APLICACIÓN DE LA TASA ACTIVA EN RESOLUCIONES FIRMES QUE ESTABLECÍAN UNA TASA INFERIOR. COSA JUZGADA

By | 17 enero, 2013

JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO Nº 66. DR. JULIO A GRISOLIA.
AUTOS “NACUSI, RAUL ROBERTO  C/ CUCCARSE, LUIS BLAS Y OTROS S/ DESPIDO” 

Buenos Aires, 10 de julio de 2002.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió el día 7 de mayo del corriente mediante el Acta 2357, modificada por Resolución 8 del 30 de mayo, lo siguiente: “Acordar que, sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 de diciembre de 2001, a partir del 1º de enero de 2002 se aplicará la tasa de interés que resulte del promedio mensual de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para el otorgamiento de préstamos, según la planilla que difundirá la Prosecretaría General de la Cámara”.

Que cuando fue dictada la sentencia (31 de octubre de 2001) no existían las circunstancias ocurridas a partir de enero de 2002 que sustancialmente cambiaron el marco económico y normativo, con la suspensión de la convertibilidad y la evolución de los precios internos, por lo cual la tasa de interés dispuesta era la adecuada y equitativa para el momento en que fue dictado tal pronunciamiento

Que la sentencia de Cámara no pudo considerar el punto, toda vez que temporalmente no pudo ser materia de agravio, y además -cabe recordar- no puede expedirse sobre asuntos no planteados (art. 277 C.P.C.C.N.)

Que -por tanto-  la ausencia de planteo a su hora no responde al desinterés de la parte, sino a que al momento de apelar la sentencia (noviembre de 2001) no se verificaban las circunstancias que alteraron el marco económico y normativo referido.

Que en la sentencia los fundamentos para aplicar la tasa del 12% fueron los siguientes: se consideró que era la adecuada en virtud de las facultades conferidas por el art. 622 del Código Civil, cuyo fin es mantener incólume el contenido patrimonial del pronunciamiento judicial, lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Banco Sudameris c/ Belcam SA. y otro” (sentencia del 17.5.94, B.876.XXV), lo dispuesto en la ley 23.928 y en atención a las variaciones que temporalmente el mercado fue imponiendo a las personas que recurrían a las entidades financieras en busca de capital para reemplazar la falta de pago de las sumas debidas y que se tradujeran en modificaciones en las tasas aplicables.

Que el nuevo contexto económico financiero receptado por el consecuente marco normativo dictado por el Congreso de la Nación, la admisión oficial de la devaluación de la moneda nacional en una importante medida y la inflación del 30% en el primer semestre del año (según índices oficiales), torna para el juzgador un deber revisar esta cuestión a partir del 1º de enero del corriente, ya que resultaría inequitativo mantener la tasa de interés del 12% que está destinada a compensar la mora y punir la demora en el pago de obligaciones laborales.

Que la tasa de interés aplicable al caso es un accesorio, y que lo que hace cosa juzgada no es el porcentual -en el caso el 12% anual- sino el fundamento por el cual se dispone en el pronunciamiento la aplicación de un determinado interés. En el sub lite, reitero -entre otros- ese fundamento es mantener incólume el valor patrimonial. Aplicar la tasa activa simplemente apunta a mantener la obligación originaria corregida tan solo en expresión nominal para conservar así su contenido intrínseco, y cumple acabadamente con la esencia de la sentencia, esto es, con lo que el juzgador ordenó al momento de sentenciar. Debe recordarse que la cosa juzgada lo que busca es amparar más que el texto formal del fallo, la solución real prevista por el juez (T. Trabajo 3 Lomas de Zamora, 28/9/87, “Gigena, Mateo c/Impresit Sideco SACIYF).

Que seguir aplicando una tasa de interés anual del 12% (1% mensual), incumpliría el fundamento de la sentencia, produciría un grave e irreparable daño a los derechos de los acreedores que verían notoriamente reducidos sus créditos (lo que a todas luces produciría un serio desfasaje) y no mantendría incólume el contenido patrimonial del pronunciamiento judicial, implicando un agravio al derecho de propiedad del acreedor, afectado la garantía de retribución justa, y resultando contrario al principio de afianzar la justicia contenido en el preámbulo de la Constitución Nacional.

Que la Corte Suprema de Justicia afirmó que “al  no ser el dinero un fin en sí mismo, sino un medio que -como denominador- común permite medir cosas y acciones muy dispares en el intercambio, la equivalencia de las prestaciones debe responder a la realidad de sus valores y al fin de cada una de ellas; cuando ese equilibrio se altera a causa del proceso inflacionario, que el menguar el poder adquisitivo de la moneda disminuye el valor real de las prestaciones, su restablecimiento exige el ajuste de la deuda; solo así queda incólume el derecho de propiedad” (CS, 2/4/87, E. 74 XXI, “Eirin, Alberto c. Plan Ovalo S.A. de Ahorro para fines determinados”).

Que de acuerdo a los fundamentos esgrimidos, resolver de otro modo y atenerse en forma cerrada a la literalidad del pronunciamiento implicaría parcializar la sentencia, y en la práctica produciría que el crédito laboral se incremente entre enero y junio en el 6%, cuando la inflación alcanzó el 30%, lo cual violaría los fundamentos del fallo toda vez que de modo alguno fue lo ordenado por el juzgador que basa el pronunciamiento en la premisa de mantener incólume el valor patrimonial de la sentencia. Al respecto, la Corte sostuvo que “la actualización del importe de la condena fijado en el fallo no compromete sino que preserva la autoridad de la cosa juzgada, pues lo que busca fijar definitivamente no es tanto el texto formal del pronunciamiento cuanto la solución real adoptada por el juez en el fallo, lo cual resultaría frustrado de no efectuarse el reajuste cuando, por culpa del deudor, aquel no es cumplido a su debido tiempo….” (CS, 23/5/89, A 256 XXII, “Alancay, Irma G. y oros c. Romeo, Fabián R. y otros”).

Que asimismo resulta ilustrativo lo resuelto por la Sala VII (22/5/1997, “Ortiz Coronel, Arturo Rubén v. José R. Latanzio SA”) al consignar que el cumplimiento de una sentencia informada por errores aritméticos o de cálculo, lejos de preservar, conspira y destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca raigambre constitucional, y que la cosa juzgada busca amparar más que el texto formal del fallo la solución real prevista en él, porque si los jueces al descubrir un error aritmético o de cálculo en una sentencia, no lo modificasen, incurrirían con la omisión en falta grave, pues estarían tolerando que se generara o lesionara un derecho que sólo reconocería como causa el error, pues no puede prescindir de los medios a su alcance para determinar la verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se convierta en una sucesión de ritos caprichosos: “…el principio de equidad” dice Marcadé “que siempre es principio en nuestro derecho civil, no permite enriquecerse con lo ajeno y que un supuesto acreedor se quede con una suma o con una cosa que no se le debía…” (nota de Vélez Sársfield al art. 784 del Cód. Civil).

Que la misión judicial no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces -en cuanto servidores del derecho y para la realización de la Justicia- no pueden prescindir en modo alguno de la ratio legis y del espíritu de la norma -en este caso un pronunciamiento judicial-, ello así por considerar que la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas, no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa, como de la judicial (Fallos 249:37 y sus citas).  El juez debe juzgar con equidad, porque su función no es hacer ciencia del derecho en base a especulaciones abstractas sino en hacer jurisprudencia, esto es, usar de la prudencia en la realización efectiva del derecho pues el ius y la justicia están sobre la ley positiva.

Que si la aplicación literal y mecánica de una determinada norma (en el caso una sentencia) lleva a un resultado absurdo, no querido por el propio juzgador, inequitativo, arbitrario y provoca una vulneración de derechos fundamentales del trabajador se debe recurrir a la equidad para corregir el resultado injusto, ya que adoptar otro proceder iría en desmedro del objetivo de “afianzar la justicia” plasmado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, y que es “propósito liminar y de por sí operativo, que no sólo se refiere al Poder Judicial, sino a la salvaguarda del valor “justicia” en los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno de la comunidad”: sin justicia efectiva no hay sistema de convivencia. No hay que olvidar que como refiere Paulus “obra en fraude de la ley el que, respetando las palabras de ella, elude su sentido”.

Que en cuanto al momento en que se plantea la cuestión, cabe recordar que la Corte -en casos similares, pero referidos a la indexación- por razones de equidad y amparando el derecho de propiedad, admitió la desvalorización monetaria una vez firme el fallo, y aún a costa del principio de congruencia y de la cosa juzgada, al sostener que “no obsta a la actualización de los créditos cuyo valor real se ve disminuido por efectos de la depreciación monetaria y cuyo cumplimiento se ha demorado por la conducta ilegítima de quién ha permanecido deudor, doctrina que tiende al mantenimiento de la intangibilidad del crédito durante todo el proceso judicial, la circunstancia de que se hubiese formulado el pedido después de dictada la sentencia de trance y remate. Ello no importa violación de los principios de preclusión y cosa juzgada -emanación procesal de la doctrina de los actos propios- ya que el reajuste por depreciación monetaria se refiere a algo que no es sustancialmente diverso del reclamo originario de la litis, sino, como esto mismo, razonablemente traducido en valores vigentes en tiempo posterior ” (CS, 5/3/87, B 597 XX, “Banco Fabril de la Plata Coop. Ltda. (en liq.) c/ Tarabini, Humberto Modesto”). “Es procedente el reajuste por desvalorización monetaria de una condena a daños y perjuicios pese a no estar prevista en la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada la posibilidad de su actualización. Ello es así, pues la determinación de valores monetarios efectuada en la sentencia traduce sólo para la oportunidad en que se dictara la significación económica de la deuda, previéndose su pago en los plazos establecidos para le cumplimiento del fallo. En los supuestos que el trámite de ejecución excede dichos plazos sin que medie cumplimiento del obligado, es justo revalorizar la cantidad adeudada para restablecer la real significación de aquella” (CS, “Mester, José”, Fallos 299:35).

Por todo lo expuesto, RESUELVO: Disponer que a partir del 1/1/02 se aplique a los créditos consagrados en la causa la tasa establecida por la C.N.A.T. mediante Acta nº 2357 del 7/5/02 modificada por Resolución 8 del 30/5/02. NOTIFIQUESE.

JULIO ARMANDO GRISOLIA
JUEZ NACIONAL     

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