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UN FALLO DE LA CORTE SOBRE EL DERECHO DE TRABAJAR Y LA EDAD DE LOS ESCRIBANOS.


Por el Dr. Jorge Eduardo Rizzone

El derecho de trabajar importa la libre elección de la actividad a desarrollar y tratándose de una autónoma la de permanecer en el ejercicio de ella por el tiempo que la persona desee. En este último aspecto adquiere relevancia la causa F.509.XXXVI “Franco, Blanca Teodora c/ Provincia de Buenos Aires”, resuelta el 12 de noviembre de 2002 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se debatió la validez constitucional de una norma que imponía un límite de edad a los escribanos.

La actora promovió demanda originaria de inconstitucionalidad por ante la Suprema Corte de la Justicia de Provincia de Buenos impugnado el art. 32, inc. 1°, del decreto-ley local 9020/78 que dispone la inhabilidad para ejercer funciones notariales a la edad de 75 años y, asimismo, contra la resolución del Ministerio de Gobierno de la Provincia que, con apoyo en el citado precepto, había dispuesto su cesación como titular de un registro notarial.

La corte bonaerense rechazó la demanda. Fundó su decisión en que la norma cuestionada era razonable en virtud de la condición de funcionarios públicos que se reconoce a los escribanos. Enfatizó que el carácter público de sus tareas, derivado de la facultad de otorgar autenticidad, fe pública, a los actos pasados ante ellos, no es inherente a su profesión sino que proviene de la atribución que le es delegada por el Estado. Entendió que las restricciones impuestas por el decreto – ley 9020 hallan su justificación en la particular naturaleza de las funciones notariales y no desnaturalizaban el derecho constitucional de trabajar porque guardan adecuada proporción con la necesidad de tutelar el interés público comprometido.  El fin de las funciones a determinada edad importa una limitación razonable que se aplica por igual a todos los escribanos en el ámbito provincial, por lo que no existe menoscabo al derecho de igualdad, aún si se compara la situación de aquellos con otros profesionales liberales.  Para reforzar esa conclusión hizo hincapié en el principio del numerus clausus y en la necesidad de renovación de los titulares de los registros y señaló que afectaría la igualdad ante la ley permitir que el retiro de la función notarial quedase librada por completo al arbitrio de quienes la tienen asignada por el Estado, pues el ejercicio a una edad muy avanzada que supere un plazo normal significaría una cortapisa al ingreso de quienes, por llenar las condiciones necesarias, tienen derecho a ejercerla dentro del mismo límite. Por último, recordó la tradicional doctrina de la Corte Federal sobre la gravedad que entraña la declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal que es la última ratio del orden jurídico y sólo cabe ejercerla cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y media una inconciliable incompatibilidad, lo que no se advertía en el caso.

II

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró procedente la queja y el recurso extraordinario interpuestos por la vencida, revocó la sentencia declaró la nulidad de la disposición impugnada y la consecuente nulidad de la resolución ministerial fundada en aquélla.

Para hacerlo, comenzó memorando su jurisprudencia según la cual la concesión de delicadas facultades a los escribanos tiene su necesario correlato con las exigencias y sanciones contenidas en la reglamentación de la profesión y que debe revocarse aquel atributo cuando el sujeto, mediante  su conducta, se aparte de los parámetros legales establecidos para la tutela del interés público. Por lo tanto, el Estado no puede a su capricho retirar la facultad asignada, ya que es el sujeto quien voluntariamente se margina al dejar de cumplir con los deberes a su cargo (Fallos: 315:1370; 321:2086).

Entendió el Tribunal que el art. 32 inc. 1 del decreto – ley 9020/78 no respetaba los estándares de proporcionalidad con la tutela del interés público y de no desnaturalizar el derecho de trabajar. Ello, por cuanto la norma dispone una suerte de presunción iuris et de iure de quienes llegan a la edad prevista se encuentran incapacitados para ejercer la función notarial, lo que deviene arbitrario debido a su generalidad y ausencia de base racional, con menoscabo de derechos de rango superior.

La ausencia de proporción del límite temporal se advierte, en primer lugar, si se repara en que el solo  hecho de alcanzar la edad de 75 años no refleja por sí la carencia de condiciones para cumplir la función encomendada. Por otra parte, si el propósito es impedir el ejercicio de la profesión por quienes no reúnen aquellas condiciones, tal finalidad encuentra suficiente resguardo en otras normas del decreto – ley 9020/78, según las cuales son inhábiles para el ejercicio de las funciones notariales los incapaces y quienes padecen defectos físicos o mentales debidamente comprobados que, a juicio del juez notarial, importen un impedimento de hecho (art. 32, incs. 2° y 3°). Las citadas disposiciones permiten separar a los escribanos de las delicadas funciones que les han sido delegadas, por lo que es indudable la existencia de medios idóneos para proceder a la separación en aquellos supuestos en que se genere una real inhabilidad del cumplimiento de aquéllas en condiciones adecuadas.

Por lo tanto, la norma vulnera el derecho de trabajar reconocido por el art. 14 de la Ley Fundamental y por diversos tratados internacionales incorporados a ella (art. 75, inc. 22), particularmente los arts. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, según el cual toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en la medida en que lo permitan las oportunidades existentes de empleo; 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que consagra la libre elección del trabajo y la protección contra el desempleo y 6° del Pacto Internacional de derechos Económicos, Sociales y Culturales, según el cual el derecho a trabajar comprende la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido.

También se viola el derecho a la igualdad, pues se discrimina a los escribanos en razón de la edad sin hacerse lo mismo respecto de otras profesiones que requieren título universitario y conllevan una relevancia social similar a la de aquéllos (vgr.: médicos, abogados, etc.). En las demás profesiones no existen trabas por la edad, por lo que la limitación impuesta por ese motivo a los escribanos importa una incapacidad para trabajar, ya que no es concebible que después de haber consagrado su vida a una actividad deban iniciar otra para la cual, obviamente, no cuentan con preparación.

Entendió que la situación de los escribanos no era análoga a la de los profesores de las universidades nacionales que cesan a los 65 años de acuerdo con la ley 22.207, ya que ésta, por un lado, no se refiere al ejercicio de una profesión sino a un aspecto de la relación de empleo público y, por otro, la norma no establece incapacidades absolutas ya que su ámbito de aplicación se circunscribe a los profesores ordinarios y permite acceder a las categorías de profesor emérito y consulto. Cabe recordar que en el precedente de Fallos: 307:1964 se declaró la validez de la citada ley 22.207 con sustento en que, de acuerdo con el dictamen del señor Procurador General al que remitió la Corte, no cabe asignarle carácter discriminatorio y proscriptivo, porque se trata de una disposición general que alcanza al claustro en forma unánime sin efectuar distinciones personales y no obedece a ánimo persecutorio dado que, más allá de su acierto, está concebida sólo como una pauta en principio no irrazonable de organización de la carrera docente universitaria.

Continuó la Corte señalando que cabía diferenciar entre los notarios y quienes desempeñan un empleo público, porque si bien aquéllos son asimilados a los funcionarios o agentes públicos en razón de las relevantes funciones que el Estado les delega no se hallan sometidos a las potestades de organización de la administración estatal. En rigor, los escribanos ejercen una actividad privada regulada por razones de interés público, pero no por ello pertenecen a la estructura administrativa del Estado, por lo que la profesión está reglamentada con el objeto de que sea ejercida dentro de los límites de probidad, aptitud y rectitud. Agregó que si bien es indudable que los escribanos cumplen como fedatarios una función pública, también lo es que no se presentan las características de la relación de empleo público al no existir relación de dependencia orgánica respecto de los poderes estatales cuyas plantas de funcionarios no integran, al no hallarse sujetos a un régimen de subordinación jerárquica ni estar ligados por un vínculo permanente con la administración. Por lo tanto, como se estableció en Fallos: 306:2030, son profesionales del derecho afectados a una actividad privada, dado que la concesión que el Estado les otorga no importa adjudicarles el rango de funcionarios públicos y, por ende, no están sometidos al poder discrecional con que el Estado cuenta para la organización administrativa.

III

Del fallo en examen se desprende en primer lugar que la inhabilitación para permanecer en el ejercicio de la profesión de escribano por la mera razón de la edad es arbitraria y desnaturaliza el derecho de trabajar- que como se dijo incluye la posibilidad de elegir la actividad y permanecer en su ejercicio- máxime cuando el interés público está salvaguardado por otras disposiciones de la reglamentación. En consecuencia, la restricción no respeta el standard de razonabilidad.

El derecho a ejercer la actividad encierra no sólo aspectos económicos, pues el cambio forzoso que la reglamentación impugnada en el caso conlleva implica la imposibilidad de aplicar las propias aptitudes y la necesidad de adquirir otras con las consecuencias que ello trae aparejado en el rendimiento económico del trabajo, sino también espirituales, a las que el pronunciamiento se refiere en primer término, pues frustra la inclinación de la persona (“vocación”) a determinada profesión.

Finalmente, surge que no cabe efectuar discriminaciones arbitrarias entre las distintas profesiones al reglamentarlas.

APLICACIÓN DE LA TASA ACTIVA EN RESOLUCIONES FIRMES QUE ESTABLECÍAN UNA TASA INFERIOR. COSA JUZGADA

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 66. DR. JULIO A GRISOLIA.
AUTOS “NACUSI, RAUL ROBERTO  C/ CUCCARSE, LUIS BLAS Y OTROS S/ DESPIDO” 

Buenos Aires, 10 de julio de 2002.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió el día 7 de mayo del corriente mediante el Acta 2357, modificada por Resolución 8 del 30 de mayo, lo siguiente: “Acordar que, sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001, a partir del 1º de enero de 2002 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara”.

Que cuando fue dictada la sentencia (31 de octubre de 2001) no existían las circunstancias ocurridas a partir de enero de 2002 que sustancialmente cambiaron el marco económico y normativo, con la suspensión de la convertibilidad y la evolución de los precios internos, por lo cual la tasa de interés dispuesta era la adecuada y equitativa para el momento en que fue dictado tal pronunciamiento

Que la sentencia de Cámara no pudo considerar el punto, toda vez que temporalmente no pudo ser materia de agravio, y además -cabe recordar- no puede expedirse sobre asuntos no planteados (art. 277 C.P.C.C.N.)

Que -por tanto-  la ausencia de planteo a su hora no responde al desinterés de la parte, sino a que al momento de apelar la sentencia (noviembre de 2001) no se verificaban las circunstancias que alteraron el marco económico y normativo referido.

Que en la sentencia los fundamentos para aplicar la tasa del 12% fueron los siguientes: se consideró que era la adecuada en virtud de las facultades conferidas por el art. 622 del Código Civil, cuyo fin es mantener incólume el contenido patrimonial del pronunciamiento judicial, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Banco Sudameris c/ Belcam SA. y otro” (sentencia del 17.5.94, B.876.XXV), lo dispuesto en la ley 23.928 y en atención a las variaciones que temporalmente el mercado fue imponiendo a las personas que recurrían a las entidades financieras en busca de capital para reemplazar la falta de pago de las sumas debidas y que se tradujeran en modificaciones en las tasas aplicables.

Que el nuevo contexto económico financiero receptado por el consecuente marco normativo dictado por el Congreso de la Nación, la admisión oficial de la devaluación de la moneda nacional en una importante medida y la inflación del 30% en el primer semestre del año (según índices oficiales), torna para el juzgador un deber revisar esta cuestión a partir del 1º de enero del corriente, ya que resultaría inequitativo mantener la tasa de interés del 12% que está destinada a compensar la mora y punir la demora en el pago de obligaciones laborales.

Que la tasa de interés aplicable al caso es un accesorio, y que lo que hace cosa juzgada no es el porcentual -en el caso el 12% anual- sino el fundamento por el cual se dispone en el pronunciamiento la aplicación de un determinado interés. En el sub lite, reitero -entre otros- ese fundamento es mantener incólume el valor patrimonial. Aplicar la tasa activa simplemente apunta a mantener la obligación originaria corregida tan solo en expresión nominal para conservar así su contenido intrínseco, y cumple acabadamente con la esencia de la sentencia, esto es, con lo que el juzgador ordenó al momento de sentenciar. Debe recordarse que la cosa juzgada lo que busca es amparar más que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el juez (T. Trabajo 3 Lomas de Zamora, 28/9/87, “Gigena, Mateo c/Impresit Sideco SACIYF).

Que seguir aplicando una tasa de interés anual del 12% (1% mensual), incumpliría el fundamento de la sentencia, produciría un grave e irreparable daño a los derechos de los acreedores que verían notoriamente reducidos sus créditos (lo que a todas luces produciría un serio desfasaje) y no mantendría incólume el contenido patrimonial del pronunciamiento judicial, implicando un agravio al derecho de propiedad del acreedor, afectado la garantía de retribución justa, y resultando contrario al principio de afianzar la justicia contenido en el preámbulo de la Constitución Nacional.

Que la Corte Suprema de Justicia afirmó que “al  no ser el dinero un fin en sí mismo, sino un medio que -como denominador- común permite medir cosas y acciones muy dispares en el intercambio, la equivalencia de las prestaciones debe responder a la realidad de sus valores y al fin de cada una de ellas; cuando ese equilibrio se altera a causa del proceso inflacionario, que el menguar el poder adquisitivo de la moneda disminuye el valor real de las prestaciones, su restablecimiento exige el ajuste de la deuda; solo así queda incólume el derecho de propiedad” (CS, 2/4/87, E. 74 XXI, “Eirin, Alberto c. Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados”).

Que de acuerdo a los fundamentos esgrimidos, resolver de otro modo y atenerse en forma cerrada a la literalidad del pronunciamiento implicaría parcializar la sentencia, y en la práctica produciría que el crédito laboral se incremente entre enero y junio en el 6%, cuando la inflación alcanzó el 30%, lo cual violaría los fundamentos del fallo toda vez que de modo alguno fue lo ordenado por el juzgador que basa el pronunciamiento en la premisa de mantener incólume el valor patrimonial de la sentencia. Al respecto, la Corte sostuvo que “la actualización del importe de la condena fijado en el fallo no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real adoptada por el juez en el fallo, lo cual resultaría frustrado de no efectuarse el reajuste cuando, por culpa del deudor, aquel no es cumplido a su debido tiempo….” (CS, 23/5/89, A 256 XXII, “Alancay, Irma G. y oros c. Romeo, Fabián R. y otros”).

Que asimismo resulta ilustrativo lo resuelto por la Sala VII (22/5/1997, “Ortiz Coronel, Arturo Rubén v. José R. Latanzio SA”) al consignar que el cumplimiento de una sentencia informada por errores aritméticos o de cálculo, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, y que la cosa juzgada busca amparar más que el texto formal del fallo la solución real prevista en él, porque si los jueces al descubrir un error aritmético o de cálculo en una sentencia, no lo modificasen, incurrirían con la omisión en falta grave, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error, pues no puede prescindir de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos: “…el principio de equidad” dice Marcadé “que siempre es principio en nuestro derecho civil, no permite enriquecerse con lo ajeno y que un supuesto acreedor se quede con una suma o con una cosa que no se le debía…” (nota de Vélez Sársfield al art. 784 del Cód. Civil).

Que la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces -en cuanto servidores del derecho y para la realización de la Justicia- no pueden prescindir en modo alguno de la ratio legis y del espíritu de la norma -en este caso un pronunciamiento judicial-, ello así por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas, no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa, como de la judicial (Fallos 249:37 y sus citas).  El juez debe juzgar con equidad, porque su función no es hacer ciencia del derecho en base a especulaciones abstractas sino en hacer jurisprudencia, esto es, usar de la prudencia en la realización efectiva del derecho pues el ius y la justicia están sobre la ley positiva.

Que si la aplicación literal y mecánica de una determinada norma (en el caso una sentencia) lleva a un resultado absurdo, no querido por el propio juzgador, inequitativo, arbitrario y provoca una vulneración de derechos fundamentales del trabajador se debe recurrir a la equidad para corregir el resultado injusto, ya que adoptar otro proceder iría en desmedro del objetivo de “afianzar la justicia” plasmado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, y que es “propósito liminar y de por sí operativo, que no sólo se refiere al Poder Judicial, sino a la salvaguarda del valor “justicia” en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad”: sin justicia efectiva no hay sistema de convivencia. No hay que olvidar que como refiere Paulus “obra en fraude de la ley el que, respetando las palabras de ella, elude su sentido”.

Que en cuanto al momento en que se plantea la cuestión, cabe recordar que la Corte -en casos similares, pero referidos a la indexación- por razones de equidad y amparando el derecho de propiedad, admitió la desvalorización monetaria una vez firme el fallo, y aún a costa del principio de congruencia y de la cosa juzgada, al sostener que “no obsta a la actualización de los créditos cuyo valor real se ve disminuido por efectos de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento se ha demorado por la conducta ilegítima de quién ha permanecido deudor, doctrina que tiende al mantenimiento de la intangibilidad del crédito durante todo el proceso judicial, la circunstancia de que se hubiese formulado el pedido después de dictada la sentencia de trance y remate. Ello no importa violación de los principios de preclusión y cosa juzgada -emanación procesal de la doctrina de los actos propios- ya que el reajuste por depreciación monetaria se refiere a algo que no es sustancialmente diverso del reclamo originario de la litis, sino, como esto mismo, razonablemente traducido en valores vigentes en tiempo posterior ” (CS, 5/3/87, B 597 XX, “Banco Fabril de la Plata Coop. Ltda. (en liq.) c/ Tarabini, Humberto Modesto”). “Es procedente el reajuste por desvalorización monetaria de una condena a daños y perjuicios pese a no estar prevista en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada la posibilidad de su actualización. Ello es así, pues la determinación de valores monetarios efectuada en la sentencia traduce sólo para la oportunidad en que se dictara la significación económica de la deuda, previéndose su pago en los plazos establecidos para le cumplimiento del fallo. En los supuestos que el trámite de ejecución excede dichos plazos sin que medie cumplimiento del obligado, es justo revalorizar la cantidad adeudada para restablecer la real significación de aquella” (CS, “Mester, José”, Fallos 299:35).

Por todo lo expuesto, RESUELVO: Disponer que a partir del 1/1/02 se aplique a los créditos consagrados en la causa la tasa establecida por la C.N.A.T. mediante Acta nº 2357 del 7/5/02 modificada por Resolución 8 del 30/5/02. NOTIFIQUESE.

JULIO ARMANDO GRISOLIA
JUEZ NACIONAL     

FALLO DE LA CSJN. DECLARACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 46 INC. 1 DE LA LRT.

7/9/2004. Ley de Riesgos del Trabajo. Competencia Federal. Apelación de los dictámenes de comisiones médicas. Inconstitucionalidad del art. 46 inc. 1 LRT.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos: “Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.” (C. 2605. XXXVIII) declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo (art. 46, inc. 1) en cuanto dispone la competencia federal y determinó que la justicia provincial debe entender en las apelaciones presentadas contra dictámenes de las comisiones médicas.

Sumario:

“El citado Art. 46, inc. 1, de la Ley de Riesgos del Trabajo, censurado por el a quo fundamentalmente con base en el Art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y jurisprudencia de esta Corte, dispone: “Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual se formulará la correspondiente expresión de agravios o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador […] Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social”.”

“Desde su instalación, la Corte ha sostenido que la competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que menciona el Art. 100 -actual Art. 116- (Fallos: 1: 170; 190:170; 283:429 y 302:1209, entre muchos otros), tal como, por lo demás, lo establece la ley 27, e incluso la ley 48 para lo concerniente a la competencia apelada extraordinaria del Tribunal (Art. 15).”

“La reforma de la Constitución Nacional producida en 1994 no ha hecho más que profundizar este principio arquitectónico de nuestro orden constitucional, al precisar, como ya lo había puesto en claro la jurisprudencia del Tribunal (Fallos: 248:781, 782, considerando 1°, sus citas y otros), que el dictado de las normas mentadas en el Art. 75, inc. 12, podía asumir, sin mengua de su naturaleza común, la forma de cuerpos “unificados o separados”.”

“No es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado Art. 75, inc. 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador (Fallos: 271:206, 209, considerando 4°).”

“La Ley de Riesgos del Trabajo, en primer lugar, no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones sub lite (doctrina de Fallos: 248:781, 783, considerando 3°). Además, parece indudable que el régimen procesal que instrumenta el impugnado Art. 46, inc. 1, no puede revestir, si de intencionalidad inequívoca se trata, un carácter siquiera indicativo. En segundo término, un doble orden de circunstancias surge con toda nitidez a los fines del sub discussio: la citada ley, por un lado, regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, por el otro, de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal para sustentar una declaración de tal naturaleza (ídem paréntesis anterior). En tal sentido, la aparición de las aseguradoras de riesgos del trabajo como nuevo sujeto en los nexos aludidos, lejos de enervar este aserto lo consolida, desde el momento en que aquéllas son “entidades de derecho privado” (ley 24.557, Art. 26, inc. 1).”

“Si a todo ello se suma que la mencionada ley no tuvo otro objeto, para lo que interesa, que establecer, bien que bajo algunas modalidades propias, la regulación de un universo jurídico que, materialmente considerado, es análogo al que contemplaban las leyes 9688 y 24.028, cabe concluir en la inexistencia de razón valedera alguna para prescindir de la reiterada y ya recordada jurisprudencia de esta Corte, que reconoce carácter común a las disposiciones que rigen las relaciones jurídicas de la presente causa.”

“Toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal a normas que regularmente pertenecen al orden común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es deber indeclinable del Tribunal impedir que, a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes al concepto jurídico de autonomía (Fallos: 248:781, 783, considerando 2°, y otros). Es menester no olvidar que la reserva de la jurisdicción provincial de la que daban cuenta los ya citados arts. 67, inc. 11, y 100 de la Constitución Nacional (actuales arts. 75, inc. 12, y 116), era ajena al texto de 1853 y fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia.”

“La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado “de fuero común” (Fallos: 113:263, 269).”

“Que, en suma, la competencia federal en cuestión no encuentra otro basamento que el mero arbitrio del legislador. En consecuencia, el fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, que mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del Art. 46, inc. 1, de la ley 24.557 en el supuesto materia de este litigio, debe ser confirmado.”

Texto completo:

S u p r e m a C o r t e:
-I-
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza (Sala 1ª)), denegó la apelación federal fundada, en suma, en que se centra en la interpretación de disposiciones de derecho común y público local, apreciadas en el caso razonablemente;; y en que carece de fundamentos que, amén de reiterar lo expuesto, se hagan cargo de las razones provistas por el tribunal (fs. 352/353).//-Contra dicha decisión, se alza en queja la aseguradora, por motivos que, en sustancia, reproducen los del principal. Hace hincapié en que no fue cuestionada constitucionalmente la etapa ante las comisiones médicas (cfse. fs. 104/112 del cuaderno respectivo).-

-II-
La Corte provincial confirmó la decisión de la anterior instancia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 46 de la ley n° 24.557 y desestimó la excepción de incompetencia de las reclamadas (cfse. fs. 52/56). Para así decidir se apoyó, en suma, en que: 1) el artículo 46 de la ley n° 24.557 contradice el artículo 75, inciso 12, de la Ley Fundamental y no () guarda razonable analogía con los supuestos en que la Corte Suprema admitió la federalización de cuestiones de derecho común; 2) no se advierte un genuino interés federal en la federalización de los infortunios laborales, constatándose claramente esa carencia en los restantes supuestos del artículo 46 de la ley n° 24.557 -incisos 2 y 3-; 3) se omite la regla constitucional de la excepcionalidad de la justicia federal y el principio de reserva jurisdiccional de las provincias cuando se admite el juzgamiento de conflictos de derecho común entre particulares fuera del ámbito local (arts. 5, 116, 117 y 121, C.N.); y, 4) las aseguradoras de riesgos del trabajo -A.R.T.- son entidades privadas con fines de lucro sujetas a la normativa sobre sociedades comerciales, no entes de la administración central. Hace hincapié en que la decisión no declara la inconstitucionalidad de la etapa de conciliación previa obligatoria ni del trámite ante las comisiones médicas de los artículos 21 y 22 de la ley n° 24.557; y en que, dado que la justicia federal mendocina se abstiene de conocer en estos casos por entender inconstitucional la asignación de competencia en la materia, se suscitaría una denegación de justicia de no admitir los tribunales locales tal aptitud jurisdiccional (fs. 288/303).-Contra dicha decisión, la aseguradora dedujo recurso extraordinario (fs. 329/343), que fue contestado (fs. 345/349) y denegado -reitero- a fs. 352/353, dando origen a esta queja.-

-III-
En síntesis, la recurrente aduce que la sentencia es arbitraria y que, por razones aparentes, lo priva de ser juzgado por los magistrados previstos en el artículo 46.1 de la ley n° 24.557, lo que transgrede las garantías del juez natural y debido proceso receptadas en el artículo 18 de la Constitución Nacional así como los principios derivados de los artículos 126 y 75, inciso 12 -poderes delegados y potestades del poder legislativo- de igual ordenamiento. También arguye que se le ha denegado el acceso a la jurisdicción federal.-Funda, substancialmente, su alegación en que: a) la Corte Suprema asintió al dictado de reglas procedimentales por el Congreso de la Nación cuando resulta necesario para asegurar la eficacia de derechos materiales consagrados en disposiciones comunes; b) la legislación sobre riesgos del trabajo configura un todo cerrado y coherente -en el plano sustantivo y procesal- como un subsistema de la seguridad social; c) la Corte -a partir de Fallos: 247:646- asintió a la legitimidad de tribunales administrativos como las comisiones médicas de la ley n° 24.557, en tanto se asegure un control judicial suficiente, encomendado aquí a la justicia federal; d) los regímenes sobre riesgos laborales -ley n° 24.557-; jubilaciones y pensiones -ley n° 24.241- y obras sociales -ley n° 23.660-, forman el sistema de la seguridad social, atenidos al imperativo constitucional del artículo 14 bis en orden a la provisión de beneficios integrales e irrenunciables; e) la conformación de un sistema nacional de seguridad social, apoyado en los artículos 14 bis, 75, inciso 12, y 126 de la Norma Fundamental, constituye un fin federal genuino que legitima la federalización de la materia; f) la ley de riesgos del trabajo confió el funcionamiento y la supervisión del sistema a órganos federales (comisiones médicas, juzgados federales, Superintendencia de Riesgos del Trabajo, etc.), cuya actuación se pretirió en la causa; g) las características del nuevo sistema instaurado por la ley n° 24.557, orientado a la prevención, reparación y rehabilitación no litigiosa del trabajador accidentado, justifica el particular diseño conferido a sus órganos y procedimientos; y, h) la garantía del juez natural no resulta agraviada por la regla en debate desde que atribuye una competencia general a órganos permanentes y preestablecidos, no una especial a una comisión ex post facto; ni tampoco la de igualdad -como se afirma en Fallos: 325:11- toda vez que se regula una situación única y particular cual es la protección de los trabajadores ante los infortunios laborales. Pone de relieve, al fin, que no se encuentra expedita la acción al haberse obviado el trámite previo ante las comisiones médicas y que la presencia de un interés federal legítimo justifica la atribución de competencia establecida en el artículo 46, acápite 1), de la ley n° 24.557 (cfse. fs. 329 /343).-

-IV-
La actora inició demanda contra su empleadora (Cerámica Alberdi S.A.) reclamando la reparación de su incapacidad laboral. Planteó en esa oportunidad, la invalidez constitucional de diversos preceptos de la ley n° 24.557 y de sus disposiciones reglamentarias; entre ellos los que obstan al resarcimiento de las secuelas incapacitantes de las enfermedades-accidentes y el que establece la jurisdicción de la justicia federal en su condición de órgano de alzada de las resoluciones de las comisiones médicas -art. 46. 1, L.R.T.- (fs. 9/11).-La empresa demandada, a su turno, con énfasis en que se obvió el trámite previo ante las comisiones médicas dispuesto en el artículo 21 de la ley n° 24.557, defendió la constitucionalidad de los dispositivos cuestionados, haciendo hincapié en que el actor objeta un precepto como el del artículo 46, sin haber ocurrido ante los órganos a cuyas resoluciones se refiere el dispositivo observado, lo que deja al planteo huérfano de agravio concreto (fs. 28/30).-La citada en garantía, más tarde, sostuvo también la regularidad en el plano constitucional de la ley n° 24.557, destacando que, la falta de ocurrencia a sede administrativa del peticionario, torna abstracto su ataque posterior al artículo 46 de la ley aludida (fs. 39/43).-La a quo, por su parte -Cámara Segunda del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza- entendió que el artículo 46 de la Ley de Riesgos de Trabajo (L.R.T.), contradice las garantías de los artículos 16 y 18 de la Ley Fundamental, amén de lo previsto en su artículo 75, inciso 12, razón por la cual declaró la invalidez del citado precepto (fs. 52/55).-Si bien en un principio la Corte provincial -por intermedio de su Sala 2ª- desestimó los recursos de inconstitucionalidad deducidos por Cerámica Alberdi (v. fs. 82/86) y La Segunda A.R.T. S.A. (fs. 107/116), so pretexto de la falta de alcance definitivo de lo resuelto (fs. 91 y 126), y, asimismo, el extraordinario federal de la citada en garantía (fs. 135/145 y 148/149); este último prosperó, finalmente, merced a la intervención de la Corte Suprema Nacional, quien, por remisión a Fallos: 324:2456- (fs. 236/247 y 257), dio lugar al pronunciamiento de la Sala 1ª de la ad quem llegado en queja (fs. 264, 267 y 288 /303).-

-V-
Se hizo alusión en Fallos: 321:1865 a las características novedosas de la organización de competencia estructurada en torno a las comisiones médicas por la ley n° 24.557, cuya intervención -se precisó- implica transitar un diseño atípico de acceso a la jurisdicción, con participación, por norma general, de las aseguradoras de riesgos del trabajo.-En Fallos 322:456, por su parte, se refirió a la peculiar aptitud de las aludidas comisiones, pasible de reexamen ante los jueces federales de provincia o, en su caso, ante una comisión médica central y con una instancia final ante la Cámara Federal de la Seguridad Social (En similar sentido, Fallos: 322:323 y 323:2730, donde se ponderó la naturaleza particular de la jurisdicción creada por la nueva preceptiva sobre riesgos del trabajo).-A su turno, en Fallos: 322:1220, se puntualizó que la nueva ley de riesgos de trabajo encomienda a las comisiones médicas creadas por ley n° 24.241, entre otras competencias, la determinación de la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad; el carácter y grado de la discapacidad y el contenido y alcance de las prestaciones en especie; con una instancia de apelación ante los jueces federales de las provincias o la comisión médica central y una instancia última ante la Cámara Federal de la Seguridad Social.-Tras reiterar la índole peculiar de esta organización de competencia y sus posibilidades de acceso a la jurisdicción ciertamente atípicas, se precisó también allí que la nueva regla, con el propósito no declarado de disminuir la litigiosidad, organizó un sistema tendiente a que, dado un infortunio de trabajo, se brinde al afectado por medio de las aseguradoras o principales autoasegurados, en forma automática e inmediata, las respectivas prestaciones dinerarias o en especie, previéndose recién para la hipótesis de disconformidad con las mismas, la reclamación ante las comisiones médicas; extremo -en la perspectiva del pronunciamiento que se destaca- determinante a la hora de proveer a la organización administrativo-jurisdiccional instrumentada en la ley n° 24.557 y el decreto n° 717/96.-Se resaltó, por fin, que la responsabilidad en el plano administrativo y jurisdiccional del sistema descripto se depositó casi totalmente en organismos de orden federal. En el mismo orden, en el pronunciamiento recaído en los autos S.C. Comp. n° 511, L. XXXV; “Figueroa, Eva Beatriz c/ Bagley S.A. s/ ley n° 24.557”, sentencia del 04.04.00, luego de remitir al antecedente reseñado en los párrafos que anteceden (v., también, sus citas), se hizo hincapié en la inmotivada preterición por parte del actor de la etapa ante las comisiones médicas, extremo que, amén de tornar abstracta la contienda suscitada, determinó el archivo de las actuaciones; lo anterior, sin perjuicio de la instancia jurisdiccional que oportunamente pueda seguirse (Una solución semejante registra Fallos: 324:1477).-Para concluir y luego de señalar que en Fallos: 323:3771 se asintió a la índole federal de la ley n° 24.557, procede se destaque que en la ocasión de Fallos: 325:11, al describir el régimen establecido por la nueva preceptiva en materia de riesgos laborales, se dijo que la determinación y revisión de las incapacidades se halla a cargo de las comisiones médicas creadas para el sistema de jubilaciones y pensiones mediante un procedimiento gratuito para el damnificado, y sus conclusiones resultan recurribles tanto en el plano administrativo como judicial; poniéndose énfasis en que el legislador sustituyó un régimen por otro que entendió más adecuado a la realidad del momento, incluyéndolo -conforme a los avances de la doctrina especializada y de la legislación comparada- más en el terreno de la seguridad social que en el del derecho del trabajo (v. considerandos 5°y 6°).-La anterior reseña, amen de dejar manifiesto que el tema discutido fue objeto de consideración en circunstancias anteriores por V.E. y, asimismo, las líneas principales de la competencia organizada en esta materia, trasunta también la relevancia que revisten en el esquema jurisdiccional de la ley n° 24.557, las comisiones médicas de los artículos 21 y 22, puesta de resalto por ese Alto Cuerpo en la consideración provista a los citados precedentes.-Tal extremo, en tanto que el pretensor soslayó esa etapa acudiendo directamente a la justicia ordinaria y obteniendo de ella un pronunciamiento contrario a la procedencia de la jurisdicción federal a la que pretende acceder la recurrente, estimo -por de pronto- que coloca el supuesto en el ámbito de Fallos: 321:207; 323:189, 2302; 324:283, 708; entre muchos otros, en orden al carácter equiparable a definitivo del pronunciamiento por denegatoria del fuero de excepción. Ello, a mi entender, en el marco de la organización competencial novedosa a la que se ha venido aludiendo aquí, comporta la habilitación lisa y llana de la instancia jurisdiccional de la provincia soslayando que no se ha transitado en forma previa la etapa ante organismos administrativos de índole federal como las comisiones médicas (cfse. Fallos: 322:1220, etc.).-Por otra parte, y si bien la impugnante inscribe su presentación bajo una genérica referencia a la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias, lo cierto es que en el pleito se ha puesto en tela de juicio la validez de una ley emanada del Congreso de la Nación -art. 46.1 de la Ley de Riesgos del Trabajo- y la resolución ha sido contraria a ella, lo que torna admisible el recurso extraordinario de la citada en garantía en el marco de lo previsto por el artículo 14, inciso 1°, de la ley n° 48 (v. Fallos: 314:1434; 319:2215, etc.).-

-VI-
Como bien enfatiza la sentenciadora, no se ha cuestionado aquí la preceptiva de los artículos 21 y 22 de la ley n° 24.557, que encomienda a las comisiones médicas creadas por ley n° 24.241 la determinación y revisión de las incapacidades, sino el artículo 46.1 del citado ordenamiento, que confía a una comisión médica central o a la justicia federal de las provincias -a opción del trabajador- con una instancia última ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, la revisión de las resoluciones dictadas por las primeras (Como se explicó con anterioridad, alegando portar una incapacidad de etiología laboral, el peticionario articuló su pretensión reclamando el resarcimiento de la minusvalía directamente en sede local).-En las condiciones descriptas y toda vez que -al discurrir de V.E. en algunos de los antecedentes mencionados- se ha preterido aquí, sin suministrar razones constitucionales para ello, la instancia ante las comisiones médicas, considero inoficioso el dictado de un pronunciamiento en orden a la validez constitucional del artículo 46.1 de la Ley de Riegos del Trabajo, desde que dicho dispositivo se encuentra condicionado en su aplicación a la ocurrencia previa del interesado a sede administrativa, no satisfecha, lo digo una vez más, ni justificada siquiera mínimamente, como es menester, en la presente causa.-Advierto, por otra parte, que tanto el planteo constitucional del actor concerniente, entre otros preceptos de la ley n° 24.557, a su artículo 46.1, como la ulterior admisión del mismo en sede local, autorizan a descartar que se trate el presente reclamo de una acción ajena al diseño de la ley de riesgos del trabajo y correspondiente en origen a la competencia ordinaria, desde que, en tal caso, una declaración de invalidez como la pronunciada carecería -en mayor medida aún- de propósito; extremo al que se añade que ninguna aclaración, basada en una determinada inteligencia del reclamo, se provee sobre el punto.-No obsta a lo anterior, la explicación ensayada por la juzgadora en el sentido de que el proceder del actor al acudir directamente a la justicia laboral ordinaria encuentra fundamento en el propósito de evitar se considere que media un sometimiento voluntario a un régimen legal que conlleva el camino de la justicia federal, como es el de las comisiones médicas, desde que en tal caso bastaba con postular en sede provincial la invalidez constitucional, precisamente, de los artículos 21 y 22 de la ley sobre riesgos del trabajo que organizan su intervención, amén de la normativa del artículo 46 objetada aquí en soledad, o una reserva en tal sentido al acudir a las propias comisiones médicas del distrito.-Tampoco la alusión al supuesto proceder de la justicia federal de la provincia en orden al rechazo de la atribución jurisdiccional en la materia, limitada, en el caso, a la aislada cita de un precedente.–VII-

Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la queja, declarar procedente la apelación federal y revocar la sentencia.-

Buenos Aires, 4 de marzo de 2004

FDO.: Felipe Daniel Obarrio

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2004.-

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en la causa Castillo, Angel Santos c/ Cerámica Alberdi S.A.”, para decidir sobre su procedencia.-

Considerando:

1°) Que la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, al rechazar el recurso planteado por la citada en garantía, La Segunda A.R.T. S.A., mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1, de la ley 24.557 de riesgos del trabajo peticionada por el actor y, por ende, rechazado la excepción de incompetencia de la justicia provincial deducida por la aseguradora. Contra ello, esta última interpuso recurso extraordinario, cuya denegación motiva esta queja.-

2°) Que contrariamente a lo sostenido por el señor Procurador Fiscal en el dictamen que antecede, no es inoficioso pronunciarse sobre la cuestión federal señalada en el considerando anterior por haber sido preterida, sin suministrar razones para ello, la intervención de las comisiones médicas prevista en los arts. 21 y 22 de la citada ley.-Esto es así, pues si bien el trabajador actor planteó su demanda indemnizatoria ante el Poder Judicial mendocino sin haber previamente ocurrido ante dichos órganos, ello encuentra explicación en la propia sentencia del a quo. En efecto, este último ensayó la hipótesis de que el reclamante pudo haber actuado de la manera indicada “para evitar que se considerara -mal o bien- que se había sometido voluntariamente a un régimen legal que lo lleva luego automáticamente por el camino de la Justicia Federal” (fs. 292 del expediente principal, agregado por cuerda). Luego, atento a que esta consideración ha quedado firme ante la falta de cuestionamiento alguno, el Tribunal debe atenerse a ella, máxime cuando las comisiones mencionadas son “organismos de orden federal” (Fallos: 322:1220).-En tales condiciones, presente una cuestión de las previstas en el art. 14, inc. 1, de la ley 48 y siendo equiparable a definitiva la sentencia que deniega el fuero federal pretendido por la recurrente (Fallos: 324:283, entre otros), corresponde tener por admisible el recurso extraordinario, sobre todo cuando se encuentran reunidos los restantes requisitos para tal fin.-

3°) Que el citado art. 46, inc. 1, de la Ley de Riesgos del Trabajo, censurado por el a quo fundamentalmente con base en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional y jurisprudencia de esta Corte, dispone: “Las resoluciones de las comisiones médicas provinciales serán recurribles y se sustanciarán ante el juez federal con competencia en cada provincia ante el cual se formulará la correspondiente expresión de agravios o ante la Comisión Médica Central a opción de cada trabajador […] Las resoluciones que dicte el juez federal con competencia en cada provincia y las que dicte la Comisión Médica Central serán recurribles ante la Cámara Federal de la Seguridad Social”.-A su vez, con el propósito de delimitar el thema decidendum y, en consecuencia, los alcances del presente pronunciamiento, cuadra añadir que el reclamo del actor tiene por objeto la indemnización de la incapacidad laboral, dentro del marco reparador de la ley 24.557, que dice padecer a consecuencia del trabajo que prestó, en la localidad de Guaymallén, para la demandada, Cerámica Alberdi S.A., la cual, como se infiere de lo indicado al comienzo, citó en garantía a la ahora recurrente.-

4°) Que, según lo esclareció esta Corte para octubre de 1917, y lo sostuvo de manera constante, “las responsabilidades por accidente del trabajo a que se refiere la ley número 9688 y que nacen de hechos ocurridos en la ejecución o cumplimiento de contratos entre patrones y empleados u obreros, son de carácter común” (Fallos: 126:315, 324 y 325:328; asimismo: Fallos: 129:223; 151:315; 162:79; 184:390; 228:537; 239:239; 242:182; 245:174, entre muchos otros), vale decir, resultan sancionadas por el Congreso con arreglo a las previsiones del art. 67, inc. 11, de la Constitución Nacional -actual art. 75, inc. 12- (Fallos: 248:781, 782, considerando 1° y sus citas). De igual manera corresponde discurrir respecto de la ley 24.028, que sustituyó a la ley 9688.-A su turno, contemporáneamente con la incorporación del art. 14 bis a la Ley Fundamental, que introdujo los derechos relativos al trabajo y la seguridad social, fue agregado previsoramente, el código “del trabajo y seguridad social” a la nómina de materias contenida en el citado art. 67, inc. 11. De tal suerte, la normativa concerniente a las dos mencionadas ramas jurídicas quedó, expressis verbis, integrada en el conjunto de aquellas otras que, si bien son del resorte legislativo del Congreso de la Nación, no alteran “las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones” (art. 67, inc. 11, actual art. 75, inc. 12).-El art. 116 de la Constitución Nacional (anterior art. 100) no es sino un explícito reforzador de la antedicha directriz, esencial de la forma federal que la Nación Argentina adoptó para su gobierno (Constitución Nacional, art. 1), desde el momento en que la competencia de esta Corte y de los tribunales inferiores de la Nación se extiende al conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos, inter alia, por las leyes de la Nación, “con la reserva hecha en el inciso 12 del artículo 75”. De ahí que, desde su instalación, la Corte haya sostenido que la competencia de los tribunales federales es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que menciona el art. 100 -actual art. 116- (Fallos: 1: 170; 190:170; 283:429 y 302:1209, entre muchos otros), tal como, por lo demás, lo establece la ley 27, e incluso la ley 48 para lo concerniente a la competencia apelada extraordinaria del Tribunal (art. 15). El art. 121 de la Constitución Nacional (originario art. 104) se emplaza en la misma línea.-Más aún; la reforma de la Constitución Nacional producida en 1994 no ha hecho más que profundizar este principio arquitectónico de nuestro orden constitucional, al precisar, como ya lo había puesto en claro la jurisprudencia del Tribunal (Fallos: 248:781, 782, considerando 1°, sus citas y otros), que el dictado de las normas mentadas en el art. 75, inc. 12, podía asumir, sin mengua de su naturaleza común, la forma de cuerpos “unificados o separados”.-

5°) Que, por ende, no es constitucionalmente aceptable que la Nación pueda, al reglamentar materias que son como principio propias del derecho común, ejercer una potestad distinta de la que específicamente le confiere el citado art. 75, inc. 12. Lo contrario implicaría tanto como reconocer que las pautas limitativas que fija la Constitución Nacional cuando se trata de derecho común, referentes a la no alteración de las jurisdicciones locales y a la aplicación de esas leyes por los tribunales de provincias si las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones, pueden ser obviadas por la sola voluntad del legislador (Fallos: 271:206, 209, considerando 4°).-A todo evento, las excepciones a tan terminante regla están rigurosamente condicionadas a que los efectos de esta alteración “han de ser tenidos por válidos, siempre que la intención de producirla sea inequívoca y no se apoye en el mero arbitrio del legislador, sino en necesidades reales y fines federales legítimos, impuestos por circunstancias de notoria seriedad” (Fallos: 248:781, 782/783, considerandos 1° y 2°;; 300:1159, 1161/1162, considerando 3°, y 302:1209, 1214, considerando 2° y 1552, 1557, considerando 5°).-

6°) Que, en tal orden de ideas, la Ley de Riesgos del Trabajo no satisface los mentados requerimientos. En primer lugar, la norma no contiene disposición expresa alguna que declare federal el régimen de reparaciones sub lite (doctrina de Fallos: 248:781, 783, considerando 3°). Además, por lo que ha sido expresado en los dos considerandos anteriores y lo que se agregará seguidamente y dos párrafos más abajo, parece indudable que el régimen procesal que instrumenta el impugnado art. 46, inc. 1, no puede revestir, si de intencionalidad inequívoca se trata, un carácter siquiera indicativo. En segundo término, un doble orden de circunstancias surge con toda nitidez a los fines del sub discussio: la citada ley, por un lado, regula sustancialmente sólo relaciones entre particulares, y, por el otro, de sus preceptos no aparece manifiesta la existencia de una específica finalidad federal para sustentar una declaración de tal naturaleza (ídem paréntesis anterior). En tal sentido, la aparición de las aseguradoras de riesgos del trabajo como nuevo sujeto en los nexos aludidos, lejos de enervar este aserto lo consolida, desde el momento en que aquéllas son “entidades de derecho privado” (ley 24.557, art. 26, inc. 1).-Asimismo, es perfectamente trasladable al presente litigio la doctrina enunciada por el Tribunal a propósito de la ley 9688: “la circunstancia de que la ley haya adoptado formas o bases nuevas para reglar relaciones de derecho privado nacidas de accidentes del trabajo por ser insuficientes las adoptadas por el Código Civil a las modernas necesidades creadas por el progreso industrial, no le quita ni puede quitarle su carácter de ley común destinada a reglar derechos particulares, cualquiera que fuese la denominación que se les dé” (Fallos: 126:325, 329).-Desde otra perspectiva, las alegaciones de la recurrente en torno de la inserción de la Ley de Riesgos del Trabajo en el terreno de la seguridad social nada aportan en favor de su postura, por cuanto las normas de esa disciplina, supuesto que el presente régimen sustancial cayera dentro de su ámbito, se encuentran ratione materiae expresamente inscriptas en el varias veces citado art. 75, inc. 12. De ahí que, no por ser órgano de alzada la Cámara Federal de la Seguridad Social, los preceptos que rigen, por ejemplo, una jubilación por invalidez del régimen previsional ordinario, pierdan su carácter común (v. Fallos: 325:1644, entre muchos otros). Toda vinculación que quiera establecerse entre la ley 24.557 y el mencionado régimen, en consecuencia, no debería soslayar estas relevantes circunstancias.-Tampoco acude en sustento de la federalización de la ley 24.557 cuanto quiera verse en ésta como conjuro de situaciones excepcionales. Si cada vez que se invoque una circunstancia de este tipo, o, aun, cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del art. 75, inc. 12, la reserva que éste asegura podría quedar eliminada en los hechos, cuanto más que, en períodos de transformaciones constantes, acaso muy pocas materias -si no ninguna- serían excluidas en la sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales (v. Fallos: 247:646, 668/669, considerando 17, voto de los jueces Boffi Boggero y Aberastury). De una manera semejante podría razonarse si se pretendiera inscribir a la ley 24.557 en el ámbito de las llamadas cláusulas del progreso, contenidas en los incs. 18 y 19 del art. 75 de la Constitución Nacional.-A su turno, si bien no es descartable que el arbitrio cuestionado pretenda justificarse por su finalidad, esto es, el logro de un mayor grado de uniformidad en la interpretación y aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo en el plano judicial, al detraer este cometido de las justicias provinciales, no por ello sería inmune al reproche de inconstitucionalidad. En rigor, el argumento probaría demasiado puesto que, en definitiva, no habría materia alguna de las contenidas en el art. 75, inc. 12, que pudiera escapar a los aludidos propósitos, con lo cual, so color de esto último, el precepto podría quedar vacío de todo contenido y, en consecuencia, desbaratado irremediablemente el sistema federal. La búsqueda de dicha finalidad, en todo caso, cuenta con diversos caminos, entre otros, la cuidada elaboración de los textos legislativos destinados, como ocurre con la legislación común, a regir de manera general y estable en todo el territorio de la República, pero nunca el celosamente vedado por la Constitución Nacional.-Por lo demás, no se advierte ningún motivo para pensar, o siquiera sospechar, que la protección de los intereses que la ley 24.557 pone en juego, dejaría de ser eficaz a través de la interpretación y aplicación por la justicia que las provincias organizaran dentro del molde constitucional (v. Fallos: 247:646, 668/669, considerando 17, voto de los jueces Boffi Boggero y Aberastury). Por lo contrario, un buen número de motivos militan en apoyo de la tesis opuesta.-Si a todo ello se suma que la mencionada ley no tuvo otro objeto, para lo que interesa, que establecer, bien que bajo algunas modalidades propias, la regulación de un universo jurídico que, materialmente considerado, es análogo al que contemplaban las leyes 9688 y 24.028, cabe concluir en la inexistencia de razón valedera alguna para prescindir de la reiterada y ya recordada jurisprudencia de esta Corte, que reconoce carácter común a las disposiciones que rigen las relaciones jurídicas de la presente causa.-

7°) Que toda pretensión tendiente a conferir naturaleza federal a normas que regularmente pertenecen al orden común, debe ser escrutada con el mayor rigor, sobre todo por cuanto es deber indeclinable del Tribunal impedir que, a través de esos medios, se restrinjan indebidamente las facultades jurisdiccionales de las provincias, que son inherentes al concepto jurídico de autonomía (Fallos: 248:781, 783, considerando 2°, y otros). Es menester no olvidar que la reserva de la jurisdicción provincial de la que daban cuenta los ya citados arts. 67, inc. 11, y 100 de la Constitución Nacional (actuales arts. 75, inc. 12, y 116), era ajena al texto de 1853 y fue introducida por la Convención de 1860, con el deliberado propósito de impedir que las provincias carecieran de jurisdicción en las materias a que dicha norma hace referencia. Muy poco se habría avanzado en el país, cabe agregar, si todo el celo de los constituyentes de 1860 pudiese malograrse al poner en manos de una decisión legislativa, por elevada que fuese su finalidad, la suerte de las autonomías provinciales y, con ello, el sistema federal de gobierno (v. Fallos: 247:646, 669, considerando 18, voto de los jueces Boffi Boggero y Aberastury). Es por ello que esta Corte, tal como lo recordó oportunamente (Fallos: 271:206, 210, considerando 7°), ha reconocido desde antiguo la amplitud en el ejercicio de esas facultades reservadas. Así, ya en 1869, estableció el principio fundamental de que las provincias conservan su autonomía en todo lo relativo a los poderes no delegados a la Nación (art. 104 de la Constitución Nacional, actual art. 121) -Fallos: 7:373- para afirmar, en 1922, que esas facultades reservadas “son idénticas en esencia y alcances a las mismas facultades del Gobierno central” -Fallos: 137:212-.-La Ley de Riesgos del Trabajo, de tal manera, ha producido dos consecuencias incompatibles con la Constitución Nacional: impedir que la justicia provincial cumpla la misión que le es propia, y desnaturalizar la del juez federal al convertirlo en magistrado “de fuero común” (Fallos: 113:263, 269).-

8°) Que, en suma, la competencia federal en cuestión no encuentra otro basamento que el mero arbitrio del legislador. En consecuencia, el fallo de la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, que mantuvo la resolución de primera instancia en cuanto había declarado la inconstitucionalidad del art. 46, inc. 1, de la ley 24.557 en el supuesto materia de este litigio, debe ser confirmado.-

Por cierto que, tal como fue advertido en otros casos relacionados con problemáticas emparentadas con la presente (vgr. Fallos: 271:206, 209/210, considerando 6°), este resultado no es incompatible con los precedentes del Tribunal en los que se dispuso conferir competencia a la justicia federal en supuestos análogos al sub examine (por ejemplo Fallos: 322:1220), toda vez que en ellos no se había planteado la concreta cuestión federal ahora examinada, ni la causa había llegado al Tribunal por vía de recurso, sino que se vinculaban con conflictos de competencia resueltos con arreglo a lo establecido en el art. 24, inc. 7, del decreto-ley 1285/58.-

Por ello, y oído el señor Procurador Fiscal, se declara procedente la queja y admisible el recurso extraordinario denegado, y se confirma la sentencia apelada en cuanto fue objeto del agravio tratado, con costas a la recurrente (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Reintégrese el depósito (fs. 115), agréguese la queja al expediente principal, hágase saber y, oportunamente, devuélvase.//-

Fdo.: ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – CARLOS S. FAYT – ANTONIO BOGGIANO – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

FALLO TOPE INDEMNIZATORIO ART. 245 LCT


El 14 de setiembre de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Vizzoti, Carlos A. V. AMSA S.A. s/ despido” revocó la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que había dejado sin efecto el fallo de primera instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del límite a la base salarial previsto en el art. 245 de la LCT (según ley 24.013) para calcular la indemnización por despido sin justa causa.
En el caso, consideró que corresponde aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrafos 2º y 3º del citado art. 245 de la LCT, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable.

Texto completo

V. 967. XXXVIII. “Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido”.

Suprema Corte:

I

Contra la sentencia de la Sala II, de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que revocó el decisorio del Juez de Grado, el accionante interpuso recurso extraordinario federal, el que contestado por la contraria, le fue concedido, con fundamento en lo normado por el artículo 14, inciso 3° de la ley 48, en cuanto sostuvo la Alzada que si bien se trató de un caso resuelto con sustento en normas de derecho común, el tribunal decidió en forma contraria a las pretensiones del apelante la cuestión constitucional que fue materia de litigio y en la cual el recurrente fundó el reclamo v. fs. 74/36 I, 36/51, 38 I /46 I, 60 I/62 I, 78 .

II

En lo que aquí interesa, corresponde señalar que el actor inició demanda contra AMSA S.A., a quien le reclamó el pago de una suma de dinero correspondiente a la diferencia de indemnización por antigüedad que estimó, debió percibir conforme su salario. En tal sentido solicitó se decretara la inconstitucionalidad de lo normado por el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformado por la Ley 24.013.

Sostuvo el accionante que se desempeñó como Director Médico para la demandada, por un período de veintiséis años, en forma full time, percibiendo una remuneración mensual de pesos once mil ($ 11.000.). Al ser despedido, refiere, se le abonó la suma de pesos veintisiete mil cuarenta y ocho con seis centavos ($ 27.048,06) en concepto indemnizatorio, conforme el tope tarifario correspondiente al convenio de sanidad N° 122/75, sin perjuicio de haberse desempeñado como personal fuera de convenio, por lo que consideró lesionado los derechos y garantías conculcados en los artículos 14 bis y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto protegen el despido arbitrario del trabajador.

En razón de lo manifestado reclamó se le abone la diferencia correspondiente entre el haber salarial realmente percibido, y los años trabajados para la empresa, toda vez que su indemnización, sostuvo, se vio reducida en un 90,55%, con lo cual estimó se vulneraron las normas constitucionales referidas v. fs. 5/10.

La accionada contestó la demanda, reconoció la relación laboral y el salario percibido por el actor, pero manifestó que se le abonó una justa indemnización, de conformidad con la legislación vigente en la materia. El despido indica no fue arbitrario, sino que lo fue sin fundamento en causa alguna. Invocó jurisprudencia de V.E. sobre la constitucionalidad del tope tarifario, solicitando en tal sentido el rechazo de la inconstitucionalidad peticionada por la contrario v. fs. 19/24.

El Magistrado de Primera Instancia hizo lugar al reclamo del actor y declaró la inconstitucionalidad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, reformado por el 153 de la Ley de Empleo, pues entendió que el tope legal en el caso concreto no constituye una protección al despido arbitrario, conforme lo normado por la Constitución Nacional, al haber percibido el trabajador un 9,45% de indemnización con relación al salario mensual que se le abonaba, lo que resultaba equivalente aproximadamente a dos salarios y medio, con lo cual consideró que le asistía razón al accionante v. fs. 36/51.

Recurrido el decisorio por la demandada, la Alzada con fundamento en la jurisprudencia de V.E., revocó el pronunciamiento de la anterior instancia en cuanto declaró la inconstitucionalidad del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, modificado por el 153 de la ley 24013 y rechazó la demanda incoada v. fs. 74/36 I.

Contra dicha sentencia interpuso la accionante recurso extraordinario federal, el que contestado por la contraria, le fue concedido, conforme señaláramos ab initio v. fs. 38 I/46 I, 60 I/62 I, 78.

III

Se agravia el quejoso del fallo del a quo que se pronunció contra la validez del derecho del trabajador que lo ampara del despido arbitrario, conforme lo normado por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, con lo que quedó, a su criterio, configurada la cuestión federal en los términos del artículo 14, inciso 3° de la ley 48.

Sostuvo asimismo que la desestimación de la impugnación por inconstitucionalidad, le produjo un agravio de carácter patrimonial, que a su criterio sólo resulta reparable mediante la restauración del derecho federal alterado.

Concluyó que el fallo del a quo carece en sí mismo de toda fundamentación, al omitir el tratamiento de las cuestiones opuestas por su parte, marginándolas de normas aplicables que regulan el instituto del despido, y la protección del empleado contra aquél que deviene injustificado. Destaca además que la sentencia incurre en afirmaciones dogmáticas sin sustento legal alguno, con lo que consideró vulnerados derechos y garantías de raigambre constitucional arts. 14 bis, 17, 18 y 28 de la Constitución Nacional.

IV

En primer término, cabe señalar, que el actor apeló la sentencia, con sustento en la arbitrariedad por falta de fundamentos del fallo de la Alzada. Estimo, por ello, que sin perjuicio de la materia federal planteada, corresponde tratar, en el contexto de las cuestiones debatidas en la causa en primer lugar, los agravios que atañen a la arbitrariedad, dado que de existir ésta, no habría en rigor, sentencia propiamente dicha (Fallos: 312:1034; 318:189; 319:2264, entre otros).

En mi opinión, y sin que ello implique abrir juicio sobre la resolución que en definitiva deba adoptarse sobre el fondo del asunto, estimo le asiste razón al recurrente, en cuanto sostiene que el fallo del a quo omitió el tratamiento de los agravios opuestos por su parte que dieran origen a las actuaciones, a partir de los argumentos y jurisprudencia de V.E., que a mi entender no se ajustan a la situación fáctica, ni a la normativa en que se sustentó el reclamo del quejoso.

Asimismo, considero, que tampoco se expidió sobre el despido arbitrario denunciado por el recurrente en todas sus instancias, prescindiendo de la valoración de las normas señaladas, conducentes a su juicio a la solución del conflicto, cuyo examen por el a quo no quedó evidenciado del modo que es menester, para sustentar las conclusiones a las que arribaron en el acto jurisdiccional sujeto a apelación, sobre la base de afirmaciones dogmáticas que remiten a jurisprudencia de V.E. sin un adecuado estudio respecto, a las circunstancias fácticas y jurídicas debatidas en este proceso.

En este orden, constituye condición de validez de los pronunciamientos judiciales que éstos sean fundados (conf. Fallos: 318:189; 319:2264), exigencia que al decir de V.E., no se orienta exclusivamente a contribuir al mantenimiento del prestigio de la magistratura sino que procura, la exclusión de decisiones irregulares (v. Fallos: 236:27; 319: 2264).

Al respecto, soy de opinión, que el pronunciamiento de la Alzada carece de fundamentación suficiente, pues se limitó a revocar lo decidido en la instancia anterior, expidiéndose exclusivamente sobre la constitucionalidad del tope tarifario cuestionado, remitiéndose dogmáticamente a antecedentes de V.E. y omitiendo reitero el tratamiento del resto de los agravios introducidos en tiempo propio. Sostiene V.E. que la garantía del debido proceso art. 18 C.N. exige que los pronunciamientos tengan fundamentación suficiente y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas en la causa.

Concluyendo, me parece que la sentencia del a quo omitió el tratamiento de cuestiones conducentes planteadas por el quejoso, apartándose de la normativa invocada y de la situación fáctica que constituye la base del reclamo, proceder incompatible con las garantías que protege la defensa en juicio, y el debido proceso. Es dable resaltar, que la sentencia que no contiene una apreciación razonada de las constancias del juicio, en armonía con la normativa legal aplicable, posee un fundamento sólo aparente, con sustento en afirmaciones dogmáticas que la descalifica como acto jurisdiccional válido afectando las citadas garantías constitucionales (Fallos: 312:1656; 314:1887, entre otros).

En tales condiciones, entiendo que corresponde declarar procedente el recurso extraordinario interpuesto por el actor, fundado en la arbitrariedad del pronunciamiento, dejar sin efecto la sentencia y disponer que vuelvan los autos al tribunal de origen a sus efectos.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2004.

FELIPE DANIEL OBARRIO

ES COPIA

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2004.

Vistos los autos: “Vizzoti, Carlos Alberto c/ Amsa S.A. s/ despido”.

Considerando:

1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia de primera instancia que había declarado la inconstitucionalidad del límite a la base salarial previsto en el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.013) para calcular la indemnización por despido sin justa causa, y, consecuentemente, rechazó la demanda por cobro de diferencias por esta reparación. En tal sentido, el a quo, después de dejar a salvo la opinión que el asunto había merecido a la mayoría de sus integrantes, siguió precedentes de esta Corte en los que se reconoció la validez de la limitación legal antedicha (Fallos: 320:2665; asimismo, Fallos: 306:1964, sobre el art. 245 según t.o. por decreto 390/76).

2°) Que, contra tal decisión, la actora interpuso recurso extraordinario, en el que invoca la existencia de cuestión federal. Afirma, entre otros conceptos, que la validez del tope impugnado no debe postularse con prescindencia de un examen riguroso de la situación del caso, sino cuando en su efecto particular, traduce un reconocimiento adecuado y razonable de la intención protectora del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Considera que con su aplicación en el litigio, se ha desnaturalizado el derecho que la norma promueve. Entiende que, bajo la apariencia de la separación de poderes, se ha evitado la apreciación ineludible del salario percibido por el actor ($ 11.000), con lo cual, al tomarse en cuenta una base inferior al 10% de éste ($ 1.040,31), se consagró un resultado constitucionalmente inaceptable. Relata que trabajó 26 años para la demandada, por lo que la suma de sólo $ 27.048,06 no es reparación razonable a la luz de la norma constitucional que garantiza la protección contra el despido arbitrario.

3°) Que el recurso extraordinario ha sido correctamente concedido pues, además de reunir los restantes recaudos de admisibilidad, pone en cuestión la constitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (según la ley 24.013) en cuanto limita la base salarial del cálculo de las indemnizaciones por despido sin justa causa, y la decisión apelada ha sido contraria a la pretensión del recurrente fundada en el precepto constitucional invocado (art. 14.3 de la ley 48).

4°) Que el primer párrafo del citado art. 245 dispone: “En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa […], éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”.

Corresponde poner de relieve dos de los caracteres de este instituto, que se infieren de los términos en que fue enunciado por el legislador. Primeramente, ha sido concebido como una indemnización, al igual que lo ocurrido en oportunidad de su aparición en el ordenamiento jurídico, en 1934 (Código de Comercio, art. 157.3, según ley 11.729). En segundo lugar, se encuentra regulado, manteniendo análoga tradición, con arreglo a un doble orden de pautas fundamentales. Por un lado, el importe de la indemnización es tarifado. Empero, por el otro, esta suerte de rigidez es relativa, dado que la determinación de dicho importe tiende, explícitamente, a adecuarse a la realidad a la que pretende dar respuesta, mediante el cómputo de dos circunstancias propias del contrato disuelto: antigüedad y salario del trabajador despedido.

Es innecesario, por lo menos a los fines del caso, ahondar en otras consideraciones sobre la naturaleza jurídica de la prestación en juego, punto que, como es sabido, ha despertado tanto la reflexión como el desencuentro entre los estudiosos. Sí importa subrayar que, por intermedio de la referencia a la realidad mencionada precedentemente, el legislador ha buscado, como era preciso, la protección contra el despido arbitrario en concreto, vale decir, con apego a las circunstancias de cada caso, tenidas por relevantes.

5°) Que lo antedicho no oculta que el citado art. 245 también ha establecido límites a uno de los datos del recordado binomio fáctico del contrato disuelto. Es el supuesto de la base remuneratoria que, de acuerdo con la mencionada norma, no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable al trabajador al momento del despido, o en el convenio colectivo más favorable, en el supuesto de empleados no amparados convencionalmente. Con ello, la Ley de Contrato de Trabajo, aunque bajo otro parámetro, reitera la impronta establecida en 1934, pero que no siempre rigió el diseño del régimen indemnizatorio, tal como lo atestigua la ley 23.697 (art. 48).

En tales condiciones, es posible que la fijación de un importe máximo a la mentada base pueda producir tensiones con los propósitos de alcanzar la reparación en concreto antes indicada. La evaluación legal del daño, que en un primer momento busca, naturalmente, anclar en la realidad por vía del cómputo de la “mejor remuneración mensual normal y habitual” del trabajador despedido, comienza a alejarse de dicha realidad, a desentenderse de ésta, por el obrar de un tope. Y ello, en medida directamente proporcional al quántum en que dicha remuneración supere el promedio citado.

6°) Que, por cierto, no hay dudas en cuanto a la validez constitucional de un régimen tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, esto es, un sistema que resigne la puntual estimación del daño en pos de determinados objetivos, entre otros, la celeridad, certeza y previsibilidad en la cuantía de aquéllas. Con todo, si el propósito del instituto es reparar, tampoco hay dudas con respecto a que la modalidad que se adopte, en todo caso, debe guardar una razonable vinculación y proporción con los elementos fácticos que el propio legislador eligió como significativos para calcular la prestación.

En efecto, no podría considerarse que la ley lograse su declarada finalidad reparadora si terminara desconociendo la concreta realidad a la que quiso atender, a causa de limitaciones en la evaluación de uno de los elementos de cálculo que, precisa e inequívocamente constituye uno de los dos indicadores de esa realidad: el salario realmente percibido por el trabajador despedido y no por otro u otros.

7°) Que, en tal sentido, es aplicable al presente caso la doctrina de la Corte según la cual “el resarcimiento del empleado debe ser equitativo, y ello importa afirmar que la reglamentación legal del derecho a la llamada estabilidad impropia, constitucionalmente reconocido, debe ser razonable, lo que a su vez quiere decir, adecuada a los fines que contempla y no descalificable por razón de iniquidad” (“Carrizo c. Administración General de Puertos”, Fallos: 304:972, 978, considerando 5° y su cita). Más aún. Este precedente concierne a un supuesto en el que el Tribunal confirmó la declaración de inconstitucionalidad de una norma (art. 4 de la ley 21.274), en la medida en que las pautas fijadas para calcular el crédito conducían a “una insuficiencia de la indemnización” por despido (ídem, considerando 6°).

Más todavía. La necesidad del nexo entre la indemnización y la realidad concreta del trabajador dañado por la disolución del contrato laboral, dispuesta por el empleador sin justa causa, también fue puesta de manifiesto en “Carrizo” al puntualizarse que la reparación tiene contenido alimentario y se devenga, generalmente, en situaciones de emergencia para el empleado (ídem, considerando 5° y su cita, entre otros). Por lo tanto, aplicadas estas comprobaciones al presente caso, sólo ilusoriamente podrían tenerse por atendidos dichos contenido y situación si los condicionamientos legales llevaran prácticamente a desdibujar la entidad de uno de los factores que los componen como es el importe del salario que el trabajador venía percibiendo para la época del distracto.

Corresponde, incluso, citar el caso “Jáuregui c. Unión Obreros y Empleados del Plástico”. En esa oportunidad, esta Corte, al entender que la finalidad del art. 245 es ponderar la base salarial de cálculo de la indemnización “sobre pautas reales”, juzgó que violentaba los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución Nacional el hecho de que aquella norma fuese interpretada en el sentido de admitir que el salario a tomar en cuenta se apartase de dichas pautas al ignorar el deterioro del poder adquisitivo de este último, acaecido durante el lapso que medió entre la finalización de un ciclo de trabajo (de temporada) y el momento del despido (Fallos: 306:940, 944, considerando 4° y sgtes.). Se advierte que la aplicación en la especie de la ratio decidendi de “Jáuregui”, apareja que determinadas diferencias entre la remuneración establecida en el primer párrafo del art. 245, y el máximo previsto en su segundo párrafo, también podrían tornar irreales las pautas indemnizatorias en juego y, por tanto, censurables con base en la Constitución Nacional.

8°) Que, por cierto, dadas las características del régimen en debate, no todo apartamiento por parte de éste de los aspectos de la realidad a los que remite, justificaría el reproche constitucional. Si es válido como principio, de acuerdo con lo ya expresado, que la indemnización por despido sin justa causa pueda ser regulada por la ley con carácter tarifado, i.e., sin admitir prueba de los daños en más o en menos, también lo será, con análogos alcances, que aquélla someta la evaluación de los elementos determinantes de la reparación a ciertos límites cuantitativos.

Para resolver la contienda, es cuestión, entonces, de establecer un criterio que, sin desconocer el margen de apreciación del legislador —y los equilibrios, balances y objetivos que motivaron a éste—, señale los límites que impone a todo ello la Constitución Nacional mediante las exigencias de su art. 14 bis: “el trabajo […] gozará de la protección de las leyes”, y éstas “asegurarán al trabajador […] protección contra el despido arbitrario”. Máxime cuando su art. 28 enuncia el principio de supremacía de aquélla, al disponer, claramente, que “los principios, garantías y derechos” reconocidos constitucionalmente, “no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.

La intervención de esta Corte en los términos precedentemente expuestos no entraña ingerencia alguna en el ámbito del Poder Legislativo, ni quiebre del principio de separación de poderes o división de funciones. Se trata del cumplido, debido y necesario ejercicio del control de constitucionalidad de las normas y actos de los gobernantes que le impone la Constitución Nacional. Es bien sabido que esta última asume el carácter de una norma jurídica y que, en cuanto reconoce derechos, lo hace para que éstos resulten efectivos y no ilusorios, sobre todo cuando, como en el caso, se encuentra en debate un derecho humano.

Asimismo, los derechos constitucionales tienen, naturalmente, un contenido que, por cierto, lo proporciona la propia Constitución. De lo contrario, debería admitirse una conclusión insostenible y que, a la par, echaría por tierra el mentado control: que la Constitución Nacional enuncia derechos huecos, a ser llenados de cualquier modo por el legislador, o que no resulta más que un promisorio conjunto de sabios consejos, cuyo seguimiento quedaría librado a la buena voluntad de este último.

Todo ello explica que la determinación de dicho contenido configure, precisamente, uno de los objetos de estudio centrales del intérprete constitucional. Explica también que al reglamentar un derecho constitucional, el llamado a hacerlo no pueda obrar con otra finalidad que no sea la de dar a aquél toda la plenitud que le reconozca la Constitución Nacional. Los derechos constitucionales son susceptibles de reglamentación, pero esta última está destinada a no alterarlos (art. 28 cit.), lo cual significa conferirles la extensión y comprensión previstas en el texto que los enunció y que manda a asegurarlos. Es asunto de legislar, sí, pero para garantizar “el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos” (Constitución Nacional, art. 75 inc. 23).

El mandato que expresa el tantas veces citado art. 14 bis se dirige primordialmente al legislador, pero su cumplimiento “atañe asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector que anima” a dicho precepto (Fallos 301:319, 324/325, considerando 5°).

9°) Que el art. 14 bis, cabe subrayarlo, impone un particular enfoque para el control de constitucionalidad. En efecto, en la relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo que atañe a intereses particulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que, desde el ángulo constitucional, el primero es sujeto de preferente tutela, tal como se sigue de los pasajes del art. 14 bis anteriormente transcriptos, así como de los restantes derechos del trabajador contenidos en esta cláusula.

Más aún. Al doble orden de exigencias mencionadas en el segundo párrafo del precedente considerando, corresponde añadir un tercero, puesto que, cuando el art. 14 bis dispone que las leyes “asegurarán: condiciones […] equitativas de labor” (itálica agregada), enuncia un mandato que traspasa este último marco. Al modo de un común denominador, se proyecta sobre todos los restantes contenidos de la norma que, sin perder su identidad y autonomía, también son susceptibles de integrar el concepto de condiciones de labor. Entre ellos se incluye, sin esfuerzos, la protección contra el despido arbitrario. Y “equitativo”, en este contexto significa justo en el caso concreto.

No es casual, en consecuencia, que el Tribunal haya hecho mérito de la “justicia de la organización del trabajo”, al sostener la validez de normas que ponían en cabeza de los empleadores determinadas prestaciones en favor de los empleados (vgr. Fallos: 251:21, 34, considerando 3°). Que también haya juzgado, con expresa referencia a las indemnizaciones por despido, que “la regulación de las obligaciones patronales con arreglo a las exigencias de justicia, constituye un deber para el Estado” (Fallos: 252:158, 163, considerando 10). Se trata, asimismo, de la observancia de un principio, el antedicho, que “también incumbe a la empresa contemporánea” (Fallos: 254:152, 155, considerando 3°).

Esta preferencia, por lo demás, es la respuesta constitucional dada en 1957 a diversas situaciones y comprobaciones fácticas, entre otras, la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo, pero que habían arraigado en la jurisprudencia de esta Corte anterior a la vigencia del art. 14 bis (vgr. Fallos: 181:209, 213/214).

Se explica, así, que ya para 1938, el Tribunal haya considerado que el legislador argentino, al disponer que “el patrón no puede despedir a su dependiente sin justa causa —cualesquiera sean los términos del contrato de trabajo— sin indemnizarlo prudencialmente”, no hacía más que seguir el “ritmo universal de la justicia” (Fallos: 181:209, 213).

A su turno, la incorporación del art. 14 bis a la Constitución Nacional tradujo ese ritmo en deberes “inexcusables” del Congreso a fin de “asegurar al trabajador un conjunto de derechos inviolables, entre los que figura, de manera conspicua, el de tener ‘protección contra el despido arbitrario'” (Fallos: 252:158, 161, considerando 3°). Su “excepcional significación, dentro de las relaciones económicosociales existentes en la sociedad contemporánea, hizo posible y justo” que a las materias sobre las que versó el art. 14 bis “se les destinara la parte más relevante de una reforma constitucional” (ídem, pág. 163, considerando 7° y sus citas).

10) Que sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22). Son pruebas elocuentes de ello la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 23/25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 6 y 7), a lo que deben agregarse los instrumentos especializados, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 32).

Al respecto, exhibe singular relevancia el art. 6 del citado pacto pues, en seguimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23.1), enuncia el “derecho a trabajar” (art. 6.1), comprensivo del derecho del trabajador a no verse privado arbitrariamente de su empleo, cualquiera que sea la clase de éste. Así surge, por otro lado, de los trabajos preparatorios de este tratado (v. Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, págs. 197 y 223). Derecho al trabajo que, además de estar también contenido en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV) y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 5.e.i), debe ser considerado “inalienable de todo ser humano” en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a).

11) Que, en suma, establecer una pauta en el caso en examen, teniendo en cuenta los principios que han venido siendo enunciados, es cuestión que sólo puede estar regida por la prudencia, y los imperativos de justicia y equidad, antes aludidos.

En consecuencia, a juicio de esta Corte, no resulta razonable, justo ni equitativo, que la base salarial prevista en el primer párrafo del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vale decir, “la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor”, pueda verse reducida en más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos. De acuerdo con ellos, dicha remuneración no podrá exceder el equivalente de tres veces el importe mensual de la suma que resulta del promedio de todas las remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable. Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje (Fallos: 209:114, 125/126 y 210:310, 320, considerando 6°, entre muchos otros).

Permitir que el importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable enunciado en el citado art. 14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y que éstas asegurarán al trabajador protección contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor. Significaría, asimismo, un olvido del citado art. 28 de la Constitución Nacional.

La Corte no desconoce, desde luego, que los efectos que produzca la doctrina del presente fallo podrían ser considerados, desde ciertas posiciones o escuelas, como inadecuados a los lineamientos que serían necesarios para el mejoramiento del llamado mercado de trabajo, cuando no del mercado económico en general.

Esta hipotética censura, sin embargo, al margen de la naturaleza sólo conjetural de las consecuencias que predica, resulta manifiestamente desechable. Puesto que, seguramente de manera involuntaria, omite hacerse cargo de que su eventual consistencia exige ignorar o subvertir tanto el ya mentado principio de supremacía de la Constitución Nacional, cuanto el fundamento en el que toda ésta descansa según el texto de 18531860, robustecido aun más por los señeros aportes del art. 14 bis y la reforma de 1994 (esp. art. 75 inc. 22). Consentir que la reglamentación del derecho del trabajo reconocido por la Constitución Nacional, aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que aquélla le exige; admitir que sean las “leyes” de dicho mercado el modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de análoga procedencia, importaría (aunque se admitiere la conveniencia de dichas “leyes”), pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional.

Puesto que, si de ésta se trata, resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad.

Es perentorio insistir, ante la prédica señalada, que el trabajo humano “no constituye una mercancía” (Fallos: 290:116, 118, considerando 4°).

En este orden conceptual, es oportuno recordar lo expresado por la Corte, en el precedente “Mata c. Ferretería Francesa”, al rechazar la impugnación constitucional de una ley que había elevado el tope máximo de la indemnización por antigüedad: “tratándose de cargas razonables […] rige el principio según el cual el cumplimiento de las obligaciones patronales no se supedita al éxito de la empresa (Fallos: 189:234; 234:161; 240:30 y otros), éxito cuyo mantenimiento de ningún modo podría hacerse depender, jurídicamente, de la subsistencia de un régimen inequitativo de despidos arbitrarios” (Fallos: 252:158, 163/164, considerando 10).

La razonable relación que, según el Tribunal, debe guardar la base salarial de la indemnización por despido sin justa causa con la mejor remuneración mensual normal y habitual computable, toma en cuenta que esta última, por resultar la contraprestación del empleador por los servicios del trabajador, pone de manifiesto, a su vez, la medida en que aquél, en términos económicos, reconoció y evaluó los frutos o beneficios que éste le proporcionó con su labor subordinada. Dicho salario, para el empleador, justipreció el esfuerzo y la importancia de las tareas desarrolladas por el dependiente, y se adecuó a las posibilidades económicas y al rendimiento que estimó al contratarlo o promoverlo.

12) Que, esta Corte ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional “cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagren una manifiesta iniquidad” (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus numerosas citas).

En el sub lite se ha configurado esta grave situación según se sigue de los guarismos y cálculos no controvertidos que ya han sido expresados (considerando 2°). Entonces, corresponderá aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrafos segundo y tercero del citado art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración mensual normal y habitual computable. Dicho de otra manera y con arreglo a las aludidas circunstancias de la causa, la base salarial para el cálculo de la indemnización del actor asciende a $ 7.370.

Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se declara admisible el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, con costas por su orden en todas las instancias en atención al cambio de criterio sobre el punto en debate (Fallos: 323:973). Vuelva el expediente al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, se dicte una nueva sentencia de acuerdo con la presente. Hágase saber, acumúlese la queja al principal y, oportunamente, remítase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – CARLOS S. FAYT – ANTONIO BOGGIANO – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

ES COPIA


Recurso extraordinario interpuesto por el actor Carlos Alberto Vizzoti, patrocinado por los Dres. Jorge Rodríguez Manzini y Juan Manuel Arias.

Traslado contestado por la demandada Amsa Asistencia Médica Social Argentina S.A., representada por la Dra. Mirna Isabel Kaploean, repr esentada por los Dres. José N. Gómez Escalante y Raúl Diego Llambí hasta la renuncia al mandato a fs. 79.

Tribunal de origen: Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional del Trabajo n° 24.

ACCIDENTES DE TRABAJO. INDEMNIZACION. LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO. PAGO EN FORMA DE RENTA. INCONSTITUCIONALIDAD.

Milone, Juan A. c/Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/accidente – Ley 9688. Corte Suprema de Justicia de la Nación. 26/10/2004

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la sentencia de la C. Nac. Trab. que había declarado la inconstitucionalidad del originario art. 14.2.b de la ley 24557 y, consecuentemente, había hecho lugar al reclamo del actor tendiente a que la indemnización del accidente del trabajo del que resultó víctima le fuese satisfecha mediante un pago único y no en forma de renta periódica según lo establecía la norma citada.

26 de octubre de 2004

El medio elegido para satisfacer la única reparación dineraria, vale decir, el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su antes indicado carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los “objetivos” legales a los que debe servir, y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las “efectivas necesidades que experimentan los damnificados”.

Tanto la historia legislativa nacional cuanto la fuente internacional atestiguan la inconsistencia de las reglamentaciones que se agotan inflexiblemente en indemnizaciones de pago periódico, cuando lo que aquéllas deben consagrar es una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador in concreto.

No se satisfacen los requerimientos de “asegurar” una condición de labor “equitativa”, toda vez que, por su rigor, la norma cuestionada termina desinteresándose de la concreta realidad sobre la que debe obrar.

Por su carácter, el art. 14.2.b impide absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a la víctima, la que deberá contentarse con escoger dentro del marco más que estrecho que le impone la renta. De tal manera, y si bien cabe descartar que sea un fin querido por el legislador, lo decisivo es que el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida, es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo.

El sistema de pura renta periódica regulado por el original art. 14.2.b ley 24557, importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de las incapacidades más severas (superiores al 20% e inferiores al 66%) en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único, distinción que no se compadece con la atención de las necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad, desnaturalizándose por esa vía la finalidad protectoria de la ley.

Aun cuando la LRT (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche, por no establecer excepción alguna para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura.

La declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico y procedente en tanto el interesado demuestre claramente de que forma aquélla contraría la Norma Fundamental, causándole un gravamen; y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales -del dictamen del Procurador General al que remiten los votos en disidencia de los doctores Belluscio y Fayt-

El requirente se limita a descalificar la renta periódica a la que tilda sucesivamente de magra, perversa, exigua, irrazonable, absurda, confiscatoria, arbitraria y a conjeturar agravios vinculados a la depreciación de la divisa y a la obtención de una renta financiera superior, sin proveer, empero, evidencia económica alguna de las ventajas involucradas en la sustitución de la renta periódica a la que se refiere el artículo 14, ítem 2 b), de la ley n° 24.557, por un pago único e íntegro del concepto comprometido -del dictamen del Procurador General al que remiten los votos en disidencia de los doctores Belluscio y Fayt-

I

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala IX, confirmó la sentencia de la anterior instancia que, previa declaración de inconstitucionalidad del precepto, condenó a la accionada a abonar al peticionario, íntegramente y en un pago único, el importe de la indemnización por accidente estipulada en el artículo 14, inciso b), de la ley n° 24.557 (v. fs. 213/216). En suma, arguyó para así decidir que: 1) resulta más beneficioso para el pretensor taxista, de 55 años, afectado de una minusvalía total del 65%, con pérdida de la visión del ojo izquierdo e imposibilitado de reubicarse en el plano laboral el cobro íntegro del capital reparatorio y no a través de una prestación mensual; y, 2) el pago por renta periódica desnaturaliza la finalidad para la que fue establecida la prestación con lo que lesiona las garantías de los artículos 14, 14 bis y 17 de la Constitución, acarrea la pérdida de la disponibilidad y control del dinero por el afectado y omite que la administración de la suma total le permitiría obtener frutos más rentables, conservando el capital. Descarta la aplicación del precedente de Fallos: 325:11 al tiempo que refiere que la fragmentación del pago desintegra el resarcimiento al perder su real contenido económico. Por último, fundada en el artículo 116 de la Ley Orgánica n° 18.345, considera desierta la apelación en lo que se refiere al monto de la renta periódica (fs. 232/234).

Contra dicha decisión, la demandada dedujo recurso extraordinario (fs. 237/249), que fue contestado (fs. 241/252) y concedido en lo que atañe a la cuestión suscitada en torno a la declaración de invalidez constitucional del artículo 14, inciso b), de la ley n° 24.557; no así en lo que se refiere a la tacha de arbitrariedad de la resolución (fs. 256/257 y 259).

II

En síntesis, manifiesta la recurrente que la sentencia, al declarar la invalidez constitucional del artículo 14, inciso b), de la ley n° 24.557, incurre amén de en un supuesto de arbitrariedad por falta del debido fundamento y gravedad institucional en una cuestión de las establecidas en el artículo 14 de la ley n° 48, al malinterpretar la regla más tarde invalidada, desconociendo la primacía de los artículos 16, 17 y 18 de la Norma Fundamental.

En concreto, reprocha que el fallo admite un planteo constitucional sin la evidencia de un agravio suficiente, acudiendo, mediante una analogía no habilitada por ley, al dispositivo del artículo 14, inciso a), de la ley n° 24.557, desconociendo así la antigua data del régimen de la renta periódica en la legislación argentina sobre infortunios laborales art. 5°, Convenio OIT n° 17, ratificado por ley n° 13.560 y la inclusión de la ley de riesgos de trabajo en el contexto general de prestaciones periódicas del sistema de la seguridad social (Fallos: 325:11).

Prescinde, asimismo, de que la modalidad de pago observada, lejos de discriminar, alcanza a todo un segmento de la población trabajadores a quienes, por otra parte, beneficia un régimen especial que conlleva una serie de prestaciones que no se extienden a otro sectores. Enfatiza que no existe un monto de capital disponible que se divide en cuotas formando la renta periódica, sino que ella se establece mediante una ecuación que incluye, entre otros componentes, la expectativa de vida del actor, de modo tal que éste nunca accede a la titularidad de la suma cuya inversión atañe al principal o la aseguradora.

Subraya que la decisión confirmada modifica el régimen establecido por la ley n° 24.557 y el decreto n° 1278/00, afectando el principio “pacta sunt servanda” sin otro asiento que asertos conjeturales y descalificatorios a propósito de esta modalidad de pago; soslayando que, si bien el manejo por el actor del capital podría eventualmente significar una mayor renta financiera, conlleva también el riesgo de su administración y la pérdida total de la fuente de ingresos.

Reprueba, finalmente, que el pronunciamiento pierda de vista que el sistema de la ley n° 24.557 debe evaluarse en forma completa e integral, no fragmentada, al tiempo que puntualiza que la Corte ha asentido a la constitucionalidad genérica de los resarcimientos tarifados recogidos en numerosas leyes, bajo la condición que allende la proporcionalidad habida entre retribución y resarcimiento el monto resultante no suprima o desnaturalice el derecho que se pretende asegurar, siendo que en este caso desde la perspectiva del recurrente los importes obtenidos son equitativos y aseguran al pretensor un ingreso adecuado a sus razonables expectativas y proporcionado a su situación (v. fs. 237/249).

III

Previo a todo, procede referir que, como bien señalan los jueces de ambas instancias, el debate se ciñe aquí a la modalidad de pago de la indemnización por incapacidad laboral implementada en el artículo 14, apartado 2. b), de la ley n° 24.557 (fs. 213 y 233). Si bien vale recordar que la apelación extraordinaria sólo fue concedida en lo que se refiere a la cuestión federal estricta y no por arbitrariedad de sentencia aspecto a propósito del cual la demandada no dedujo una presentación directa lo cierto es que esta última se vincula de manera inescindible con la anterior, por lo que corresponde que V.E. atienda los agravios con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 301:1194; 307:493, 1824; 315:1485; 323:3784; 324:4013; y, más recientemente, S.C. R. n° 887, L. XXXVI, “Radiodifusora Mediterránea SRL c/ Estado Nacional amparo”, del 05. 11.02).

IV

Ha reiterado V.E. que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (v. Fallos: 324:3345, 4404; 325:645, etc.), y procedente en tanto el interesado demuestre claramente de que forma aquélla contraría la Norma Fundamental, causándole un gravamen; y para ello es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo, resultando insuficiente la invocación de agravios meramente conjeturales (cfse. Fallos: 321:220; 324: 3345; 325:645, etc.).

Ello, decididamente, no se advierte en las presentaciones de fs. 3/6 y 10, ni tampoco con ulterioridad, desde que, en rigor, el requirente se limita a descalificar la renta periódica a la que tilda sucesivamente de magra, perversa, exigua, irrazonable, absurda, confiscatoria, arbitraria y a conjeturar agravios vinculados a la depreciación de la divisa y a la obtención de una renta financiera superior, sin proveer, empero, evidencia económica alguna de las ventajas involucradas en la sustitución de la renta periódica a la que se refiere el artículo 14, ítem 2 b), de la ley n° 24.557, por un pago único e íntegro del concepto comprometido (v. Fallos: 324:754, etc.), aspecto insisto al que la quejosa ciñe, en definitiva, su petición.

Tal déficit se acrece tan pronto se aprecia que los jueces en ambas instancias, lejos de suplir esa omisión, se pronuncian a favor de la invalidez constitucional de la norma en disputa sobre la base de que el monto de dicha renta mensual no guarda una adecuada relación con el salario bruto del actor, menos del 50% (fs. 214); resultando, consecuentemente, equitativo su reemplazo por una prestación dineraria única calculada sobre la base de la previsión del artículo 14, apartado 2 a), de la ley n° 24.557 (v. fs. 215), con lo que, por otro lado, se apartan dogmáticamente, además de los estrictos términos del planteo originario.

El anterior razonamiento, amén de lo inscrito, prescinde entre otros defectos no sólo de que la modificación introducida al precepto invalidado por el decreto n° 1278/00 ratifica, para el supuesto de incapacidades laborales permanentes, parciales y definitivas como la del pretensor (65%), el pago bajo la modalidad de una renta periódica lo que, a mi juicio, conlleva extremar el rigor argumentativo exigible para su invalidación sino también de la necesidad de apreciar que el capital de condena saldado en alrededor de una tercera parte por los pagos periódicos concretados por la aseguradora a la época del fallo de mérito (fs. 85/86 y 201) y seguramente en más a la fecha, desde que no se ha argüido su discontinuidad ha visto menguar gravemente su aptitud para constituirse en el capital financiero al que se refiere la sentencia. Dicho dato menos aun puede soslayarse en esta instancia de excepción, de estar a la doctrina sentada entre otros supuestos en Fallos: 324:3948, 325:2177, etc.

Por otra parte, sabido es que, si bien respecto de diferentes rubros o conceptos resarcitorios, V.E. ha estimado que los motivos de equidad no pueden servir de pretexto para que los jueces dejen de aplicar las disposiciones legales cuya sanción y abrogación está reservada a otros poderes del estado (Fallos: 322:1017; 324:2801, etc.); y en línea con lo expuesto, entre otros precedentes, en Fallos: 322:995 vale advertir que tampoco aquí se explicitan, como es debido, las razones por las que se considera que la renta periódica debe situarse, necesariamente, en una cierta relación de proporcionalidad con el ingreso bruto del trabajador incapacitado (Fallos: 323:2834; 324:2801, entre otros); ni menos aún porqué el monto de condena no constituye una pulverización del derecho que se quiere asegurar, cuando sus parámetros de cálculo no parecen distar demasiado dejando de lado la condición periódica de la renta de los pautados en la disposición legal invalidada.

Por último, debe tenerse presente, además, que el único juicio que corresponde emitir aquí a los tribunales es el referido a la constitucionalidad de las leyes, a fin de discernir si media restricción de los derechos consagrados en la Carta Magna, sin inmiscuirse en el escrutinio de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones (v. Fallos: 324:3345; 323: 645, etc.).

V

Por lo expresado, entiendo que corresponde declarar procedente el recurso de la accionada, dejar sin efecto la sentencia y restituir las actuaciones al tribunal de origen para que, por quien proceda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo indicado.

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.

Nicolás Eduardo Becerra

Buenos Aires, 26 de octubre de 2004

Vistos los autos: “Milone, Juan Antonio c/ Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo s/ accidente – ley 9688”.

Considerando:

1°) Que la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de la instancia anterior que había declarado la inconstitucionalidad del originario art. 14.2.b de la ley 24.557 de riesgos del trabajo (LRT) y, consecuentemente, había hecho lugar al reclamo del actor tendiente a que la indemnización del accidente del trabajo del que resultó víctima le fuese satisfecha mediante un pago único y no en forma de renta periódica según lo establecía la norma citada. Sostuvo el a quo, en primer lugar, que por tratarse de una persona, el actor, “de 55 años, cuya actividad laboral era conducir un taxi, que entre los distintos padecimientos detectados que le generan una minusvalía laboral total del 65%, ha perdido la visión del ojo izquierdo, lo cual por el tipo de tarea realizada le imposibilita su reubicación laboral”, resultaba “más beneficiosa para el acreedor, el pago íntegro del capital indemnizatorio, y no a través de una prestación mensual complementaria”. Acotó, seguidamente, entre otras razones, que “las prestaciones previstas como sistema de pago en forma de ‘renta’ pueden llegar a desnaturalizar la finalidad para la cual fueron establecidas, y a través de ello se configure en forma indirecta pero significativa, una desprotección tal que torne a las normas aplicables, por inequidad, en contrarias a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional para la tutela de los trabajadores”; que el régimen de la LRT “no contempla las necesidades inmediatas, actuales y presentes de los trabajadores […], e ignora los fines que deben tener y han tenido los regímenes que reparan los accidentes de trabajo, ligados en forma directa a evitar que la minusvalía total que porta el trabajador, que como dependiente no puede trabajar por un acto que no le es imputable, lo afecte a él y a su núcleo familiar originando la desprotección consecuente (art. 14 C.N.)”; y que el sistema de pago de renta “acarrea la pérdida de disponibilidad y control del dinero por parte del damnificado, toda vez que está destinado a parcializarse y desvanecerse en su finalidad reparatoria, sin tenerse en cuenta que la administración del monto total por parte del reclamante —que, reitero, porta una incapacidad total y a la fecha del infortunio tenía 55 años— permitiría obtener frutos más rentables, manteniendo el capital y adecuarlos a las necesidades del trabajador y su familia”.

2°) Que contra dicha sentencia, la vencida interpuso recurso extraordinario, que fue concedido sólo en cuanto controvierte la declaración de inconstitucionalidad expuesta en el considerando anterior, vale decir, del originario art. 14.2.b de la LRT. Esta concesión es correcta, pues la apelación observa los requisitos de admisibilidad previstos en los arts. 14 y 15 de la ley 48, mayormente cuando está en juego una cuestión federal en los términos del inc. 1 de la primera de estas normas.

3°) Que, en consecuencia, corresponde señalar, por un lado, que el precepto de la LRT impugnado reza: “Artículo 14 […] 2. Declarado el carácter definitivo de la incapacidad laboral permanente parcial (IPP), el damnificado percibirá las siguientes prestaciones: […] b) Cuando el porcentaje de incapacidad sea superior al 20% e inferior al 66%, una renta periódica […]”. Por el otro, que esta norma, según se sigue del pronunciamiento del a quo, debe ser interpretada en el sentido de que el régimen indemnizatorio de renta periódica, dentro del ámbito en el que rige, no hace acepción de personas ni de circunstancias, vale decir, ha sido impuesto de manera absoluta, impidiendo que la reparación pueda ser satisfecha mediante un pago único. En consecuencia, la cuestión a ser resuelta por esta Corte radica en determinar si el citado art. 14.2.b, según la exégesis antedicha, es compatible con la Constitución Nacional o no.

4°) Que desde antiguo, el Tribunal ha establecido que las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitucional “cuando resultan irrazonables, o sea, cuando los medios que arbitran no se adecuan a los fines cuya realización procuren o cuando consagren una manifiesta iniquidad” (Fallos: 299:428, 430, considerando 5° y sus numerosas citas).

Luego, dos circunstancias deben ser puestas de manifiesto para lo que interesa al sub lite. Primeramente, la LRT ha previsto, con toda claridad, que uno de sus “objetivos” es “reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales” (art. 1.b). En segundo término, el Mensaje del Poder Ejecutivo del 4 de noviembre de 1994, que acompañó al entonces proyecto de la LRT, expresa: “recuperando el criterio adoptado inicialmente por la ley 9688, se da preferencia a las prestaciones dinerarias otorgadas en forma de renta o pago periódico mensual”. Este “cambio”, agrega, “implica un movimiento importante a favor de aproximar las prestaciones a las efectivas necesidades que experimentan los damnificados” (Antecedentes Parlamentarios, Buenos Aires, La Ley, 1996A, pág. 409, IV).

5°) Que, en este orden de ideas, no se requiere un mayor esfuerzo expositivo para concluir que el medio elegido para satisfacer la única reparación dineraria, vale decir, el régimen indemnizatorio de renta periódica, dado su antes indicado carácter absoluto, puede conducir a resultados opuestos a los “objetivos” legales a los que debe servir, y a un apartamiento de la tendencia a aproximarse a las “efectivas necesidades que experimentan los damnificados”. Las conclusiones firmes del a quo acerca de las circunstancias fácticas que rodean al actor, recordadas al comienzo, son elocuentes en cuanto a la configuración de un supuesto en el que se producen, precisamente, los mentados oposición y alejamiento.

En tal sentido, la LRT, no obstante la declarada intención de recuperar el originario sistema de la ley 9688, parece haber soslayado que la existencia de un conflicto análogo al presente ya había sido advertida por el legislador de la citada ley de 1915. La lectura del debate desarrollado en la Cámara de Diputados con motivo del examen del art. 9 del entonces proyecto muestra, con nitidez, que el propio miembro informante de la Comisión y defensor de la cláusula, doctor Arturo M. Bas, reconoció las consecuencias negativas que originaba un sistema de renta que excluía inflexiblemente que la indemnización pudiera ser otorgada en un pago único. Más aún; frente a las críticas planteadas, dicho miembro admitió, sin rebozos, que la Comisión “no tendría inconveniente en aceptar algún agregado” al art. 9 tendiente a evitar los aludidos inconvenientes, si bien, finalmente, la propuesta en juego no fue materializada (v. las intervenciones de los diputados Padilla y Bas, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1915, t. III, págs. 602/603).

No menos preciso es poner de relieve que, durante el lapso en que rigió, i.e., hasta su abandono en favor del pago único (ley 18.913), el sistema de renta de la ley 9688 fue modificado —más allá de los breves efectos en el tiempo que produjo el decretoley 650/55 (art. 1), dada su derogación por el decretoley 5005/56 (art. 1)— por vía del decretoley 4834/58, al establecer éste que los “beneficiarios mayores de edad podrán optar en percibir íntegramente o en forma de renta el importe de la indemnización” (art. 1.d). Esta reforma de 1958 se apoyó, entre otros motivos, en que “no puede dudarse que las necesidades económicas de los beneficiarios se hacen más indispensables en la época inmediata al infortunio, como también que la inversión del capital en forma directa por el interesado puede servir al mejor desenvolvimiento económico del mismo” (Boletín Oficial, 2341958, pág. 1).

Asimismo, particular importancia cobra el Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo, de 1925, ratificado por nuestro país, y que tiene jerarquía superior a las leyes (Constitución Nacional, art. 75.22), puesto que, si bien dispone el pago de la indemnización “en forma de renta”, como lo afirma la recurrente, no deja de prever la posibilidad del pago “en forma de capital” (art. 5), circunstancia que silencia esta última al transcribir el precepto de manera parcial.

Finalmente, tampoco puede ser pasado por alto, aun cuando no se trate de una norma aplicable a la presente contienda, que el decreto 1278/2000 reformó el art. 14.2.b y añadió a la renta periódica un importe adicional de pago único (art. 6). Por esta modificación, expresan los considerandos de ese cuerpo legal, se pretende “dar satisfacción a necesidades impostergables del trabajador […], originadas en el infortunio laboral” (Boletín Oficial, n° 29.558, 1ª. Sección, 312001, pág. 2).

Los señalamientos de los dos párrafos precedentes, por cierto, no están enderezados a determinar cuál es el régimen legal compatible con la Constitución Nacional. Su finalidad, y la de la referencia al debate de 1915, es demostrar que tanto la historia legislativa nacional cuanto la fuente internacional atestiguan la inconsistencia de las reglamentaciones que, al modo de la sub lite, se agotan inflexiblemente en indemnizaciones de pago periódico, cuando lo que aquéllas deben consagrar es una reparación equitativa, o sea, que resguarde el sentido reparador in concreto.

6°) Que esto último refleja la necesidad de sopesar la norma en cuestión de la LRT a la luz del llamado principio protectorio contenido en el art. 14 bis de la Constitución Nacional: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”, y de la expresa manda de la que da cuenta esta norma: dichas leyes “asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor”. Conviene recordar que estos postulados imponen al Congreso “deberes inexcusables” a fin de asegurar al trabajador un conjunto de “derechos inviolables” (Fallos: 252:158, 161, considerando 3°), lo cual, en atención a lo expresado en los considerandos anteriores, contrasta con las circunstancias fácticas y jurídicas sub examine. En otras palabras, se advierte que en el caso, no se satisfacen los requerimientos de “asegurar” una condición de labor “equitativa”, vale decir, justa, toda vez que, por su rigor, la norma cuestionada termina desinteresándose de la concreta realidad sobre la que debe obrar.

A su vez, cabe señalar que los principios elaborados a partir de lo dispuesto en el mencionado art. 14 bis se integran a las disposiciones incorporadas por la reforma de 1994, en el art. 75, incs. 22 y 23, del texto constitucional. En tal sentido, el Preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera de manera explícita la interdependencia e indivisibilidad que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y políticos, por cuanto todos éstos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana (párrs. 2 y 3; asimismo: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Preámbulo, párrs. 2 y 3). Por dicha razón, el mencionado conjunto de derechos exige una tutela y promoción permanentes con el objeto de lograr su plena vigencia. En línea con tales afirmaciones, el art. 7 del instrumento internacional nombrado en primer término, al reconocer el “derecho al trabajo”, dispone que éste comprende el derecho de toda persona de tener la oportunidad de ganarse la vida, lo cual se completa con el artículo siguiente en el que los estados reconocen que tal derecho supone que toda persona goce del mismo en condiciones equitativas y satisfactorias, que le aseguren condiciones de existencia dignas para el trabajador y para su familia, mencionando al respecto, de manera particular, la seguridad y la higiene en el trabajo, entre otras materias que —según lo allí previsto— deben ser garantizadas por los estados en sus legislaciones. A ello se suma el art. 12, relativo al derecho de toda persona al “disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, cuando en su inc. 2 dispone: “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para […] b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo […]; c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades […] profesionales”. El citado art. 7.b, corresponde subrayarlo, implica que, una vez establecida por los estados la legislación apropiada en materia de seguridad e higiene en el trabajo, uno de los más cruciales aspectos sea la reparación a que tengan derecho los dañados (Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, pág. 242).

A conclusiones sustancialmente análogas conduce el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador, aprobado por la ley 24.658, si se atiende a su Preámbulo y a los arts. 6 y 7, concernientes al derecho al trabajo y a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, respectivamente.

Por su parte, el art. 75, inc. 23, de la Constitución Nacional, al establecer como atribuciones del Congreso de la Nación las de legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, pone énfasis en determinados grupos tradicionalmente postergados, dentro de los cuales se menciona en forma expresa a las personas con discapacidad. Por tal razón, una interpretación conforme con el texto constitucional indica que la efectiva protección al trabajo dispuesta en el art. 14 bis se encuentra alcanzada y complementada, en las circunstancias sub examine, por el mandato del art. 75, inc. 23, norma que, paralelamente, asienta el principio de no regresión en materia de derechos fundamentales. Así lo preceptúa también el principio de progresividad asentado en el art. 2.1 del citado Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en concordancia con su art. 11, inc. 1, por el que los estados han reconocido el derecho de toda persona “a una mejora continua de las condiciones de existencia”.

7°) Que, desde otra perspectiva, está fuera de toda duda que una discapacidad, sobre todo de las comprendidas por el art. 14.2.b, repercutirá no sólo en la esfera económica de la víctima, sino también en diversos aspectos de su personalidad que hacen al ámbito doméstico, cultural y social, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida (Fallos: 315:2834, 2848, considerando 12, entre muchos otros). Un trance de tamaña gravedad, por ende, llevará seguramente al trabajador —y, en su caso, a la familia de éste— a una profunda reformulación de su proyecto de vida, para lo cual la indemnización a la que tenga derecho se presentará como un dato de importancia inocultable por mayúsculo. Es precisamente por ello que el medio reparador, de ser inadecuado, puede añadir a la mentada frustración, una nueva, tal como sucede con el sistema originariamente previsto por la LRT. En efecto, esta última reduce drásticamente el universo de opciones que le permitirían al trabajador reformular dicho proyecto. Por su carácter, el art. 14.2.b impide absolutamente las alternativas realizables mediante una indemnización de pago único, aun cuando fueran más favorables a la víctima, la que deberá contentarse con escoger dentro del marco más que estrecho que le impone la renta. De tal manera, y si bien cabe descartar que sea un fin querido por el legislador, lo decisivo es que el ámbito de libertad constitucionalmente protegido en el que se inserta el proyecto de vida, es objeto de una injerencia reglamentaria irrazonable al no encontrar sustento en ningún fin tutelar legítimo.

8°) Que, por otra parte, el sistema de pura renta periódica regulado por el original art. 14.2.b, importa un tratamiento discriminatorio para los damnificados víctimas de las incapacidades más severas (superiores al 20% e inferiores al 66%) en tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior les reconoce una indemnización de pago único (art. 14.2.a, ley citada), distinción que no se compadece con la atención de las necesidades impostergables de las víctimas más afectadas por la incapacidad, desnaturalizándose por esa vía la finalidad protectoria de la ley (Constitución Nacional, arts. 16 y 75, inc. 23).

9°) Que, en suma, aun cuando la LRT (art. 14.2.b) no resulta censurable desde el plano constitucional por establecer como regla, para determinadas incapacidades, que la reparación dineraria sea satisfecha mediante una renta periódica, sí es merecedora del aludido reproche, de acuerdo con la jurisprudencia que ha sido citada en el considerando 4°, por no establecer excepción alguna para supuestos como el sub examine, en que el criterio legal no se adecua al objetivo reparador cuya realización se procura. Frente a tales circunstancias, además, la norma consagra una solución incompatible con el principio protectorio y los requerimientos de condiciones equitativas de labor (art. 14 bis cit.), al paso que mortifica el ámbito de libertad resultante de la autonomía del sujeto para elaborar su proyecto de vida, e introduce un trato discriminatorio.

Por ello, y oído el señor Procurador General, se declara admisible el recurso extraordinario concedido y se confirma la sentencia apelada, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Hágase saber y, oportunamente, devuélvase.

ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (en disidencia)- CARLOS S. FAYT (en disidencia) – ANTONIO BOGGIANO – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAUL ZAFFARONI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

DISIDENCIA DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON AUGUSTO CESAR BELLUSCIO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT

Considerando:

Que esta Corte comparte los argumentos y conclusiones del dictamen del señor Procurador General de la Nación, al que se remite por razones de brevedad.

Por ello, se declara admisible el recurso extraordinario concedido y se deja sin efecto la sentencia apelada. Costas de todas las instancias por su orden en atención a la naturaleza alimentaria de la prestación reclamada por el actor. Notifíquese y, oportunamente, vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que por quien corresponda se dicte nueva sentencia con arreglo a lo decidido.

AUGUSTO CESAR BELLUSCIO – CARLOS S. FAYT.

EL HORIZONTE DE LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA A LA LUZ DEL PLENARIO RAMIREZ.

Por Alberto Chartzman Birenbaum

Febrero de 2006

SUMARIO

I.-PRELIMINAR- II- LA SOLIDARIDAD EN EL DERECHO COMUN – III-PLENARIO “RAMIREZ C/ RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS S.A.” – IV –  CONCLUSIONES

I.- PRELIMINAR
Como señala Perugini ” :el empresario tiende a difuminarse, a perder la transparencia que el principio de seguridad jurídica pide, ya que el fenómeno de tercerización multiplica la cadena de empresas auxiliares y externaliza funciones no estratégicas desempeñadas hasta entonces por las empresas, estimulando la creación de otras empresas con índices de falencia elevados”.
Es por ello, que la realidad del mundo jurídico laboral nos ha ubicado en el horizonte de redes comerciales, donde mediante la interposición de contratistas y subcontratistas en la organización productiva, ha devenido necesario una mayor protección legal de los trabajadores, para mantenerlos en área fuera de riesgo, es decir, sin fraccionamientos derivados de las eventuales insolvencias a que nos tienen acostumbrado estas formas de relaciones triangulares.
Frente a ello, el art. 30 LCT con las modificaciones que introdujo oportunamente el art. 17 de la ley 25013,estableció recaudos concretos- deberes de control- respecto de los empresarios que ceden, contratan o subcontratan parte de la actividad específica de una explotación, requiriendo a sus contratantes para liberarse de la responsabilidad solidaria, el cumplimiento de dichos extremos, ello demás de las obligaciones contenidas en el primer párrafo de la citada norma y de las nuevas disposiciones que introdujo la RG AFIP 1891/05, tal vez en un exceso que será parte de otro trabajo nuestro en elaboración.

II.- LA SOLIDARIDAD EN EL DERECHO COMUN
Las fuentes de solidaridad, según surge del art 699 CC son la convención de las partes y la ley, aunque el art. 700 CC, dispone que la solidaridad puede, también, ser constituída por decisión judicial; siendo sus efectos principales: la exigibilidad (derecho del acreedor al cobro total del crédito, respecto de cualquiera de los deudores y extinción de la obligación por pago u otro medio equivalente)
La solidaridad reviste de este modo carácter excepcional, el art. 701 CC exige que este expresamente comprendida en la ley. El art. 699 CC la define como hemos advertido.
La finalidad de la solidaridad en el derecho del trabajo, excede la prevención de maniobras fraudulentas, mientras en el derecho civil se presenta como un instrumento idóneo para la mejor consecución del interés común de acreedores y deudores.
Por su parte, del art. 705 CC se desprende que el acreedor, o cada acreedor, o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos.
Respecto del derecho al cobro total, adhiero a la postura de sostener, que como la LCT y las normas laborales en general, no modifican la forma como regula el derecho civil el instituto de la solidaridad, no hay motivo alguno para apartarse del efecto principal del instituto, que consiste en que cualquiera de los deudores solidarios está expuesto a que se le reclame la totalidad de la deuda, sin necesidad- de demandar previamente al deudor principal.

III.- PLENARIO ” RAMIREZ C/ RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS SA”

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno, a los tres días del mes de febrero de 2006 reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal , a fin de considerar el expediente Nº 21.551/2001 – Sala VI, caratulado “RAMÍREZ, MARIA ISIDORA c/ RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS S.A. Y OTRO s/ DESPIDO”, convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: “¿Es aplicable el artículo 705 del Código Civil a la responsabilidad del artículo 30 L.C.T.?”, señaló en la apertura de la discusión, que la  idea de la responsabilidad solidaria, como tantas otras, es fruto de la sutileza y creatividad del Derecho Romano, que concibió un vínculo con múltiples sujetos pasivos para que el acreedor pudiera reclamar a cada codeudor el cumplimiento total del objeto debido.
La característica esencial de esta tipología de las obligaciones reside en el derecho del acreedor a exigir a cada deudor el pago íntegro, vale decir, en la posibilidad irrestricta de demandar, como diría Jorge Joaquín Llambías, a todos, a algunos o a uno en particular, sin decir por qué (ver “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones” T. II, págs. 452, Edit. Abeledo Perrot).-
El art. 705 del Código Civil, que se menciona en el interrogante de la convocatoria, es clave en la dinámica propia de estas obligaciones. La disposición legal reitera con énfasis que el sujeto activo del vínculo “…puede exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos…” y aclara que si se reclamó “…el todo contra uno de los deudores y resultase insolvente, puede reclamarlo contra los demás…”.-
De modo entonces, que el criterio venido al debate de dicha convocatoria en pleno, sentado por la CNAT resulta contundente al determinar que en los casos de contratación o subcontratación, el trabajador puede elegir a quien demandar: si a su empleador o al contratante o a ambos a la vez- por aquellos créditos no satisfechos por su verdadero empleador.
En la Ley de Contrato de Trabajo no existe un régimen específico y distinto de la responsabilidad solidaria y no se advierte incompatibilidad alguna entre lo dispuesto por los arts. 699 y 705 del Código Civil y el principio protectorio. Muy por el contrario, la doctrina coincide, de una manera unánime, en que el art. 30 de la L.C.T. esta destinado a garantizar el cobro de los créditos, para lo cual crea sujetos pasivos múltiples, aún en la ausencia de fraude o ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente (ver Hugo Carcavallo “Los alcances del art. 30 de la L.C.T.”, en Revista de Derecho Laboral 2001 – I; Justo López “La solidaridad en las relaciones obligatorias laborales”, en Revista de Derecho Laboral, Editorial Rubinzal Culzoni, 2001-1, págs. 9 y sgtes.; Juan Carlos Fernández Madrid “Tratado de Derecho del Trabajo” T. I, págs. 925 y sgtes., Edit. La Ley y la reseña allí efectuada).
Los camaristas en el criterio adoptado en pleno, extendieron entonces, la aplicación del principio de responsabilidad general del art. 705 CC y entendieron que no cabe privar al acreedor laboral del derecho de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias y que consiste como señalamos en demandar a todos (empleador y contratante) o tan sólo a uno de ellos.
La decisión judicial tendrá un alto impacto para las empresas que tercerizan servicios, es decir, se desprenden de ciertas funciones, categorías de trabajo o tareas y encomiendan ese trabajo a terceros, ya sea dentro o fuera del ámbito de la empresa que encarga los trabajos o tareas.
El fiscal general de la Cámara sostuvo que lo contrario sería materializar una diferencia de trato hacia el acreedor laboral que consagra una inadmisible discriminación.
El Dr. Ricardo Guibourg, ha señalado que la “única solidaridad de nuestro sistema de obligaciones jurídicas es la establecida claramente en el Código Civil”.
Por su parte, el doctor Capón Filas expresa:   ¿Cuál es la razón por la cual no reconocer lo mismo al acreedor laboral? Obviamente, ninguna. Si el ciudadano en la Sociedad tiene derecho a accionar como se indica, el ciudadano en la empresa también lo tiene.-
Asimismo, la Doctora Ferreirós enfatiza: En el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, se aborda el tema de cesión total o parcial a otros del establecimiento o explotación así como la contratación o subcontratación de trabajos o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, imponiendo una serie de requisitos a cumplir por parte de los cedentes, contratistas o subcontratistas para con los cesionarios o subcontratistas, imponiendo a la vez controles (cfr. agregado del art. 17 de la ley 25.013) cuyo cumplimiento formal no es suficiente para dejar de lado la responsabilidad solidaria.- Y, si la insolvencia apareciera y el crédito del actor corriera peligro, nace automáticamente el frente de deudores solidarios del artículo 699 y siguientes del régimen del Código Civil.

IV.- CONCLUSIONES
Debe tenerse en cuenta que a la luz del plenario “RAMIREZ”, el art. 30 LCT vendría a imponer una suerte de responsabilidad directa, ya no solidaria ni accesoria de la empresa usuaria de los servicios contratados o tercerizados.
La CNAT interpreta que la actividad de seguridad o vigilancia hace a la actividad normal y específica de bancos, clubes de campo, barrios cerrados, la comercialización de telefonía móvil por terceros hace a la actividad normal y específica de las empresas de telefonía móvil, etc.
De modo que, la LCT ya no contemplaría un sistema específico de responsabilidad solidaria para el Derecho Laboral y tal vez podríamos convenir que se comienza a generar incertidumbre en saber si algún caso llega a la Corte Suprema de Justicia, que aún no lo ha resuelto en el sentido bajo análisis.
No se trata de caer en la discusión bizantina de si se desconoce o no, que en función de la finalidad tuitiva del instituto, el riesgo o alea ante la desaparición, reticencia o insolvencia del empleador, debería ser asumido por los empresarios que se valieron de los servicios prestados por el trabajador que reclama -ya sea directa o indirectamente-, puesto que a nuestro criterio, ello resultaría suficiente para habilitar una acción autónoma directa contra el empresario principal: aún cuando no es empleador del trabajador dependiente de su contratista.
Es verdad que el art. 30 de la L.C.T. se convirtió un uno de los más complejos y que más controversias ha suscitado en la doctrina y jurisprudencia, no lográndose unificar las interpretaciones, ni siquiera sobre los alcances del concepto de “actividad normal y específica propia el establecimiento” sin que las modificaciones introducidas por la ley 25.013 hayan mejorado la situación.
Pero no menos cierto es que la decisión en pleno del acuerdo de Cámara resulta a todas luces justo, aún cuando en el aspecto procesal, el art. 30 L.C.T. no habilita una acción autónoma directa contra el empresario principal, y deberá entonces discernirse al respecto. Mientras tanto, el acuerdo en pleno deviene obligatorio para las diez salas que integran la CNAT y todos los juzgados del fuero.

LA RESPONSABILIDAD LABORAL Y EL PLENARIO “RAMIREZ, MARIA ISIDORA C/RUSSO COMUNICACIONES E INSUMOS S.A.

Por Ricardo Diego Hierrezuelo

El 3 de febrero de 2006, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó el Plenario Nº 309 en los autos caratulados “Ramírez, María Isidora c/ Russo Comunicaciones e Insumos S.A. y otro s/ despido”, por el cual se resolvió que es aplicable el art. 705 del C. Civil a la responsabilidad del art. 30 L.C.T., el que encubre un debate más amplio que se traduce en la posibilidad, en nuestra disciplina, de condenar al deudor solidario, si no se demandó o se desistió de la demanda contra el empleador.
Cabe destacar, en primer término, que los alcances del plenario son limitados, ya que se restringen a los supuestos de cesión total o parcial del establecimiento, y a los de contratación o subcontratación previstos en el art. 30 de la L.C.T., y no se proyectan al resto del articulado de la L.C.T. donde también se impone la solidaridad. Y esta cuestión no es menor, porque por ejemplo la Dra. García Malgarejo, si bien votó por la afirmativa, aclaró que ello no implica abrir juicio de valor alguno de ningún tipo sobre la solución que eventualmente corresponda en otros supuestos en que la ley establece la solidaridad. Aún cuando la doctrina y la jurisprudencia está conteste en extender esta interpretación a los casos de interposición e intermediación dispuestos en los arts. 14 y 29 de la L.C.T., todavía quedarían sin resolver los supuestos de interrelación (empresas de servicios eventuales), subordinación y relación (empresas controladas y conjunto económico), transferencia del establecimiento, cesión del personal y extensión de responsabilidad a los socios, directores y gerentes de sociedades comerciales, en los cuales la discusión se podría seguir manteniendo.
Ahora bien, la postura mayoritaria realiza una fundamentación estrictamente jurídica y justifica su posición en la inexistencia de recepción en nuestro derecho de la solidaridad propia e impropia que se le imputa al derecho romano. Asimismo, invoca como precedente un fallo dictado por la C.S.J.N. en la causa “Cabeza, Audelia y otros c/ Sanz y Cía. y otros s/ recurso extraordinario” (Fallo 306-2:1421 in fine).
El Fiscal General Dr. Eduardo Alvarez  quien defendiera la postura mayoritaria, sostuvo que la característica esencial de esta tipología de las obligaciones reside en el derecho del acreedor a exigir a cada deudor el pago íntegro, vale decir, en la posibilidad irrestricta de demandar, como diría Jorge Joaquín Llambías, a todos, a algunos o a uno en particular, sin decir por qué (ver “Tratado de Derecho Civil – Obligaciones” T. II, págs. 452, Edit. Abeledo Perrot). El art. 699 del Código Civil resalta esta faceta como base de la definición misma y establece que una obligación es solidaria cuando “… la totalidad del objeto de ella puede, en virtud del título constitutivo o de una disposición de la ley… ser demandada a cualquiera de los deudores…”. El art. 705 del Código Civil, que se menciona en el interrogante de la convocatoria, es clave en la dinámica propia de estas obligaciones. Vélez Sarsfield hace confluir, en un solo texto, la traducción que hizo Andrés Bello de los arts. 1.200; 1.203 y 1.204 del Código Civil Francés y la norma abunda en la descripción de las potestades del titular del crédito. La disposición legal reitera con énfasis que el sujeto activo del vínculo “…puede exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente, o contra cualquiera de ellos…” y aclara que si se reclamó “…el todo contra uno de los deudores y resultase insolvente, puede reclamarlo contra los demás…”.
Señaló que esta característica hizo que Josserand, al comentar la solidaridad pasiva como manifestación de las obligaciones con sujetos múltiples, sostuviera que lo trascendente y definitorio cuando se menciona la expresión “obligación solidaria” es el derecho del acreedor a elegir, con libertad, sin condicionamientos, a quien se persigue para el cobro, en función de una estrategia que a nadie tiene que justificar. Donde hay solidaridad, dice Josserand, hay elección libre del acreedor y esta elección se funda en que en las obligaciones solidarias “no hay un deudor principal, todos son deudores principales” (“Quatre Lessons du Droit Civil”, págs. 235, Edit. Dalloz, Paris, 1967, 4 Edic.). Esta afirmación última es decisiva y permite comprender algo que señalaba desde la cátedra de Derecho Romano el recordado Luis María Berrotarán, quien fuera titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nro. 72: Las obligaciones solidarias son una superación histórica de la fianza, ya que se crea un vínculo en el cual todos los deudores son principales pagadores y no existe el beneficio de excusión, o sea no hay que convocar primero a alguno de los sujetos pasivos, ni traerlo a juicio, ni procurar cobrarle antes ejecutando su patrimonio.
Expresó que el art. 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, que también se cita en el temario que nos reúne, impone de una manera inequívoca la responsabilidad solidaria, como medio para proteger al trabajador (acreedor), en el marco de una segmentación del proceso productivo que, más allá de su legitimidad, puede traer aparejada, al menos en el terreno de las hipótesis, la afectación o licuación de la solvencia. El Derecho del Trabajo, para tutelar al dependiente, recurrió a una institución decantada del Derecho Civil (las obligaciones solidarias) que, como vimos, fue precisamente pensada para garantizar el cobro, potencializar la responsabilidad patrimonial y evitar la necesidad de tener que reclamar el pago a una persona determinada cuando se sabe que es ocioso o, simplemente, no se la quiere perseguir. Nuestra disciplina no es autosuficiente, ni tiene una autonomía plena y cuando una norma laboral dice “responsabilidad solidaria”, se está refiriendo a las pautas normativas del Código Civil, al igual que cuando dice “pago”, o “persona jurídica de existencia ideal”. Existe, entonces, como lo advirtiera Justo López, una vocación de aplicabilidad de las normas civiles, que sólo puede ceder ante dos circunstancias concretas: a) La presencia de una norma laboral expresa distinta y b) La incompatibilidad de la norma civil con principios generales del Derecho del Trabajo (ver “Incidencia del Derecho Civil en el Derecho del Trabajo”, en Legislación del Trabajo XXX – 194). En la Ley de Contrato de Trabajo no existe un régimen específico y distinto de la responsabilidad solidaria y no se advierte incompatibilidad alguna entre lo dispuesto por los arts. 669 y 705 del Código Civil y el principio protectorio. Muy por el contrario, la doctrina coincide, de una manera unánime, en que el art. 30 de la L.C.T. esta destinado a garantizar el cobro de los créditos, para lo cual crea sujetos pasivos múltiples, aún en la ausencia de fraude o ilicitud, con la finalidad de tutelar al dependiente (ver Hugo Carcavallo “Los alcances del art. 30 de la L.C.T.”, en Revista de Derecho Laboral 2001 – I; Justo López “La solidaridad en las relaciones obligatorias laborales”, en Revista de Derecho Laboral, Editorial Rubinzal Culzoni, 2001-1, págs. 9 y sgtes.; Juan Carlos Fernández Madrid “Tratado de Derecho del Trabajo” T. I, págs. 925 y sgtes., Edit. La Ley y la reseña allí efectuada).
En consecuencia, consideró que corresponde aplicar las claras disposiciones del Código Civil, cuyos alcances he reseñado y no cabe privar al acreedor laboral de ese derecho esencial de elegir que tienen todos los acreedores de obligaciones solidarias y que consiste en demandar, como diría Llambías en la obra ya citada a todos (empleador y contratista), o a uno (el contratista o el empleador).
Finalmente, criticó la postura tradicional por cuanto la misma: 1) Carece de todo respaldo normativo; 2) Implica la creación voluntarista de un sistema autónomo de responsabilidad solidaria que n responde a ninguna disposición del ordenamiento; 3) Prescinde de lo esencial en materia de solidaria pasiva, que es el principio de libre elección del acreedor, que puede demandar “a todos, a algunos o a uno”, al mismo tiempo o en forma sucesiva; sin tener que explicar el porque; 4) Incurre en el error de aludir a obligados “principales” y “vicarios” o “accesorios” cuando lo que caracteriza a la solidaridad es la ausencia de un “deudor principal”; 5) Impone para los trabajadores un régimen de menor beneficio, peyorativo en relación con lo dispuesto en el Derecho Civil, al privarlos de la posibilidad de optar y conminarlos a reclamar al empleador, al que se lo erige como deudor principal; 6) Materializa una diferencia de trato hacia el acreedor laboral, que consagra una inadmisible discriminación, porque el trabajador es el único titular de una obligación solidaria en el país al cual un órgano jurisdiccional le exige ejercer una conducta con un contenido preciso: incluir al empleador en el reclamo (ver fundamentos del Fiscal General).
Además de los sólidos fundamentos vertidos por el Dr. Eduardo Alvarez, entre los votos de la mayoría merecen destacarse los de los Dres. Guibourg, Scotti, Catardo, Rodríguez Brunengo y Ferreirós, a los que me remito por su claridad conceptual.
Así Guibourg, luego de desconocer la solidaridad impropia reiteró y ratificó su postura sentada en el artículo “Las obligaciones solidarias en el derecho laboral” (LT XXVI-1978, pág. 969). Manifiestó que a pesar del tiempo transcurrido, sigue sosteniendo lo que entonces sostenía; y no por tozudez, sino porque el artículo 705 del Código Civil ha mantenido desde entonces el mismo texto, que autoriza expresamente al acreedor a demandar su crédito de cualquiera de los deudores solidarios, a su elección y sin la condición de hacerlo conjuntamente. Adviertió las diferencias que subsisten entre los deudores y de las dificultades que puede enfrentar el vicario si se lo demanda por separado, pero indica que las mismas no son suficientes para introducir por vía pretoriana, en perjuicio del trabajador, una distinción que la ley no autoriza; y las mencionadas dificultades, que el legislador no pudo dejar de considerar a la hora de crear las leyes civil y laboral, pueden prevenirse mediante una actuación prudente, pueden mitigarse mediante el uso adecuado de las instituciones procesales y, en última instancia, forman parte del riesgo que la ley -en cumplimiento del principio protector- quiso alejar de la parte más débil.
Scotti, luego de destacar que no existe en el ámbito de nuestra disciplina una regulación específica en torno al concepto de solidaridad, por lo que parece obvio que deba recurrirse a los postulados del derecho común con relación a este tema; afirmó que no parece adecuado, a falta de disposición expresa sobre el punto, examinar una institución como la de la “solidaridad” (incorporada a nuestro ordenamiento laboral para proteger adecuadamente el derecho de los trabajadores) con un prisma restrictivo y, para más, asimilándola a regulaciones inexistentes en nuestro derecho o que se refieren a instituciones diametralmente opuestas. A esto agregó que no deja de resultar paradójico que -rigiendo para ambos los mismos preceptos- los obstáculos que nadie se atrevería a oponerle a un acreedor civil o comercial que enfrente a codeudores solidarios, se constituyan en escollos insalvables para el trabajador en relación de dependencia.
Finalmente, Ferrreiros entendió que no existe un régimen de duplicación de responsabilidad solidaria, sino que el único existente se encuentra en el Derecho Civil y consideró que es el que se debe aplicar. Agregó que se deben dejar de lado los resabios de un derecho antiguo y aplicar la ley (que no hace distinción alguna) la moderna doctrina y la actual jurisprudencia predominante.
Por su parte, la minoría mantuvo la tesis tradicional que tiene en cuenta tanto el aspecto procesal, como la disímil situación jurídica que se aprecia entre los distintos sujetos que componen el vínculo jurídico obligacional. Se insiste en sostener que del juego de los arts. 523, 524, 525, 689 y 717 del Código Civil, se desprende que no se puede condenar al deudor accesorio obligado si no se condena al deudor principal porque se trata de una obligación mancomunada con solidaridad impropia.
Conviene centrar la atención en los fundamentos vertidos por los Dres. González, Morando y Corach, quienes reflejan claramente y con sólidas argumentaciones, el pensamiento de la minoría plenaria. Así, para la Dra. González  no puede considerarse que ambos deudores se encuentren en un mismo plano, ya que uno resulta ajeno al vínculo obligacional que une al trabajador con su empleador, por lo que ante una demanda que sólo lo involucre a él no podría articular ninguna defensa de fondo en cuanto a los presupuestos de hecho  y de derecho, lo que podría llevar a afectar la garantía de defensa en juicio, sin que la citación del empleador como tercero ni la mayor exigencia probatoria  permitan conjurar los efectos perniciosos de la postura cuestionada. Por su parte Morando, luego de resaltar la imposibilidad de responder en forma unívoca en los términos en que fuera planteado el recurso de inaplicabilidad de ley, entendió que el art. 30 de la L.C.T. sería uno de los supuestos (conjuntamente con los delitos civiles y la solidaridad cambiaria) en que las normas comunes no tienen aplicación total. Para sustentar su postura sostuvo que no existe ni identidad de causa entre la obligación de empleador y la del empresario principal. Aquél responde por incumplimiento de una obligación contractual; éste, por inobservancia de ciertos deberes de contralor, enderezados, genéricamente, a combatir la evasión de cargas fiscales y parafiscales. Finalmente, para Corach el obligado directo es el empresario principal y para que pueda declararse la existencia de solidaridad es necesario que ella haya sido expresamente invocada; razón por la cual es improcedente la condena al empresario principal en forma directa.
Sin dejar de admitir que en la realidad la situación de ambos deudores al pago es disímil, mantengo mi posición original en el sentido que no existe obstáculo legal que le impida al trabajador-acreedor demandar indistintamente al empleador-deudor o a cualquier de los deudores solidarios.

FALLO PLENARIO N° 310 CNAT (1/3/2006): INDEMNIZACIÓN DEL ART. 16 DE LA LEY 25561 EN LOS DESPIDOS INDIRECTOS.

Por Julio Armando Grisolia

I- INTRODUCCIÓN

El art. 16 de la ley 25.561 y los distintos decretos han generado varios interrogantes y a ellos me referí en otras publicaciones . Uno de ellos era elucidar si resultaba aplicable al despido indirecto. En distintos fallos, artículos de doctrina y conferencias tuve oportunidad de expedirme entendiendo que el incremento indemnizatorio establecido en el art. 16 de la ley 25.561 comprende tanto los despidos directos como los indirectos.
Las distintas Salas de la CNAT con la salvedad de la Sala VIII habían entendido que se aplicaba también al despido indirecto, y así lo reiteraron los magistrados en el fallo plenario; ver entre otros, Sala II, “Ramírez, Darío c/ Vadelux SA”, 25/2/2004; Sala III, , “Seguí, Gregorio Alberto v. Morixe Hnos. SA, 31/5/2004”, Vergara, Rolando A y otros v. Freddo SA, 14/10/2004; Sala IV, , Piraino, Valeria K. v. Ultimate System SA, 26/6/2003; Sala VI, “Palavecino, Sarita del Carmen v. Messina Luisa Susana y otro”, 9/2/2005;  Sala VII, “Valdebenito, Marcelo c/ San Sebastián SA, 7/5/2004; Sala IX, Henriquez, Juan G. v. Li Hong Ma, 15/7/2003; Sala X, Samah, Daniel J v. Editorial Atlántida SA, 14/6/2004; “Álvarez, Hernando c/ AG Limpieza integral SA, 11/4/2003.
En cambio, la Sala VIII había sostenido que el art. 16, ley 25.561, al disponer la suspensión de los despidos, literal y sustancialmente, se ha referido a los actos de denuncia del contrato de trabajo por parte del empleador. Si bien los dichos actos generan las mismas consecuencias indemnizatorias (art. 246 LCT), ello no significa que, a todos los efectos, “despido” y “despido indirecto” sean conceptos jurídicos idénticos. La opinión que los asimila, incluso a los efectos del mentado artículo, conduce al absurdo, ya que la duplicación de las indemnizaciones por despido que prevé constituye la sanción de una conducta perfectamente definida por la norma: despedir sin justa causa transgrediendo la suspensión que establece y, en los supuestos de despido indirecto, el empleador no incurre en la conducta descripta. El despido indirecto con justa causa genera en cabeza del denunciante el derecho a la percepción de las indemnizaciones por despido y sustitutiva del preaviso, como lo dispone el artículo 246 LCT, pero es un acto jurídico extintivo de la relación de trabajo diferente al que denominamos “despido”, que, justificado o no, consiste en la denuncia del  contrato de trabajo emanada del sujeto empleador (24/11/2004, “Gallardo, Sebastián Mariano c/ Ivax Manufacturing Argentina y otros).
Por el contrario, las demás Salas habían considerado que el argumento de que el agravamiento indemnizatorio contemplado en el art. 16, ley 25561 no es aplicable a los casos de despidos indirectos no puede ser admitido, ya que tal parecer posibilitaría a los empleadores la vulneración de la disposición legal en análisis mediante la generación de situaciones que hicieran insostenible para los trabajadores la prosecución de la relación laboral y, en consecuencia, no les quedase más remedio que considerarse despedidos. La norma se refiere a todas las indemnizaciones cuya causa directa e inmediata sea el despido, sea éste directo o indirecto (28/2/2005, Sala III, “Murillas, Alberto Daniel C/Estancia El Solitario SA”).
No hay motivo para excluir al despido indirecto, ya que produce idénticos efectos que los derivados del despido decidido directamente por el empleador tal como lo prevé la LCT. Cuando la ruptura de la relación es realizada por el dependiente, cabe partir de la premisa que tal obrar es consecuencia del proceder adoptado por el principal, toda vez que es el empleador quien adopta un incumplimiento de tal magnitud que equivale a disponer la ruptura del vínculo (27/09/2004, Sala X, “Migliano Carlos Roque c/D.P.A. S.R.L. y otro).
La ley 25.561 suspende “… los despidos sin causa justificada…”, disponiendo que “en caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les corresponda, de conformidad con la legislación laboral vigente”. No hay duda que la “legislación laboral vigente” asimila el despido indirecto provocado por las injurias del empleador, al despido incausado dispuesto por voluntad de éste. Una interpretación distinta conllevaría la admisión de que le bastaría al empleador injuriar a su dependiente, para liberarse de pagar la indemnización establecida en la ley (4/3/2004, Sala IV, “Marcial, Andrés c/ Efeyan Carlos y otro “).
La indemnización prevista por el art. 16, ley 25.561 también debe aplicarse cuando el trabajador se da por despedido fundando tal actitud en diversas injurias del empleador (falta de pago de salarios, modificación de las condiciones de trabajo en caso del delegado, etc.), dado que resolver lo contrario, fomentaría al empleador a “provocar” el despido, lo que resultaría menos oneroso, finalidad ésta última que no entra dentro de los objetivos de la norma mencionada (7/5/2004, Sala VII, “Valdebenito, Marcelo c/ San Sebastián SA “).

II- FALLO PLENARIO 310 DE LA CNAT

La jurisprudencia mayoritaria en el país se había expedido afirmativamente y en ese sentido también lo hizo la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que el 1/3/2006 dictó el Fallo Plenario N° 310 (Acta N° 2454) en autos “Ruiz, Víctor Hugo c/ Universidad Argentina de la Empresa U.A.D.E. s/ despido”. El Fallo Plenario estableció la siguiente doctrina: “Resulta aplicable la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 16 de la ley 25.561 en los casos de despido indirecto”.
Por la afirmativa, constituyeron mayoría los Dres. Guibourg, Capón Filas, Porta, García Margalejo, Corach, Ruiz Díaz, Fernández Madrid, Zapatero de Ruckauf, Morell, Eiras, González, Balestrini, Ferreirós, Guisado, Pasini, Guthmann, Catardo, Rodríguez Brunengo, Puppo, Vilela, Moroni, Scotti, Pirroni, Zas y Vázquez Vialard. Por la negativa, constituyeron minoría los Dres. Morando y Lescano.
Al respecto, cabe destacar lo expresado por el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo -Dr. Eduardo Alvarez-, al afirmar que: “…El ordenamiento equipara “los costos” entre el despido directo y el indirecto para evitar que el empleador “injurie” al dependiente, como forma de obtener su alejamiento de la empresa y conseguir, de una manera elíptica, que se torne “más barato” el resarcimiento…Existe, pues, una suerte de principio de “igualación de los efectos”, emergentes de las distintas tipologías extintivas, para utilizar la expresión de Justo López, tan clásica como barroca (Justo López, “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, 2da. Edición, Edit. Contabilidad Moderna, págs. 1.269 y sgtes.)…Esta Cámara, desde los tiempos remotos () siempre consideró que los trabajadores tenían derecho a las “indemnizaciones agravadas” o “especiales”, en caso de despido indirecto, no () sólo porque la extinción produce idénticos efectos con independencia de la iniciativa resolutoria, sino porque, de no ser así, bastaría al empleador proceder de una manera injuriante para disminuir su responsabilidad indemnizatoria..”.
“…La jurisprudencia admitió, sobre la base de lo ya reseñado, el derecho al cobro de las indemnizaciones especiales por rescisión vinculada a la maternidad, el matrimonio, o a la actividad sindical, aun en las hipótesis de despido indirecto…Los razonamientos expuestos son aplicables al régimen que prevé una doble indemnización y al que se alude en el temario que nos reúne porque, como lo ha destacado con claridad la Sala II en la sentencia 92.324 del 25/2/2004, recaída en autos “Ramírez, Darío c/ Badelux S.A.”, también en esta hipótesis, el empleador podría intentar injuriar a quien se quiere despedir para terminar motivando una resolución indirecta, ahorrar costos y vulnerar la teleología de la ley 25.561…Este Ministerio Público se ha pronunciado en diversas oportunidades con los alcances descriptos (ver, entre otros, Dictamen Nro. 38.808 del 1/9/2004, en autos “Meza, Nicolás Mauro Manuel c/ Coto C.I.C.S.A.”, Expte. Nro. 14.764/03, del registro de la Sala X; etc.) y, siguiendo los lineamientos tradicionales, propongo una respuesta afirmativa al interrogante que nos convoca…”.
Algunos de los fundamentos de la mayoría en los distintos votos, sin perjuicio de lo expuesto en pronunciamientos anteriores, son los siguientes.
-Dra. Porta: “…en nuestro ordenamiento legal la ruptura del contrato laboral por parte del trabajador fundado en justa causa, tiene los mismos efectos y consecuencias que cuando se trata de un despido dispuesto por el empleador sin justificación (art. 246 de la L.C.T.). Ello es así, ya que la denuncia del contrato por parte del trabajador, tiene su origen en el obrar del principal, pues es el empleador quien incurre en un incumplimiento contractual de tal magnitud que equivale a disponer la ruptura del vínculo y por lo tanto los agravamientos indemnizatorios previstos para el despido sin causa justificada, son procedentes también en la hipótesis de despido indirecto, porque de lo contrario bastaría al empleador hacer intolerable la ejecución de la relación de trabajo para el empleado, obteniendo por vía indirecta lo que la ley le veda hacer directamente…”.
-Dr. Corach: “…la duplicación prevista por el art. 16 de la ley 25.561, se estableció para los despidos producidos sin causa justificada y si se negara su procedencia en el caso de despidos indirectos se limitaría irrazonablemente la “ratio legis”, dejando en manos del empleador la posibilidad de someter al dependiente a injurias graves que tornen intolerable la continuidad de la relación laboral, con el sólo objeto de que sea el subordinado el que se considere en situación de despido y así burlar la excepcional protección legal emergente del art. 16 de la ley 25.561…”.
Dr. Fernández Madrid: “…la ley 25.561, dictada en el marco de una grave crisis socio-económica al punto que declara la emergencia en su art. 1, -en aras de tutelar especialmente el mantenimiento de los puestos de trabajo-, dispuso en su artículo 16 la suspensión de los despidos incausados y, por consiguiente, el reforzamiento de la protección contra el despido arbitrario, constitucionalmente garantizada, por lo que ante la eventual violación de la norma, sanciona la conducta empresarial con la duplicación de la indemnización. Así las cosas, los diversos incumplimiento contractuales del empleador que llevan al trabajador a considerarse en situación de despido indirecto plantean, en lo concreto, una situación idéntica a la de un despido sin causa. Del incumplimiento del principal deriva la ruptura de la relación por parte del dependiente, debiendo admitirse que tal obrar es consecuencia directa del proceder adoptado por el empleador…”.
-Dra. González: “…de la lectura del texto del art. 16 no surge diferenciación alguna al respecto, limitándose a instar la suspensión de los despidos “sin causa justificada” y en su caso, dispone el pago de una multa equivalente al “doble” de la indemnización que correspondiere al trabajador, de acuerdo con la legislación laboral vigente. No cabe duda que, de haber sido intención de los redactores de dicho texto legal la exclusión de los trabajadores que dispusieren su desvinculación con justa causa, así lo hubiesen dejado plasmado, extremo que, por simple indiferencia permite colegir que la voluntad legislativa fue la de contemplar, ambos supuestos de extinción del contrato laboral…”.
-Dra. Ferreirós: “…adelanto mi opinión en sentido afirmativo. Ello es así toda vez que tal ha sido la postura que he sostenido desde la sanción de dicha norma, en el sentido de que el amparo legal y extraordinario que recibe el despido directo con dicha norma, alcanza también al despido indirecto por la naturaleza del instituto (ver “La Ley 25.561 y la suspensión de los despidos”, pub. en ERREPAR, DLE, n° 202 junio de 2002, pág. 488; ver en igual sentido esta Sala en “Veldebenito, Marcelo c/ San Sebastián S.A.” sent. 37.494 del 7.5.04; “Parrilla, Orlando y otro c/ Cía. Elaboradora de Productos Alimenticios S.A. y otro”, sent. 38.243 del 18.2.05, entre muchos otros). -Sostener que el despido indirecto queda fuera de esta protección, sería abrir la puerta a la inaplicabilidad de este amparo al despido en general, habida cuenta que sería suficiente con que el empleador colocara al trabajador en situación de imposibilidad de prosecución del vínculo, para evitar el cumplimiento de la duplicación de la indemnización contemplada en el art. 16 de la ley 25.561…”.
-Dr. Catardo: “…si bien es cierto que dada la situación económica que el país atravesaba, el principio constitucional de protección contra el despido arbitrario fue reforzado a través del mecanismo de la duplicación del costo del distracto incausado, ello para desalentar los despidos, el legislador no previó una interpretación restrictiva del término “despido”. La finalidad perseguida por el mismo era no hacer distinciones entre la decisión rescisoria dispuesta directamente por el empleador y aquélla en que el trabajador se ve compelido a ello en razón de incumplimientos de la contraparte que no permiten la prosecución de la relación laboral habida. De insistir en que el despido indirecto está exento de la duplicación sería afirmar, en detrimento del carácter protectorio que tutela al trabajador, que éste debe tolerar una situación injuriante y le daría la posibilidad al empleador de sortear el valladar del despido directo para evitar la duplicación legal. Siempre es la conducta del empleador la que, en caso de producirse despidos injustificados, sean directos o indirectos, debe soportar la carga indemnizatoria que oficia de desaliento y conservación del empleo…”.
-Dr. Rodríguez Brunengo: “…nunca tuve dudas acerca de que la duplicación indemnizatoria que establece el artículo 16 de la ley 25.561 se aplica, tanto en los casos de despido indirecto, en los que el contrato se extingue por voluntad del trabajador, fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario, cuanto en aquéllos en los que la iniciativa de la extinción partió del empleador, sin causa justificada, o esgrimiendo una falsa causa que en definitiva no pudo probarse…Bien expresó en el caso que motiva la convocatoria el Dr. Horacio de la Fuente: “Propondré el rechazo de este agravio, ya que no veo razones para efectuar una interpretación restrictiva del mencionado art. 16, sobre todo por cuanto en amos casos existe una rescisión injustificada del contrato, imputable al empleador, se trate de un despido directo o indirecto. Voto al que lúcidamente adhirieron sus distinguidos colegas de sala, doctores Juan Carlos Fernández Madrid y Rodolfo Ernesto Capón Filas, agregándole, por añadidura, la prescindencia de tope alguno indemnizatorio, anticipándose a la rica doctrina del caso Vizzoti, en cuya misma línea me pronuncié en autos “Januario, Manuel Ricardo c/ Trenes de Buenos Aires S.A. s/ despido”, Causa N° 3.791/2003, Sala VII, SD N° 38.56, del 13 de junio de 2005…”.

UN FALLO DE LA CORTE SOBRE LOS LÍMITES DE LA EMERGENCIA

 Por Jorge Eduardo Rizzone

La Corte ha tenido una nueva oportunidad de expedirse sobre los límites de la legislación de emergencia en la causa M.687.XXXVIII “Mesquida, Gregorio Hugo y otro c/ Estado Nacional- Armada Argentina y otro s/ accidente en el ámbito militar y fuerzas de seguridad”, fallada el 28 de noviembre de 2006.

En dichas actuaciones, se hizo lugar al reclamo incoado por los padres de un conscripto, que falleció al ser atropellado en una base de la Armada por un vehículo perteneciente a dicha fuerza sin seguro vigente a la fecha del siniestro, conducido por un conscripto que carecía de permisos de conducir, civil y militar, lo cual ocurrió sin que se acreditase que conforme a las consignas imperantes en la base al tiempo del evento dañoso un cuadro de la Marina supervisara la operación.
En un incidente planteado en la etapa de ejecución de sentencia la cámara, al revocar parcialmente lo resuelto en primera instancia, dispuso que el monto pendiente de pago, consistente en una parte sustancial del resarcimiento y de los estipendios regulados a los letrados de la parte actora, se hallaba consolidado en los términos del art. 13 y subsiguientes de la ley 25.344.
La Corte revocó dicho pronunciamiento.

El crédito indemnizatorio de los accionantes y los honorarios de los profesionales que los asistieron  fueron cuantificados en mayo de 1999 al aprobar el juez de primera instancia la liquidación que practicaron. El deudor acreditó que 6 de agosto de aquel año que las acreencias de los actores por capital y de los profesionales por sus emolumentos fueron incluidas dentro de la previsión presupuestaria.

En mayo de 2000, los acreedores, invocando la decisión administrativa 1/00 demostraron que en el Presupuesto de la Administración Pública para el año 2000 no se había incluido partida alguna para saldar los créditos reconocidos en autos. Por ello, solicitaron la ejecución compulsiva, por lo que se intimó a la demandada a depositar en el plazo de cinco días el  importe de la liquidación aprobada en concepto de capital, intereses y honorarios, bajo apercibimiento de ejecución. Tal intimación así como el apercibimiento para el caso de incumplimiento quedaron firmes al rechazarse las objeciones que contra ellos formuló la demandada.
Los doctores Zaffaroni, Argibay y el conjuez Planes sostuvieron que aquella resolución se hallaba bajo el amparo de la cosa juzgada material. Entendieron que a partir de aquel momento se configuró la mora de la accionada, habilitando la ejecución forzosa. Dijeron que en las señaladas condiciones el cuestionamiento del embargo trabado como lógica y necesaria consecuencia del incumplimiento de la intimación sólo constituyó la indebida reedición de un planteo ya resuelto con carácter firme. Agregaron que únicamente la prolongación en el tiempo de un debate acerca de una cuestión resuelta con carácter de cosa juzgada permitió al Estado Nacional oponer la consolidación en los términos de la ley 25.344 en una incidencia que insumió seis años. Aseveraron dicha pretensión no podía prosperar pues ello importaría otorgarle a la propia mora un efecto constitutivo de derechos, lo que resulta inaceptable.

El doctor Fayt también hizo mérito de la cosa juzgada. Señaló, asimismo, las condiciones a las que supedita la validez de la legislación de emergencia y afirmó que no podía dejar de ponderarse que los créditos debatidos se originaron en la pérdida de una vida humana en un hecho acontecido quince años atrás y que la moratoria alcanza dieciséis años, extremos éstos que jaqueaban la razonabilidad de la medida, a lo que debían añadirse las particularidades propias de un trámite de ejecución de sentencia particularmente extendido por los improcedentes planteos del obligado al pago.

El doctor Petracchi recordó que la Corte había validado las restricciones del anterior régimen de excepción – ley 23.982 -pero reiterando su doctrina de que ellas se encuentran justificadas siempre y cuando se limiten a lo estrictamente necesario para superar la crisis y en cuanto no supriman o desnaturalicen el derecho. Destacó que no cabía olvidar que el carácter excepcional, transitorio y limitado de la legislación de emergencia impide acudir a su invocación de manera constante para imponer limitaciones al ejercicio de derechos y garantías que se transformen en permanentes, pues la Constitución Nacional no admite suspensión indefinida del pleno goce de los derechos que ella reconoce y garantiza.

Agregó que el art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que las razones de emergencia que afecten la seguridad del Estado no autorizan la suspensión, siquiera limitada o transitoria del derecho a la vida e integridad física que ella reconoce en los arts. 4 y 5. Añadió que el art. 63 de dicha convención autoriza la Corte Interamericana a imponer las reparaciones pertinentes cuando esos derechos sean lesionados. Como en el caso de la privación del derecho a la vida la restitución statu quo ante resulta imposible la reparación sólo puede asumir la forma de una reparación sustitutiva (casos “Aloeboetoe”, “Bulacio”, “Garrido y Baigorría”). Continuó señalando que el derecho a la vida y el deber de reparar son preexistentes a la incorporación de la República Argentina al Pacto de San José de Costa Rica, pues están amparados por disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico desde tiempo inmemorial (ley 340; arts. 1109, 1113, 1084 a 1087 del Código Civil) y conforme con la doctrina de Fallos: 302: 1284 el derecho a la vida precede a toda legislación positiva.

Dijo que la ley 25.344 importa el claro ejercicio de una prerrogativa estatal y que éstas son acordadas por los ciudadanos al gobierno, a quien la sociedad puso sobre ella, en el entendimiento y la confianza explícita de que dicha autoridad sería empleada para el bien y la protección de la vida y la libertad de los individuos, razón por la cual éstos se incorporan a la sociedad y se sujetan a sus reglas pues, como reza el proverbio latino “nulla protectio, nulla subjectio” (J.W. Gough: “John Locke’s Policital Philosophy”). Entre los poderes conferidos al gobierno se hallan aquellos que antaño recibían el nombre de “prerrogativas”, que consistían en la autoridad del soberano de apartarse de las leyes generales en caso de riesgo de la sociedad política, pero el estado de derecho es necesariamente un estado de poderes limitados en el que las razones de emergencia mal pueden servir de fundamento para sacrificar derechos del individuo en pos de la supervivencia de las instituciones del gobierno, creadas y enderezadas a garantizar la supervivencia del primero (John Dunn: “The political Thougth of John Locke”). Agregó que si bien el concepto actual de propiedad es más restrictivo que en la concepción medieval, también comprendía la vida y la integridad física en el sentido de que los hombres “tienen la posesión y el uso de su vida” (James Tully: “A Discourse on Property”) y que ni siquiera en la doctrina de los poderes estatales absolutos propugnada por Hobbes la vida era concebida como un derecho cuya disposición el individuo concediera al cuerpo político (Johan P. Sommerville: “Thomas Hobbes, Political Ideas in Historical Context”). Señaló que tales nociones explican los fundamentos básicos del Estado tal como lo concibe nuestra Constitución y que en base a ello era inaceptable la pretensión del Estado de reparar la privación de una vida mediante una indemnización en bonos que, en el mejor de los casos, se compromete a pagar en veinte años, lo que resultaba inaceptable pues en la práctica equivale a eximir al Estado de cuidar la vida de los individuos por los que debe velar, por lo que cabía declarar en el caso la inconstitucionalidad de la ley 25.344.

El doctor Lorenzetti adhirió al voto del doctor Petracchi sólo respecto del crédito de los actores, pues, a su juicio, debían consolidarse los honorarios profesionales pues el decreto 1116/00 -reglamentario de la ley 25.344- prevé que la consolidación comprende los efectos no cumplidos de las sentencias anteriores a la promulgación de la ley (art. 9, inc. a del Anexo IV). A lo que cabía añadir que no es posible atribuir carácter accesorio a los estipendios respecto del capital de condena, pues la causa de la obligación de pagarlos está dada por el servicio prestado en un proceso por lo que no resulta del objeto de la obligación ventilada en la litis ni de la relación con el sujeto pasivo de ella (Fallos: 327:2712).

El doctor Maqueda y el conjuez Rueda -que respecto de los emolumentos arribaron a análogo solución que el juez Lorenzetti – entendieron que era necesario examinar si el caso se encuentra comprendida en la excepción del art. 18, segundo párrafo de la ley 25.344, cuyo alcance y sentido consideraron se hallaba en juego en la especie. Dicho precepto  establece que se podrá disponer la exclusión del  régimen que la citada ley establece cuando mediaren circunstancias excepcionales vinculadas a situaciones de desamparo e indigencia en los casos en que la obligación tuviere carácter alimentario. Después  de señalar que la legislación de emergencia no puede degradar el derecho expresaron que en el marco de las situaciones de desamparo previstas por la norma cabía destacar aquellas que apuntan a la protección del derecho a la vida y al consecuente deber de reparar su pérdida y que la efectiva tutela de aquél se encuentra enlazada a otros derechos como la integridad psíquica y física, la protección integral de la familia y el derecho a una reparación integral, por lo que el art. 18 debía interpretarse integrándolo con el resto del ordenamiento jurídico y el principio de supremacía vinculado a los derechos y garantías de raigambre constitucional. En ese orden de ideas, después de examinar instrumentos internacionales sobre derechos humanos y precedentes de la Corte Interamericana concluyeron que ante la imposibilidad de reestablecer el status quo ante era imperativo ofrecer una satisfactoria protección jurídica de la vida que sea respetuosa de la dignidad inherente al ser humano y que no signifique una demora que torne  ilusoria la reparación del derecho irreversiblemente dañado. En ese orden de ideas, después de examinar las alternativas del trámite de la causa, entendieron que resultaba conducente para la adecuada solución del pleito el examen de la existencia de un acto firme aunque incumplido que disponía el pago de la indemnización a la luz de la cautela con que los jueces deben juzgar las peticiones de índole asistencial y alimentario. Por lo tanto, cabía concluir que a los fines de tutelar el derecho a la vida el Estado había contemplado un remedio legal efectivo en el art. 18, 2ª párrafo de la ley 25.344, lo que autorizaba a excluir esta hipótesis del régimen de consolidación de la deuda pública. Una interpretación en contrario, dijeron,  llevaría a sostener que el Estado está eximido de proteger la vida y dejar sin tutela judicial efectiva a aquéllos que se han visto damnificados por exclusiva responsabilidad de aquél.

La Dra. Highton de Nolasco votó en disidencia por remisión al dictamen del Procurador Fiscal que, básicamente, sostuvo que la apelante no se hacía cargo de la doctrina del  Tribunal en materia de emergencia y que el planteo relativo al art.18, 2ª párrafo de la ley 25.344, conducía al examen de cuestiones de hecho y prueba.
Conforme con reiterada doctrina de la Corte la emergencia está subordinada a cuatro requisitos.
1) situación de emergencia reconocida por el Congreso ( también puede serlo por un decreto de necesidad y urgencia que requiere la posterior intervención del Legislativo, conforme con lo dispuesto por el art. 99, inciso 3, de la Constitución Nacional);
2) persecución de un fin público que consulte los superiores y generales intereses del país;
3) transitoriedad de la regulación excepcional impuesta a los derechos individuales o sociales;
4) razonabilidad del medio empleado por el legislador, es decir adecuación de ese medio al fin público perseguido y respeto infranqueable al límite trazado por el art. 28 de la Ley Fundamental en orden a las garantías constitucionales.

De estos cuatro requisitos se desprende, en primer lugar, que la legislación de emergencia no puede vulnerar cláusulas constitucionales.
Un caso paradigmático es ese sentido es “Servicio Nacional de Parques Nacionales c/ Franzini, Carlos y otros” de Fallos: 318:445, en donde se declaró la inconstitucionalidad de la ley de consolidación 23982 en su aplicación al pago de la indemnización por expropiación. En ese caso el pago en bonos se hallaba claramente reñido con el carácter previo de la indemnización (art. 17 de la Constitución Nacional).

Asimismo, en obvia salvaguarda al principio de supremacía de la Constitución (art. 31), la Corte ha declarado inaplicables leyes de consolidación locales que limitaron el derecho del acreedor más allá de lo previsto por la ley federal habilitante ( causa “Obra Social Aceros Paraná S.A. y Empresa Antecesora c/ Provincia de La Rioja y otro”, registrada en Fallos: 319: 63).
También la Corte ha establecido que la legislación de emergencia no puede afectar los derechos que gozan del amparo de la cosa juzgada, pues ésta es uno de los pilares fundamentales sobre la que se asienta nuestro régimen constitucional y, por ello, no es susceptible de alteración ni aun por invocación de leyes de orden público, toda vez que la estabilidad de las sentencias, en la medida en que constituye un presupuesto ineludible de la seguridad jurídica, es también exigencia del orden público con jerarquía superior ( Fallos: 319: 3241 y sus citas; causa “Pasquini”, de Fallos: 321:172 y sus citas, entre otros).

En las situaciones de emergencia los derechos son susceptibles de limitación, pero no de desconocimiento o desnaturalización.

En base a tal principio, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de normas de excepción que importaban la destrucción de la sustancia del derecho.

Así, en el caso “Iachemet, María Luisa c/ Nación Argentina (Armada Argentina) – registrado en Fallos 316:779 – la Corte, en razón de las particularidades del litigio, declaró la inconstitucionalidad de la ley de consolidación 23982 – que establecía el pago en bonos a dieciséis años de deudas de causa o título anterior al 1 de abril de 1991- , por considerar que su  aplicación a una jubilada de 93 años importaba la degradación de la sustancia del derecho que gozaba del amparo de la cosa juzgada, pues conforme con el desenvolvimiento natural de los hechos, resultaba virtualmente imposible que llegase a percibir la totalidad del crédito que le reconoció el pronunciamiento judicial firme.

A igual conclusión arribó el Tribunal in re: “Escobar, Héctor Oscar c/ Fabrizio Daniel-Municipalidad de Quilmes y Ejército Argentino” (Fallos: 318:1594) porque de las constancias de la causa surgía con claridad que la reparación integral del damnificado exigía la atención inmediata de las secuelas de las gravísimas lesiones sufridas por el actor con motivo del accidente (explosión), a saber, paliar las consecuencias de la ceguera (eventual sustitución de córneas y cristalinos), así como el tratamiento de afecciones de orden psíquico y estético. Entendió que la Corte que una modificación en el modo de cumplimiento de la sentencia como la que resulta del régimen de la ley 23982, comportaría no sólo una postergación en el ingreso de un bien de naturaleza económica en el patrimonio de la víctima, sino, principalmente, la frustración de una finalidad esencial del resarcimiento por daños a la integridad psicofísica, cual es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación oportuna. Añadió que las consideraciones precedentes autorizaban a concluir que la aplicación en el caso de la ley citada llevaría al desconocimiento sustancial de la sentencia y, al no ser posible -sin forzar la letra o el espíritu de la norma – realizar una interpretación que la hiciera compatible en la especie con la garantía de los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional correspondía confirmar el pronunciamiento de segunda instancia que declaraba su inconstitucionalidad.

En similar línea de razonamiento, en la causa “Petrelli, Caludio Omar c/ Ministerio del Interior- Policía Federal” (Fallos: 327:2551) el Tribunal entendió que cabía desestimar los agravios contra la sentencia que en razón de la naturaleza alimentaria del crédito y de la situación de indigencia del demandante excluyó del régimen de consolidación de la ley 25.344 la indemnización por lesiones en actos de servicio. Ello, porque además de la cautela con que deben juzgarse lo atinente a créditos de naturaleza asistencial y alimentaria el accionante devino minusválido y necesitaba tratamientos médicos que difícilmente podían ser solventados con el haber de retiro. Se dijo que tratándose de afecciones de orden físico, psíquico y estético derivados del evento dañoso la exclusión de la acreencia del régimen de consolidación se imponía porque un aspecto esencial de la reparación es el cese del proceso de degradación mediante una rehabilitación tempestiva.
Como se observa, el fallo en examen se inscribe en la línea de los citados precedentes.

LA DISCRIMINACIÓN CON SU SANCIÓN NULIFICANTE Y LA APLICACIÓN HECHA, EN TAL SENTIDO, EN EL CASO “GREPPI”

Por la Dra. Estela Milagros Ferreiros

1.- LA DISCRIMINACIÓN HOSTIL 

He tenido ocasión de señalar reiteradamente que, en términos generales, puede afirmarse que la discriminación configura una situación desfavorable o persecución de uno o más individuos, sobre la base de su condición social, ética, religiosa, nacionalidad, sexo, origen social, ideas políticas, sindicales, etc.
Siempre se trata de un detalle de circunstancias meramente enunciativo, ya que existe abierta la posibilidad de nuevas situaciones que establezcan una distinción, a favor o en contra de una persona o cosa, sobre la base del grupo, clase o categoría a la que la persona o cosa pertenece, más bien que según sus propios méritos.
Es importante recordar que el hecho de discriminar en sí, no es ni bueno ni malo, lo que se contrapone a la ley, es la discriminación hostil, que se produce como distinción arbitraria, exclusión o restricción que afecta el derecho igualitario que posee toda persona, en razón no sólo de la vigencia del artículo 16 de la Constitución Nacional, sino también, porque estas conductas, son violatorias de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, que en la actualidad poseen igual jerarquía que la propia constitución y cuyo conjunto conforma el techo jurídico positivo al que Bidart Campos denominó Bloque Federal Constitucional .
Así, entonces, no quedan dudas acerca de que la discriminación arbitraria u hostil, es violatoria de un derecho personalísimo y humano, tal como es el derecho a la igualdad.
De ello dan cuentas, entre otros, el Pacto de San José de Costa Rica, La Convención Internacional para eliminar todas las formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación sobre la Mujer, etc.
La Declaración Universal sobre los Derechos Humanos, señala que: “cada hombre goza de todos los  derechos y libertades establecidos en esta declaración, sin tener en cuenta diferencias de raza, color sexo lengua, religión ideología política y otras, nacionalidad, origen social, situación financiera, de nacimiento o de otro tipo.

2.- LA SANCIÓN POR LA DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA

En la materia que nos ocupa, la ley 23592, que se refiere a los derechos humanos, garantías individuales y penalidades, según ella misma expresa, y que aprehende en su ámbito de aplicación personal, a todas las personas, sin excepción, dado que donde la ley no distingue no debemos distinguir, contiene la descripción enunciativa de la conducta, y a la vez, la sanción correspondiente.
De tal manera, a pedido del damnificado, el sujeto que realice la conducta discriminatoria, será obligado, a dejar sin efecto dicho acto discriminatorio o cesar en su realización y a repara el daño moral y material ocasionados.
Sobre la base de lo expuesto, queda claro que estamos en presencia de lo que solemos denominar una ley “pluscuamperfecta” o “más que “perfectas”.
Se trata de una de las clasificaciones de leyes clásicas, que se elabora sobre la base del punto de vista de la sanción.
Así, la ley imperfecta es la carece de sanción expresa; la ley perfecta es aquella cuya sanción estriba en la nulidad de lo obrado en infracción de lo que ellas ordenan o prohíben; la ley menos que perfecta es aquella cuya infracción no es sancionada con la nulidad de lo obrado, sino con otra consecuencia y finalmente, destacan los autores, la ley pluscuamperfecto o más que perfecta que es aquella cuya violación no sólo determina la nulidad del acto celebrado en contravención, sino que da lugar a la aplicación de otras sanciones adicionales, tal como la carga de los daños y perjuicios.
De tal manera, el legislador del año 1988,  explicitó y concretó, para el caso de discriminación, lo que Vélez había preanunciado en el artículo 1068 del Código Civil, cuando al referirse al concepto de daño, abarca no sólo aquel producido a las personas y a las cosas, sino también al que recae sobre sus derecho o facultades. En este caso el derecho a la igualdad, de rango constitucional. Se ubicó, asimismo en este código, dicho concepto entre los actos ilícitos.
Esta ubicación nos conduce en una interpretación hermenéutica a combinar dicha norma, con el artículo 1044 del mismo Código Civil, que fulmina con la nulidad los actos jurídicos de objeto prohibido.

3.- IMPORTANCIA DEL TEMA

Desde siempre y según las distintas etapas del derecho, el legislador ha sancionado severamente este tipo de violación legal y en la actualidad, la vigencia de los derechos humanos, nos lleva a una más acabada comprensión del asunto.
En este sentido y sobre todo teniendo en cuenta el aspecto sancionatorio en el que vengo poniendo el acento, resulta importante destacar, que verificada la conducta discriminatoria, en nuestro caso, en el ámbito laboral, por parte del empleador; ante el reclamo judicial del trabajador, se impone la aplicación de la sanción “más que perfecta”, de la ley 23.592.
Así lo ha entendido en el curso de este año la Sala lX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en autos: “Greppi, Laura Karina c. Telefónica de Argentina SA s. despido”.
La misma, con  votos de la Doctora Pasini y del Doctor Ballestrini aplica la norma de referencia, dada la admisión de la demandada de haber despedido a la actora y haber, según dice la sentencia, arribado firme el contenido discriminatorio del acto, que en el fallo de grado se tuviera por fehacientemente probado a través de la prueba de origen documental y testimonial, sin la valoración pormenorizada de dichos elementos de juicio y el alcance que les otorgara la juez a-quo, en consonancia con los términos del escrito inicial, fuera objeto de refutación concreta, puntual y específica ante la Alzada.

5.- CONCLUSIÓN

Resulta destacable, en el andarivel de penalización en que venimos analizando el tema de la discriminación, que si bien  es cierto que nos encontramos ante una norma severa, no es menos cierto que la conducta ilícita que contiene, conduce necesariamente a ese resultado y que, el requisito insoslayable, a tales efectos, es la comprobación de esa ilicitud tan bien expuesta en la propia ley.