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PLENARIO N° 324 DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO: “LAWSON, PEDRO JOSÉ c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ DESPIDO” (30/6/2010


Fallo Plenario N° 324 Acta N° 2.553

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los treinta días del mes de junio de 2010; reunidos en la Sala de Acuerdos del Tribunal bajo la Presidencia de su Titular doctor Mario Silvio Fera, los señores Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, doctores Julio Vilela, Graciela Aída González, Miguel Ángel Pirolo, Miguel Ángel Maza, Ricardo Alberto Guibourg, Elsa Porta, Héctor César Guisado, María Cristina García Margalejo, Oscar Zas, Beatriz Inés Fontana, Juan Carlos Fernández Madrid, Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, Estela Milagros Ferreirós, Juan Carlos Eugenio Morando, Luis Alberto Catardo, Gabriela Alejandra Vázquez, Álvaro Edmundo Balestrini, Gregorio Corach y Daniel Eduardo Stortini; y con la asistencia del señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo doctor Eduardo O. Álvarez, a fin de considerar el expediente Nº 31.963/2007 – Sala III, caratulado “LAWSON, PEDRO JOSÉ c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ DESPIDO”, convocado a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para unificar jurisprudencia sobre la siguiente cuestión: “La condición prevista en el artículo 4° de la ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, ¿solo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07?”.

Abierto el acto por el señor Presidente, el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Dr. Eduardo O. Álvarez, dijo:

El interrogante que nos reúne remite a elucidar si el art. 4 de la Ley 25.972 exigía, o no, un acto expreso del poder administrador, para tener por configurado el supuesto que hacía cesar el incremento en la indemnización prevista por el art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.

No es la primera vez que me pronuncio sobre el conflicto al que alude el temario y siguiendo el criterio ya sentado por este Ministerio Público, expuesto en juicios referidos a la misma demandada, adelanto una respuesta afirmativa a la pregunta que subyace (ver, en particular, y entre muchos otros, Dictamen Nro. 45.904 del 31 de marzo del 2008, en autos “De la Fuente, Mónica Gladys y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ despido”; etc.).

El ya mencionado art. 4 de la Ley 25.972 establece el régimen de emergencia que afecta la extinción de los contratos de trabajo está llamado a regir “…hasta que la tasa de desocupación elaborada por Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)”.

Como se advierte, la disposición legal prevé un supuesto de aquello que en la “teoría de las obligaciones” se denominó “condición extintiva”, que se configura cuando la subsistencia de un vínculo, o su vigencia, o la exigibilidad de sus derechos, se supedita a “un hecho futuro e incierto” que, a diferencia del “plazo”, puede llegar a no ocurrir, al menos en el terreno de las hipótesis.

Ahora bien, en el Derecho Clásico, de tradición romanista, se discutió, con un fervor digno de otras pasiones, si la corroboración del cumplimiento de la condición requiere o no de un acto, sea cual fuere su esencia, que implique una declaración de certeza de que acaeció el hecho. El debate, que se resumió en el adagio “certus, incertus quando”, que quiere decir, “ocurrió, pero no se sabe cuándo”, fue resuelto sobre la base del análisis de los términos lingüísticos en que fue descripta la condición. Si ésta no era corroborable de una manera objetiva y suscitaba una disputa, requería un acto que la tuviese por acaecida. Como ejemplo tradicional, se mencionaba un contrato celebrado en la antigua Roma que debía extinguirse, de acuerdo a lo convenido por las partes, “en la próxima lluvia intensa” y los pretores juzgaron que la polémica referida al subjetivo concepto de “intensidad” debía ser remitida a un tercero y no podía quedar supeditada a los interesados contratantes (ver “Instituciones de Derecho Romano”, A. Petit, Edit. Castalia 1966, págs. 234 y sgtes.).

En principio, la descripción efectuada por el art. 4 de la Ley 25.972 parecería ser algo más precisa, pero lo cierto es que no existe una sola tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y, aparte, todas se efectúan sobre una suerte de promedio trimestral, que parecería presumir la existencia de pautas mensuales, aunque no individualizadas.

En efecto, el INDEC publica, por lo menos, tres índices de desocupación: 1) El que no considera desocupadas a las personas que tienen un Plan Jefas y Jefes de Hogar; 2) El que considera desocupadas a las personas que tienen un plan, pero sólo cuando no realizan contraprestación y buscan activamente trabajo; 3) El que considera desocupadas a las personas que tienen un plan y no realizan contraprestación, independientemente de que busquen o no busquen trabajo.

Las referidas pautas introducen una cuota relevante de vacilación, que se proyecta sobre las evaluaciones, a su vez, de la “subocupación”, y en ese marco, no demasiado diáfano, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el 28/02/07, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares, que opera en los llamados aglomerados urbanos, habría dado a conocer el índice o tasa de desocupación correspondiente al cuarto trimestre del 2006, que sería equivalente al 8,7%, y luego, el 06/06/07, hizo saber que en el primer trimestre del mencionado año, el índice llegaba al 9,8%.

Lo acontecido genera un clima de discusión que no es coherente con la precisión que requiere, en sus facetas temporales, toda condición extintiva y, a la variedad de pautas, todas provenientes del INDEC, se una la informalidad con que se lleva a cabo la publicación, que no tiene lugar por carriles de certeza preestablecidos. La circunstancia descripta y el carácter trimestral de los datos, da origen a plurales posiciones, todas admisibles y vulnerables al mismo tiempo. Se ha sostenido tanto que el cese se produjo el 28 de febrero del 2007, como el 6 de junio del 2007 y algunos, incluso con sustento en la estructura declarativa de la información, alegaron que la condición había tenido lugar el 31 de diciembre del 2006. Por otra parte, se podría cuestionar el porqué se dieron a conocer los guarismos del primer trimestre del 2007 recién el 6 de junio, y existe espacio hasta para alegar que el 5 de junio ya no regía el incremento, porque la demora en dar a publicidad la información no debería recaer sobre la deudora.

Como vemos, se configura una controversia tan compleja como la de la intensidad de la lluvia que inquietó a los romanos y han aparecido, en breve lapso, numerosos artículos con distintas argumentaciones (ver, entre otros, Miguel A. Maza y Leonardo G. Bloise, “La derogación de la denominada doble indemnización o recargo indemnizatorio del art. 16 de la Ley 25.561 por el Decreto 1224/07”, en D.T., B-2007, págs. 1.053 y sgtes.; Carlos Alberto Etala, “La pérdida de vigencia del recargo indemnizatorio de la emergencia”, en D.T., B-2007, págs. 1.060 y sgtes.; Juan José Etala (h) y Alejandro Gonzáles Rossi, “El decreto 1224/07 – Inconstitucional y extemporáneo”, en D.T.; B-2007, págs. 1.063 y sgtes.; Luis E. Ramírez, “Una ley argentina para el Libro Guiness (a propósito del fin de la “doble” indemnización)”, D.T., B-2007, págs. 1.070; Liliana H. Litterio, “El final anunciado de la “doble indemnización””, D.T., B-2007, págs. 1.074; Leonardo J. Ambesi, “Apuntes sobre el Decreto Nro. 1224/07”, D.T., B-2007, págs. 1.078; Sergio J. Alejandro, “Término de vigencia del agravamiento indemnizatorio: Los alcances del Decreto 1224/07”, D.T., B-2007, págs. 1.083, etc.).

Debo destacar de una manera muy especial, que la remisión del art. 4 de la Ley 25.972, no es tan precisa como parecería en su expresión literal, porque el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, como ya vimos, elabora varios índices sobre el desempleo, todos diferentes, y no siempre los da a conocer de una manera orgánica y de la misma forma.

Lo expresado me inclina a sostener que se da una hipótesis de condición extintiva que requiere, en el ámbito del poder público, un acto expreso para darle eficacia, y tal conclusión se ve respaldada por la lectura armónica de la Ley 25.972.

Hago esta afirmación, porque el art. 2 de la disposición legal mencionada, faculta al Poder Ejecutivo Nacional para declarar la cesación, ya sea en forma total o parcial, del estado de emergencia pública en alguna o todas las materias comprendidas “…cuando la evolución favorable… así lo aconseje”, y esta iniciativa, que implica una delegación no cuestionada, parte de la premisa de la necesidad de una disposición expresa.

Entre los contenidos de la emergencia se encuentra, sin ningún lugar a dudas, lo concerniente a la suspensión de los despidos, y el art. 4 de la Ley 25.972 debe ser interpretado en el contexto general de lo dispuesto por el reseñado art. 2, lo que presupone que el Poder Ejecutivo Nacional debía declarar la cesación cuando evaluara que se produjo el supuesto al cual se supeditaba su vigencia.

Por lo expuesto, cabe concluir que la norma necesitaba de un acto, más allá de su caracterización, y no sería reprochable, en principio, el dictado del Dto. 1224/07, pese a la poca claridad de sus considerandos, y a la parquedad de su formulación.

Creo oportuno recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse acerca de los alcances del Dto. 50/02, referido también a la aplicación temporal del art. 16 de la Ley 25.561 (ver, sentencia dictada el 19/10/2004 en autos “Valente, Diego E. c. Bank Boston N.A.”), sostuvo la necesidad de que el ordenamiento se interpretara teniendo en cuenta el contexto general y los fines que lo informan, y enfatizó la necesidad de otorgar racionalidad a los preceptos, prescindiendo de las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal (ver, en coherencia con la doctrina ya sentada en hipótesis similares, Fallos 310:799; 312:1913; 316:262; 317:672; 319:1756; 322:1679; 324:2934; etc.).

Si el ordenamiento legal facultaba al Poder Ejecutivo Nacional a declarar genéricas “cesaciones” de emergencia y, en concreto, en lo que hace a nuestra materia, fijar, incluso, algo tan trascendente como el porcentaje adicional del “agravamiento” de la indemnización, no advierto que pueda ser controvertida su potestad para elegir uno de los múltiples índices y efectuar las corroboraciones destinadas a avalar si la tasa de desempleo se redujo a un dígito.

Las razones apuntadas me llevan a sostener que la suspensión de los despidos concluyó el día de la publicación del Dto. 1224/07, o sea, el 11/09/07, y digo esto porque no rige el art. 2 del Código Civil, ya que no se trata de una disposición de carácter normativo, sino de una suerte de aquello que se denominara “decreto de ejecución” que se agota, en el caso, con la corroboración del hecho.

No soslayo que el Poder Ejecutivo Nacional ha incurrido en una relevante demora, pero esta circunstancia no significa que el sistema haya perdido vigencia cuando, como vimos, exigía un acto específico y, eventualmente, sólo podría discutirse la responsabilidad del poder administrador por el hipotético daño.

Por último, creo que la reseña de las distintas posiciones asumidas en los litigios concernientes al cese del incremento de la indemnización, y a los alcances del Dto. 1224/07, y la lectura de todo lo que se ha escrito al respecto, deja, en quién debe resolver la contienda, una innegable sensación de duda, que debe ser disipada, ante lo previsto por el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, a favor del trabajador.

En síntesis, propongo una respuesta afirmativa al interrogante.

Por la AFIRMATIVA, constituyendo MAYORÍA, votan los doctores: PORTA, BALESTRINI, STORTINI, GONZÁLEZ, PIROLO, FERNÁNDEZ MADRID, CORACH, GARCÍA MARGALEJO, FONTANA, FERREIRÓS, RODRÍGUEZ BRUNENGO, CATARDO, VÁZQUEZ, MORANDO, FERA, VILELA y ZAS.

LA DOCTORA PORTA, dijo:

En mi criterio, la respuesta al interrogante planteado debe ser afirmativa.

Esta es la postura que he sostenido al votar en la sentencia N° 89.714 del 13.5.2008 dictada en autos “De La Fuente, Mónica Gladys y otro c/ Swiss Medical S.A.”, del registro de la Sala III, que tengo el honor de integrar. En esa ocasión, y lo he reiterado posteriormente, sostuve que la ley 25.561 que declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, suspendió por el plazo de 180 días los despidos sin justa causa y para el caso de violarse esta prohibición, dispuso que los empleadores debían abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación vigente. La vigencia de esta norma fue prorrogada por sucesivos decretos del Poder Ejecutivo Nacional, que, en definitiva, fueron tácitamente convalidados por la ley 25.972 (B.O. 17.12.2004) que prorrogó hasta el  día 31 de diciembre de 2005 el plazo al que se refiere el artículo 1 de la ley 25.561 y el art. 4 reiteró los términos del decreto 823 de 2004 que ya había establecido que cuando la tasa de desocupación resultase inferior al 10% quedaría sin efecto de pleno derecho la prórroga de lo establecido en la ley 25.561.

Es cierto que una primera lectura del texto legal en cuestión permitiría concluir que no es necesaria ninguna norma posterior porque aquél es autosuficiente, sin embargo al momento de establecer la fecha precisa en que dejó de tener vigencia dicho incremento se pierde toda certeza.

Por ello, comparto la postura del Dr. Fernández Madrid referida a que el hecho de que la ley 25.972 haya excluido la expresión “de pleno derecho” que contenía el citado decreto 823 descarta la posibilidad de que se tenga por cumplida la condición mencionada en la norma legal sin una declaración expresa del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo en tal sentido (“La extinción del plus indemnizatorio por despido arbitrario”, pub. en DEL N° 266, Octubre 2007, T. XXI, pág. 919).

En consecuencia, considero que el agravamiento en cuestión sólo perdió eficacia a partir de la publicación del decreto 1224 dictado por el Poder Ejecutivo Nacional el día 10.9.2007 (B.O. 11.9.2007).

Destaco el real y serio estado de incertidumbre existente hasta el dictado del referido decreto. Primero, porque el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) elabora y da a conocer los índices relativos a la desocupación con frecuencia trimestral, el correspondiente al primer trimestre del año se publica en junio, el del segundo trimestre en septiembre, el relativo al tercer trimestre en diciembre y el cuarto en marzo del año siguiente. Este hecho plantea serios inconvenientes al tratar de determinar el día preciso en que se cumplió la condición prevista por el citado art. 4, dado que podría sostenerse, según la tasa que se considere, que ello aconteció el último día del último trimestre de 2006 o bien el último día del primer trimestre del año 2007 (31 de diciembre de 2006 o 31 de marzo de 2007). Sin embargo, la publicación de esas mediciones no se hace por la vía del Boletín Oficial. El aludido instituto publica las mediciones en su página web y las da a conocer a la prensa. En realidad, primero publica un adelanto de resultados y con posterioridad da a conocer el informe de prensa habitual correspondiente al período de que se trate con la información desagregada por área geográfica. Así, la información relativa al cuarto trimestre de 2006 fue adelantada el 28 de febrero y la medición desagregada se publicó el 14.03.07. De igual modo en relación con los datos del segundo trimestre de 2007, se publicaron el 12 de septiembre de ese año, pero la información se había adelantado el 22 de agosto (Liliana H. Litterio “El final anunciado de la “doble indemnización””, pub. D.T. 2007-B, 1.074; Juan José Etala (h) y Alejandro González Rossi, “El decreto 1224/07 -Inconstitucional y extemporáneo”, pub. D.T. 2007-B, 1.063; Federico Pavlov, “Muerto el perro… ¿se acabó la rabia? Acerca del final de la “doble indemnización”, pub. en D.T. 2007-B, págs. 1.088 y 1.089).

Para más, son varios los indicadores que elabora el INDEC que miden el nivel de desempleo. En efecto, el día 28 de febrero de 2007 dicho instituto adelantó la tasa de desocupación correspondiente al cuarto trimestre de 2006, que según el organismo es 8,7%, pero dicho porcentaje se obtiene, al considerar dentro de la Población Económicamente Activa (PEA) a los beneficiarios de los planes “jefes y jefas de hogar” de tal manera que si se dejara afuera esta última franja de la población, la tasa resultante es 10,1%, que corresponde a la tasa de subocupación, la que sólo resultó inferior al 10% cuando se hizo pública, el día 6 de junio de 2007, la medición correspondiente al primer trimestre de 2007 (Miguel A. Maza y Leonardo G. Bloise en “La derogación de la denominada doble indemnización o recargo indemnizatorio del art. 16 de la ley 25.561 por el decreto 1224/07”, pub. en D.T. 2007-B, 1.053).

En mi criterio, no resulta razonable que al momento de aplicar una norma dictada por el Congreso Nacional en el marco de la emergencia social, que supedita su vigencia a que la tasa de desocupación sea inferior a dos dígitos, se considere como tal un indicador que computa como trabajadores efectivamente ocupados a los beneficiarios de los llamados planes jefes y jefas de hogar que no tienen ninguno de los derechos que el ordenamiento legal laboral y de seguridad social reconoce a los trabajadores realmente empleados.

Todas estas incertidumbres se reflejan en las diferentes tesituras expresadas sobre esta cuestión y conviene destacar que, aún entre los autores que sostienen que la norma es autosuficiente, existen posturas encontradas respecto de cuál es la fecha en que la indemnización agravada dejó de tener vigor, ya sea por la tasa que computan o bien por la fecha que toman en cuanta (Etala, Carlos Alberto, “La pérdida de vigencia del recargo indemnizatorio de la emergencia”, pub. D.T. 2007-B, 1.060; Sergio J. Alejandro, “¿Permanece vigente el porcentaje adicional del art. 245 de la L.C.T.?”, pub. en D.T. 2007-A, págs. 164 a 167 y “Término de vigencia del agravamiento indemnizatorio: Los alcances del decreto 1224/07”, pub. D.T. 2007-B, 1.083; Bloise, Leonardo y Fernández, Marcelo, “Los conflictos en torno a la aplicación del agravamiento indemnizatorio”, pub. Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social”, Lexis Nexis, año 2007, fasc. 23, pág. 2.073; Ramírez, Luis E. “Una ley argentina para el Libro Guiness (a propósito de la “doble” indemnización)”, pub. D.T. 2007-B, 1.070; Miguel A. Maza y Leonardo G. Bloise “La derogación de la denominada doble indemnización o recargo indemnizatorio del art. 16 de la ley 25.561 por el decreto 1224/07”, pub. en D.T. 2007-B, 1.053; Federico Pavlov, “Muerto el perro… ¿se acabó la rabia? Acerca del final de la “doble indemnización””, pub. en D.T. 2007-B, págs. 1.088 y 1.089; Juan José Etala (h) y Alejandro González Rossi, “El decreto 1224/07 – Inconstitucional y extemporáneo”, pub. D.T. 2007-B. 1.063; Juan Carlos Fernández Madrid, “La extinción del plus indemnizatorio por despido arbitrario”, pub. en DEL N° 266, Octubre 2007, T. XXI, pág. 919; Leonardo J. Ambesi “Apuntes sobre el decreto N° 1224/07”, pub. D.T. 2007-B, 1.078; Glauco Marqués, “La extinción de la obligación del pago de la denominada “doble indemnización””, pub. en Doctrina Laboral ERREPAR, 2007-XXI, 1.081; Gustavo Segú, “Fin del agravamiento indemnizatorio. Comentarios acerca de su operatividad”, pub. DEL N° 260, abril 2007 T.XXI, 329).-Estas ambigüedades e imprecisiones tienen consecuencias disvaliosas porque impiden a las partes del contrato laboral tener cabal conocimiento de cuál es la situación vigente al momento de extinguirse el vínculo, afectan el efecto liberatorio del pago y conspiran contra la eficacia de un instrumento esencial del derecho del trabajo como son las reparaciones tarifadas que favorecen la autoaplicación de las normas.

En síntesis, ante una situación tan incierta, considero que era necesario un acto expreso que declarara cumplida la condición prevista por el citado art. 4 de la ley 25.972, ya que ello confiere seguridad y certeza tanto a las partes del contrato como a los operadores jurídicos.

Es sabido que es principio de hermenéutica legal que debe preferirse la interpretación que favorece y no la que dificulta los fines perseguidos por las normas (Fallos 313:225; 316:1066; 323:1374; 324:2153; entre muchos). También, que la inteligencia de las disposiciones debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y a ese propósito la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos, de tal manera que consulte a la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos que no deben ser soslayados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación legal (Fallos: 310:799; 312:1913; 315:262; 317:672; 319:1756; 322:2679; 324:2934; etc.). Finalmente, que la interpretación jurídica debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan las leyes, puesto que la primera regla en esta materia consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador (v. Fallos: 320:389; 323:566; 324:1740, 3752, 325:186, 350, 1922; entre muchos), sin que pueda suponerse su inconsecuencia, falta de previsión u omisión involuntaria; motivo por el que se reconoce como principio inconcuso que la interpretación debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (v. Fallos: 312:1680; 315:727; 319:1131; 320:2701; 322.2189; 323:1787; 324:1481; 327:4422).

No hay dudas de que la voluntad del legislador al dictar la ley 25.972 fue reducir paulatinamente el agravamiento originariamente previsto por la ley 25.561 hasta llegar a su completa derogación. Para lograr tal propósito primero disminuyó su cuantía dado que dispuso que la base de cálculo estaría constituida únicamente por la indemnización prevista por el artículo 245 de la L.C.T., excluyendo las restantes reparaciones que se originan en el despido sin causa así como aquellas otras que contemplan los estatutos especiales que, en principio, consagran una mayor protección frente al despido arbitrario (en sentido análogo, S.D. Nro. 88.357 del 30.11.2006, “Grabuska La Rocca, María Victoria c/ HSBC Bank Argentina S.A.”, del registro de la Sala III). Por otra parte, procuró que la disminución del incremento fuera paulatina y para ello delegó en el Poder Ejecutivo Nacional, reducir el porcentaje del incremento, según fuera modificándose el nivel de empleo.

En ese contexto es válido concluir que el decreto 1224 del Poder Ejecutivo Nacional se adecua a tales propósitos, pues fue dictado luego de verificarse la caída de la desocupación según el resultado de los distintos indicadores que confecciona el INDEC y cuando esa disminución no era un hecho aislado ni meramente accidental, temporario ni estacional.

Por último y lo más relevante, entiendo que en el caso no ha existido una indebida asunción de funciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional, pues más allá de que al dictar el decreto 1224 el Poder Ejecutivo Nacional hubiera invocado sus potestades reglamentarias (art. 99, incs. 1 y 2 de la Constitución Nacional), lo cierto es que ha ejercido una facultad delegada expresamente por el Poder Legislativo, ya que el art. 2 de la ley 25.972 lo autorizó a declarar la cesación, en forma total o parcial del estado de emergencia pública en una, algunas y/o todas las materias comprendidas en el párrafo 1° del artículo 1° de la ley 25.561 y sus modificatorias cuando la evolución favorable de la materia respectiva así lo aconseje.

En consecuencia y por todo lo expuesto concluyo que el incremento contemplado por el citado art. 4 de la ley 25.972 perdió vigencia a partir de la publicación del decreto 1224 el día 11 de septiembre de 2007. Este precepto no es una norma constitutiva de derechos sino meramente declarativa, sólo declara cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4; se trata de un decreto de ejecución que se agota con la corroboración del hecho. Por lo tanto, en el caso, no resulta de aplicación lo dispuesto por el art. 2 del Código Civil.

En síntesis y por los fundamentos expuestos, voto por la afirmativa a la pregunta que nos convoca.

EL DOCTOR BALESTRINI, dijo:

Para dar respuesta al interrogante que aquí nos convoca, señalo de comienzo que no es la primera vez que debo expedirme sobre el tópico que motiva la presente convocatoria a acuerdo plenario, razón por la cual, con carácter previo a establecer los motivos que fundan mi voto, adelanto desde ya mi respuesta afirmativa al interrogante planteado.

En efecto, la cuestión central que suscitó el debate, se ciñe a dilucidar si la normativa contenida en el art. 4° de la ley 25.972, en especial, la condición allí prevista como factor determinante de la derogación del sistema agravado de indemnización por despido, exigía -o no- el dictado de un acto expreso del poder administrador para considerar cumplido el supuesto al que se sujetó el cese del incremento originariamente establecido por el art. 16 de la ley 25.561 y, a su respecto, he tenido oportunidad de exponer mi opinión al emitir mi voto en los autos caratulados “Ciufia, Fernando Ariel c/ COTO C.I.C.S.A. s/ despido” (S.D. N° 14.969 del registro de esta Sala XI del 13 de junio de 2008), y allí sostuve que “…el cese formal del régimen de suspensión de despidos impuesto a través del dictado de la ley 25.561, debe situarse a partir del dictado del decreto 1224/07 toda vez que dicha reglamentación se compadece con “el acto expreso del Poder Ejecutivo Nacional” por el cual se declaró el cese del estado de emergencia pública en materia laboral. … que debe fijarse como punto de partida, el día de la publicación del decreto 1224/07 -esto es el 11/09/07…”.

PLENARIO N° 324 DE LA CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO: “LAWSON, PEDRO JOSÉ c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ DESPIDO” (30/6/2010)Y me he inclinado por esta posición, dejando de lado la postura que considera que debe darse por cumplida la condición establecida en la norma con la sola publicación de los índices por parte del INDEC, toda vez que, en esa línea argumental, estimo que se da paso a una diversidad de guarismos susceptibles de operar como factor de cumplimiento de la condición impuesta.

Repárese en que, en caso de considerarse que la sola publicación de un índice de desocupación inferior al 10% por parte del organismo antes mencionado, resultara suficiente para tener por cumplida la condición extintiva a la que aludió la ley 25.972, renacería un nuevo debate desde que la dependencia referida elabora varios índices de desempleo, disímiles uno del otro, y sujetos a diversas pautas y basados en múltiples parámetros de medición.

En tal entendimiento, aparecería -a mi ver- una variable tan incierta como vulnerable para precisar la secuela temporal de ocurrencia del evento al que se condicionó la vigencia de un régimen legal, razón por la cual, en mi opinión, se impone concluir en la necesidad de un acto expreso, ya sea a cargo del poder legislativo o de aquél a quien se hubiere delegado dicha potestad y, en consecuencia, establecer la derogación del régimen indemnizatorio agravado creado en el marco de la emergencia pública declarada, puesto que, de lo contrario, se incurriría en una situación contraria a la seguridad jurídica propia de un Estado de Derecho como lo es el nuestro, ya que, aún cuando la disposición contenida en el tantas veces mencionado art. 4° de la ley 25.972 no lo precisó en forma expresa, la materia sobre la que versa la cuestión, requiere indudablemente, de un marco de certeza y precisión que no puede ser librado a la interpretación de variables diversas, ni mucho menos aún al arbitrio de los particulares, toda vez que trasciende el esclarecimiento de una situación individual para adquirir innegable carácter público general.

Es desde esta perspectiva de enfoque que me inclino por sostener que el cese formal del régimen de suspensión de despidos impuesto a través del dictado de la ley 25.561, debe situarse a partir del dictado del decreto 1224/07 toda vez que dicha reglamentación se compadece con el “acto expreso del Poder Ejecutivo Nacional” por el cual se declaró el cese del estado de emergencia pública en materia laboral.

Por todo lo expuesto y tal como lo anticipé, voto por la AFIRMATIVA al interrogante planteado en la presente convocatoria.

EL DOCTOR STORTINI, dijo:

El interrogante que impera en este plenario atañe a si era o no necesario el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional para dar por finalizada la vigencia del incremento resarcitorio previsto por el art. 16 de la ley 25.561.

La ley de “emergencia pública” 25.972, en el párrafo primero de su art. 4°, prorrogó la vigencia de la indemnización agravada impuesta por el citado art. 16 “hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)”. Posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial del día 11 de septiembre de 2007 el decreto 1.224/07 que dispuso lo siguiente: “Declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4° de la ley 25.972”.

¿Fue válido y necesario el dictado de ese acto del poder administrador o, por el contrario, su sanción fue inoficiosa porque la propia norma legal ya había supeditado la vigencia de la indemnización al acaecimiento de un hecho futuro que  -precisamente- ya se hallaba cumplido al momento de la publicación del decreto?

Es realmente polémico tal interrogante. Pero en el punto ya he tenido oportunidad de sostener, como juez de esta Cámara, que fue no sólo válido sino también necesario el dictado de ese decreto que dio por configurada la condición que preveía el mentado art. 4°. Y así lo era para así dar seguridad jurídica a los sujetos del contrato individual de trabajo y a los operadores jurídicos; en mayor medida si se tiene presente que el legislador laboral -desde antiguo- procuró la autocomposición de los conflictos individuales y de derecho a través del acceso del trabajador a indemnizaciones tarifadas provenientes del despido arbitrario o sin justa causa (ver mi voto en la sentencia definitiva N° 14.969 de la Sala IX, dictada con fecha 13/06/2008, en los autos “Ciufia, Fernando Ariel c/ COTO C.I.C.S.A. s/ despido”).
En ese precedente dije, en primer lugar, que fue válida la sanción del decreto porque el propio art. 2° de la ley 25.972 facultaba al Poder Ejecutivo Nacional para “declarar la cesación en forma total o parcial del estado de emergencia pública…” en materia laboral. Es decir que la administración estaba legitimada para actuar como lo hizo en tanto que ejercitó una facultad delegada por el legislador argentino. Pero además cabe entender que ese acto administrativo tuvo “razonabilidad” (exigencia que debe concurrir en todo acto emanado de cualquier de los tres poderes del Estado) a poco que se aprecie la notoria imprecisión del citado art. 4° cuando supeditó el vigor de la indemnización agravada a una tasa de desempleo menor al diez por ciento, no obstante que el propio I.N.D.E.C. utiliza para la medición de la desocupación no un solo índice sino varios en función de si toma o no en cuenta para ello a los beneficiarios de los planes “jefes y jefas de hogar”.

Y precisamente la mentada “razonabilidad” demuestra que era necesario acudir a la sanción de un decreto para instrumentar la finalización de la originariamente denominada “doble indemnización” porque el I.N.D.E.C. da a conocer los índices de desocupación en forma trimestral y por ende ello no brinda ninguna certeza en orden a la fecha cierta y concreta en que aconteciera la baja del diez por ciento en la contingencia del desempleo.

Sobre tal base, estimo que ese hecho al cual estaba supeditada la vigencia de la norma (la tasa de desocupación inferior al 10%) no era públicamente conocido -con real certeza- por los sujetos involucrados en la relación laboral individual y en definitiva por la sociedad toda, por lo cual era menester el dictado de un acto oficial que brinde seguridad jurídica en tal aspecto.

Pienso asimismo que el decreto 1.224/07 del P.E.N. entró a regir el día en que fue publicado en el Boletín Oficial (reitero, el 11/09/07) en la medida en que constituyó una mera declaración (“Declárase cumplida…”), sin que fuese necesaria la espera de los ocho días siguientes a la publicación (arts. 2° y 3° Código Civil).

De acuerdo con lo dicho, al compartir los fundamentos dados en el enjundioso dictamen del señor Fiscal General doctor Álvarez, voto por la afirmativa al interrogante suscitado.

LA DOCTORA GONZÁLEZ, dijo:

Estamos reunidos para dilucidar el aspecto temporal de cumplimiento de la condición prevista en el art. 4 de la ley 25.972 en cuanto dispone la derogación del incremento indemnizatorio del art. 16 de la ley 25.561 a partir del momento en que “la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)”.

Como lo sostuve al emitir mi voto en los autos “Reschini, Sebastián Alejandro c/ Massuh S.A. s/despido”  (sentencia N° 95.760 del 20/5/07 del registro de la Sala II de esta Cámara),  la norma cuya inteligencia ha sido puesta en cuestión si bien ha provocado más incertidumbre que certezas, al sujetar el plazo de vigencia de un agravamiento indemnizatorio a una condición extintiva de configuración compleja, ha sido convenientemente inserta en un cuerpo normativo (la ley 25.972) que en su artículo 2° mantuvo en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional la facultad de disponer la cesación del estado de emergencia declarado por la ley 25.561 ya sea en forma total o parcial “cuando la evolución favorable… así lo aconseje”,  por lo que a mi juicio en dicho particular contexto, para dar respuesta al interrogante planteado corresponde estar a la fecha en que se dio a publicidad el acto administrativo que declaró cumplida la condición prevista en el art. 4 de la ley 25.972 (decreto 1.224/07 – B.O. 11/9/07).

Como lo señalé en el precedente antes mencionado, a raíz del dictado del decreto 1.224/07 que declaró cumplida la condición prevista en el art. 4 de la ley 25.972 para dar por finalizada la vigencia del art. 16 de la ley 25.561, se publicaron numerosos trabajos de doctrina donde se ponen de relieve las discrepancias interpretativas que habrían de plantearse a raíz del modo en que se legisló en la materia (ver Etala, Carlos A. “La pérdida de vigencia del recargo indemnizatorio de la emergencia”, D.T.  2007-B, págs. 1.060 y ss; Ramírez, Luis E, “Una ley argentina para el Libro Guiness (a propósito del fin de la “doble” indemnización)”, D.T. 2007- 1070; Alejandro, Sergio J. “Término de vigencia del agravamiento indemnizatorio. Los alcances del decreto 1224/2007”,  D.T. 2007, 1.083; Ambesi, Leonardo, “Apuntes sobre el decreto 1.224/07”, DT 2007, 1.078; Maza, Miguel A. y Bloise, Leonardo G. “La derogación de la denominada doble indemnización o recargo indemnizatorio del art. 16 de la ley 25.561 por el decreto 1.224/07”, D.T. 2007-B, 1053;  Pavlov, Federico “Muerto el perro… ¿se acabo la rabia?. Acerca del final de la “doble indemnización”, DT 2007 B, 1.088; Etala Juan José y González Rossi, Alejandro, “El decreto 1.224/07 -inconstitucional y extemporáneo-“. DT 2007 B, 1.063, etc.).

Algo parecido había ocurrido con la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.561 (dec. 50/02) y con los sucesivos decretos de prórroga cuya constitucionalidad ha sido fuertemente cuestionada, pero lo cierto es que, lo sucedido en cuanto a la pérdida de vigencia del dispositivo legal en cuestión, revistió facetas inusitadas porque, la vigencia del régimen indemnizatorio agravado por la emergencia ocupacional declarada por ley, por disposición de la ley 25.972, quedó sujeta a que la tasa de desocupación elaborada por el INDEC resulte inferior al 10%. No obstante ello, luego de varios meses de haber salido a publicidad el informe del INDEC correspondiente al último trimestre del año 2006 y al primero del año 2007, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 1.224/07 (B.O. 11/9/07) declarando cumplida la condición establecida en el art. 4 de la ley 25.972, es decir, que la tasa de desocupación había descendido de los dos dígitos.

Admito que, como lo señalaron los Dres. Maza y Bloise en el trabajo publicado  en D.T. 2007-B, págs 1.053 y ss., los términos del art. 4 de la ley 25.972 permitirían considerar que la vigencia de la norma se intentó supeditar únicamente al cumplimiento de una “conditio iuris” y que no puede válidamente discutirse que con anterioridad al dictado del decreto 1.224/07 algunos órganos periodísticos habían informado que, conforme el resultado de las estadísticas elaboradas por el INDEC, la tasa de desocupación era inferior al 10%.

Sin embargo, no puede dejar de considerarse que las informaciones acerca del nivel de desocupación vigente a fines del año 2006,  carecían de suficiente certeza tanto en cuanto a su entidad, como con relación al momento en que debía considerarse alcanzado el nivel de desempleo que la ley había fijado como determinante de la finalización de la crisis a nivel ocupacional, en función de la cual se dispuso la suspensión de los despidos injustificados y el agravamiento indemnizatorio en caso de violarse tal disposición legal.

El dato de publicación de los que la mayoría de los autores se valieron, ubicaron el hecho en el día 28 de febrero del año 2007, pero lo cierto es que esa simplemente fue la fecha en la que se emitió un “informe de prensa”. No se publicó en el Boletín Oficial ni entró en conocimiento -real o presunto- de la población en un único y determinado momento. Ello dependió  más de la recepción de los órganos periodísticos de difusión que de la propia actividad del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y, a mi juicio, la verificación de un hecho de tanta trascendencia jurídica, no podía quedar librada a las contingencias propias del alcance y credibilidad de los datos obtenidos a través de medios de divulgación masiva que, por lo demás, rara vez se exponen en “estado puro” -es decir, libres de todo contenido valorativo-, máxime cuando los métodos y parámetros utilizados por el INDEC estaban siendo seriamente cuestionados desde distintos sectores de la vida política e institucional.

A su vez, en la fecha antes mencionada no se divulgaron los resultados definitivos sino que se trató de un “adelanto de resultados”. A mi juicio, de tal elemento no puede colegirse con exactitud que la tasa de desempleo elaborada por el INDEC resultó inferior al 10% en el último trimestre del año 2006, porque se trata de datos estadísticos que consideran diversas variables y ello surge evidente de la compulsa de los datos dados a publicidad por el INDEC -que se pueden consultar vía internet en  www-indec.gov.ar-.

Allí se informaron tres tasas de desocupación distintas  porque si bien en el primer cuadro en el que se indicó una tasa de desocupación del 8,7%, se desagregó la tasa correspondiente al índice de subocupación, que a su vez fue subclasificado en “subocupación demandante” y “subocupación no demandante” (según que las personas consultadas estuvieren o no buscando empleo); en el siguiente, se indicó una tasa de “desocupación” del 9,3% computando a los titulares de Planes Jefes y Jefas de hogar que, además buscaban activamente trabajo; y en el tercero se informó una tasa del 10,1% que resultaría de considerar que, de no ser titulares de tales planes, dichas personas serían desocupadas y estarían por lo tanto incluidas en la población económicamente activa. Efectué este análisis de la información de prensa del 28/2/07 que puede consultarse en la página web del INDEC (denominada “Mercado de trabajo: principales indicadores 4° trimestre de 2006 – Adelanto de resultados”) sólo con el fin de demostrar que, cualquier pauta que se tome a efectos de intentar constatar la reducción de la tasa de desocupación elaborada por el INDEC a un porcentaje inferior al 10%, carece de certeza y precisión tanto en cuanto a su contenido como a la fecha de su verificación.

En esa inteligencia, adhiero a las consideraciones efectuadas por Luis E. Ramírez  (en “Una ley argentina para el Libro Guiness” D.T. 2007, 1.070) al señalar que el art. 4 de la ley 25.972 no fue preciso sobre el indicador que había que tener en consideración, y que, por tanto, requería de una norma reglamentaria.

A mi juicio, en dicha ley, el legislador estableció una pauta para que se considere finalizada la emergencia y obligó al Poder Ejecutivo a atenerse a los informes del INDEC, pero no sustrajo de las facultades reglamentarias expresamente otorgadas en el art. 2 de dicha ley al Poder Ejecutivo , el aspecto en cuestión.En tal sentido se puntualizó que la extraordinaria imprecisión del art. 4 de la ley 25.972 sólo puede interpretarse como una delegación de facultades al Poder Ejecutivo para que, vía reglamentaria, llene los baches legales sin alterar el espíritu de la ley. Considero que, aunque morosamente, el decreto 1.224/07 cumplió con dicha misión.
En mi opinión, interpretar de modo diverso el art. 4 de la ley 25.972 llevaría a presumir la inconsecuencia del legislador porque no advierto, entonces, cuál habría sido la finalidad perseguida con el decreto 1.224/07 (publicado en el B.O. del 11/9/07) mediante el cual se declaró cumplida la condición.

Cabe recordar que, el Máximo Tribunal, al decidir respecto de los alcances del decreto 50/01 -referido también a la aplicación temporal del art. 16 de la ley 25.561 y en un aspecto mucho menos controvertido-, sostuvo que “La interpretación jurídica debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que informan las leyes, puesto que la primera regla en esta materia consiste en dar pleno efecto a la intención del legislador (V. Fallos: 320:389; 323:566; 324:1740, 3752; 325:186, 350, 1922; entre muchos), sin que pueda suponerse su inconsecuencia, falta de previsión u omisión involuntaria, motivo por el que se reconoce como principio inconcuso que la interpretación debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (V. Fallos: 312:1680; 315:727; 319:1131; 320:2701; 322:2189; 323:1787; 324:1481, etc.). (Del Dictamen del Procurador Fiscal ante la CSJN Dr. Obarrio). – CSJN ” Valente, Diego c/ Bank Boston” 19/10/04.

Asimismo, en tal oportunidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que “En la denegación de beneficios, como los que informan el derecho del trabajo ha de procederse con suma cautela, buscando siempre una interpretación valiosa de lo que las previsiones han querido mandar porque en planos como el descripto, el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de no desvirtuar los fines que inspiran las leyes (v. Fallos: 318:1695, 320: 2596, etc.)”.

Por lo demás, elementales razones de seguridad jurídica imponen inclinarse por la interpretación que otorga mayor certeza a las relaciones y a los derechos que de ellas se derivan, tal como acontece con otros supuestos que implican la pérdida de derechos o beneficios (vgr. caducidad, prescripción, etc.).

Asimismo, creo necesario referir que, a mi juicio, resulta evidente que estamos ante un caso de duda en la interpretación del alcance de una norma y la reseña de los trabajos doctrinarios efectuada precedentemente corrobora la sensación en la que la población en general se encontró inmersa, incluso antes del dictado del decreto 1.224/07, en atención al indicador elegido por el legislador para condicionar la vigencia del régimen de suspensión de despidos dispuesto en el art. 16 de la ley 25.561. Tal circunstancia impone estar a la pauta hermenéutica establecida en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo que, en nuestra especialidad resulta insoslayable, por ser directa derivación del principio protectorio sobre el cual se estructura todo el Derecho del Trabajo, de conformidad con los lineamientos que emergen del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que “La interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar cada artículo y cada ley sólo por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todas tengan en cuenta los fines de las demás y considerárselas como dirigidas a colaborar, en su ordenada estructuración, para que las disposiciones imperativas no estén sujetas a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas en perjuicio de quien se tuvo en mira proteger (del dictamen de la Procuración General al que remitió la CSJN in re “Ategam S.A. c/ Provincia del Chubut s/ demanda contencioso administrativa”, T. 329, P. 3546 del 5/9/06).

En consecuencia, en resguardo de la seguridad jurídica antes mencionada y por aplicación de la pautas interpretativas aludidas considero que el cese del agravamiento indemnizatorio dispuesto por el art. 16 de la ley 25.561 se operó recién al darse a publicidad el decreto 1.224/07 (B.O. 11/9/07).

También con relación a la redacción del decreto bajo análisis se han efectuado serios reparos, puesto que no especifica su carácter (reglamentario, declarativo, aclaratorio, etc.), ni la fecha exacta a partir de la cual no rige el incremento indemnizatorio previsto en el art. 16 de la ley 25.561 -nótese que declara cumplida la obligación sin indicar el momento en que se habría verificado el hecho o condición a la que alude la norma que se intenta completar, aclarar o reglamentar-. En tal sentido, creo necesario señalar que, tal como lo puntualizó el Dr. Eduardo Álvarez al emitir opinión in re “De la Fuente, Mónica Gladis y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ despido” (Expte. 23.441 del registro de la Sala III CNAT) -Dictamen Nro. 45.904 del 31/3/08 antes referido- la suspensión de los despidos concluyó el día de la publicación del decreto 1.224/07, o sea el 11/9/07, porque no se trata de una disposición de carácter normativo, sino  de una suerte de aquello que se denominara “decreto de ejecución” que se agota, en el caso, con la corroboración del hecho.

En efecto, tal como aconteciera en el caso “Valente” en el que la Corte admitió la vigencia inmediata de la ley 25.561, al convalidar el decreto 50/02, estimo que, para establecer su fenecimiento en lo que hace al aspecto en cuestión (suspensión de los despidos), debe estarse a similar pauta interpretativa, máxime cuando, como lo he dejado expuesto, el indicador al que el art. 4 de la ley 25.972 sujetó la vigencia de la prórroga dispuesta, llegó al nivel previsto con anterioridad al mes de septiembre de 2007, por lo que con la adopción de tal criterio no se advierte afectado interés alguno.

Al respecto la Corte ha sostenido que “La interpretación de la ley requiere la máxima prudencia, cuidando que el excesivo rigor de los razonamientos no desnaturalice el espíritu que ha inspirado su sanción, a cuyo efecto una de las pautas más seguras para verificar si la inteligencia de una disposición es racional y congruente con el resto del sistema del cual aquélla forma parte, es la consideración de sus consecuencias” (CSJN A. 1708. XLI; REX, “Ávila Zanini, Carlos P. y otros s/ recurso de casación” del 8/4/2008).

En consecuencia con lo que llevo expuesto, me expido por la afirmativa al interrogante planteado, porque considero que es a partir de la publicidad de la norma en cuestión que corresponde reputar cumplida la condición a que fuera supeditada la indemnización que reconoce como causa la ley 25.561, esto es el 11 de septiembre del 2007.

EL DOCTOR PIROLO, dijo:

Con remisión a los fundamentos expuestos por mi distinguida colega Dra. Graciela A. González al votar en primer término en los autos “Reschini, Sebastián Alejandro c/ Massuh S.A. s/ despido” (S.D. N° 95.760 del 20/05/08, del registro de la Sala II) y a los términos de mi adhesión en esa causa, voto en forma afirmativa al interrogante planteado en esta convocatoria.

EL DOCTOR FERNÁNDEZ MADRID, dijo:

En el presente caso, y conforme lo dispone el artículo 295 del C.P.C.C.N., nos convoca el siguiente interrogatorio: “La condición prevista en el artículo 4° de la ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, ¿solo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07?”.

En este sentido, el artículo 4° de la ley 25.972 estableció que la emergencia -que afecta la extinción de los contratos de trabajo- se impone “hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)”.

Ahora bien, la remisión de la norma no es tan precisa como parecería en su expresión literal, porque no existe una sola tasa de desocupación elaborada por el INDEC sino que elabora varios índices, todos distintos, y no siempre se dan a conocer de igual forma; lo que genera un clima de discusión que no es coherente con la precisión que se requiere.

El art. 2° de la ley 25.972 faculta al Poder Ejecutivo Nacional para declarar la cesación del estado de emergencia pública en forma total o parcial, por lo que, en ese orden de ideas y como he adherido a mi colega en autos “Farfan, Luis Ramón c/ Soule S.A. s/ despido”, S.D. 60.885 del 16 de octubre de 2008, es razonable concluir que el decreto 1.224/07 constituyó el acto administrativo necesario para declarar la finalización de dicha emergencia a los fines del art. 16 de la ley 25.561. Por ello, entiendo que la suspensión de los despidos sin causa finalizó el día de la publicación del decreto citado, o sea el 11.09.07.

Entiendo que al analizar la letra legal debe primar la búsqueda del espíritu de la norma, a fin de arribar a una interpretación racional y valiosa. Ello en virtud de que el espíritu que las informa es lo que debe rastrear en procura de una aplicación racional (conf. Fallos 300:417).

En el caso resulta evidente que la condición prevista en el artículo 4° de la ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07.

Por lo expuesto, voto por la afirmativa.

EL DOCTOR CORACH, dijo:

La ley de “emergencia pública” 25.972, en el párrafo primero de su art. 4°, prorrogó la vigencia de la indemnización agravada impuesta por el art. 16 de la ley 25.561 “hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)”.

Posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial del día 11 de septiembre de 2007 el decreto 1.224/07 que dispuso lo siguiente: “Declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4° de la ley 25.972”. Ahora bien, en relación al tema que nos convoca, me remitiré a lo expuesto en el siguiente pronunciamiento: “Gasparri, Lorena c/ Nestlé Argentina S.A. s/ diferencias de salarios”, S.D. 16.382 del 20/11/08.

En dicha oportunidad al adherir al voto de mi distinguido colega preopinante, respecto al tema aclaré que si bien entiendo que el art. 4° de la ley 25.972 no exigía “per se” el dictado de un decreto que declarara expresamente cumplida la condición prevista en él, la complejidad de las cuestiones relativas a la determinación y publicación de los índices de medición de la desocupación por parte del INDEC      -que generó distintas opiniones y soluciones sobre la fecha de cese de la duplicación- sí tornó necesario el dictado del decreto 1.224/07 a fin de otorgar certeza y, por ende, seguridad jurídica que, demás está aclarar, redunda en un beneficio para ambas partes de la relación laboral.

Esta es la tesitura que he expuesto en distintos pronunciamientos con respecto al incremento indemnizatorio dispuesto originalmente por el art. 16 de la ley 25.561 (ver esta Sala X in re: “Lammana, Norberto Javier c/ Gabriela S.R.L. y otro s/ despido”, S.D. 16.608 del 30/04/09, “Centurión, Juan Rubén c/ Disco S.A. s/ despido” S.D. 16.403 del 28/11/08).

En este contexto, estimo que el dictado del decreto 1.224/07 no resultó inoficioso, en tanto las circunstancias particulares, no permitieron tener conocimiento concreto y fehaciente del cumplimiento de la condición resolutoria, es decir del descenso de la tasa de desocupación por debajo del 10% tal como lo dispone el art. 4° de la ley 25.972 (prórroga del art. 16 de la ley 25.561).

Por los motivos expuestos, voto por la afirmativa al interrogante planteado razón por la que la condición prevista en el art. 4° de la ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del art. 16 de la ley 25.561, debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07.

LA DOCTORA GARCÍA MARGALEJO, dijo:

En tanto el art. 2 de la ley 25.972 facultó al Poder Ejecutivo Nacional a declarar la cesación del estado de emergencia pública, en forma total o parcial, en una, algunas y/o todas las materias comprendidas en el art. 1 primer párrafo de la ley 25.561, y sin perjuicio de las particularidades que emergen de la forma de elaborar y comunicar los índices de desocupación, por lo precedentemente expuesto y en lo demás por análogos fundamentos a los que informan el voto del Dr. Stortini, me pronuncio por la afirmativa.

LA DOCTORA FONTANA, dijo.

Con relación al tema sometido a examen, el art. 4° de la ley 25.972 estableció que la emergencia -que afecta la extinción de los contratos de trabajo- se impone “hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)”.

Ahora bien, en ese sentido, si bien el mencionado precepto legal parece preciso, lo cierto es que el Instituto Nacional de Estadística y Censo, elabora al menos tres índices que miden la desocupación con parámetros dispares.

En efecto, el primero de ellos considera desocupadas a las personas que tienen un Plan Jefas y Jefes de Hogar; el segundo a aquellos que tienen el plan pero solo cuando no realizan contraprestación y buscan empleo; y el tercero de los índices califica como desocupado a los que teniendo el mencionado plan, no realizan contraprestación alguna, independientemente de que busquen o no trabajo. A lo expuesto se añade que dichas tasas se evalúan sobre un promedio trimestral, generando un grado de discusión y controversia, que hace necesario el dictado de un acto administrativo que fije la fecha precisa de cumplimiento de la condición extintiva antes referida.

Por otra parte, el art. 2° de la ley 25.972 faculta al Poder Ejecutivo Nacional para declarar la cesación del estado de emergencia pública en forma total o parcial, lo que sin dudas comprende lo concerniente a la suspensión de los despidos.

En consecuencia, en mi opinión el decreto 1.224/07 es el acto administrativo a través del cual el Poder Ejecutivo Nacional hizo uso de la facultad otorgada y declaró la finalización de la emergencia a los fines previstos por el art. 16 de la Ley 25.561, por encontrarse cumplida la condición requerida a ese fin por el art. 4° de la Ley 25.972.

Por ello, voto por la afirmativa al interrogante planteado.

LA DOCTORA FERREIRÓS, dijo:

En esta ocasión y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 295 del C.P.C.C., nos convoca el siguiente interrogante: “La condición prevista en el art. 4° de la Ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del art. 16 de la ley 25.561, ¿sólo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.227/07?”.

Creo oportuno recordar, con relación al pretendido cese de la vigencia de la ley 25.972 (B.O. 17-12-04), que el art. 4° de dicha norma expresamente estableció lo siguiente: “Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el artículo 16 de la ley 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)…”.

He señalado reiteradamente que no comparto la corriente jurisprudencial que considera que, dicha norma supeditó la caída de la multa a una condición vinculada al empleo (disminución de la tasa de desocupación en la medida antes indicada) y que ésta se cumplió en el mismo momento en que disminuyó la tasa de desocupación por debajo de niveles indicados (según las publicaciones periódicas que realiza aquélla institución).

Por el contrario, a mi modo de ver, el mencionado artículo 4 de la ley 25.972 sólo expresa un proyecto de política económica sujeto a que, a posteriori, se resuelva concretamente el momento en que se tome la decisión de manera efectiva.

Y ello ha ocurrido sólo con el dictado del decreto 1.221/07 (B.O. 11-09-07) en que efectivamente se dispuso “Declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4° de la Ley 25.972…” (“… que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)…”).

La norma tuvo en cuenta la última información que surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) elaborada por el INDEC, en cuanto a que la tasa de desocupación se encuentra por debajo del porcentaje del 10% y, en consecuencia declara cumplida la condición.

Sobre tal base, es lógico concluir que corresponde el pago de agravamiento sólo a los despidos ocurridos hasta el 19 de septiembre de 2007.

El tema, no sólo contiene el interés propio de las consecuencias prácticas que produce, sino que da cuenta del necesario direccionamiento que se debe mantener con miras a la seguridad jurídica.

No me parece atinado decidir el contenido de una norma jurídica, por la manifestación de una decisión proyectada para tomarse en el futuro.

Sí, que, adelantado, el hecho de que así se ha resuelto que se va a decidir, se estatuya en el momento preciso.

Es que la seguridad es conducente a la justicia y el tiempo de vigencia de las obligaciones, constituye parte de esa seguridad (ver mi voto en la causa “Arrobio, Carlos Alberto c/ Banco Macro S.A.”; sentencia definitiva n° 40.996, del 24-06-08; ver también “Solari, Sergio Leandro c/ Cafone, S.A.”, sentencia definitiva n° 41.246 del 30-09-08; “Almenar, Nancy Fabiola c/ Swiss Medical S.A.”, sentencia definitiva n° 41.624 del 19-09-09; entre muchos otros).

Como consecuencia de todo lo que he dejado expresado, mi respuesta al interrogante es AFIRMATIVA.

EL DOCTOR RODRÍGUEZ BRUNENGO, dijo:

Nos convoca en el presente caso determinar, virtualmente, desde cuándo debe considerarse cumplida la condición prevista en el art. 4° de la ley 25.972, respecto de la derogación de los incrementos indemnizatorios derivados del art. 16 de la ley 25.561.

Se ha sostenido, al respecto, que tiempo antes del dictado del Decreto 1.224/07 el índice de desocupación estaba ya por debajo del 10% (diez por ciento); tal circunstancia, generó la razonable duda de la presente convocatoria, es decir, si era o no necesario el dictado de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional para dar por culminada la vigencia del incremento indemnizatorio previsto en la normativa de emergencia.

Al respecto, debo destacar que comparto la postura del Dr. Fernández Madrid referida a que el hecho de que la ley en cuestión haya excluido la expresión “de pleno derecho” que contenía el decreto 823/04 descarta la posibilidad de que se tenga por cumplida la condición mencionada en la norma legal sin una declaración expresa del Poder Legislativo o Ejecutivo en tal sentido (“La extensión del plus indemnizatorio por despido arbitrario”, pub. en DEL N° 266, Octubre 2.007, T. XXI, pág. 919).

A ello, debo agregar que -como correctamente señalara en minoría la Dra. Porta en la causa “De la Fuente, Mónica Gladis y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ despido”, S.D. N° 89.714 del 30.5.08- existe ambigüedad e imprecisión respecto de cuál es la fecha en que la indemnización agravada dejó de tener vigor, que tienen consecuencias disvaliosas porque impiden a las partes del contrato laboral tener cabal conocimiento de cuál es la situación vigente al momento de extinguirse el vínculo, afectando el efecto liberatorio del pago y conspirando contra la eficacia de un instrumento esencial del derecho del trabajo como son las reparaciones tarifadas que favorecen la autoaplicación de las normas.

Por ello, ante una situación tan incierta, era necesario un acto expreso que declarara cumplida la condición prevista por el citado art. 4 de la ley 25.972, ya que ello confiere seguridad y certeza tanto a las partes del contrato como a los operadores jurídicos.

En consecuencia, que el agravamiento en cuestión perdió eficacia el día de entrada en vigencia del decreto 1.224/07 (B.O. 11/9/07), es decir el 19/9/07 (conf. art. 2° del C. Civil), que dispuso lo siguiente: “declárase cumplida la condición prevista por el primer párrafo del art. 4° de la ley 25.792”.

En tal sentido me he pronunciado al votar, entre otras, como miembro de la Sala VII en la causa: “Arrobio, Carlos Alberto c/ Banco Macro S.A. s/ despido”; S.D. 40.996 del 24.6.08.

Por ello, voto por la respuesta afirmativa al interrogante planteado.

EL DOCTOR CATARDO, dijo:

El art. 4 de la Ley 25.972 estableció que el régimen de emergencia que afecta la extinción de los contratos de trabajo regirá hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) resulte inferior al 10%.

El artículo en cuestión, prevé un supuesto que, dentro de las modalidades de las obligaciones, se conoce como condición. El art. 528 del Código Civil dice que “La obligación es condicional, cuando en ella se subordinare a un acontecimiento incierto y futuro, que puede o no llegar, la adquisición de un derecho, o la resolución de un derecho ya adquirido”. Para poder decir que un hecho determinado constituye una condición, es necesario, según este artículo, que ese hecho reúna los dos caracteres siguientes:

Primero, que sea incierto y segundo que sea futuro. Esto significa que el acontecimiento puede o no llegar, y en ésta consiste precisamente, la diferencia entre el término y la condición. El carácter de futuro está dado porque un acontecimiento pasado, como por ejemplo si un crucero ha llegado a Brasil, aunque las partes ignorasen si se había o no producido, ello no podría constituir nunca una condición; si tal acontecimiento ya había sucedido; es decir si el crucero había llegado a Brasil, la obligación sería pura y simple. Si por el contrario, el acontecimiento no se había producido, es decir si el crucero no había aún llegado, la obligación no habría podido tener nacimiento y el acto sería completamente ineficaz.

Y era necesario el dictado del Decreto 1.224/07 que declaró cumplida la condición que preveía el mencionado artículo 4° de la Ley 25.972 porque ello, además brindaba certeza en orden a la fecha cierta y concreta en que aconteciera la baja del 10% que mentaba la norma citada. Y siendo que el decreto de marras no es una norma constitutiva de derechos sino meramente declarativa, entiendo que, frente al estupor que creaban los distintos índices publicados hasta la fecha del mismo, la real certeza que dimana del mismo crea seguridad jurídica, pilar de nuestro sistema normativo.

Voto por la afirmativa y en lo demás adhiero al meduloso voto de la Dra. Graciela González.

LA DOCTORA VÁZQUEZ, dijo:

Adhiero al dictamen del señor Fiscal General y voto por la AFIRMATIVA al interrogante plenario.

EL DOCTOR MORANDO, dijo:

Adhiero al voto de la doctora Graciela A. González, que amplía y enriquece los argumentos por los que, en las causas “Constantini, Margarita S. c. Tolca S.A.” (sentencia 35.139, del 11.06.08), “Conti, María Teresa c. Wal Mart S.A.” (sentencia 35.293, del 25.07.08), “Carranza, Cristian A. c. American Guard S.A. (sentencia 35.411, del 16.09.08), entre otros, sostuve la tesis en él expuesta.

VOTO POR LA AFIRMATIVA.

EL DOCTOR FERA, dijo:

Por compartir en lo sustancial los fundamentos expuestos por el Fiscal General ante esta Cámara, me pronuncio por la afirmativa al interrogante planteado.

EL DOCTOR VILELA, dijo:

Por los fundamentos vertidos en el voto de la Dra. González y los expuestos al votar en la causa “Romero, Mario Alberto c/ Olecsen, Marcelo Adrián y otro s/ despido” de la Sala I, me pronuncio por la afirmativa.

EL DOCTOR ZAS, dijo:

Por las razones expuestas por el Sr. Fiscal General ante la Cámara Dr. Eduardo O. Álvarez, que coinciden en lo substancial con el criterio que he seguido en calidad de vocal de la Sala V (ver, entre otros, “Bojorge, Liliana Mirta c/ Cámara de la Industria de Artículos de Librería”, sent. n° 71.468 del 31/3/2009), mi respuesta al interrogante planteado será afirmativa.

Por la NEGATIVA, constituyendo MINORÍA, votan los doctores: GUIBOURG, MAZA y GUISADO.

EL DOCTOR GUIBOURG, dijo:

El punto sujeto a debate en esta convocatoria ha sido objeto de análisis en mi voto emitido en la causa original, cuya parte pertinente transcribiré ahora.

“En efecto, tal como lo sostuve al votar en las causas ‘De la Fuente, Mónica Gladis y otro c/ Swiss Medical S.A. s/ despido’ (S.D. N° 89.714 del 8.5.08) y ‘Ledesma, Leonardo Javier c/ COTO C.I.C.S.A. s/ diferencias de salarios’ (causa nro. 30.039/07, ambas del registro de esta Sala), el artículo 16 de la ley 25.561 fue prorrogado por última vez mediante el artículo 4° de la ley 25.972, que dice: ‘Prorrógase la suspensión de los despidos sin causa justificada dispuesta por el art. 16 de la ley 25.561 y sus modificaciones, hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)’.

El decreto 1.224, publicado el 11 de septiembre de 2007, declaró ‘cumplida la condición prevista por el primer párrafo del artículo 4° de la ley N° 25.972’. Pero el INDEC había informado con anterioridad que el índice de desocupación se hallaba por debajo del 10% previsto en aquélla ley.

El transcripto texto de la ley 25.972 no contiene las palabras ‘de pleno derecho’ que sí figuraban en el artículo 3° del anterior decreto de prórroga 823/04; pero esa supresión no me parece relevante: la condición establecida por la ley es tan clara que aquellas palabras habrían sido redundantes. De otro modo, la ley habría dispuesto derechamente delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de suprimir el recargo indemnizatorio en cualquier momento a partir de la prevista disminución del desempleo. En el mismo sentido, debo destacar que el Poder Ejecutivo había sido autorizado a disminuir o aun a declarar la cesación del estado de emergencia en cualquier momento y respecto de cualquiera de las materias comprendidas en aquel conjunto normativo ‘cuando la evolución favorable de la materia respectiva así lo aconseje’ (art. 2°, ley citada). En su consecuencia, el Poder Ejecutivo podría haber decretado el fin del recargo indemnizatorio aun antes de cumplirse la condición resolutoria prevista en el art. 4°. Pero no estaba autorizado a prorrogar el recargo por sí una vez que la condición hubiera sido cumplida.

Es cierto que el INDEC no publica sus informes en el Boletín Oficial y que los da a conocer mediante adelantos de información e informes trimestrales. Pero estas circunstancias no eran desconocidas por el Poder Legislativo que, sin embargo, sujetó el recargo a una condición resolutoria dependiente de la determinación del INDEC.

También es cierto que el índice de desempleo expresado de tal modo que considere empleadas a las personas beneficiarias de un plan de subsidios no puede tomarse en cuenta como la proporción real del desempleo en el país: en este punto coincido con la opinión de la Dra. Porta en el primero de los fallos citados precedentemente pero, como he dicho en la causa ‘Ledesma, Leonardo Javier c/ COTO C.I.C.S.A. s/ diferencias de salarios’, el INDEC también elabora otro índice que no considera empleados a aquellos beneficiarios, puesto que, como puede observarse en la página de dicha institución, al fin del cuarto trimestre de 2006 el desempleo medido de esa manera ascendía todavía a 10,8, pero al fin del primer trimestre de 2007 (esto es, para el 31 de marzo de ese mismo año), el desempleo había bajado a 9,3. Esta es, pues, la fecha que ha de tomarse como final para el recargo previsto por el artículo 16 de la ley 25.561: cuando el decreto 1.224 declaró cumplida la condición              -declaración que no era necesaria de acuerdo con la ley- hacía ya más de cinco meses que la condición se hallaba cumplida y que el hecho era de conocimiento público.”.

Sin perjuicio de lo expuesto, debo considerar un argumento expuesto por el Fiscal General. Cita el Dr. Álvarez en su dictamen un tema del derecho romano expuesto por Petit y sintetizado en el adagio certus, incertus quando: “se mencionaba un contrato celebrado en la antigua Roma que debía extinguirse, de acuerdo a lo convenido por las partes, ‘en la próxima lluvia intensa’ y los pretores juzgaron que la polémica referida al subjetivo concepto de ‘intensidad’ debía ser remitida a un tercero y no podía quedar supeditada a los interesados contratantes”. Sabia me parece la decisión de los pretores en esa controversia, especialmente porque el juicio acerca de la intensidad de la lluvia depende de una estimación subjetiva dentro de un continuo entre la garúa y el vendaval. Es claro que cada parte estimaría esa intensidad de acuerdo con sus intereses, por lo que un árbitro (es de suponer que el iudex, o juez privado de la época pretoriana) debiese estimar si la lluvia invocada había sido suficientemente intensa para extinguir el vínculo contractual. Pero tal decisión habría sido siempre retroactiva, referida a una lluvia caída en el pasado inmediato, cuya apreciación cuantitativa dependiese del tercero llamado a decidir. Me parece impensable que el iudex, con los rayos del inclemente sol de Roma calentando las columnas del Foro, decidiese que el contrato quedara extinguido ese mismo día como si en ese momento se hubiese producido una lluvia torrencial. Senadores, cónsules, pretores y jueces pueden adoptar decisiones jurídicas en el marco de sus respectivas competencias, pero no hacen llover durante la sequía aunque así convenga más a alguna de las partes.

En virtud de lo expuesto, voto por la negativa al interrogante planteado.

EL DOCTOR MAZA, dijo:

1.- Anticipo que, según mi opinión, la respuesta que debe darse al interrogante que nos convoca es negativa.

Tal como lo he sostenido en la publicación referenciada por el Sr. Fiscal General (“La derogación de la denominada doble indemnización o recargo indemnizatorio del art. 16 de la Ley 25.561 por el Decreto 1224/07”, publicado en la revista D.T. 2007-B-1053) y también al votar en autos, “Reschini, Sebastián Alejandro c/ Massuh S.A. s/ despido” (S.D. N° 95.760 del 20-5-07, del registro de la Sala II, quedando mi voto en minoría, y en la causa de la Sala III que motiva este Acuerdo Plenario (“Lawson, Pedro José c/ Swiss Medical S.A. s/ despido”), donde voté como vocal subrogante y formé mayoría con el Dr. Ricardo A. Guibourg, considero que la condición a la que el art. 4 de la ley 25.972 supeditó la pérdida de vigencia del régimen legal del agravamiento indemnizatorio se cumplió -merced a un hecho jurídico- con anterioridad al dictado del decreto 1.224/07 y que este no hizo más que dar fe de que la condición se había cumplido ya.

Pienso que el decreto cuyos efectos debatimos bien podía ser dictado para disipar las dudas -que persisten aun hoy en muchos de nosotros- acerca del momento preciso en que se verificó la condición a la que la ley 25.972 supeditó la caducidad del régimen de recargos. Mas no me parece adecuado considerar que la condición se produjo con el dictado del decreto, dicho esto con todo respeto por los distinguidos colegas que opinan diferentemente.

Estimo correcto concluir que la pérdida de vigencia del régimen agravatorio de los despidos injustificados se produjo con anterioridad al dictado del decreto 1.224/07 y que éste no fue más que una ulterior declaración de lo que ya había acontecido, toda vez que, tal como lo indiqué en los votos mencionados, el art. 4 de la ley 25.972 previó una condición derogatoria que se verificó bastante antes de la publicación del decreto 1.224/07.

Memoro que dicha norma legal dispuso la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa justificada establecida por el artículo 16 de la ley N° 25.561 y sus modificatorias, “hasta que la tasa de desocupación elaborada por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)”.

A mi modo de ver, de ese texto legal resulta claro que el Congreso Nacional subordinó la vigencia de ese régimen excepcional al cumplimiento de tal hecho, configurado como una condición de vigencia de la norma, instituto jurídico parecido al de la condición resolutoria pero diferente.

Al respecto, conviene recordar que la “condictio iuris” o condición de aplicación de las normas es un elemento constitutivo de la ley, no dependiente de las partes (conf. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas, Sociales y de Economía, dirigido por Víctor De Santo; Editorial Universidad, Buenos Aires, 1999, pág. 254); mientras que la condición regulada en los arts. 527 y stes. del Código Civil constituye una modalidad de los actos jurídicos o de las obligaciones, modalidad, por otra parte, accidental (ver Pizarro, Ramón Daniel y Vallespinos, Carlos Gustavo, Instituciones de Derecho Privado – Obligaciones, Editorial Hammurabi – José Luis Depalma Editor, Buenos Aires, 1999, T. 1, pág. 236).

En ese entendimiento opino que dicha conditio iuris derogatoria ha implicado que la extinción o finalización de la prórroga legal quedó únicamente sujeta al acaecimiento del hecho o evento futuro e incierto mencionado en la ley y, una vez cumplido éste, se produjo la automática derogación comprometida en la propia norma.

Como consecuencia directa de ello, estimo que la previsión legal contenida en el art. 4 de la ley 25.972 debe considerarse auto suficiente y que no requería para su operatividad la complementación de una reglamentación, norma ni sentencia administrativa ni judicial meramente declarativa que ,en este caso, pondría meramente de manifiesto una condición material y temporalmente ya acontecida.

Enfatizo que, desde mi enfoque, de acuerdo al texto del art. 4 de la ley 25.972, no se necesitaba el dictado de una norma pues no se supeditó la derogación del régimen de suspensiones y recargo a una decisión estatal. En efecto, nótese que la ley no previó que cuando la tase de desocupación fuese menor al 10% se habría de dictar una norma derogatoria, ni comprometió a autoridad alguna a elaborar tal norma; criterio que hubiese ahorrado dudas, incerteza y problemas jurídicos. Por el contrario, se estableció una cláusula derogatoria auto suficiente y automática.

En concreto, pues, opino que el legislador dispuso que el régimen de suspensión de los despidos perdería vigencia al producirse el hecho mencionado en el art. 4 de la ley 25.972 y, una vez verificado éste, la conditio legis debe juzgarse cumplida de pleno derecho.

2.- Sentada esta premisa, que da respuesta negativa al interrogatorio convocante, se hace conveniente -aún cuando no se hayan previsto en el temario del Plenario estas cuestiones subsecuentes- fijar posición acerca del momento en que, descartada la eficacia del decreto 1.224/07 al respecto, se produjo ese suceso, es decir cuando la desocupación fue inferior al 10%. Y no daré mi opinión en una suerte de premonición del resultado negativo de la respuesta plenaria -de la que carezco- sino porque me parece que fundar este parecer con alguna precisión desvanece cierto aire de dogmatismo jurídico que la opinión y los fundamentos que expuse en el punto 1 podrían aparentar.

Al respecto pienso que debe tenerse en cuenta el indicador que el legislador tuvo en miras, es decir la tasa de desocupación elaborada por el INDEC, destacando que cuando la ley 25.972 fue dictada dicho Instituto ya incurría en la tan curiosa como para mi inexplicable práctica estadística de contar como ocupados a trabajadores potenciales a los que se abonan subsidios por carecer de un empleo, y en tal sentido me parece preciso como magistrado presumir que los legisladores conocían este extravagante criterio y que, pese a ello, ataron la vigencia de la suspensión al resultado de tal medición.

Con esta interpretación me resta afirmar que para mi punto de vista la condición resolutoria se produjo tras el cuarto trimestre de 2006, que indicó un porcentual de desocupación equivalente a 8.7 por ciento.

Como lo afirmé con el Dr. Leonardo G. Bloise en la publicación ya referida, estimo que jurídicamente debe estarse, como regla válida, al indicador elaborado y publicado por el órgano estatal al que la ley le asignó la función, en tanto no se declara la nulidad del procedimiento de cálculo.

Ahora bien, luego de afirmar que la condición resolutoria se cumplió automáticamente cuando la tasa de desocupación midió el desempleo por debajo del 10%, restaría dilucidar si debe juzgarse verificada con la finalización del período medido por el INDEC (esto es: al terminar el cuarto trimestre de 2006); con la confección de los respectivos índices; o con su publicidad.

Dado el efecto jurídico derogatorio que el hecho estadístico tiene, considero que debe tomarse en cuenta la fecha de publicación de los indicadores, a saber el 28/02/07, ya que ésta es la solución que mejor resguarda, a mi juicio, la seguridad jurídica y el respeto al principio republicano de publicidad de los actos de gobierno que regula la aplicación y derogación de las normas jurídicas (arts. 2, 3 y concs. C. Civil).

3.- En síntesis, voto en forma negativa al interrogante de este Acuerdo Plenario porque opino que la derogación de la prórroga que el art. 4 de la ley 25.972 dispuso del régimen nacido con el art. 16 de la ley 25.561 se produjo en forma automática al verificarse la condición jurídica resolutoria prevista en la ley.

Asimismo, pienso que ésta aconteció cuando el INDEC publicó el índice de desocupación del cuarto trimestre de 2006 como inferior al 10% el 28-2-07.

EL DOCTOR GUISADO, dijo:

Por los fundamentos expuestos en el voto del Dr. Miguel A. Maza, que coinciden en lo sustancial con la opinión vertida por el suscripto como Juez de la Sala IV en los autos “Vuteff, Mariana c/ Weatherford Intern. de Arg. S.A. s/ despido” (S.D. 93.166 del 9/4/08, me pronuncio por la NEGATIVA al interrogante planteado.

Acto seguido, el TRIBUNAL por MAYORíA, RESUELVE: Fijar la siguiente doctrina: “La condición prevista en el artículo 4° de la ley 25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, solo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07”.
Con lo que terminó el acto, firmando los señores Jueces y el señor Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, previa lectura y ratificación, por ante mí. Doy Fe.

MAS NOVEDADES SOBRE LOS PUNITORIOS

Por Elsa Ortega Rolón (1)

En el número anterior -Revista “Laboral” Nº 43- , habíamos comentado que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 66 a cargo del Dr. Julio Armando Grisolia había comenzado a aplicar intereses punitorios para el supuesto de que la condenada al pago no deposite las sumas adeudadas ni abone las que considere corresponder, una vez practicada la liquidación que prevé el art. 132, LO, considerando ajustada la imposición de la misma tasa que el crédito original (tasa activa del Banco Nación), comenzando a correr los mismos a partir de quedar firme la liquidación practicada por el Juzgado o vencido el plazo de traslado sin que la demandada que impugnare la misma hubiere depositado las sumas que estime corresponder.

Con posterioridad a la aparición de la edición anterior, tomé conocimiento de que no sólo Grisolia aplica los punitorios en cuestión, y que el mismo acertado criterio viene adoptando desde hace varios años, por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabjo Nº 28, a cargo del Dr. Victor A. Pesino.

El magistrado en sus pronunciamientos aplica la siguiente doctrina judicial al respecto: “Desde el momento que venza el plazo para cumplir con la intimación del art. 132 de la L.O., y hasta el efectivo pago, se aplicará el doble de las últimas tasas mencionadas, sobre el nuevo monto del crédito emergente de la liquidación judicial, según el art. 623 del C.C. (conf. CNAT, Sala V, SD 50.894 del 17/11/93, en autos “Coronel, Sergio Gustavo v. Bernal Hnos SRL s/ accte-ley 9688”) siendo de recordar que la acumulación de intereses compensatorios y moratorios es procedente porque “los intereses de una y otra clase responden a causas distintas, que son el precio del uso del capital ajeno y la mora por la restitución” (cfr. Llambías, “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones, tomo II-A, pág. 228)” (extracto de la sentencia  Nº 18.070 del registro de ese juzgado, fechada el 10/10/2000, recaída en la causa “Gonzalez, Felix Ramón v. La Delicia Felipe Fort S.A. y otro s/ despido”).

Según nos informa el destacado juez, su aplicación ha dado muy buenos resultados en cuanto a la reducción de los tiempos del trámite de la ejecución, por su capacidad disuasiva de conductas dilatorias del pago de la condena.

Son de destacar -en estos tiempos en los que el gran número de demandas amenazan con sepultar al fuero laboral bajo una montaña de expedientes- decisiones como las de Grisolia y Pesino, que redundan en un mayor beneficio para todos los actores involucrados: el deudor se ve compelido a cumplir en tiempo y forma, el trabajador cobra prontamente, y empleados y funcionarios sacan más rápido de circuito causas que, de otro modo, se eternizan “en letra” como consecuencia de maniobras dilatorias que buscan esquivar el pago de condenas firmes, y los mayores tiempos de tramitación propios del  importante incremento de causas ingresadas al fuero en los últimos tiempos.

Al cierre de este número, me llega la información de Grisolia y Pesino no serían los únicos, y que otros magistrados se les habrían sumado. Seguiremos informando.

(1) Abogada laboralista. Vocal de la Comisión Directiva de la SADL.

APLICACIÓN DE INTERESES PUNITORIOS EN EL FUERO LABORAL

Por Elsa Ortega Rolón (1)

A partir del mes de agosto de 2009, las sentencias definitivas del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 66, a cargo del Dr. Julio Armando Grisolia,  han incorporado la aplicación de intereses punitorios para el supuesto de que la condenada al pago no deposite las sumas adeudadas ni abone las que considere corresponder, una vez practicada la liquidación que prevé el art. 132, LO.

Al respecto, cabe recordar que los punitorios son aquellos que el deudor debe pagar como sanción o pena por el retardo o moral. Son un necesario estímulo para el pago puntual y exacto de la condena, cumpliendo una vital función en el engranaje del aparato judicial, toda vez que tienden a que la actitud díscola del deudor no perjudique injustificadamente al trabajador, y redunda en beneficio de la economía social en general.

En consecuencia, se desprende de los considerandos de los fallos en cuestión, que establecer una tasa diferencial para el supuesto de falta de cumplimiento en término del pago del monto final de condena con sus aditamentos, implica un justo proceder, toda vez que el deudor que no satisface su débito queda en una situación de inexcusable renuencia, la que legitima y autoriza, a partir de allí y hasta que se produzca la cancelación integra y efectiva, la fijación de una tasa diferenciada de interés estimulante de la finalidad del proceso y disuasiva de conductas antijurídicas que pugnan contra el principio de eficacia de la jurisdicción.

Si bien podría sostenerse que estos intereses podrían aplicarse recién luego de verificarse el mentado incumplimiento del pago (fijarlos de antemano, ha dicho alguna jurisprudencia, implicaría presuponer que la demandada no ha de cumplir con el mandato judicial una vez firme la sentencia), en virtud de las facultades con las que cuentan los jueces no resulta necesario aguardar dicho estadio ni obligar al acreedor a plantear la cuestión relativa a los intereses punitorios recién en la etapa de ejecución, con los consiguientes perjuicios y demoras, amén de privar al decisorio de un importante aspecto preventivo y disuasivo de eventuales conductas disvaliosas. Se procura así no solo mantener la intangibilidad del crédito sino también castigar al deudor por su atraso en el cumplimiento de la obligación.

El adecuado funcionamiento de la maquinaria judicial, y una efectiva dación de justicia, requieren como una de las bases fundamentales el oportuno pago por parte de los deudores de las sumas por ellos debidas, ya que se trata en gran medida de créditos alimentarios, que el trabajador necesita con urgencia, y el condenado adeuda por resolución firme.

En tales condiciones, las tasas de interés previstas no lo son con la intención única de mantener el valor del crédito, sino que también deben compensar – dice el sentenciante- la falta de uso de un capital no pagado en tiempo oportuno, amén del conocido carácter conminatorio, para compeler al pago.

En cuanto a la tasa a considerar para el interés punitorio que se aplique en caso de mora del deudor, señaló que se hace necesario efectuar un análisis global de la situación económico financiera y social por la que está atravesando la sociedad argentina, a los efectos de interpretar la reprochable actitud asumida por el empleador que no abona en término las indemnizaciones laborales.

Derivado de lo expuesto, criteriosa jurisprudencia ha establecido en reiteradas ocasiones, que la suma de intereses moratorios no debe ser excesiva o abusiva, debe mantenerse dentro de límites razonables y guardar relación con la moral y las buenas costumbres, bajo pena de nulidad. Al hallarse en juego tales principios, estimó que la tasa no podría exceder dos veces la tasa de descuento ordinario del Banco Nación, como máximo.

Sostuvo el juzgador que de no proceder de ese modo, la actitud tomada por el deudor implicaría un enriquecimiento ilícito para las mismas, en detrimento del trabajador con sentencia firme e impaga, quienes muchas veces ya debieron soportar abusos en el curso de la relación laboral y al momento de su extinción. Por lo tanto, entendió ajustado imponer la misma tasa que el crédito original, a fin también de evitar colocar al deudor moroso en mejor situación luego del incumplimiento, lo que implica una injusta recompensa para quienes no cumplieron sus obligaciones en tiempo oportuno.

De acuerdo con el criterio enunciado, estimó adecuado fijar los intereses punitorios según tasa activa del Banco Nación, sobre el capital de condena, comenzado los mismos a correr – según el caso- a partir de que quede firme la liquidación practicada en oportunidad del art. 132, LO, o vencido el plazo de traslado sin que la demandada que impugnare la misma hubiere depositado las sumas que estime corresponder.

Queda claro que no se trata de actualizar el crédito ni de indexación, sino que el recargo obedece a una finalidad distinta a la contemplada por la norma, en tanto dichos accesorios no importan actualización monetaria de lo debido sino una consecuencia derivada del incumplimiento del deudor. La prestación a su cargo no se ve incrementada por la aplicación de mecanismos indexatorios, sino que su aumento tiene su causa en la incorporación de los intereses y accesorios debidos, generados por la mora incurrida.

Era hora de que los jueces dejaran de esquivar el bulto a tan delicado tema, y dejaran de considerar que la mera aplicación de la tasa activa compensaba – también- la reluctancia del que adeuda créditos alimentarios por liquidación firme, inobservancia que afecta no sólo el bolsillo, sino también la dignidad de los trabajadores.

(1) Abogada laboralista. Vocal de la Comisión Directiva de la SADL.

CONTRATO DE TRABAJO. EXTINCION. DESPIDO SIN CAUSA. SUPUESTOS ESPECIALMENTE TUTELADOS. DESPIDO DISCRIMINATORIO. REQUISITOS.

CONTRATO DE TRABAJO. EXTINCION. DESPIDO SIN CAUSA. SUPUESTOS ESPECIALMENTE TUTELADOS. DESPIDO DISCRIMINATORIO. REQUISITOS.
PELLEJERO, MARIA MABEL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 07/12/2010

VISTOS LOS AUTOS “PELLEJERO, MARIA MABEL”.

Considerando:

1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro, por mayoría, hizo lugar al amparo promovido contra el Banco Hipotecario S.A. y ordenó la reinstalación de la actora en su puesto de trabajo pues consideró que el despido del cual había sido objeto la empleada tuvo carácter discriminatorio dada su condición de esposa del secretario de la Seccional Viedma de la Asociación Bancaria.
Contra tal pronunciamiento, el demandado dedujo el recurso extraordinario de fs. 476/500 que fue concedido en relación con los puntos federales discutidos (fs. 514/548).

2°) Que, de conformidad con lo reglado en la acordada 30/2007, el Tribunal llamó a una audiencia pública de carácter informativo, la que tuvo lugar el 15 de abril de 2009 y en la cual las representaciones letradas de cada una de las partes fueron interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia, conforme da cuenta el acta y los instrumentos incorporados al expediente. También compareció la Asociación de Abogados Laboralistas en el carácter de amicus curiae y efectuó su exposición por intermedio de su representante legal.

3°) Que el recurso extraordinario resulta procedente en cuanto se halla en juego el alcance de normas de índole federal y, en particular, del artículo 1° de la ley 23.592
(artículo 14, inc. 3° de la ley 48). Además, en el caso, la ponderación de los agravios referentes a la valoración de determinados extremos fácticos de la causa se presenta inescindiblemente unida a tal cuestión interpretativa, por lo que corresponde que se examine en forma conjunta con la amplitud que exige la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 318:63; 319:1500; 321:703; 324:1590, entre muchos otros).

4°) Que es preciso puntualizar que el desarrollo argumental del pronunciamiento recurrido partió de la premisa de que el despido dispuesto por la institución bancaria importó un “acto discriminatorio”, en perjuicio de la actora, que encuadraba en el marco normativo de la ley 23.592. Se aprecia, sin embargo -a diferencia de lo que resulta del pronunciamiento dictado por el superior tribunal de la causa en el expediente A.1023.XLIII “Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cenconsud S.A. s/ acción de amparo” (sentencia de la fecha)- que, como lo advierte la apelante, la formulación de tal premisa exhibe una alta cuota de dogmatismo. En efecto, en ningún tramo del fallo se explica de qué modo o mediante qué hechos o circunstancias concretas habría quedado patentizada la alegada conducta discriminatoria de la empleadora. Tampoco se individualizan los elementos de juicio incorporados al expediente cuya ponderación podría conducir a tener por probado ese extremo.
Cabe señalar, además, que la falta de solidez de la imputación de discriminación que se efectuó en la demanda ha quedado claramente en evidencia en el transcurso de la audiencia pública celebrada ante el Tribunal, especialmente a través de las respuestas dadas por el representante de la actora a las diversas preguntas que le fueron realizadas.

5°) Que, en las condiciones expresadas, el desmoronamiento de la proposición inicial del razonamiento del a quo, al dejar al descubierto que en el caso quedó demostrada la no configuración de un supuesto de discriminación susceptible de ser encuadrado en el artículo 1° de la ley 23.592, determina la pérdida de sustento de las conclusiones que se extrajeron en el fallo con arreglo a ese régimen legal e impide que se proyecte aquí la doctrina establecida por esta Corte en la citada causa

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Costas por su orden en razón de la índole de los derechos debatidos. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo fallo con arreglo al presente. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAÚL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY.


CONTRATO DE TRABAJO. EXTINCION. DESPIDO SIN CAUSA. SUPUESTOS ESPECIALMENTE TUTELADOS. DESPIDO DISCRIMINATORIO. REINSTALACION. EFECTOS. APLICACION DE LA LEY 23.592.
ALVAREZ, MAXIMILIANO Y OTROS V. CENCOSUD S.A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION 07/12/2010

DICTAMEN DE LA PROCURADORA FISCAL

– I –
Los Jueces de la Sala 11 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por mayoría, confirmaron la decisión de la anterior instancia que hizo lugar a la acción de amparo y declaró la nulidad del despido de los actores con fundamento en la ley antidiscriminatoria n° 23.592, por entender probado que fueron víctimas de discriminación por motivos antisindicales, ordenándose su inmediata reincorporación a los respectivos puestos de trabajo (v. fs. 208/213 Yfs. 316/340, respectivamente, de los autos principales).

-II-
En mi parecer, los agravios vertidos por la recurrente en cuanto a la aplicación al caso de la ley 23.592, encuentran suficiente respuesta en el dictamen de autos S.C. P. n° 1697, L. XLI. “Pellejero, María Mabel si amparo” del día 8 de febrero de 2008, a cuyas consideraciones y términos corresponde remitir, en todo lo pertinente, por razones de brevedad.

En cuanto a los restantes agravios (v. fs. 357vta y fs. 358vta.) cabe responder que la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir a la Corte en un tribunal de tercera instancia ordinaria, ni corregir fallos equivocados o que se reputan tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional, en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impiden considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la CN (v. Fallos 311 :786, sus citas, entre varios más).

Sin perjuicio de lo señalado, cabe apuntar que la recurrente no se hace cargo de los serios argumentos del fallo en lo que respecta a los fundamentos que justificaron la nulidad del despido y reinstalación de los trabajadores a su puesto de trabajo con apoyo en la ley antidiscriminatoria (n° 23.592) y no en la Ley Sindical (n° 23.551) invocada en la demanda.

En efecto, en primer lugar, como señaló el Fiscal General ante la Cámara (v. fs. 313vta.) con criterio que fue seguido por los jueces del Tribunal a qua, que integraron la mayoría (v. fs. 321/322 Y fs. 332, punto 111), en autos se decidió aplicar la ley 23.592 porque los presupuestos fácticos alegados daban cuenta de la existencia de una discriminación arbitraria y en virtud del principio “iura novit curia” correspondía a los jueces la calificación jurídica de los hechos.

En segundo lugar, también se hizo mérito de que la demandada no compareció a contestar demanda y fue declarada rebelde, en una resolución que no fue impugnada, que lleva implícita la presunción de la veracidad de los hechos expuestos en el escrito de demanda. A su vez, lejos de encontrarse desvirtuadas aquellas circunstancias que motivaron la denuncia de trato discriminatorio aquéllas, fueron corroboradas con las declaraciones de los testigos. Tampoco ha sido cuestionada suficientemente (con los agravios de fojas 358, vuelta, punto 4) la decisión que reconoce como pago a cuenta la indemnización pagada por la demandada, pues no se hizo cargo de las razones dadas en primera instancia y en la Cámara, que bastan para sustentar lo decidido en cuanto se imputó a salarios devengados desde el despido nulo hasta la reincorporación y en lo que exceda a daño moral (v. fs. 323, párrafo 4°),

Por otra parte, resultaba clara la pretensión de los accionantes de remediar la actitud antijurídica mediante la privación de efectos jurídicos al despido de cinco trabajadores integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación del Personal Jerárquico del Comercio haciendo una referencia especial al arto 16 de la Constitución Nacional que consagra el principio de igualdad, que es reglamentado directamente por la ley 23.592, y que en definitiva es aplicado en el caso por los jueces, cuyo principio constitucional es de tal magnitud, que excede el concreto interés de la parte e involucra y afecta a toda la comunidad (Dictamen de Fallos 322:3578 y 324:392).

En virtud de lo expuesto, opino que corresponde rechazar la queja y el recurso extraordinario y confirmar la sentencia recurrida. Buenos Aires, abril 1 de 2009. Marta A. Beiro Goncalvez

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2010

Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la demandada en la causa Álvarez, Maximiliano y otros c/ Cencosud S.A. s/ acción de amparo”, para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que los seis actores iniciaron la presente acción de amparo contra Cencosud S.A., propietaria de locales comerciales que giran bajo el nombre de fantasía “Easy”, sosteniendo que prestaban servicios para aquélla bajo la “pseudo categoría” de asesores, la cual estaba destinada a emplazarlos fuera del ámbito del convenio colectivo 130/75 de empleados de comercio. Toda vez que el sindicato de esta última actividad les habría negado la afiliación, crearon, junto con otros trabajadores, el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Comercio —que fue inscripto por la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales el 30 de marzo de 2006— y pasaron a integrar la comisión directiva de la institución. En tales condiciones, el presidente de dicha comisión, invocando ese carácter, intimó a la demandada al pago de diferencias salariales correspondientes a la categoría, a lo que siguió que uno de los gerentes de la empresa, pedido mediante, obtuviera de aquél la lista de los integrantes de la comisión (noviembre de 2006). En ese contexto, entre otras circunstancias, los actores consideraron que el despido sin expresión de causa del que fueron objeto pocos días después, resultó un acto discriminatorio motivado en sus actividades sindicales, por lo que reclamaron la reinstalación en sus cargos y una reparación económica. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por mayoría, al confirmar el fallo de primera instancia favorable a las dos pretensiones, tuvo por acreditados los hechos invocados por los actores y mantuvo la aludida reincorporación y reparación económica, con fundamento en el art. 1° de la ley 23.592. Ello dio lugar al recurso extraordinario de la vencida, cuya denegación origina la presente queja.

2°) Que la apelación es admisible sólo en la medida en que pone en juego la interpretación de normas de índole federal (art. 14.3 de la ley 48). En lo restante —violación del principio de congruencia y valoración del hecho de que los actores habrían percibido las indemnizaciones por despido con anterioridad a la demanda— se impone su rechazo (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). La cuestión federal a ser juzgada por esta Corte reside, de consiguiente, en determinar si la citada ley 23.592 es aplicable a la relación de trabajo privada, más específicamente, al distracto producido en el caso, y si la reinstalación dispuesta a la luz de su art. 1° resulta compatible con los derechos que la empleadora demandada arguye sobre la base de los arts. 14, 14 bis y 16 de la Constitución Nacional.

3°) Que las mencionadas cuestiones requieren, inicialmente, precisar el estado en el que se encuentran los dos ámbitos del derecho constitucional de los derechos humanos que confluyen en su examen y solución: por un lado, el principio de igualdad y prohibición de discriminación, y el fundamento de éste, la dignidad de la persona humana y, por el otro, la proyección de esos contenidos tanto sobre la ley 23.592 cuanto sobre el terreno de la relación laboral y el derecho a trabajar, mayormente cuando en todos estos ámbitos jurídicos se ha producido una marcada evolución legislativa y jurisprudencial.

En tal sentido, el principio de igualdad y prohibición de toda discriminación, presente en la Constitución Nacional desde sus orígenes (art. 16), no ha hecho más que verse reafirmado y profundizado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los instrumentos de éste que, desde 1994, tienen jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75.22, segundo párrafo): Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. II); Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 2° y 7°); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.1 y 26); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, arts. 2° y 3°), y Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1.1 y 24), además de los destinados a la materia en campos específicos: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (esp. arts. 2°, 3° y 5° a 16) y Convención sobre los Derechos del Niño (art. 2°). Se añaden a este listado, en el plano supralegal (art. 75.22 cit., primer párrafo), vgr., la Convención relativa a la Lucha contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza (UNESCO, 1960), el Protocolo en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador, art. 3°); la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid (1973); la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, art. 6°.a) y la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Todo ello, por cierto, como corolario de que igual principio se encuentra sustentado por las organizaciones internacionales en el marco de las cuales fueron elaborados los instrumentos: Carta de la Organización de los Estados Americanos (art. 3.l) y Carta de las Naciones Unidas (art. 1.3 y concs.): “el hecho de establecer e imponer distinciones, exclusiones, restricciones y limitaciones fundadas únicamente sobre la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico y que constituyen una denegación de los derechos fundamentales de la persona humana es una violación flagrante de los fines y principios de la Carta [de las Naciones Unidas]” (Corte Internacional de Justicia, Conséquences juridiques pour les Etats de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, opinión consultiva del 21 de junio de 1971, Recueil 1971, párr. 131). Para la Carta Democrática Interamericana, “la eliminación de toda forma de discriminación” contribuye “al fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana” (art. 9°).

Cabe sumar a lo indicado, atento el contenido material del caso, lo proveniente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como lo es el Convenio N° 111 sobre Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (1958, ratificado en 1968), de jerarquía supralegal dada su naturaleza (Milone, Fallos: 327:4607, 4616), por el cual el Estado se obligó a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto (art. 2°). El Convenio N° 111, asimismo, se inscribe en el cuadro de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998), la cual expresó que todos los Miembros de la OIT, aun cuando no hubiesen ratificado los convenios respectivos, “tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir: […] d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”. Se trata, además, de objetivos que, antes que atenuados, han resultado plenamente convalidados en nuestros días ante cualquier modalidad que pretenda imponerse a la disciplina laboral con motivo de eventuales requerimientos de la organización de las empresas o de la producción de bienes y servicios: los valores fundamentales de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad y no discriminación son esenciales para un desarrollo y una eficacia sostenibles en materia económica y social (Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima séptima reunión, Ginebra, 10 de junio de 2008). La Declaración Socio-Laboral del Mercosur (1998), de su lado, después de prever que todo trabajador “tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, tratamiento y oportunidad en el empleo y ocupación […] en conformidad con las disposiciones legales vigentes”, dispone que los Estados Partes “se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación […]” (art. 1°).

4°) Que, ciertamente, el mencionado corpus iuris, al enunciar y reiterar el principio de igualdad y prohibición de discriminación, resulta el persistente eco de una noción que, por un lado, se desprende directamente “de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona” y que, por el otro, “posee un carácter fundamental para la salvaguardia de los derechos humanos tanto en el derecho internacional como en el interno” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, Opinión Consultiva OC-18/03, 17-9-2003, Serie A N° 18, párrs. 87/88 —y sus citas— y 100). La referencia a este antecedente, y el seguimiento del que será objeto, son más que apropiados en el sub lite por cuanto, en esa oportunidad, el tribunal regional asentó una doctrina de importancia mayor para la conceptualización del principio en estudio, no debiéndose pasar por alto, asimismo, que lo hizo con motivo de examinar una cuestión de neta índole laboral, aun cuando su proyección excede esta esfera.

De tal suerte, cuadra poner de relieve que el principio de igualdad y prohibición de discriminación ha alcanzado, actualmente, un nivel de máxima consagración y entidad: pertenece al jus cogens, “puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico”. Así, por su carácter “imperativo”, rige en el “derecho internacional general”, en cuanto es aplicable a todo Estado, ya sea a “nivel internacional o en su ordenamiento interno”, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado internacional, por todos los actos jurídicos de cualesquiera de sus poderes, e incluso de los particulares que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o negligencia.

El principio, así considerado, acarrea, naturalmente, obligaciones erga omnes de protección que vinculan a todos los Estados y a los particulares. Respecto de los primeros, dichas obligaciones, así como les imponen un deber de abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto, también les exigen la adopción de “medidas positivas” para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, lo cual implica, inter alia, el ejercicio de un “deber especial” de protección con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Esta última perspectiva, también se basa en que los Estados son los que determinan su ordenamiento jurídico, el cual regula las relaciones entre particulares y, por ende, el derecho privado, de manera que deben también velar para que en esas relaciones se respeten los derechos humanos, ya que de lo contrario el Estado resultaría responsable de la violación de los derechos, y en un grado tanto más grave en la medida en que ese incumplimiento viola normas “perentorias” del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Luego, pesa sobre el Estado, “independientemente de cualquier circunstancia o consideración”, la obligación de no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de los trabajadores en las relaciones laborales privadas, ni permitir que los empleadores violen los derechos de los trabajadores o que la relación contractual vulnere los estándares mínimos internacionales. En cuanto a los particulares, el mentado carácter erga omnes establece una obligación de respeto de los derechos humanos en los vínculos inter privatos, la cual, desarrollada por la doctrina jurídica y, particularmente, por la teoría del Drittwirkung, se especifica en el marco de la relación laboral en el deber del empleador de respetar los derechos humanos de sus trabajadores (Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes, cit., párrs. 100/101, 103/106, 109/110, 139/140, 146, 148/149, y 151).

El ingreso del principio de igualdad y prohibición de discriminación al dominio del jus cogens revela, desde otra fuente, que éste se emplaza en uno de los estándares más fundamentales de la comunidad internacional, produciendo, a su vez, un efecto disuasivo, por cuanto señala a todos los miembros de dicha comunidad y a los individuos sometidos a las jurisdicciones estatales, que el principio exhibe un valor absoluto del cual nadie puede desviarse (doctrina del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, caso Furundzija —”Prosecutor v. Anto Furundzija”—, sentencia del 10-12-1998, párr. 154, en International Human Rights Reports, 2002, vol. 9, n° 3, p. 783; asimismo: Cassese, Antonio, International Law, Oxford University Press, 2002, ps. 144 y 147 in fine/148).

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), a su turno, previó la nulidad de los tratados que estén en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general —jus cogens—, o ante la aparición de una de éstas (arts. 53 y 64; asimismo: art. 71), dejando a la práctica de los Estados y a la “jurisprudencia de los tribunales internacionales” la identificación de las que hayan adquirido dicho carácter de jus cogens (Comisión de Derecho Internacional, “Projet d’articles sur le Droit des traités et commentaires”, 1966, Annuaire de la Commission du droit international, 1996, p. 270). De ello ya han dado muestra variados tribunales en el nivel nacional e internacional, incluso en contextos no limitados a la validez de tratados (“Text of the draft articles on Responsibility of States for internationally wrongful acts and commentaries”, adoptados por la Comisión de Derecho Internacional en su sesión 530, 2001, Report of the International Law Commission, A/56/10, p. 208 y sus citas). La Corte Interamericana, mediante “Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados”, suma una nueva perspectiva a esos antecedentes.

5°) Que de lo expuesto precedentemente se sigue que la interdicción de discriminación y la exigencia internacional de realizar, por parte de los Estados, acciones positivas dirigidas a evitar y sancionar dicha discriminación, deben reflejarse en los órdenes internos en un doble sentido, al menos: el de su legislación, “de lo cual es un ejemplo la ley 23.592” y, también, el “de la interpretación que de tales leyes hagan los tribunales” (Partido Nuevo Triunfo, Fallos: 332:433, 439). Puede resultar difícil luchar con éxito contra la discriminación, advierte el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “si se carece de una base legislativa sólida para las medidas necesarias” (Observación general N° 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes —párrafo 1 del artículo 2 del Pacto—, HRI/GEN/1/Rev.9 —Vol. I—, párr. 3).

Al respecto, es notorio que la ley 23.592 ha tendido a conjurar un particular modo de menoscabo del pleno ejercicio de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional: el acto discriminatorio. Y ha previsto, por vía de imponer al autor la obligación de “dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y […] reparar el daño moral y material ocasionados” (art. 1°), una reacción legal proporcionada a tamaña agresión pues, y sobre ello cabe poner el acento, el acto discriminatorio ofende nada menos que el fundamento definitivo de los derechos humanos: la dignidad de la persona, al renegar de uno de los caracteres ínsitos de ésta: la igualdad en dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, de la cual deriva, precisamente, el principio de igualdad y prohibición de toda discriminación, destinado a proteger en la existencia dicha igualdad en esencia, intrínseca o inherente a aquéllos (v. Declaración Universal de Derechos Humanos, preámbulo, primer párrafo, y art. 1°; PIDESC, preámbulo, primer párrafo; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ídem y art. 10.1, y Convención Americana sobre Derechos Humanos, preámbulo, párrafo segundo y arts. 5.2 y 11.1, entre otros instrumentos de jerarquía constitucional). Mortificación, la antedicha, de grado nada menor, ya que las violaciones a la dignidad de la persona humana así como pueden mortificar su espíritu, también pueden dañar su cuerpo, constituyendo una fuerza patológica y destructiva del bienestar de las personas al menos igual que la de los virus y las bacterias (Mann, Jonathan, “Health and Human Rights”, en Reflections on The Universal Declaration of Human Rights. A Fiftieth Anniversary Anthology, La Haya/ Boston/Londres, M. Nijhoff, 1998, p. 176). Sobre el punto, es significativa la citada Convención de Belém do Pará, en cuanto reconoce que el derecho de toda mujer a una “vida libre de violencia” incluye, entre otros, el derecho de “ser libre de toda forma de discriminación” (art. 6°.a, itálica agregada).

No es por azar que el Anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ratificado por la ley 25.212, emplazó, entre las infracciones “muy graves”, las “decisiones del empleador que impliquen cualquier tipo de discriminación en el empleo o la ocupación por motivos de: raza, color, ascendencia nacional, religión, sexo, edad, opinión política, origen social, gremiales, residencia o responsabilidades familiares” (art. 4°.a), haciéndolas pasibles de las multas más elevadas (art. 5°), y previendo que, en caso de reincidencia, pueda ser clausurado el establecimiento y quedar el empleador inhabilitado para acceder a licitaciones públicas y suspendido de los registros de proveedores o aseguradores de los estados nacional y provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 5°.5.a y b).

6°) Que este orden de ideas conduce, sin hesitación, a descartar de plano la pretendida inaplicabilidad de la ley 23.592 al ámbito del derecho individual del trabajo, por tres razones, además de la que será expresada en el considerando siguiente. Primeramente, nada hay en el texto de ley ni en la finalidad que persigue que indique lo contrario. Seguidamente, “la proscripción de la discriminación no admite salvedades o ámbitos de tolerancia, que funcionarían como ‘santuarios de infracciones’: se reprueba en todos los casos” (Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes, cit., voto del juez García Ramírez, párr. 20). En tercer lugar, revista una circunstancia que hace a la norma por demás apropiada y necesaria en dicho ámbito. En efecto, la relación laboral, si algo muestra a los presentes efectos, es una especificidad que la distingue de manera patente de muchos otros vínculos jurídicos, puesto que la prestación de uno de los celebrantes, el trabajador, está constituida nada menos que por la actividad humana, la cual resulta, per se, inseparable de la persona humana y, por lo tanto, de su dignidad (Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A., Fallos: 332:2043, 2054). Ello explica que dignidad y trabajo se relacionen en términos “naturalmente entrañables” (Madorrán, Fallos: 330:1989, 2004), tal como, con claridad, lo destaca el art. 14 bis de la Constitución Nacional —”las leyes asegurarán al trabajador: condiciones dignas […] de labor”— y lo reitera el art. 7° del PIDESC, así como ya lo habían hecho, entre otros antecedentes, los arts. XIV y 23.3 de las recordadas Declaración Americana y Universal de 1948, y la Declaración de los Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (1944, Declaración de Filadelfia), que asienta los principios que deben inspirar la política de sus Miembros: “todos los seres humanos […] tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades” (II, a). Ello explica, al unísono, que garantizar la no discriminación configura para el Estado una “obligación fundamental mínima” y de cumplimiento “inmediato”, cuya inobservancia, por acción u omisión, lo haría incurrir en un acto ilícito internacional (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general N° 18. El Derecho al Trabajo, 2005, E/C.12/GC/18, párrs. 31 y 18), cuanto más que aquél ha asumido la obligación de “proteger” los derechos humanos, lo cual le exige la adopción de “medidas que impidan a terceros interferir en el disfrute del derecho al trabajo” (ídem, párr. 22).

Por lo demás, el decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos que reconocen, propia de todos los textos internacionales antes aludidos y muy especialmente del PIDESC (art. 2.1), sumado al principio pro homine, connatural con estos documentos, determina que el intérprete deba escoger, si la norma lo posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana (Cardozo, Fallos: 329:2265, 2272/2273, y Madorrán, cit., p. 2004). Y esta pauta se impone aun con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano, así interpretado, con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitucionales (Madorrán, cit., p. 2004). Ya el precedente Berçaitz, de 1974, tuvo oportunidad de censurar toda inteligencia restrictiva de los derechos humanos, puesto que contrariaba la jurisprudencia de la Corte, “concordante con la doctrina universal”: el “principio de favorabilidad” (Fallos: 289:430, 437; asimismo:
Fallos: 293:26, 27).

7°) Que en respuesta al supuesto de colisión que acaba de ser indicado, cabe juzgar que tampoco puede verse incompatibilidad alguna entre la reinstalación del trabajador víctima de un distracto discriminatorio y el derecho a contratar y ejercer toda industria lícita del art. 14 de la Constitución Nacional, que invoca el apelante con arreglo al caso De Luca, de 1969 (Fallos: 273:87). Esto es así, por muy variados motivos. En primer lugar, la ratio decidendi del precedente se circunscribe, sin dudas, a una cuestión distinta de la antedicha, como lo fue la relativa al art. 17 de la Constitución Nacional y el derecho de propiedad en su nexo con los “salarios” o “remuneraciones” materia de examen en esa oportunidad. En segundo término, el sub examine, contrariamente a De Luca, no pone en la liza un régimen general de estabilidad propia o absoluta como protección contra todo despido arbitrario, sino la reincorporación, para el litigo y en el litigio, derivada del singular motivo de ruptura del contrato de trabajo: la discriminación.

En todo caso, vale decir, al margen de lo que pudiera seguirse del antecedente citado, añádese a lo anterior, en tercer término, una consideración determinante: el marco normativo constitucional, en la actualidad, difiere del vigente para la época de De Luca. En efecto, es doctrina permanente de esta Corte que la Constitución Nacional debe ser entendida como una unidad, esto es, como un cuerpo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere, como un conjunto armónico en el que cada uno de sus preceptos ha de interpretarse de acuerdo con el contenido de los demás (Galassi, Fallos: 310:2733, 2737, entre otros). Luego, dada la jerarquía constitucional que tienen los instrumentos internacionales de los que se ha hecho mérito, dicho cuerpo no es otro que el “bloque de constitucionalidad federal”, comprensivo de aquéllos y de la Constitución Nacional (Dieser, Fallos: 329:3034), por manera que la mentada armonía habrá de ser establecida dentro de ese contexto. Así, además de cuanto ha sido expresado en los considerandos 3° a 6°, cobra todo su sentido y significación otro esclarecimiento, ya alcanzado por el Tribunal en el caso Madorrán: la protección del “derecho a trabajar” previsto en el art. 6.1 del PIDESC, al incluir el derecho del empleado a no verse privado arbitrariamente de su empleo, “si bien no impone la reinstalación, tampoco la descarta” (cit., p. 2003; v. asimismo: Craven, Matthew, The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Oxford, Clarendom, 1998, p. 223). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, intérprete autorizado del PIDESC en el plano universal (Torrillo, Fallos: 332:709, 713), ratifica esa doctrina: todas las víctimas de violaciones del derecho al trabajo, “tienen derecho a una reparación adecuada, que puede adoptar la forma de una restitución […]” (Observación general N° 18, cit., párr. 48; en igual sentido, del mismo Comité: Observación general N° 16. La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales —artículo 3— del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2005, párr. 21). Corresponde agregar, aun cuando la República no ha ratificado el Convenio N° 158 sobre la terminación de la relación de trabajo (OIT, 1982), que el mentado Comité no ha dejado de considerar que los alcances del derecho al trabajo del PIDESC son determinables a la luz del instrumento citado, al menos en cuanto “impone, en particular, la necesidad de ofrecer motivos válidos para el despido así como el derecho a recursos jurídicos y de otro tipo en caso de despido improcedente” (Observación general N° 18, cit., párr. 11). Y, es de importancia subrayarlo, dicho Convenio, además de excluir los motivos discriminatorios como causa justificada para la terminación de la relación de trabajo (art. 5.d), prevé, dentro de la sección aludida anteriormente por el Comité, que los tribunales llamados a resolver sobre el carácter justificado o injustificado de dicha terminación puedan, en este último supuesto, “anular la terminación” y ordenar la “readmisión” del trabajador (art. 10).

A conclusiones análogas conduce el abanico de instrumentos internacionales que también enuncian y resguardan el “derecho a trabajar” (Declaración Universal de Derechos Humanos —art. 23.1—, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre —art. XIV— y Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial — art. 5.e.i—), el cual debe ser considerado “inalienable de todo ser humano” en palabras expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11.1.a). No huelga observar que el citado Protocolo de San Salvador contempla a la “readmisión en el empleo” como una de las consecuencias admisibles para la legislación interna en casos de despido injustificado (art. 7°.d).

Más todavía. El atinente a la relación de trabajo ha resultado, desde antiguo, uno de los ámbitos en los que esta Corte ha reconocido validez constitucional a una dilatada e intensa actividad legislativa protectoria del trabajador dependiente en su confrontación con el derecho de contratar y el derecho de propiedad del empleador. Así, en Rusich, Elvira c/ Cía. Introductora de Bs. As. (Fallos: 181:209), de 1938, al persistir en la línea que trazara tanto en Saltamartini c/ Compañía de Tranways “La Nacional”, en cuanto a la imposición de la indemnización por despido y por falta de preaviso (Fallos: 176:22), cuanto en Quinteros, Leónidas S. c/ Cía. De Tranvías Anglo Argentina (Fallos: 179:79), desestimó que el pago de las vacaciones pudiera ser impugnado constitucionalmente con fundamento en que resultaba un salario sin contraprestación del trabajador, al paso que justificó, por obedecer al “ritmo universal de la justicia”, otras normas protectoras de aquél que imponían al empleador obligaciones de naturaleza análoga a la anterior (Fallos: 181:209, 212/214; asimismo: Dordal, José c/ Calderón y Ropero, Fallos: 189:234; Vizzotti, Fallos: 327:3677, 3689, y Aquino, Fallos: 327:3753, 3770). Sobre bases análogas se emplaza con vigor la ratio decidendi de Prattico, Carmelo y otros c/ Basso y Cía.: “toda vez que la libertad de contratar del empleador entre en conflicto con la libertad contra la opresión del empleado u obrero, esta última debe prevalecer sobre aquélla, porque así lo requieren los principios que fundan un ordenamiento social justo. No otro es el sentido de la cláusula que los Constituyentes de 1957 agregaron a continuación del art. 14 de la Ley Fundamental” (Fallos: 246:345, 349, con cita de la sentencia West Coast Hotel Co. v. Parrish de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América). Y ello también condujo, en Roldán c/ Borrás, a rechazar las invocaciones del derecho de propiedad y la libertad de contratar formuladas para impugnar constitucionalmente las prestaciones impuestas al empleador en favor del empleado en razón de los hijos de éste, destacando el Tribunal que “el fundamento valorativo de la solución” reposaba “en inexcusables principios de justicia social (Fallos: 181:210; asimismo: Fallos: 189:234; 246:345 y otros)
y en la ponderada estimación de las exigencias éticas y condiciones económico-sociales de la colectividad a la que se aplica” (Fallos: 250:46, 48/50).
Y, ciertamente, son el mencionado “ritmo universal de la justicia”, la “ponderada estimación” de las “exigencias éticas” y “condiciones sociales”, cuando no la “libertad contra la opresión” que ejerce la discriminación, los elementos que acreditan, desde hace ya tiempo, que el repudio a todas las formas de aquélla, y el emplazamiento de su prohibición en el elevado campo del jus cogens, resulta, lisa y llanamente, una reacción de la conciencia jurídica universal (opinio juris communis), lo cual, así como trasciende las fuentes formales del derecho de gentes, anima los procesos de elaboración de éste y condiciona su interpretación y aplicación.

8°) Que la reinstalación, por lo demás, guarda singular coherencia con los principios que rigen a las instancias jurisdiccionales internacionales en materia de derechos humanos, tendientes a la plena reparación (restitutio in integrum) de los daños irrogados, vgr., por un despido (v. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2-2-2001, Serie C N° 72, párrs. 202/203 — y su cita— y 214.7, y “Madorrán”, cit., p. 2005). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que enuncia, con carácter autónomo (esto es, no limitado a los derechos previstos en el Pacto), que “todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley” (art. 26), también requiere, por vía de su art. 2.3, que los Estados Partes otorguen una reparación a las personas que han visto violados sus derechos, la cual puede materializarse por vía de la “restitución” (Comité de Derechos Humanos, Observación general N° 31. La índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados Partes en el Pacto, 2004, párr. 16). El objetivo primario de las reparaciones (remedies) en materia de derechos humanos, es preciso destacarlo, debería ser la rectificación o restitución en lugar de la compensación; esta última sólo proporciona a la víctima algo equivalente a lo que fue perdido, mientras que las primeras reponen precisamente lo que le fue sacado o quitado. El intercambio de violaciones de derechos humanos con dinero, además, entraña un conflicto con el carácter inalienable de aquellos (aun cuando no puede ser descartado cuando la pérdida ha ocurrido y es irreparable) (Shelton, Dinah, Remedies in International Human Rights Law, Oxford University Press, 1999, ps. 43 y 55). En este orden de ideas, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas interpretó que el art. 6 de la Directiva 76/207/CEE (9-2-1976) —por la cual los Estados Miembros debían introducir en su ordenamiento jurídico las medidas necesarias para que cualquier persona que se considerara perjudicada por la no aplicación del principio de igualdad de trato pudiera hacer valer sus derechos por vía jurisdiccional— requería “medidas apropiadas para restablecer dicha igualdad cuando no ha sido respetada”, las cuales debían “garantizar una protección jurisdiccional efectiva y eficaz y surtir un efecto disuasorio real frente al empresario”. Así, apuntó, en el supuesto de un despido discriminatorio (art. 5.1 de la Directiva), una de las modalidades para restablecer la situación de igualdad se presentaba cuando la persona discriminada “recupera su puesto de trabajo” (Asunto C-271/91, M.H. Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, sentencia del 2-8-1993, Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia. Parte I. Tribunal de Justicia, 1993-8, ps. 4407/4408, párrs. 24/25).

Es del caso recordar que, ya para 1928, la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el famoso caso Chorzów Factory / Usine de Chorzów, tuvo ocasión de sostener que “el principio esencial que deriva de la noción misma de acto ilícito y que se desprende de la práctica internacional, especialmente de la jurisprudencia de los tribunales arbitrales, es que la reparación debe, de ser posible, borrar todas las consecuencias de dicho acto y restablecer la situación que verosímilmente habría existido si éste no hubiera sido cometido” (fondo, sentencia del 13-9-1928, Serie A, N° 17, p. 47). Incluso en los marcos internos, la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT, en su estudio general Igualdad en el empleo y la ocupación (1988), que guarda relación directa con el ya citado Convenio N° 111 de la OIT, advirtió que “la prohibición de discriminaciones injustificadas con respecto a la ley se traduce en una mayor protección a las personas por parte de los tribunales y por el establecimiento de sanciones de diversa naturaleza. El papel de los tribunales y de la jurisprudencia ha sido muy a menudo considerable para determinar los derechos individuales”. Aclaró, entonces, que las sanciones habían adoptado distintas formas, entre otras, la “reintegración en la empresa” (Capítulo IV, Aplicación de los principios, párr. 163; asimismo: párr. 227).

Al respecto, la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene juzgado que las reparaciones (remedies) a las “víctimas de una conducta discriminatoria” deben orientarse lo más cerca posible para “reponer” a éstas “en la posición que hubiesen ocupado en ausencia de dicha conducta” (Milliken v. Bradley, 433 U.S. 267, 280 – 1977).

9°) Que con arreglo a todo ello, sólo un entendimiento superficial del art. 14 bis llevaría a que la “protección contra el despido arbitrario” implicara una suerte de prohibición absoluta y permanente a toda medida de reinstalación.

A lo antes afirmado sobre la interpretación evolutiva y el principio pro homine, conviene agregar que las “leyes no pueden ser interpretadas sólo históricamente, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción”, y esta conclusión se impone, “con mayor fundamento”, respecto de la Constitución Nacional que “tiene la virtualidad necesaria de poder gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a las que existían en tiempos de su sanción. Este avance de los principios constitucionales, que es de natural desarrollo y no de contradicción, es la obra genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes deben consagrar la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para que fue dictada la Constitución”. Esta enseñanza, expresada por el Tribunal en el señero caso Kot (1958), es de oportuna cita, puesto que el precedente, así como entrañó una de las primeras aplicaciones de una norma internacional que, a la sazón, ni siquiera había alcanzado el grado de vinculación que hoy universalmente le es reconocido: la Declaración Universal de Derechos Humanos, también tuvo como objeto la “protección constitucional de los derechos humanos” (Fallos: 241:291, 300 y 302). De ahí que, además, el art. 14 bis, tanto en su extensión como en su comprensión, ha de ser entendido al modo de lo que ocurre con los preceptos que enuncian derechos humanos (vgr. PIDESC, art. 5.2), vale decir, como una norma de contenidos mínimos (v. Rodríguez, Luis Guillermo s/ recurso de queja, Fallos: 329:1794, y García Méndez, Fallos: 331:2691, 2700/2701), no excluyente de “otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano” (Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 29.c), sobre todo ante la amplitud de miras que le confiere el mencionado principio protectorio que lo encabeza, y la referencia, en general, a las “condiciones de trabajo”.

Esta exégesis, por lo pronto, impone una ingente labor legislativa en aras de dar plenitud a las mandas constitucionales y, así, garantizar “el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos (Constitución Nacional, art. 75 inc. 23)” (Vizotti, cit., p. 3688).

10) Que los razonamientos expuestos hasta aquí también vuelven inatendible la defensa de la demandada relativa a que, de acuerdo con el precedente Figueroa, Oscar Félix y otro c/ Loma Negra Cía. SA, de 1984 (Fallos: 306:1208), la reinstalación del empleado conlleva una supresión de las facultades “discrecionales” del empleador de organización y dirección de la empresa e integración del personal. Con todo, cumple agregar que, a la luz de corpus iuris de los derechos humanos reiteradamente citado, el contenido y alcances de dichas facultades y de la discrecionalidad de su ejercicio, por más amplios que hipotéticamente fuesen, en ninguna circunstancia y lugar podrían dejar de estar limitados por el inquebrantable respeto de la dignidad del trabajador y el jus cogens que informa al principio de igualdad y prohibición de discriminación, según ha sido visto. Subordinar las exigencias fundamentales que de esto último se siguen a un ejercicio sin taludes ni medidas de los señalados poderes, resultaría desbaratar la natural jerarquía de los valores asentados por el bloque de constitucionalidad, máxime cuando la dignidad humana, además de todo cuanto ha sido dicho a su respecto, es el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales de nuestro orden constitucional y del orden internacional adoptado (Aquino, cit., p. 3778, y Madorrán, cit., p. 2004). Incluso en el orden legal, el empleador, al ejercer dichas facultades, “siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la empresa y el respeto debido a la dignidad del trabajador y sus derechos patrimoniales, excluyendo toda forma de abuso del derecho” (LCT, art. 68, itálica agregada). Suele pasar inadvertido, en esta cuestión, que los poderes invocados, para ser válidos, por un lado, no pueden desentenderse de que “el trabajo debe ser una forma de realización y una oportunidad para que el trabajador desarrolle sus aptitudes, habilidades y potencialidades, y logre sus aspiraciones, en aras de alcanzar su desarrollo integral como ser humano” (Condición Jurídica y derechos de los Migrantes, cit., párr. 158), ni dejar de asumir, por el otro, como lo prevé la LCT, que “el contrato de trabajo tiene como principal objeto la actividad productiva y creadora del hombre en sí”, de manera que “sólo después ha de entenderse que media entre las partes una relación de intercambio y un fin económico en cuanto se disciplina por esta ley” (art. 4°). Y todo ello pesa sobre el empleador, pues así lo impone, además de lo expresado sobre el Drittwirkung o los efectos horizontales de los derechos humanos, el precepto de jerarquía constitucional, según el cual, los hombres “deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1°; asimismo:

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, preámbulo, primer párrafo), lo cual supone, al menos, el cumplido respeto y realización de los derechos humanos en las relaciones laborales: la obligación de respeto y garantía de esos derechos, que normalmente tiene sus efectos en las relaciones entre los Estados y los individuos sometidos a su jurisdicción, “también proyecta sus efectos en las relaciones interindividuales”, lo cual alcanza al “marco de la relación laboral privada, en la que el empleador debe respetar los derechos humanos de sus trabajadores” (Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes, cit., párr. 146; asimismo: párr. 151. “El jus cogens, al acarrear obligaciones erga omnes, las caracteriza como siendo dotadas de un carácter necesariamente objetivo, y por lo tanto abarcando a todos los destinatarios de las normas jurídicas (omnes), tanto a los integrantes de los órganos del poder público como a los particulares” —ídem, voto concurrente del juez Cançado Trindade, párr. 76; asimismo: párr. 77—). Después de todo, si la persona cuyos derechos y libertades hayan sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, “aun” cuando la violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 2.3.a; Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25.1), a fortiori, dicho recurso también corresponde si la comisión proviene de personas privadas (Vasak, Karel, “Les principes fondamentaux d’interprétation et d’application des Droits de l’homme”, en Boutros Boutros-Ghali Amicorum discipulorumque liber, Bruselas, Bruylant, 1998, p. 1425, a propósito de análoga norma —art. 13— contenida en la Convención Europea de Derechos Humanos). “Nada hay, ni en la letra ni en el espíritu de la Constitución, que permita afirmar que la protección de los llamados ‘derechos humanos’ —porque son los derechos esenciales del hombre— esté circunscripta a los ataques que provengan sólo de la autoridad” (Kot, cit., p. 299).

La defensa en estudio, sustancialmente, parece responder a una concepción instrumental del trabajador, análoga a la que fue materia de terminante censura por esta Corte en el precedente Vizotti citado. Esto es así, pues admitir que los poderes del empleador determinen la medida y alcances de los derechos humanos del trabajador importaría, pura y simplemente, invertir la legalidad que nos rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la Constitución Nacional. Por lo contrario, son dichos poderes los que habrán de adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad (cit., ps. 3691/3692). El éxito de una empresa, por cierto, de ningún modo podría hacerse depender, jurídicamente, de la subsistencia de un régimen inequitativo de despidos arbitrarios (Mata, José María c/ Ferretería Francesa, Fallos: 252:158, 163/164), puesto que tampoco es admisible la confrontación entre el derecho a no ser discriminado con otros derechos y libertades constitucionales de sustancia predominantemente económica, entre los cuales se hallan los invocados por la demandada. El ser humano es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo —más allá de su naturaleza trascendente— su dignidad intrínseca e igual es inviolable y constituye valor fundamental con respecto al cual los restantes valores tienen siempre carácter instrumental (doctrina de Reynoso, Nilda Noemí c/ I.N.S.S.J.P., Fallos: 329:1638; Mosqueda, Sergio c/ Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Fallos: 329:4918, y Aquino, cit., p. 3766 y su cita).

11) Que, en consecuencia, nada hay de objetable a la aplicación en esta causa de la ley 23.592, que reglamenta directamente un principio constitucional de la magnitud del art. 16 de la Constitución Nacional (Ganem, Fallos: 324:392), sobre todo cuando, por un lado, la hermenéutica del ordenamiento infraconstitucional debe ser llevada a cabo con “fecundo y auténtico sentido constitucional” (Municipalidad de Laprida c/ Universidad de Buenos Aires, Fallos: 308:647, 653) y, por el otro, el trabajador es un sujeto de “preferente tutela” por parte de la Constitución Nacional (Vizzoti, cit., ps. 3689 y 3690; Aquino, cit., ps. 3770 y 3797; Arostegui, Pablo Martín c/ Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., Fallos: 331:570, y Bernald, Darío c/ Bertoncini Construcciones S.R.L., Fallos: 331:1488). Si bien la Constitución Nacional es individualista en el sentido de reconocer a la persona “derechos anteriores al Estado, de que éste no puede privarlo (art. 14 y siguientes)”, no lo es “en el sentido de que la voluntad individual y la libre contratación no puedan ser sometidas a las exigencias de las leyes reglamentarias”, tal como rezan los arts. 14 y 17 de la Constitución, invocados por la demandada (Quinteros, cit., ps. 81 y 82). Esta conclusión resulta plenamente robustecida en este debate, ni bien se repare en que el vínculo laboral supone, regularmente, una desigualdad entre las partes, en disfavor del trabajador (Fallos: 181:209, 213/214; 239:80, 83 y 306:1059, 1064, entre muchos otros). Por ello, y lo concordemente dictaminado por la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar a la queja y al recurso extraordinario con los alcances señalados y, en igual medida, se confirma la sentencia apelada, con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Hágase saber, devuélvase el depósito (fs. 2), acumúlese la queja al principal y, oportunamente, remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI (en disidencia parcial)- ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (en disidencia parcial)- CARLOS S. FAYT – ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI – JUAN CARLOS MAQUEDA – E. RAÚL ZAFFARONI – CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial).

DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI, DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON de NOLASCO Y DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY

Considerando:

1°) Que los actores iniciaron la presente acción de amparo contra Cencosud S.A. —titular de los comercios que giran bajo el nombre de fantasía “Easy”— con el objeto de que se declarara la nulidad de los despidos de los que fueron objeto, se los reinstalara en sus puestos de trabajo y se les abonara una reparación económica.

Alegaron que prestaban servicios para la demandada bajo la “pseudo categoría” de asesores, la cual —según dijeron—, estaba destinada a dejarlos fuera del ámbito del convenio colectivo 130/75 de empleados de comercio. Señalaron que el sindicato de esta última actividad les había negado la afiliación por lo cual crearon el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Comercio —que fue inscripto ante la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales el 30 de marzo de 2006— y pasaron a integrar la comisión directiva de la institución. En tales condiciones, agregaron que el presidente de dicha comisión intimó a la demandada al pago de diferencias salariales a lo que siguió que uno de los gerentes de la empresa pidiera una lista de los integrantes de aquélla.

En ese contexto, entre otras circunstancias, finalmente consideraron que el despido sin expresión de causa del que fueron objeto pocos días después resultó un acto discriminatorio motivado en sus actividades sindicales.

2°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo —por mayoría— confirmó el fallo de primera instancia que tuvo por acreditados los hechos invocados por los actores y ordenó, con fundamento en el art. 1 de la ley 23.592, su reincorporación, a la vez que dispuso tener a las sumas por ellos percibidas con anterioridad a la promoción del pleito como cancelatorias de cualquier reclamo pecuniario derivado de este conflicto (fs. 316/340).

Para así decidir, el tribunal a quo entendió que la pretensión se había basado en las disposiciones de la ley 23.592. Afirmó que dicha norma prescribe la posibilidad de declarar la ineficacia del acto reprochable, lo cual estaría equiparado al acto jurídico de objeto prohibido (art. 953 del Código Civil) o, incluso, a la figura del abuso del derecho (art. 1071 del Código Civil), de modo que la rescisión decidida por la empleadora no tendría eficacia en razón de su finalidad discriminatoria.

En otro orden de cosas, descartó que la aplicación de la ley 23.592 al caso pudiese afectar el principio de congruencia, porque en el escrito de inicio se habían aportado la totalidad de los presupuestos fácticos que habilitaban el ejercicio del iura novit curia para encuadrar el caso en la citada ley antidiscriminatoria.

Ello dio lugar al recurso extraordinario de la demandada, cuya denegación origina la presente queja.

3°) Que la apelación es admisible sólo en la medida en que pone en juego la interpretación de normas de índole federal (artículos 14, 14 bis, 16, 17 de la Constitución Nacional; tratados internacionales afines y la ley 23.592 de “Actos Discriminatorios”). Los restantes agravios —incluido aquél por el que se cuestiona el carácter discriminatorio atribuido a los despidos—, conducen al examen de cuestiones fácticas, probatorias y de derecho común y procesal ajenas — por principio— a esta instancia de excepción por lo que, en este aspecto, el remedio se declara inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

4°) Que establecidos los puntos que habilitan la intervención de este Tribunal corresponde analizar el principio de igualdad y la no discriminación en el marco de la relación laboral y la libertad de contratar del empleador. Al respecto, y como pauta interpretativa, cabe recordar que la exégesis de la Constitución no debe efectuarse de tal modo que queden frente a frente los derechos y deberes por ella enumerados, para que se destruyan recíprocamente. Antes bien, ha de procurarse su armonía dentro del espíritu que les dio vida; cada una de sus partes ha de entenderse a la luz de las disposiciones de todas las demás, de modo de respetar la unidad sistemática de la Carta Fundamental (Fallos: 167:211; 171:348; 181:343; 240:311; 251:86; 255:293; 272:99; 280:311;301:771, entre muchos otros).

5°) Que, a fin de abordar esta cuestión, se debe tener particularmente presente que el derecho genérico de las personas a ser tratadas de modo igual por la ley no implica una equiparación rígida entre ellas, sino que impone un principio genérico de igualdad ante la ley de todos los habitantes que no impide la existencia de diferenciaciones legítimas. La igualdad establecida en la Constitución no es otra cosa que el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que en iguales circunstancias se concede a otros. El criterio de distinción no debe ser arbitrario o responder a un propósito de hostilidad a personas o grupos de personas determinados, o tratar desigualmente a personas que están en circunstancias de hecho esencialmente equivalentes (causa P.1469.XLI “Partido Nuevo Triunfo s/ reconocimiento – Distrito Capital Federal”, sentencia del 17 de marzo de 2009 y sus citas).

6°) Que el derecho constitucional argentino contiene, en especial a partir de la incorporación de diversos tratados internacionales sobre derechos humanos, la prohibición expresa de utilizar criterios clasificatorios fundados en motivos de “raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” (art. 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y art. 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Por ende, la interdicción de la discriminación en cualquiera de sus formas y la exigencia internacional de realizar por parte de los Estados acciones positivas tendientes a evitar dicha discriminación debe reflejarse en su legislación, de lo cual es un ejemplo la ley aquí en juego como también el art. 17 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto “prohíbe cualquier tipo de discriminación entre los trabajadores por motivo de sexo, raza, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales o de edad”, y en la interpretación que de tales leyes hagan los tribunales (conf. causa “Partido Nuevo Triunfo” antes citada).

7°) Que, por lo demás, dado el contenido material del caso, cabe destacar lo señalado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así, en el Convenio N° 111 sobre Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación (1958, ratificado en 1968) de jerarquía supralegal dada su naturaleza (conf. causa Milone, Fallos: 327:4607) el Estado se obligó a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a la práctica nacional, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con el objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto (art. 2°). Asimismo, en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998), se expresó que todos los Miembros de la OIT, aun cuando no hubiesen ratificado los convenios respectivos, “tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, es decir (…) d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”.

Se trata, además, de objetivos que han resultado convalidados en la Declaración de la OIT sobre la Justicia Social para una Globalización Equitativa, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su nonagésima séptima reunión, Ginebra, 10 de junio de 2008. Por su parte, la Declaración Socio Laboral del Mercosur (1998), después de prever que todo trabajador “tiene garantizada la igualdad efectiva de derechos, tratamientos y oportunidad en el empleo y ocupación (…) en conformidad con la disposiciones legales vigentes”, dispone que los Estados Partes “se comprometen a garantizar la vigencia de este principio de no discriminación (…)” (art. 1).

8°) Que, por otro lado, la libertad de contratar integra en nuestro ordenamiento el complejo de la libertad como atributo inherente al concepto jurídico de persona, y —en principio— comporta la posibilidad de elegir la clase de comercio que más conviniese a su titular y la de ejecutar los actos jurídicos necesarios para el ejercicio de ese comercio. En el ámbito del contrato de trabajo esta libertad de contratar se encuentra reglamentada por normas de carácter imperativo que generan restricciones al contenido de la relación laboral, es decir, a las condiciones a las que está sujeta dicha relación.

Así, establecido el vínculo contractual, tanto las bases como la forma en que el trabajo ha de realizarse y cómo habrán de ser resueltos los conflictos que se susciten durante su prestación, no están librados a la voluntad de las partes sino a la reglamentación que dicte el poder público, en cumplimiento de los deberes de justicia distributiva y del fin inmediato de la autoridad, que es el establecimiento y resguardo del orden público y de la paz social.

Sin embargo, esta reglamentación no alcanza, salvo en casos excepcionales, a la facultad de contratar o de no hacerlo y, en su caso, de elegir con quien. Al respecto, la garantía constitucional a la libertad de contratar incluye su aspecto negativo, es decir, la libertad de no contratar que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 de la Constitución Nacional) y un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. 14 de la Constitución Nacional).

9°) Que en esta línea, este Tribunal ha señalado que no se puede obligar a un empleador —contra su voluntad— a seguir manteniendo en su puesto a empleados que no gozan de la confianza que debe presidir toda relación de dependencia.

También manifestó que una vez rota la relación laboral a raíz de un despido injusto se debe reconocer al trabajador el derecho a reclamar una indemnización razonablemente proporcionada al perjuicio sufrido (conf. doctrina de Fallos: 273:87, De Luca, 306:1208, Figueroa y 321:3081, Agnese).

10) Que una vez delineados los aspectos fundamentales de los principios de igualdad ante la ley y a la no discriminación y libertad de contratar, corresponde abordar la cuestión federal planteada: si la ley 23.592 es aplicable a la relación de trabajo privada y, en caso afirmativo, cuál es el alcance del remedio que cabe otorgar de configurarse la hipótesis prevista en su artículo 1°.

11) Que para decidir la primer cuestión cabe señalar que en dicha disposición se establece que “Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por
motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos”.

12) Que los inequívocos términos de la norma transcripta no permiten exceptuar el ámbito de las relaciones laborales de las previsiones de la ley citada. Una conclusión contraria implicaría desconocer la generalidad de su alcance y la finalidad perseguida por el legislador con su dictado.

13) Que, sentado lo expuesto, corresponde ahora analizar cuál es el alcance del remedio que cabe otorgar de configurarse la hipótesis prevista en el art. 1°. Como se desprende del texto normativo trascripto, el afectado —discriminado— tiene derecho a que se “deje sin efecto” el acto discriminatorio y se le resarzan los daños y perjuicios sufridos. En lo que atañe a este tipo de actos adoptados en el ámbito laboral es menester distinguir entre aquellos cuyos efectos se proyectan sobre la relación sin extinguirla, de aquellos orientados a ponerle fin. En la primera de las hipótesis el afectado podrá reclamar tanto el cese de los efectos de la conducta discriminatoria como la reparación pertinente sin que el tracto relacional sufra alteración alguna. En cambio, cuando, como en el caso, el acto discriminatorio se endereza a dar por terminado el vínculo corresponde establecer si, como lo ha resuelto el tribunal a quo, es pertinente ordenar la continuación forzosa del contrato laboral. Es en el contexto de esta segunda alternativa en que se plantea la controversia que el recurrente trae a consideración del Tribunal sobre el balance entre el derecho del trabajador a no ser despedido por motivos discriminatorios y la libertad de contratar del empleador, dentro de la cual se encuentra la facultad de dar por terminado el vínculo contractual afrontando, en la medida establecida por la ley, los costos que ello genera al trabajador.

14) Que, en lo concerniente a las situaciones especiales en que se verifica un despido por motivos discriminatorios, si bien la legislación regulatoria del contrato de trabajo tutela el derecho anteriormente mencionado a no sufrir discriminaciones prohibidas, lo hace dentro de ciertos límites que tienden a armonizar los derechos de ambas partes. En tal sentido, la legislación específica contiene soluciones para el supuesto de despidos discriminatorios que implican una protección más intensa para el trabajador que la otorgada para el supuesto general de despido sin justa causa, pero que no llega a suprimir por completo la posibilidad de que el empleador ponga fin a la relación laboral. De esta manera, los remedios elegidos consisten, para algunos casos, en elevar considerablemente el costo que debe afrontar el empleador por la decisión de despedir sin causa al trabajador (despido motivado en el matrimonio del trabajador, artículo 182 LCT; o en el embarazo de la trabajadora, artículo 178 LCT), mientras que, en otras situaciones, la respuesta prevista por la ley es la de cancelar, por tiempo determinado, la posibilidad de despido directo sin causa (artículo 177 LCT; artículos 48 y 50 de la Ley de Asociaciones Sindicales, 23.551). En ambos supuestos, la política legislativa tiene un componente común: la presunción de que el despido es discriminatorio tiene vigencia por un plazo determinado (tres meses anteriores y seis posteriores al matrimonio —artículo 181 LCT—; por el tiempo que dure la gestación —artículo 177, tercer párrafo, LCT—; siete meses y medio anteriores y posteriores al parto —artículo 178 LCT—; por el tiempo que dure el cargo gremial, más un año —artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales—; seis meses a partir de la postulación — artículo 49 de la Ley de Asociaciones Sindicales—). Fuera de esos márgenes temporales, recupera vigencia el régimen general previsto en la LCT sobre el despido sin justa causa.

15) Que, en línea con lo que se acaba de exponer, cabe señalar que en el precedente Madorrán (Fallos: 330: 1989), esta Corte precisó que, tras la reforma que incorporó el art. 14 bis, la Constitución Nacional prevé un distinto grado de estabilidad en el empleo según el ámbito público o privado en que se desarrolle la relación. En el primero de esos ámbitos la regla es la estabilidad, comúnmente denominada propia o absoluta, donde la cesantía solo tiene cabida ante la configuración de alguna causal expresamente prevista por la ley comprobada en el curso del pertinente sumario administrativo donde el interesado pueda ejercer su defensa. En cambio, en la esfera privada, rige la llamada estabilidad impropia o relativa que, sin desconocer la vocación de permanencia o continuidad del contrato de trabajo, admite la extinción por despido mediante el pago de una indemnización.

Como ya se dijo, el derecho vigente, con carácter temporal y de modo excepcional, confiere una protección mayor ante supuestos de despido discriminatorio.

16) Que, en vista de todo lo expuesto cabe concluir que cuando el legislador ha sancionado despidos discriminatorios con la reinstalación del trabajador lo ha dispuesto de manera expresa y siempre que el despido sin causa tenga lugar dentro de un plazo cuyo inicio y culminación se encuentra determinado por la ley respectiva. Este es el modo en que se ha llegado a conciliar los derechos de una y otra parte del contrato de trabajo.

Nada de esto sucede, sin embargo, con la ley 23.592 que, en razón de su carácter general y transversal a todas las ramas del derecho, requiere de una aplicación apropiada que no distorsione el equilibrio de derechos al que responde cada sector del ordenamiento jurídico, sea público o privado. Por lo tanto, las consecuencias jurídicas que debe tener la comprobación de un acto discriminatorio han de ser definidas en consideración del contexto que ofrece la relación de trabajo privada y el principio de estabilidad impropia que gobierna el derecho laboral argentino que, como se ha establecido ut supra, contempla una reparación agravada para estos supuestos y no incluye la reinstalación forzosa del trabajador en la relación laboral, salvo previsión expresa y siempre por un plazo determinado.

Ahora, ante la ausencia de previsiones legislativas expresas para otros supuestos de despidos discriminatorios, debe acudirse a una solución que, por analogía, repare debidamente los perjuicios sufridos por el trabajador. A tal fin, la aplicación de los parámetros previstos en la LCT para otros supuestos de despidos discriminatorios (por maternidad o matrimonio, artículos 177/178 y 182 respectivamente), a los que se ha hecho ya referencia, resulta —a criterio de este Tribunal— la medida más adecuada para armonizar los derechos en juego.

17) Que la solución aquí propuesta no resulta incompatible con la interpretación que respecto de esta problemática se ha efectuado en el ámbito del derecho internacional. En efecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha establecido que las víctimas de violaciones al derecho del trabajo “…tienen derecho a una reparación adecuada, que [puede] adoptar la forma de restitución (…)” (Observación General N° 18. El Derecho del Trabajo, 2005, E/C.12/GC/18, párr. 48). En igual sentido, se ha pronunciado en la Observación General N° 16 acerca de “La igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos
económicos, sociales y culturales” (año 2005, párr. 21).

Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas apuntó que en el supuesto de un despido discriminatorio una de las modalidades para restablecer la situación de igualdad se presenta cuando la persona discriminada “recupera su puesto de trabajo” (Asunto C-271/91, M. Helen Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, sentencia del 2/8/1993, Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia. Parte I. Tribunal de Justicia, 1993-8, ps. 4407/ 4408, párrs. 24/25).

18) Que, en tales condiciones, ante la negativa del empleador de reinstalar al trabajador discriminado en su puesto de trabajo, corresponde reconocer a este último el derecho a una compensación adicional que atienda a esta legítima expectativa. De tal forma, que sin perjuicio del resarcimiento previsto en el artículo 1° de la ley 23.592 (daños y perjuicios), el trabajador tendrá derecho a percibir una suma adicional igual a la prevista en la LCT para otros supuestos de discriminación, es decir, la contemplada en el art. 245 con más un año de remuneraciones según dispone en su artículo 182.

Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se hace lugar parcialmente al recurso de queja, se declara procedente el recurso extraordinario de fs. 344/359 vta. y se revoca el pronunciamiento con el alcance indicado. Costas por su orden en atención a la forma en que se decide y a la naturaleza de las cuestiones propuestas. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expuesto. Agréguese la queja al principal. Reintégrese el depósito de fs. 2. Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

RICARDO LUIS LORENZETTI – ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARMEN M. ARGIBAY.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE PORQUE REALIZAR LA MAESTRIA

La Maestría se encuentra avalada por una Universidad Nacional con amplia experiencia en posgrados; en la actualidad, entre otras, se dictan la Maestría en Políticas y Administración de la Educación, Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales, Maestría en Integración Latinoamericana, Maestría en Metodología de la Investigación Social, Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística, Maestría y Doctorado en Epistemología e Historia de la Ciencia y Maestría en Historia.

La Universidad Nacional de Tres de Febrero es una entidad de educación superior reconocida por el Estado Nacional en el marco de la legislación vigente en materia de universidades estatales de estructura autónoma.

No se trata de un curso, ni de una carrera de especialización para abogados de una rama del derecho -que exige solo una carga horaria de 360 horas- sino de una Maestría interdisciplinaria, abierta a otros profesionales, que exige una carga horaria mínima de 540 horas más investigaciones, talleres y tesis.

Por tratarse de una Universidad Nacional -sin fines de lucro- y gracias al esfuerzo de la SADL, se ha logrado reducir notoriamente el costo de la Maestría. Los socios de la SADL y los miembros del poder judicial abonan por año una matrícula de $ 672 y 9 cuotas mensuales de $ 672. El costo total (a abonar en 20 cuotas y en dos años); por lo cual, teniendo en cuenta que la Maestría la carga horaria, el valor de cada hora cátedra dictada es de alrededor de $ 20, encontrándose previsto además -para casos excepcionales- el sistema de becas aprobado por la UNTREF. Aquellos que no sean socios pueden inscribirse abonando la cuota $ 840.

-¿Por qué perfeccionarse en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales?

Porque es una rama del derecho dinámica que resulta esencial en la política de un país.

-¿Por qué hacerlo en una Maestría y no en una Especialización?

Porque la Especialización abarca solamente una profundización de conocimientos sobre el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social mientras que la Maestría se ocupa además de otras áreas, como el derecho internacional del trabajo y la integración regional, las relaciones laborales desde el punto de vista socioeconómico, la problemática de las organizaciones, la estrategia en recursos humanos, la psicología y sociología laboral y las técnicas de negociación.

-¿Por qué elegir la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales que organiza la SADL con la Universidad Nacional de Tres de Febrero?

1. Porque es la única Maestría de estas características en Latinoamérica; las demás son cursos de capacitación o carreras de especialización.

2. Porque el título lo expide una Universidad Nacional.

3. Porque la carrera ha sido acreditada por la CONEAU, emitiendo elogiosos conceptos el Informe de Evaluación emitido por el Comité de Pares convocados para la evaluación.

4. Por la diversidad de contenidos y enfoques, la calidad académica, pluralidad de visiones de los docentes y la libertad de cátedra (coexisten abogados laboralistas de sindicatos, representantes empresariales, defensores del derecho laboral clásico, proteccionistas, neoliberales).

5. Porque es la más económica y accesible: por las 700 horas se abona la hora cátedra alrededor de $ 20.

ACREDITACIÓN DE LA MAESTRIA POR LA CONEAU

RESOLUCION 20/04 (25/2/2004)

La COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología- acreditó la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales que se dicta en la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Seguidamente extractamos algunos aspectos de la Resolución 20/04 y del Informe de Evaluación de la Carrera emitido por el Comité de Pares convocados por la CONEAU para la evaluación:

“…El proyecto tiene nivel de posgrado universitario, está debidamente fundamentada su creación y se inserta en un convenio adecuado con una institución de destacada trayectoria en el medio jurídico especializado. La normativa institucional de creación y funcionamiento de la carrera, así como la estructura de gobierno de la carrera son pertinentes para el bueno funcionamiento del posgrado. El director de la carrera posee antecedentes relevantes, tanto profesionales como docentes, doctrinarios y de gestión extra universitaria … pudiendo resaltar sus características docentes que se trasunta en su obra escrita…”.

“…Se presenta plan de estudios completo … con sistema de correlatividades, programas de cada módulo con docentes a cargo , los objetivos particulares de cada unidad temática, los contenidos y la bibliografía general y temática … Los contenidos de los programas son pertinentes … máxime cuando se señala la profundización de temas que pueden haberse desarrollado en la carrera de grado y las actividades de formación práctica son adecuadas para el perfil de egresado previsto …La bibliografía, tanto general como particular de cada unidad temática, es muy actualizada y adecuada … recurriendo no sólo a destacada producción nacional sino también internacional … La carga horaria es suficiente y se adecua a lo estipulado en la resolución M.E. 1168. Las modalidades de evaluación son coherentes con el tipo y objetivos de las actividades curriculares, y la evaluación final cumple con los requisitos de titulación legalmente requeridos…”.

“… Todos los docentes tienen alta calificación, trayectoria docente en universidades y experiencia profesional y en la profesión libre o en el Poder Judicial del área de derecho del Trabajo y Seguridad Social …tanto entre los profesores estables como entre los invitados se observa que se incluyen docentes de docentes. Esto justifica que están más que capacitados para dirigir proyectos de investigación y para tutores de alumnos …La infraestructura cumple los requerimientos mínimos para el desarrollo del posgrado…”.

“…Se prevén mecanismos de orientación y supervisión para el desarrollo de la tesis. Las líneas investigativas en las que incursionan dichos proyectos versan sobre problemáticas muy actuales del Derecho Laboral y los proyectos tienen estrecha vinculación con los contenidos de la maestría…”.

NUEVA ACREDITACIÓN DE LA MAESTRÍA POR LA CONEAU: RESOLUCION 319/10 (21/5/2010)

La COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) – Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación- acreditó la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, creada y dirigida por el Dr. Julio Armando Grisolia, que se dicta en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, con elogiosos conceptos, sin observaciones y por el período máximo previsto en las normas aplicables (ver el texto completo de la Resolución 319/10 del 21 de mayo de 2010 en www.coneau.edu.ar ).

La SADL felicita especialmente por su impecable gestión a su director el Dr. Julio Armando Grisolia, y también al coordinador Dr. Pedro Núñez, a los miembros del Comité Académico (Dres. Santiago J. Rubinstein, Estela Ferreirós, Julio C. Neffa, Carlos Aldao Zapiola, César Lorenzano y Enrique Timó), a los miembros del Comité de Dirección (Dres. Alberto Chartzman Birenbaum y Eleonora Peliza) y a todo el cuerpo docente integrado en su mayoría por socios de la SADL (Dres. Grisolia, Ferreirós, Núñez, Recalde, Rubinstein, Sardegna, Fera, De Diego, Scotti, Hierrezuelo, Martorell, Picón, Rodríguez Brunengo, Funes de Rioja, Perugini, López, Maddaloni, Lescano Cameriere, Díaz, Swida, Rodriguez Romero, Guida, entre otros).
En la extensa resolución se analizan y detallan distintos aspectos de la carrera, destacando -entre otros- los antecedentes, cualidades y capacidad de gestión del Director, la calidad académica del cuerpo docente, la organización y originalidad de los contenidos, la pluralidad y el carácter interdisciplinario que permite ampliar las perspectivas y puntos de vista de una misma cuestión y el estimula permanente a la reflexión.

Seguidamente se extractan algunos párrafos de la resolución 319/10, del 21 de mayo de 2010, y se transcriben las principales consideraciones:

EVALUACION DE LA CARRERA POR LA CONEAU
CONEAU. RESOLUCIÓN 319/10 (21/5/2010)
Acreditar la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

La carrera ha sido evaluada anteriormente por la CONEAU como proyecto, resultando acreditada mediante Res. Nº 020/04 (20/2/2004).

La Maestría presenta una propuesta de posgrado novedosa en la disciplina, en particular en lo atinente al Derecho Laboral Internacional, con activa participación de expertos de la Organización Internacional del Trabajo. Esta propuesta constituye un aporte valioso para la Universidad.

Las líneas de investigación de la unidad académica son numerosas y con temáticas diversas, algunas de estas líneas tienen relación con la presente propuesta, específicamente las desarrolladas en el Instituto de Estudios interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la UNTREF.

La estructura de gobierno es adecuada. La distribución de funciones es correcta y establece una alta participación del Comité Académico, que trabaja mancomunadamente con el Director de la carrera y con numerosos profesores que voluntariamente colaboran en la selección de temas.

El Director -Dr. Julio Armando Grisolia- posee amplios antecedentes y una reconocida trayectoria, que se ha concretado en publicaciones regulares. Tiene títulos de Abogado, de Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y de Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Cuenta con una Diplomatura en Relaciones Laborales y Sociales en la Unión Europea y América de la Universidad de los Jagiellones de Cracovia (Polonia). Tiene experiencia en gestión y trayectoria en docencia universitaria. Ha dirigido varias tesis doctorales y de maestría. Ha participado en proyectos de investigación como director y ha desarrollado experiencia profesional en el Poder Judicial de la Nación. Su producción científica comprende la publicación de gran cantidad de artículos en revistas con arbitraje, 6 libros como autor y varios en coautoría. Ha participado en jurados de concursos, de tesis y en comités editoriales y dirige revistas jurídicas especializadas en el área.

Los integrantes del Comité Académico son profesionales con antecedentes destacados, varios de ellos con participación en organismos internacionales (por ejemplo, OIT, UNESCO, Programa ALFA – Comisión Europea, CONICET, entre otros), antecedentes que justifican sus nombramientos. También el Coordinador cuenta con trayectoria y dedicación apropiada para el cumplimiento de las responsabilidades a su cargo.

La normativa presentada es orgánica y suficiente para regular el desarrollo de las actividades de esta carrera. Contempla adecuadamente aspectos sustanciales que hacen al funcionamiento del posgrado, tales como la estructura de gestión, requisitos para conformar el cuerpo académico, condiciones de admisión, modalidades de la evaluación final, composición de los jurados de tesis y exigencias de calidad para su aprobación.

La carrera se dicta a partir de un convenio celebrado con la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, que establece disposiciones claras y precisas sobre las responsabilidades, deberes y derechos de las partes.

La organización de las actividades curriculares es apropiada. El plan de estudios se encuentra organizado en 3 áreas temáticas integradas por 12 módulos que componen las
partes centrales de la carrera: 1) Derecho del Trabajo; 2) Relaciones del Trabajo y Relaciones Internacionales y 3) Metodología y Seminario de Tesis.

Existe equilibrio entre las diversas actividades curriculares que cubren las temáticas del posgrado y a la vez un adecuado balance entre teoría (tanto nacional como internacional) y práctica. La carga horaria total es suficiente para otorgar una buena formación.

Los contenidos de los programas son adecuados y actualizados, incorporan la doctrina judicial y criterios de los Organismos Internacionales, respaldados por una bibliografía actualizada y pertinente.

Las modalidades de evaluación previstas son variadas, dependiendo del tipo de actividad y se consideran apropiadas.
Existe una adecuada correspondencia entre el diseño del plan de estudios, los objetivos de la carrera, el perfil de graduado propuesto y la denominación del posgrado.

Los alumnos deben completar 100 horas de otras actividades, que consisten en la participación activa en cursos, seminarios, jornadas y congresos que organiza la Maestría o que auspicia junto a instituciones con las que se han celebrado convenios (SADL, ARTRA, Colegios de Abogados y otras universidades). Estas actividades son adecuadas y complementan la formación del alumno. Se destaca que la mayoría de los trabajos presentados como ponencias en los Seminarios o Jornadas, fueron publicados en revistas especializadas.

El proceso de selección se realiza a través de una entrevista con autoridades de la carrera, lo que se considera adecuado.

Existe correspondencia entre los títulos y antecedentes requeridos para los ingresantes y el campo de estudio de la carrera.
El cuerpo docente presenta titulación y experiencia en docencia universitaria de grado y posgrado, en investigación, en dirección y evaluación de tesis y trabajos finales y en formación de recursos humanos, apropiados para esta Maestría. Los antecedentes de un grupo significativo de profesores son destacados y se observa una buena complementación entre figuras de amplia trayectoria con jóvenes profesionales que están desarrollando una meritoria carrera académica.

Los integrantes del plantel docente cuentan en su mayoría con experiencia en la dirección de carreras de posgrado, de tesis o trabajos finales y de proyectos de investigación, y han integrado jurados de evaluación de carrera docente y de tesis.

El cuerpo académico está formado por 35 integrantes, 25 estables y 10 invitados. De los estables, 13 poseen título máximo de doctor, 11 títulos de magister y 1 título de especialista. De los invitados, 2 tienen título máximo de doctor, 5 títulos de magister, 1 título de especialista y 2 títulos de grado. Los integrantes del cuerpo académico se han formado en las áreas disciplinares de Derecho Laboral y Seguridad Social. En los últimos cinco años 20 han dirigido tesis o trabajos de posgrado, 30 cuentan con producción científica, 11 han participado en proyectos de investigación y tienen adscripción a organismos de promoción científico – tecnológica, 31 han desarrollado experiencia en el ámbito no académico (ámbito privado y ámbito público).

Los mecanismos de supervisión de la tarea docente están a cargo de las autoridades de la carrera y se consideran adecuados, resaltando el incremento de jóvenes profesores con destacada vocación docente y de investigación.
La Maestría presenta vinculación con algunas carreras de posgrado que se dictan en la unidad académica. En general, los docentes de esta carrera participan en el dictado de clases tanto en grado como en posgrado, lo que se considera adecuado.

Se observa un incremento de ingresantes en las distintas cohortes desde el inicio del dictado del posgrado. Los alumnos son en un 95% abogados (que ejercen la profesión, empleados, funcionarios y Magistrados del Poder Judicial, del Ministerio de Trabajo y consultores de empresas y de sindicatos). El 5% restante son egresados de las carreras de Ciencias Económicas, Licenciatura en Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Administración de Empresas.

Es una fortaleza de la carrera el mantener un número de alumnos que permita un contacto directo y frecuente entre el Director, el Coordinador y los profesores. También y especialmente el proponer que la tesis se comience a elaborar durante el cursado de la carrera.

El fondo bibliográfico existente tanto en la unidad académica como en la biblioteca de la SADL es numeroso y actualizado. Estas bibliotecas ofrecen servicios de conexión y acceso a bases de datos y a publicaciones de relevancia en la especialidad.

La modalidad elegida para la evaluación final es apropiada para una Maestría y la composición de los jurados de tesis se ajusta a lo establecido en la Resolución Ministerial Nº 1168/97.
La calidad de varias tesis ha merecido la calificación de sobresaliente, aconsejándose su publicación. Las tesis aprobadas han sido presentadas dentro de los plazos previstos por la normativa y son de calidad.

Las tesis de la Maestría se rigen por el Reglamento de Postgrado de la UNTREF (aprobado mediante Res. CS Nº 005/08), que establece que las mismas deben ser desarrolladas por los alumnos bajo la supervisión de un director y ser defendidas en forma pública y oral ante un Jurado de Tesis. El Jurado de Tesis debe estar conformado por profesores o investigadores que acrediten iguales requisitos que los directores de tesis. Debe estar integrada por 3 miembros y al menos 1 de ellos debe ser externo a la Universidad.
Las actividades de investigación que se realizan han tenido un incremento notable desde el inicio de la carrera, lo que ha redundado en el egreso de alumnos que, actualmente, integran el cuerpo docente de distintas universidades.

Las actividades informadas se encuentran vigentes y en 2 de ellas se informan resultados (publicaciones en revistas con y sin arbitraje). Estas actividades se vinculan con la temática del posgrado y participan en ellas docentes y alumnos de la Maestría. Algunas se relacionan con las actividades desarrolladas en el IDEIDES y son financiadas por la propia institución.

Las actividades de transferencia se consideran coherentes y tienen un número suficiente para contribuir a la capacitación del alumno.

Merecen ser mencionados la publicación en forma regular y permanente de la revista “Laboral” editada por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, los Congresos Nacionales de la citada Sociedad y los Encuentros de Maestrandos y los Congresos Internacionales y actividades académicas de la Asociación de Relaciones del Trabajo (ARTRA).

Los mecanismos de orientación de los alumnos son positivos y el número de inscriptos permite un contacto directo y frecuente de los alumnos con el Director, con el Coordinador y con docentes de la carrera.

A raíz de recientes modificaciones al plan de estudios, se ha logrado incrementar la tasa de graduación y mejorar la calidad de las tesis presentadas, lo que se considera un aspecto positivo de la carrera.
A raíz de la tarea de las autoridades de la carrera, se realizaron cambios en el plan de estudios y reformas en las técnicas de capacitación de los alumnos para la preparación de las tesis (encuestas, entrevistas, orientación bibliográfica, entre otros). También se ha realizado un mayor control de la actividad de los docentes mediante asistencia de las autoridades de la carrera a las clases y reuniones periódicas con los profesores.

En función de las recomendaciones efectuadas en la evaluación anterior se implementaron las siguientes acciones: el ingreso a la Maestría se limitó a egresados de aquellas carreras que contemplaran dentro de su plan de estudios el cursado de materias de Derecho y, en particular, de Derecho del Trabajo; la sede de la Dirección de Posgrados de la UNTREF amplió su capacidad y dispone actualmente de 14 aulas, Laboratorio de Idiomas e Informático, acceso a Internet, biblioteca y un espacio propio para la atención personalizada de los alumnos todos los días. También se articularon adecuadamente algunos aspectos del funcionamiento del posgrado.

La modificación del plan de estudios implicó la inclusión de docentes responsables de las distintas áreas. La actividad conjunta y articulada de las autoridades con los docentes de la Maestría y con el coordinador del área de Metodología y Seminario de Tesis, es adecuada para garantizar un correcto enfoque y tratamiento de los temas de investigación propuestos por los alumnos para sus tesis.

Existe correspondencia entre los juicios emitidos en esta evaluación y la información vertida por la institución en la autoevaluación.

Por ello, LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) RESUELVE: ACREDITAR la carrera de Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Dirección de Posgrados, que se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un periodo de 6 años.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Ejemplo de ello son los Seminarios, Diplomaturas, Congresos Internacionales y Encuentros Nacionales de Maestrandos que todos los años se realizan con más de 700 participantes en diferentes ciudades: 2007 en Villa María -Córdoba-, 2008 en Mar del Plata, 2009 en Buenos Aires, 2010 en Junín, 2011 en Mar del Plata, 2012 en Maipú -Mendoza-, 2013 en Cataratas del Iguazú -Misiones-,.
En virtud de los convenios con la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y con la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA), la Maestría organiza y auspicia en forma permanente una importante cantidad de eventos académicos: seminarios, cursos, conferencias, charlas debate con destacados profesionales y académicos del área disciplinar.

Entre ellas se destacan los Encuentros Nacionales de Maestrandos -eventos de trascendencia académica, caracterizados por la pluralidad de opiniones en un marco de debate y libertad intelectual- que se desarrollan cada año en distintas ciudades de la Argentina con una asistencia de más de 700 participantes.

En 2008 la Maestría organizó con la ARTRA el VI Congreso Regional de las Américas de la IIRA (International Industrial Relations Association), que se desarrolló en Buenos Aries y que fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Presidencia de la Nación). El congreso movilizó a más de 700 especialistas, entre ellos contó con la participación de 200 académicos representantes de países de los cinco continentes y 152 calificados expositores, varios de ellos egresados y docentes de la Maestría.

En 2009 organizó el III Encuentro Nacional de Maestrandos (Buenos Aires, 13 a 16 de octubre), que coincidió con el VII Congreso Nacional de la SADL y el III Congreso Internacional de ARTRA, en el que hubo más de 800 participantes -entre profesionales inscriptos, profesores y alumnos de la Maestría- de distintas provincias y del exterior, más 70 expositores, ponentes y coordinadores (entre ellos 12 extranjeros -España, Italia, Polonia, Guatemala, Chile, Uruguay, Colombia, Perú y Venezuela) -en 6 sesiones plenarias, 6 workshop, 2 conferencias y 1 mesa redonda- y 28 miembros de la Comisión Organizadora y Comité Científico- en este evento académico de trascendencia, caracterizado por la pluralidad de opiniones, con una importante repercusión periodística.

Fue auspiciado por diversas universidades e institutos y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Se han firmado diversos convenios de cooperación, debiendo destacarse el suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el RENATRE, la Universidad de los Jagiellones (Cracovia), la Universidad de Gdansk (Polonia) y la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), que ha generado intercambio de profesores y seminarios sobre Derechos Humanos y Derecho del Trabajo en América Latina, dictados en la UNTREF por profesores extranjeros, y con las Universidad de Sevilla y la Universidad de Módena que ha generado seminarios para posgraduados en Derecho del Trabajo Comparado.

El convenio firmado con la Universidad de los Jagiellones de Cracovia, que ha generado un intercambio de docentes y una importante actividad realizada en Polonia y Argentina por la cual nuestros egresados cursan anualmente un enriquecedor seminario internacional dictado mayoritariamente por profesores polacos.

En ese marco la Maestría presentó la publicación del libro “Carta de los Derechos Sociales Europeos”, del Dr. Andrzej Marian Swatkowski -profesor titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo y Política Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Jagiellones de Cracovia- prologado por el Dr. Grisolía, y editado por la editorial de la universidad EDUNTREF.

A fin de canalizar las inquietudes de los egresados de la Maestría- la UNTREF creó el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES), que se ocupa de temas atinentes al Derecho del Trabajo, las Relaciones Laborales, la Política de Empleo, la Seguridad Social, la Negociación, el Derecho del Trabajo y las Relaciones Laborales Comparadas en América Latina y Europa.

PLAN DE ESTUDIOS

Carga horaria: 640 hs.

A. AREA DERECHO DEL TRABAJO: Carga Horaria: 360 hs
B. AREA RELACIONES DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES
INTERNACIONALES: Carga Horaria: 180 hs
C. AREA METODOLOGIA Y SEMINARIO DE TESIS: Carga Horaria: 100 hs

INVESTIGACIÓN: 160 hs.

OTRAS ACTIVIDADES: 100 hs.

A. AREA DERECHO DEL TRABAJO
Carga Horaria: 360 hs.
COORDINADORA DEL AREA: DRA. ESTELA FERREIROS

MODULO I (AREA A): Derecho de las Relaciones Individuales del Trabajo Profundizadas I
Carga Horaria: 
70 hs.
DOCENTE RESPONSABLE:   DR. JULIO ARMANDO GRISOLIA

MODULO II (AREA A): Derecho de las Relaciones Individuales del Trabajo Profundizadas II
Carga Horaria:
 70 hs.
DOCENTE RESPONSABLE: DR. JULIO ARMANDO GRISOLIA.

MODULO III (AREA A): Derecho de las Relaciones Colectivas del Trabajo Profundizadas
Carga Horaria: 
60 hs.
DOCENTE RESPONSABLE: DR. PEDRO FERNANDO NÚÑEZ.

MODULO IV (AREA A): Derecho de la Seguridad Social
Carga Horaria:
 40 hs.
DOCENTE RESPONSABLE: DRA. ESTELA FERREIROS

MODULO V (AREA A): Derecho de los Sistemas de Relaciones Laborales Comparadas
Carga Horaria:
 60  hs.
DOCENTE RESPONSABLE: DR. WOJCIECH SWIDA

MODULO VI (AREA A): Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo
Carga Horaria:
 30 hs.
Parte I: Aspectos administrativos y contables (10 hs)
Parte II: Procedimiento Judicial (20 hs)
DOCENTE RESPONSABLE:
 DR. ALBERTO CHARTZMAN BIRENBAUM

MODULO VII (AREA A) Jurisprudencia y Práctica Laboral
Carga horaria:
 30 hs.
DOCENTE RESPONSABLE: DRA. LILIANA N. PICON

B. AREA RELACIONES DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES
Carga Horaria:
 180 hs.
COORDINADOR DEL AREA: DR. JULIO CESAR NEFFA

MODULO I (AREA B): Introducción a la Problemática de las Relaciones Laborales
Carga Horaria:
 70  hs.

Parte I: Historia de los sistemas económicos (15 hs)
Parte II: Historia del trabajo y política de empleo (20 hs)
Parte III: Estrategia en recursos humanos (20 hs)
Parte IV: Introducción a la psicología organizacional (15 hs)

DOCENTE RESPONSABLE: DR. PEDRO FERNANDO NUÑEZ

MODULO II (AREA B): Relaciones Internacionales en el Mundo del Trabajo
Carga Horaria: 
70 hs.

Parte I: Introducción a las relaciones internacionales (20 hs)
Parte II: Convenios y decisiones de la OIT (10 hs)
Parte III: Dimensión Sociolaboral de los Procesos de Integración I. Europa (20 hs)
Parte IV: Dimensión Sociolaboral de los Procesos de Integración II. América Latina (20hs.)

DOCENTE RESPONSABLE: DR. CARLOS ALDAO ZAPIOLA

MODULO III (AREA B): Negociación en el Conflicto
Carga Horaria: 
40 hs.

Parte I: Introducción a la resolución adecuada del conflicto (20 hs)
Parte II: Gestión en la negociación colectiva (20 hs)
DOCENTE RESPONSABLE:
 DRA. VIVIANA LAURA DIAZ

C. AREA METODOLOGIA Y SEMINARIO DE TESIS
Carga Horaria: 100 hs.
COORDINADOR DEL AREA: DR. ENRIQUE TIMÓ

MODULO I (AREA C): Metodología y Técnicas de Investigación
Carga Horaria:
 60 hs.
DOCENTES RESPONSABLES: DRS. ENRIQUE TIMÓ Y GRACIELA BOTTO

MODULO II (AREA C):  Seminario de Tesis
Carga Horaria:
 40 hs.
DOCENTES RESPONSABLES: DR. ENRIQUE TIMÓ Y GRACIELA BOTTO

INVESTIGACIÓN Y TUTORIAS: 160 hs                                                                       COORDINADORA: DRA. PAULA SARDEGNA

OTRAS ACTIVIDADES (congresos, seminarios y cursos adicionales): 100 hs.

FUNDAMENTACION

Dirigido a abogados, y también a contadores y licenciados en relaciones laborales y recursos humanos, administración de empresas, ciencias económicas, con especial interés en su formación académica.

El objetivo es formar investigadores y académicos especializados y brindarles un panorama integral de las relaciones laborales principalmente desde el derecho, pero también desde la sociología, la economía, las relaciones internacionales y la psicología. Capacitar con una visión moderna, totalizante y actualizada a los académicos que desde distintas funciones se vinculan con las relaciones laborales y el mundo del trabajo ejerciendo distintas responsabilidades en diferentes instituciones.

El abordaje de la temática de esta maestría interdisciplinaria es integral: abarca un análisis profundizado de los temas esenciales del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social , y su relación con el derecho internacional y los procesos de integración regional, no solo destacando los aspectos jurídicos, sino también los económicos, sociológicos e instrumentales de las relaciones laborales y su vinculación con todo tipo de organizaciones (públicas y privadas). Apunta a la adquisición de nuevos conocimientos, a estimular la reflexión y a ampliar las perspectivas y puntos de vista de una misma cuestión, que no puede lograr el conocimiento ni la experiencia parcializada.

La Maestría surge de una idea del Dr. Julio Armando Grisolia, que en 2002 elaboró y presentó a la UNTREF el proyecto de la carrera de posgrado, que fue aprobado por el Consejo Superior de la UNTREF (res. 15/02 del 21/8/02).

Desde su creación la Maestría ha tenido singular éxito, amplia difusión y ha obtenido el reconocimiento de los especialistas del área, además del auspicio institucional de la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Corrientes.

Cuenta con el aporte permanente de los integrantes de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y de la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA) y con el desarrollo y experiencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en temas vinculados al área de las relaciones internacionales y los procesos de integración regional.

Se dicta todos los años con vacantes agotadas desde 2003, superado entre cursantes y egresados los 1000 maestrandos. Surge de la autoevaluación muestras de satisfacción por su contenido -que apunta a la capacitación con una visión moderna, totalizante y actualizada-, su abordaje interdisciplinario -que permite ampliar las perspectivas y puntos de vista de una misma cuestión-, y se ha valorado también como fortalezas, su diseño interdisciplinario, su organización y dirección, como asimismo la calidad académica, la solvencia del cuerpo docente y el estímulo permanente a la reflexión.

Reseña de las principales Normas Laborales de 2012

Por el Dr. Julio Armando Grisolia

• Decreto 298/2011 (BO del 30/12/2011)

IMPUESTOS. REGÍMENES DE REGULARIZACIÓN. NORMALIZACIÓN. EMPLEO. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO. RÉGIMEN DE REGULARIZACIÓN IMPOSITIVA, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO REGISTRADO, EXTERIORIZACIÓN Y REPATRIACIÓN DE CAPITALES. VIGENCIA. PRÓRROGA

 

• Ley 26719 (BO del 02/01/2012)

ACUERDOS. PASANTÍAS. ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL RELATIVO AL INTERCAMBIO DE PASANTES. APROBACIÓN

 

• Resolución 796/2011 – Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (BO del 10/01/2012)

TRABAJO AGRARIO. SISTEMA INTEGRAL DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. EMPLEO. PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. FALLECIMIENTO DEL BENEFICIARIO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO. CÓNYUGE SUPÉRSTITE Y/O FAMILIARES. OTORGAMIENTO TOTAL DEL BENEFICIO

 

• Resolución 3/2011 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 24/01/2012)

EMPLEO. PROGRAMAS. OTROS. PROGRAMA DE EMPLEO COMUNITARIO. CREACIÓN. OBJETIVOS. VIGENCIA. PRÓRROGA

 

• Resolución 89/2012 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Bo del 30/01/2012)

CORREOS. DESPACHO OBRERO. VALOR QUE SE ABONARÁ AL CORREO ARGENTINO S.A. MODIFICACIÓN

 

• Resolución 425/2012 – Administración de Programas Especiales (BO del 24/01/2012)

PROGRAMA DE COBERTURA DE PRESTACIONES MEDICO ASISTENCIALES

 

• Disposición 170/2012 – Servicio Nacional de Rehabilitación (BO del 31/01/2012)

DISCAPACITADOS. CERTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA. NORMATIVA. APROBACIÓN

 

• Disposición 171/2012 – Servicio Nacional de Rehabilitación (BO del 31/01/2011)

DISCAPACITADOS. CERTIFICACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL. NORMATIVA. APROBACIÓN

 

• Desición Administrativa 114/2011 – Jefatura de Gabinete de Ministros (BO del 03/02/2012)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. LICENCIAS, JUSTIFICACIONES Y FRANQUICIAS. LICENCIA ANUAL ORDINARIA. TRANSFERENCIA. AUTORIZACIÓN

 

• Ley 4064. Buenos Aires (Ciudad). (BO del 03/02/2012)

EMPRESAS. RÉGIMEN DE PROMOCIÓN PARA LAS NUEVAS EMPRESAS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. CREACIÓN

 

• Resolución 4/2012 – Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación Profesional (BO del 06/02//2012)

EMPLEO. PROGRAMAS. APOYO A TALLERES PROTEGIDOS. DISCAPACITADOS. PROGRAMA DE ASISTENCIA A LOS TRABAJADORES DE LOS TALLERES PROTEGIDOS DE PRODUCCIÓN. INSTRUMENTOS OPERATIVOS. APROBACIÓN

 

• Resolución 1/2012 – Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (BO del 8/02/2012)

PROCEDIMIENTO LABORAL. PODERES OTORGADOS CON ANTIGÜEDAD MAYOR A DOS AÑOS. ARCHIVO. DESTRUCCIÓN

 

• Decreto 201/2012 (BO del 10/02/2012)

SEGURIDAD SOCIAL. APORTES Y CONTRIBUCIONES. CONTRIBUCIONES PATRONALES. CONTRIBUCIONES PATRONALES. EXENCIONES. APLICACIÓN. SUSPENSIÓN

 

• Decreto 201/2012 (BO del 10/02/2012)

SEGURIDAD SOCIAL. APORTES Y CONTRIBUCIONES. CONTRIBUCIONES PATRONALES. CONTRIBUCIONES PATRONALES. EXENCIONES. APLICACIÓN. SUSPENSIÓN

 

• Resolución 147/2012 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 24/02/2012)

EMPLEO. PROGRAMAS. OTROS. TELECOMUNICACIONES. COORDINACIÓN DE TELETRABAJO. CREACIÓN. ACCIONES. DETERMINACIÓN

 

• Resolución 146/2012 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social(BO del 24/02/2012)

EMPLEO. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL EMPLEO. COMISIONES. COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL. CREACIÓN

 

• Resolución 163/2012 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 24/02/2012)

EMPLEO. PROGRAMAS. EMERGENCIA LABORAL. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN PRODUCTIVA. VIGENCIA. PRÓRROGA

 

• Resolución General 3279/2012 AFIP (BO del 01/03/2012)

NORMAS GENERALES DE RETENCIÓN Y PERSONAL EN REPLACION DE DEPENDENCIA. RETRIBUCIONES NO REMUNERATIVAS. RÉGIMEN DE INFORMACIÓN.

 

• Resolución 205/2012 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 02/03/2012)

ASOCIACIONES SINDICALES Sindicato de Obreros, Pasteleros, Confiteros y Pizzeros. Estatuto. Aprobación.

 

• Resolución 210/2012 – Instituto Nacional de Educación Tecnológica 12/03/2012

Educación Proyectos de Educación Trabajo. Presentación, evaluación, asignación y rendición. Procedimiento

 

• Resolución General 3282/2012 – Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 14/03/2012)

Seguridad social – Aportes y Contribuciones Sistema Único de la Seguridad Social (S.U.S.S.). Indicador Mínimo de Trabajadores. Actividades. Incorporación

 

• Resolución 280/2012 – Secretaría de Empleo (BO del 30/03/2012)

EMPLEO – Programas Programa Trabajo Autogestionado. Reglamento Operativo. Aprobación.

 

• Resolución 352/2012 – Secretaría de Trabajo (BO del 30/03/2012)

EMPLEO – Promoción y Protección del Empleo Empresas dedicadas a la prestación de servicios eventuales. Formulario remuneración a percibir. Aprobación.

 

• Resolución 352/2012 Secretaría de Trabajo (BO del 30/03/2012)

EMPLEO – Promoción y Protección del Empleo Empresas dedicadas a la prestación de servicios eventuales. Formulario remuneración a percibir. Aprobación.

 

• Resolución 280/2012 – Secretaría de Empleo (BO del 30/03/2012)

EMPLEO – Programas Programa Trabajo Autogestionado. Reglamento Operativo. Aprobación.

 

• Resolución 352/2012 – Secretaría de Trabajo (BO del 30/03/2012)

EMPLEO – Promoción y Protección del Empleo Empresas dedicadas a la prestación de servicios eventuales. Formulario remuneración a percibir. Aprobación.

 

• Resolución S/N/2012 – Cámara de Diputados (BO del 09/04/2012)

Seguridad social – Aportes y Contribuciones. Contribuciones Patronales Contribuciones patronales. Exenciones. Aplicación. Suspensión. Validez. Declaración.

 

• Resolución S/N/2012 – Cámara de Diputados (BO del 09/04/2012)

Seguridad social. Aportes y Contribuciones. Contribuciones Patronales. Contribuciones patronales. Exenciones. Aplicación. Suspensión. Validez. Declaración.

 

• Resolución 408/2012 – Ministerio de Salud (BO del 10/04/2012)

DISCAPACITADOS. SALUD PÚBLICA. Establecimientos educativo-terapéuticos, asistenciales o de rehabilitación. Exigencia de dirección médica y/o habilitación sanitaria. Suspensión.

 

• Resolución 682/2012 – Secretaría de Empleo (BO del 26/04/2012)

EMPLEO – Programas. Otros Programa Trabajo Autogestionado. Unidades Productivas Autogestionadas. Modalidad de transferencia directa de recursos dinerarios. Reglamentación

 

• Resolución 517/2012 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 25/04/2012)

RIESGOS DEL TRABAJO – Prestaciones Dinerarias. Normas Generales Régimen. Prestaciones Dinerarias. Montos. Equivalencia del valor Módulo Provisional. Determinación

 

• Resolución General 3329/2012 – Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 11/05/2012)

Seguridad social – Recursos. Deudas. Intereses Recursos de la seguridad social. Determinación e impugnación de deudas. Procedimiento. Modificación

 

• Resoluciones 35,37,40,41,42,43/2012 – Comisión Nacional de Trabajo Agrario (BO del 10/05/2012)

TRABAJO AGRARIO – Remuneraciones

 

• Resolución 419/2012 – Superintendencia de Servicios de Salud (BO del 24/05/2012)

Medicina prepaga – SALUD PÚBLICA Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga. Cuota de los planes para usuarios. Valor. Determinación. Plazo

 

• Resolución 89/2012 – Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (BO del 28/05/2012)

Empresas – Créditos Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Programa de Estímulo al Crecimiento. Régimen de Bonificación de Tasas. Bonificación a los créditos otorgados por utilización de cupos colocados. Emisión de órdenes de pago.

 

• Resolución 6/2012 – Consejo Gremial de Enseñanza Privada (BO del 01/06/2012)

Contrato de trabajo – Indemnizaciones – Educación Institutos incorporados a la enseñanza oficial. Despido de personal de servicio y maestranza, administrativo y docente. Tope indemnizatorio por antigüedad. Determinación

 

• Resolución 141/2012 – Subsecretaría de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social (BO del 06/06/2012)

Menores – Contrato de trabajo – Trabajo de menores Trabajo Infantil. Modelos de formularios a utilizar en las acciones de fiscalización. Determinación

 

• Resolución 203/2012 – Ministerio de Industria (BO del 07/06/2012)

Empresas – JUVENTUD Programa de Fomento Financiero para Jóvenes Emprendedores. Modificación.

 

• Ley 8410 – Poder Legislativo Provincial (BO del 12/06/2012)

Poder Legislativo – Empleo público Personal de la Legislatura de Mendoza. Convenio Colectivo de Trabajo. Licencia especial por hijo discapacitado. Rectificación. Ratificación

 

• Resolución 152/2012 – Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa (BO del 14/06/2012)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – Empleo público Empleados públicos. Régimen de deducción de haberes. Registro de Entidades. Inscripción y baja. Procedimiento. Prórroga de plazo

 

• Resolución 560/2012 – Superintendencia de Servicios de Salud (BO del 29/06/2012)

Medicina prepaga Empresas de medicina prepaga y cooperativas, mutuales, asociaciones civiles y fundaciones cuyo objeto total o parcial consista en brindar prestaciones de prevención, protección, tratamiento y rehabilitación de la salud humana. Plan Básico. Cobertura Prestacional Mínima. Requisitos

 

• Resolución 1100/2012 – Secretaría de Empleo (BO del 25/06/2012)

EMPLEO – Programas. Capacitación Seguro de Capacitación y Empleo. Reglamento. Modelo de Convenio de Adhesión. Aprobación.

 

• Resoluciones 46,47,48,49,50 Y 52 /2012 – Comisión Nacional de Trabajo Agrario (BO del 04/07/2012)

TRABAJO AGRARIO – Remuneraciones

 

• Decreto 1027/2012 – Poder Ejecutivo Nacional (BO del 05/07/2012)

TELECOMUNICACIONES – INFORMÁTICA Sectores de bienes de capital, informática y telecomunicaciones. Fabricación nacional. Promoción. Incentivos. Régimen. Modificación. Bienes de capital. Fabricantes locales. Régimen de incentivo fiscal. Requisitos. Modificación

 

• Decreto 1187/2012 – Poder Ejecutivo Nacional (BO del 19/07/2012)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – Remuneraciones – BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA Sector Público Nacional. Pago de haberes mediante el Banco de la Nación Argentina. Implementación

 

• Ley 6997 – Poder Legislativo Provincial (BO del 25/07/2012)

Procedimiento judicial – CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y COMERCIAL – Procedimiento laboral Recursos de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley. Reglamentación. Recusaciones y excusaciones. Modificación. Justicia del Trabajo y Procedimiento Laboral. Recursos Extraordinarios. Modificación

 

• Ley 6998 – Poder Legislativo Provincial (BO del 25/07/2012)

Contrato de trabajo – Procedimiento laboral Pacto Federal del Trabajo. Ratificación. Infracciones laborales. Régimen de sanciones. Modificación

 

• Resolución 1365/2012 – Secretaría de Empleo (BO del 02/08/2012)

EMPLEO – Promoción y Protección del Empleo Programa Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo. Personas desocupadas en situación de vulnerabilidad social con padecimientos mentales bajo tratamiento psiquiátrico con modalidad de internación y/o ambulatoria en una institución pública. Extensión

 

• Resolución 271/2012 – Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa (BO del 13/08/2012)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Personal asignado a ocupaciones técnicas orientadas a la investigación, diagnóstico o asistencia directa a la salud humana. Suplemento por función específica. Régimen

 

• Resolución 273/2012 – Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa (BO del 13/08/2012)

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – Empleo público Obligaciones de dar sumas de dinero. Régimen de deducción de haberes. Registro de Entidades. Instituto de Vivienda del Ejército. Incorporación

 

• Resolución 695/2012 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 21/08/2012)

EMPLEO – Programas. Otros Programa “Construir Empleo”. Objetivos. Creación.

 

• Resolución 2/2012 – CNEPSMVM (BO del 30/08/2012)

Fija para todos los trabajadores comprendidos en la LCT, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador, un SALARIO MINIMO, VITAL Y MOVIL excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con lo normado en el artículo 140 de la Ley Nº 24.013, de:

A) A partir del 1° de septiembre de 2012, en $ 2.670 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal de trabajo, conforme al art. 116 de la LCT, con excepción de las situaciones previstas en el art. 92 ter y 198, primera parte, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de $ 13,35 por hora, para los trabajadores jornalizados.

B) A partir del 1° de febrero de 2013, en $ 2.875 para los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal conforme al art. 116 de la LCT, con excepción de las situaciones previstas en el art. 92 ter y 198, primera parte, del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de $ 14,38 por hora, para los trabajadores jornalizados.

 

• Resolución 2/2012 – Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (BO del 30/08/2012)

Contrato de trabajo – Régimen ley 20.744. Normas Complementarias – Remuneraciones Salario Mínimo, Vital y Móvil. Trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos en que el Estado Nacional actúe como empleador. Determinación

 

• Ley 26.763 – Poder Legislativo Nacional (BO del 11/09/2012)

FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES Bicentenario de la Batalla de Tucumán. 24 de Septiembre de 2012. Feriado extraordinario

 

• Resolución 1362/2012 – Secretaría de Trabajo (BO del 18/09/2012)

Contrato de trabajo – Régimen ley 20.744 – Firma digital Recibos de pago de salarios al personal de relación de dependencia. Empleo de la firma digital o electrónica. Requisitos generales. Precisiones y aclaraciones

 

• Decreto 1720/2012 – Poder Ejecutivo Nacional (BO del 20/09/2012)

EMPLEO – RIESGOS DEL TRABAJO – MUTUALES – Registros Aseguradoras de Riesgos del Trabajo sin fines de lucro “ART-MUTUAL”. Constitución. Registro Laboral. Creación

 

• Proyecto de reforma a la LRT del Poder Ejecutivo. 21/9/2012. Ver cuadro comparativo

 

• Resolución 815/2012 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 02/10/2012)

EMPLEO – Prestación por Desempleo Seguro de Capacitación y Empleo. Cobertura. Extensión.

 

• Ley 26.773 (BO del 26/10/2012) REFORMA A LA LRT

Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

TEXTO COMPLETO

 

• Resolución 915/2012 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 23/10/2012)

RIESGOS DEL TRABAJO Comité Consultivo Permanente de la Ley sobre Riesgos del Trabajo. Sesión ordinaria. Convocatoria

 

• Resolución 957/2012 y 958/2012 – Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 06/11/2012)

Servicio doméstico – Remuneraciones Trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico de la Provincia de Córdoba. Remuneraciones mensuales mínimas. Determinación.

 

• Resolución 1436/2012 – Superintendencia de Servicios de Salud (BO del 12/11/2012)

Obras sociales Beneficiarios con una opción de cambio vigente. Redireccionamiento de aportes y contribuciones por inicio de una nueva relación laboral. Alcance. Aclaración

 

• Resolución 1552/2012 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 14/11/2012)

RIESGOS DEL TRABAJO – Régimen Legal – HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO Teletrabajo. Condiciones mínimas de seguridad e higiene para los trabajadores que se desempeñan bajo esta modalidad. Determinación

 

• Resolución 467/2012 – Secretaria de Gabinete y Coordinación Administrativa (BO del 21/11/2012)

Empleo público – ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Sistema Nacional de Empleo Público. Régimen de Selección de Personal. Modificación

 

• Circular 3/2012 – Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 30/11/2012)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – Exenciones Indemnización por despido por causa de maternidad o embarazo e indemnización por estabilidad y asignación gremial. Exenciones. Aclaración

 

• Resolución 101/2012 – Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (BO del 04/12/2012)

ORGANISMOS DEL ESTADO – TRABAJO AGRARIO Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores. Estructura organizativa. Aprobación

 

• Resolución S/N/2012 – Cámara de Diputados (BO del 04/12/2012)

FERIADOS Y DÍAS NO LABORABLES Feriados nacionales. Determinación. Validez

 

• Resolución 1735/2012 – Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 06/12/2012)

RIESGOS DEL TRABAJO – Prevención. Normas generales Programa de apoyo de capacitación específica. Creación

 

• Resolución S/N/2012 – Cámara de Diputados (BO del 06/12/2012)

ASIGNACIONES FAMILIARES. Régimen General y Disposiciones Especiales. Régimen. Requisitos de acceso a las prestaciones. Determinación. Validez

 

• Decreto 2191/2012 – Poder Ejecutivo Nacional (BO del 15/11/2012)

IMPUESTO A LAS GANANCIAS – Régimen Legal. Ley Ley de Impuesto a las Ganancias. Segunda cuota del sueldo anual complementario del año 2012. Deducción especial establecida en el inc. c) del art. 23. Incrementación

 

• Resolución General 3402/2012 – Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 23/11/2012)

Seguridad social – Recursos. Fiscalización y Recaudación. AFIP – IMPUESTOS – Liquidación e Ingreso. Medios electrónicos y/o alternativos Empleadores. Sujetos incorporados al Sistema Registral. Cancelación de la inscripción. Condiciones

 

• Ley 14.399 de la Pcia. de Bs. As. (BO del 12/12/2012).

Procedimiento laboral Tribunales del Trabajo. Competencia. Procedimiento. Liquidación. Modifíca el art. 48 de la ley 11.653, estableciendo para los créditos laborales el cálculo de intereses al promedio de la Tasa Activa que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento.

 

• Decreto 2550/2012 – Poder Ejecutivo Nacional (BO del 20/12/2012)

Empresas Programa de Estímulo al Crecimiento de las Micro, pequeñas y medianas empresas. Creación

 

• Resolución 2636/2012 – Secretaría de Empleo (BO del 19/12/2012)

EMPLEO – Programas. Otros Programa “Construir Empleo”. Reglamento