomia destructiva de la sociedad.

 

Es por eso que el fraude; la burla, la violación de la norma jurídica, destruye el tejido social y la responsabilidad y la búsqueda del cumplimiento son sanadores.

 

En ese sentido, lo reflejaba bien Ortega, que tenía como centro de su filosofía la tarea o el quehacer y que nos dejó dicho: “La moral no es una performance suplementaria y lujosa que el hombre añade a su ser para obtener un premio, sino que es el ser mismo del hombre cuando está en su propio quicio y vital eficacia. Un hombre desmoralizado, es simplemente un hombre que no está en posesión de sí mismo, que está fuera de su radical autenticidad y por ello no vive su vida, y por ello no crea, ni fecunda, ni hinche su destino.”

 

Tal vez debiéramos abordar una seria reflexión, entre todos, porque la mejor manera de honrar a los demás y honrarse a sí mismo, es henchir ese destino que nos reclama Ortega. No hemos de lograrlo, por el camino de la anomia, ni de la visión fraudulenta de nuestro quehacer, sino, entrando en quicio, en posesión de nosotros mismo, viviendo nuestra vida de manera fecunda.

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